Finalmente el Congreso de la República nombró a los tres nuevos miembros del Tribunal Constitucional. De esta manera se llenaron los asientos del máximo órgano de control de la constitucionalidad de las normas, pero está lejos de estar completo. La ausencia de alta calidad de los nombrados y la elección por lista, no contribuye a legitimar a miembros que ante un fallo delicado, serán seriamente vulnerables a la crítica.
Pero más allá de un nombramiento que estuvo lleno de tropiezos, vale la pena observar los aspectos que deben ser puestos en discusión. La primera es si el Congreso de la República es quien debe nombrar determinados altos funcionarios del Estado, tal como manda la Constitución. En teoría lo podría hacer, como ocurre como en otros países. Sin embargo en el nuestro, son reiterados los casos en que se asocia esta potestad de elegir a la necesaria cercanía y/o militancia de los candidatos hacia los partidos que integran el Congreso.
Esta errónea concepción, hace que muchos destacados profesionales, entre ellos constitucionalistas de reconocido prestigio no se animen a postular, para evitar ser maltratados en el proceso de elección, como ha ocurrido en varias ocasiones. Sólo algunos se atrevieron y quedaron en el intento. La elección en el sistema de lista, como ocurrió en esta oportunidad, terminó por hundir las esperanzas que se tenía por generar un cuerpo colegiado independiente y de alta calidad. Las hojas de vida no fueron de conocimiento público, no se pusieron a disposición de quienes se encontraban interesados en el desarrollo de la elección, eso desde ya puso en duda su transparencia.
Quizá el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) debiera seleccionar a los postulantes con un riguroso proceso y enviar al Congreso una terna para que este elija. Se pueden pensar en otras alternativas, pero proseguir con la actual, no solo atenta contra las instituciones, sino contra el Congreso mismo.
(9 de setiembre del 2007)