Casi todos los dictadores o gobernantes autoritarios suelen ser populares y aclamados por la gente. Dejan el poder por rebeliones, golpes militares o revueltas populares. Algunos se suicidan (Hitler, Slobodan Milosevic), otros son ejecutados (Mussolini, Sadam Hussein) o asesinados (Trujillo, Somoza). Aun cuando algunos murieron tranquilos en sus camas (Stalin, Franco, Pinochet). A todos los une la mano dura contra quienes se les opone y/o la vista gorda para esquilmar al estado.
No ha sido muy común en nuestra región, juzgar a los ex presidentes. El panameño Noriega, por ejemplo, está siendo procesado en Miami, pero no en Panamá. Es Alberto Fujimori el primer ex presidente de la república -tan popular y aclamado como los antes nombrados- quien ha sido extraditado y será juzgado en el país en donde cometió los delitos que se le imputan.
Fujimori ya se encuentra en el Perú, luego de haber culminado el proceso de extradición en Chile. Este hecho marca un hito en la historia peruana y se constituye en un reto de envergadura mayor para las autoridades, a quienes se les demanda que obren con independencia, autonomía, respeto al estado de derecho y alto profesionalismo.
El Ejecutivo debe además -como está ocurriendo-, en tanto Fujimori sea juzgado con mandato de detención, garantizar por un lado respeto a sus derechos fundamentales y, por otro, no olvidar que se trata de un procesado por la presunta comisión de delitos de corrupción y de lesa humanidad. Por lo tanto. debe aplicársele las medidas y restricciones que el régimen carcelario prevé. No debe brindársele mayor privilegio que el se encuentre orientado a garantizar su seguridad e integridad, aun cuando sus allegados demanden lo contrario.
Las miradas están puestas ahora en el Poder Judicial. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema la que juzgue a Fujimori, se encuentra conformada por Magistrados de carrera de reconocida trayectoria profesional y académica, hecho que ha sido reconocido incluso por el abogado del Fujimori, por lo que se puede garantizará una sentencia justa. Existe la voluntad de su Presidente de dedicarse de manera exclusiva a estos casos con el propósito de un mejor manejo de la información y celeridad en su tramitación. Queda ahora esperar que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial apruebe la iniciativa.
La situación de Fujimori es complicada. Los casos por los cuales la justicia chilena concedió la extradición son siete, de los cuales en dos, Barrios Altos y La Cantuta, se involucra a Fujimori en casos de homicidio y lesiones graves, cuya pena máxima prevista en la ley son 30 años y la mínima de 8. Asimismo, hay muchos procesados que ya han declarado en su contra, pero es su antiguo socio, Vladimiro Montesinos, quien tiene conocimiento exacto de los hechos, por lo que podría hundirlo. No sería un escenario descartable, pues desde que inició el derrumbe de su régimen, Alberto Fujimori y sus seguidores han desarrollado la estrategia de responsabilizar a Montesinos de todas las tropelías de su largo gobierno (1990-2000), pero de los que desconocía absolutamente. De esta manera, después de siete años de haber fugado del país, le espera al último autócrata peruano, un largo juicio que podría terminar sentenciándolo y enviándolo a la cárcel, su última residencia.
(Infolatam, 24 de setiembre del 2007)