Ante todo creo que es necesario hacer una precisión. El Congreso de la República no está sujeto a una fuerte crítica debido a una campaña emprendida por los medios de comunicación, sino que las críticas se deben al propio desempeño parlamentario mostrado no solo durante esta administración sino a lo largo de varias, en las cuales sus miembros contribuyeron a desacreditar la función parlamentaria con una serie de actos vinculados con la corrupción y la ética. En esa línea de argumentación, ciertamente, el dinero ha sido y continúa siendo un tema sumamente sensible.
Es necesario señalar que los gastos operativos aparecieron como una salida que ha demostrado su inconveniencia y que más bien han ocasionado una mayor cantidad de problemas para el Parlamento.
En general, los altos cargos en la Administración Pública y los representantes en el Congreso de la República deberían estar bien remunerados. Sin embargo, la opinión pública ha cuestionado permanentemente esta idea, pues siente que sus representantes no cumplen con la responsabilidad que les ha sido asignada mediante el voto.
El pleno del Congreso decidió ayer que los gastos operativos formen parte de una asignación por desempeño de la función y que no tendrá carácter remunerativo ni pensionable y estará afecta al pago del Impuesto a la Renta. No ha sido una buena desición pues ha sido vista como un incremento del sueldo. Sí debió haber un incremento moderado de sueldo, manejando de la manera más transparente posible, dentro de una política que hiciera prevalecer la rendición de cuentas y el pago de impuestos.
Como sucede en cualquier estamento de la Administración Pública, el congresista que requiere viajar se le debe pagar pasajes, alojamiento y viáticos, que deben rendir cuentas y publicarse en El Peruano y la página web del Congreso. Esto no sólo permite la transparencia, sino también el control ciudadano. Es decir, podemos saber para qué viajan, qué función cumplen y cómo rinden cuentas. Por su lado, el control ciudadano -también los blogers- debe seguir, denunciando a los que incumplen su función o la desacredita, pero también destacando a aquellos que se esfuerzan por responder, adecuadamente, al mandato popular.
Si bien todos los congresistas no son responsables, el desprestigio arrastra a todo el Congreso. Justos pagan por pecadores, pero los justos deberán impulsar las reformas que se necesitan para contribuir a un cambio.
(Sobre la base de la nota publicada en El Comercio 3 de octubre del 2008)