Una tragedia, como la que enluta al país, es el fracaso de cualquier acción política gubernamental, pues quien ostenta el poder tiene en sus manos todos los recursos disponible para evitar este lamentable resultado.
En consecuencia, es el gobierno el principal responsable político y por eso sus medidas tienen que estar a la altura de los acontecimientos.
Un presidente con baja aprobación de un gobierno de minoría no puede darse el lujo de no comunicar bien. La política es cada vez más comunicación y esta es de dos vías. Por eso, con los gobernados se debe hablar y escuchar. El gobierno —y no solo en el caso de Bagua— únicamente escogió hablar. No entender esta simple relación comunicativa es fatal, pero en política suele ser frecuente. Los gobernantes creen que pueden conocer una realidad sobre la base de la interpretación y no de lo que comunican los ciudadanos. Es más, en el tema de Bagua, si entre los que debían comunicarse hay claras diferencias culturales, escuchar resultaba más que imprescindible. Por eso, los sucesos que han empañado nuestro país muestran a un gobierno que, por no escuchar, ha caído preso de un círculo vicioso.
El año pasado promulgó normas que produjeron la oposición de las comunidades amazónicas. El gobierno lo asumió y el Congreso derogó las normas, pero no sacó las lecciones necesarias. Elaborar un marco normativo para la Amazonía, como parte de las exigencias del TLC, tenía que ser precedido por un proceso comunicativo eficaz. Eso quiere decir preguntar a los afectados.
En una región de nuestro país, ancestralmente abandonada y cuyas comunidades históricamente han desconfiando del Estado, no había otro camino que escuchar y entender sus necesidades, demandas e intereses. El gobierno debió haber generado un clima de confianza y bajar la tensión y temores, camino que no se transitó.
Por el contrario, los sucesos fueron: la promulgación de los decretos, la reacción de las comunidades, el intento de desgastar sus acciones y una campaña propagandística de desprestigio.
La respuesta política fue soberbia y la comunicación agresiva. Las comunidades resultaron siendo un grupo atrasado e ignorante, que no entendía los beneficios de los decretos legislativos, convirtiéndose en presa fácil de seudolíderes, financiados por gobiernos extranjeros.
El salvajismo con que se asesinó a los policías era la prueba suficiente de la posición correcta del gobierno. Por eso, defenderlo pasó a ser casi una cuestión de Estado. Sin embargo, los duros ataques a la ex ministra Carmen Vildoso y la emisión de los repugnantes spots oficiales demuestran la equivocada visión comunicativa del gobierno.
Al final, ante la imposibilidad de imponer los decretos legislativos, el Congreso terminó suspendiéndolos de manera definitiva a un costo alto. Ahora tenemos un gobierno acorralado, comunidades amazónicas heridas y más desconfiadas que nunca, y muchos muertos por velar. (El Comercio, 12 de junio del 2009)