Un indulto presidencial cuestionado y revocado, un empresario sin escrúpulos, hoy prófugo, y un ministro que defiendió lo indefendible, pasando a ser el primero en ser despedido de su cartera, cuando el camino correcto era la renuncia, abrieron las puertas a una crisis que el gobierno pudo evitar, pero mostró que en la lucha contra la corrupción, no existe clara voluntad política.
Si bien el presidente García, al inicio de su gobierno, trató de distanciarse de aquellas prácticas cuestionables de su predecesor, Alejandro Toledo, a lo largo de sus casi cuatro años de gobierno, el tema de corrupción ha quedado en discursos o en propuestas desactivadas (ONA), para desaparecer de los objetivos gubernamentales. Peor aun, si el Gabinete Del Castillo cayó por el escándalo de los llamados Petroaudios, hoy, el ministro Pastor, lo hace por el tema de José Enrique Crousillat.
Pero, estamos delante de un problema mayor, pues se trata de la reaparición de varias prácticas y personajes que crecieron y se desarrollaron bajo el gobierno fujimorista, con la clara pretensión de retomar el poder. La caída de este régimen, mostró los niveles de envilecimiento que un gobierno puede producir para controlar el poder, como mostraron de manera vergonzosa, los visitantes de la sala del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), para negociar con Vladimiro Montesinos. Entre ellos José Enrique Crousillat, quien vendió, con su hijo, la línea editorial del principal canal de televisión peruano. Así como fue frecuente las visitas del hoy candidato por Lima, Alex Kouri, exitoso presidente del Gobierno Regional del Callao, a las oficinas de Montesinos.
La transición democrática del 2000-2001 bajo la presidencia de Valentín Paniagua, tuvo la virtud de llevar adelante un proceso anticorrupción, que envió a la carcel a poderosos personajes y funcionarios públicos. Nunca antes en la historia peruana había ocurrido algo semejante.
El triunfo de Alejandro Toledo, en el 2001, canalizó gran parte de este sentimiento fuertemente antifujimorista, pero que su gobierno no supo mantener, sobre la base de enfrentar y desmantelar la corrupción, y mantenerla como una de las principales políticas de Estado. El propio desempeño gubernamental, no ayudó a ese propósito.
Con Alan García, hubo un claro acercamiento con el fujimorismo que le posibilitó sortear varios obstáculos en el Parlamento. La lucha contra la corrupción se debilitó, en tanto el fujimorismo se reagrupaba y fortalecía (logra comisiones parlamentarias importantes), con impacto favorable en la opinión pública. Varios personajes salieron de las cárceles y otros reaparecieron con el desenfado de quienes no temen ya nada.
El cuestionado indulto por razones humanitarias de José Enrique Crousillat y su inmediata pretensión de retomar la propiedad de América Televisión, en medio de la antesala de las importantes elecciones 2010 y 2011, pusieron en evidencia la participación de Alan García en el tema, pese a que el más afectado por sus propios errores fue el ahora ex ministro Aurelio Pastor, hombre de confianza de Jorge Del Castillo, presumiblemente candidato presidencial del Apra, que no cuenta con la simpatía de García.
El nombramiento como ministro de Justicia a Víctor García Toma, ex presidente del Tribunal Constitucional, ha sido la mejor carta jugada por García. Pero, la independencia y buen desempeño mostrado por García Toma, pueden ser un inconveniente a un presidente que ya no mide al trazar planes y escoger aliados con fin de dejar adecuadamente acomodado el camino, para tentar un tercer mandato en el 2021. Mientras la lucha contra la corrupción seguirá esperando.