En defensa de Idice

Idice parece un partido encubierto, en una empresa que elabora encuestas. Mucho de su trabajo ha sido gracias a su relación con el gobierno. Esto ha llevado a presentar dudosas encuestas que siempre favorecían (o desfavorecían) según los vientos de palacio. Creo pues que Idice ha hecho mucho daño a la industria y mercado de los sondeos de opinión y ha dado pie a algunos políticos para desatar su ataque, contra todas las empresas y universidades que realizan con seriedad y responsabilidad, investigación en el campo de los sondeos de opinión.

Sin embargo, la sanción del Jurado Electoral Especial (JEE), contra la empresa Idice, aplicando el Reglamento, muestra a las claras el atropello al que se puede llegar con controles de este tipo y realizado por un organismo estatal. De esta manera, si el JNE ratifica la sanción del JEE, con una suspensión de 15 días, impediría que sus trabajos puedan ser publicados. Con ello estaría prácticamente fuera de la campaña electoral, pues el último día para la publicación de sondeos, es el domingo 3 de abril.

Por un lado, sería un atentado al legítimo derecho al trabajo, de parte de un privado como es la empresa Idice. Así, su contrato con algún medio de comunicación, lo incumpliría. Las observaciones a Idice, son la incoherencia entre la muestra aplicada y los resultados presentados. Por extensión, si un medio no publica respetando los datos e informaciones que le proporcionan sus fuentes, también debería ser sancionado. Esto no se hace, por que existe el derecho constitucional de la libertad de expresión. Por eso, conviven medios de comunicación serios, al lado de otros que no lo son. Igual ocurre en el mercado del trabajo de sondeos de opinión. Hay empresas serias y otras de dudosos trabajos, como Idice. Pero tienen derecho a trabajar y es la opinión pública, los medios y clientes que se encargarán de valorarlas y evaluarlas.

De otro lado, si como hemos señalado se ratifica la sanción administrativa, Idice no podrìa llevar su caso a un organo jurisdiccional, pues la interpretación que suele hacerse es que las resoluciones del JNE, en materia electoral, son definitivas y no pueden ser vistas por ningún organo alguno. Es decir, Idice no tendría garantizado su derecho a llevar su caso, a la vía judicial, como sí ocurre con otros organismos del Estado. Esto, por que gracias a nuestro inadecuado diseño institucional, el JNE goza de funciones administrativas y no solo jurisdiccionales, que le otorgan un poder sin control. Y el poder sin control, puede llevar al abuso del poder y al sometimiento de los ciudadanos.

Este caso, puede ser el ejemplo de cómo puede haber personas e instituciones afectadas, cuando se hacen normas y diseños institucionales inadecuados. El control de las empresas e instituciones que trabajan encuestas, deben de estar autoregulados, como ocurre con los medios. Si Idice realiza un trabajo de dudosa calidad, es un tema que le corresponde a los privados, no a un organismo del Estado. Idice tiene derecho, pese a todo lo que se sabe y piensa de esta empresa, a trabajar y contratar con medios.

Urge rivisar de manera integral las facultades que se otorgaron al JNE, en materias que no deben ser de su competencia, porque como el presente caso, pueden llevar a decisiones arbitrarias que vulneran el debido procedimiento, derecho claramente consagrado en la Constitución.