Esto correspondería a cerca del 62 por ciento de los gastos de campaña electoral en televisión de todos los partidos en competencia. Le sigue el Apra, con el 14 por ciento y, sorpresivamente, con la mitad del anterior la barrantista IS.
Cambio 90 e IU apenas pueden gasta el 1 por ciento del total, cada uno. Vale la pena alguna aclaración. En esta información se establece los costos a tarifa impresa, de la cual se tiene que descontar bonificaciones y algunos beneficios laterales. Sin embargo, los términos de las proporciones no cambian tanto para fines de gastos como para su incidencia en la campaña. De otro lado, en esta información no se estipula el gasto realizado en el Canal 7 que, si bien llega a la mayoría de provincias, sin embargo, su raiting es muy pobre. Por lo demás, se sabe que todo aquello que está envuelto en propaganda estatal, amerita un recelo por parte del electorado que hace tiempo ya está avisado.
En esta misma información se puede apreciar los gastos de campaña que han invertido los candidatos parlamentarios. Los fredemistas, de lejos, son los que más han gastado, seguidos de sus primos hermanos de Somos Libres. Los demás partidos se encuentran muy por debajo de estas sumas. Bajo esta información cabe preguntarnos legítimamente ¿podemos hablar de democracia electoral con estas desigualdades? ¿Es justo que un partido tenga, sólo en televisión, 62 veces más posibilidades que otro? ¿Es justo que un solo candidato de los 60 fredemistas, digamos Miguel Vega Alvear, tenga la posibilidad de gastar dos veces y media más que Cambio 90 o Armando Buendía, igual que toda la campaña electoral de IU? Quinientos mil dólares, sin contar otros gastos que no sean de televisión, ¿no son acaso 10 veces más de los que ganaría en el Parlamento un congresista a lo largo de cinco años de gestión? ¿Cuánto gastó el Apra de los recursos del Estado? De lo anterior, se desprende: ¿quién financia a los partidos y candidatos?, ¿grupos de poder? ¿Empresas públicas?. Una comisión investigadora debe cumplir en su trabajo un papel delicado e imparcial, pero no es suficiente. Es necesario promulgar una nueva legislación electoral que incluya con precisión estos puntos que son fundamentales en cualquier proceso electoral que intente ser democrático.
(La República 27 de Mayo de 1990)