Las reformas ineludibles que expuse en el artículo solicitado por Perú Económico hace cinco años se han convertido en las reformas postergadas. Cabe resaltar que aún cuando el partido de gobierno no tenía mayoría parlamentarios, sus 36 congresistas lograron actuar, en muchas oportunidades, como si la tuviera, puesto que la disciplina partidaria del Apra contrastó con la carencia de ella en el resto de bancadas. Sin embargo, lo cierto es que ni en el Poder Ejecutivo ni el Legislativo ha existido una voluntad política de emprender una reforma que permita desarrollar las instituciones y mejorar la representación.
La idea que se tiene sobre el tema es muy pobre: se asume que el país requiere establecer políticas económicas y sociales, mas no institucionales. Por ello no hubo un solo proyecto integral en este campo. Sin embargo, sí se realizaron reformas muy parciales, pero inefectivas y contraproducentes. La primera fue la introducción de la segunda vuelta para las elecciones regionales, que establece un umbral de representación del 30% para ser electo presidente o vicepresidente regional. Se parte de la idea errónea de que la legitimidad está en función del porcentaje de votación y no de quién gana en una competencia con reglas aceptadas por todos. En realidad, la gobernabilidad tiene que ver con la calidad de la gestión, y por eso responde a criterios de eficiencia, buena administración y diálogo con las minorías. Lo peor está en que si antes quien ganaba la presidencia regional tenía una mayoría absoluta en el consejo regional, al introducirse la segunda vuelta, se ha separado la votación de estos dos niveles de representación, lo que ha ocasionado que 19 de 26 gobiernos carezcan de mayoría y, por el contrario, se abra la posibilidad de crearse una mayoría opositora. De esta manera, es una reforma que no combate eficazmente la falta de legitimidad, pero sí puede traer problemas en la gobernabilidad.
Una segunda reforma, que incluso motivó una modificación constitucional, es el incremento del número de congresistas de 120 a 130. Si bien el número debió aumentar, se desaprovechó la oportunidad de hacerlo adecuadamente. El tamaño del Parlamento peruano, entendido como número de representantes, es pequeño. Un país con 30 millones de habitantes no puede tener una institución representativa de 120, menor que la de países cercanos como Ecuador, Bolivia y Chile, pese a contar con mayor número de electores. Lo que se hizo es crecer para crear una circunscripción de Lima Provincias y no para mejorar una institución que, por ejemplo, niega de facto el derecho al sufragio pasivo (derecho de ser elegido) a los peruanos en el exterior que suman alrededor de 750 mil electores, número mayor que varios departamentos del país.
Son dos reformas limitadas, contraproducentes e inocuas. De esta manera no se hizo nada en otras áreas, por lo que tenemos un diseño institucional que sigue alimentado una combinación de presidencialismo con multipartidismo fragmentado, que acentúa una democracia frágil y una representación débil, una de cuyas consecuencias en la nula canalización de los conflictos sociales. Negar la reforma política es debilitar el proceso de consolidación democrática (Perú Económico, No.7, Julio 2011).