Transparencia y confianza

Esto debido a que, según información oficial, actualmente existen 29 organizaciones políticas inscritas, que han acreditado más de 2270 comités partidarios a nivel provincial, con más de 300 mil adherentes. Las preguntas razonables caen por su propio peso, ¿estamos delante de la mayor efervescencia de la militancia en los partidos políticos que el Perú recuerda? ¿Vivimos un desarrollo partidario sin precedentes, que ha permitido que 29 organizaciones políticas superen una de las leyes –la de Partidos Políticos- más exigentes? ¿Qué ha pasado en nuestro país cuyos ciudadanos que en abrumadora mayoría se sienten distantes de la política, ahora la abrazarían militantemente? ¿O es que en realidad, como muestran algunos indicios, estamos delante de presuntas inscripciones dudosas? En cualquier caso, no se puede pasar por alto un tema realmente preocupante y delicado. Cualquier actitud contraria puede ser peligrosa, pues en la base de todo se encuentra el interés público que aspira a una democracia de calidad, cuya legitimidad esté fundada en una representación política que nazca de elecciones limpias, sin ningún tipo de cuestionamiento. En pocas palabras, seamos exigentes en el presente, para no lamentarnos en el futuro.

Según los supuestos denunciados tenemos que algunas organizaciones políticas habrían presentado documentación que no se sustenta en la realidad y que podría haber permitido, incluso, que se constituyan algunos de los 29 partidos políticos legalmente inscritos. Es decir, se habrían conformado vulnerando la Ley, pero que estarían habilitados a participar en los comicios del 2006 existiendo, a su vez, la posibilidad de que obtengan representación parlamentaria. Esto no es poca cosa pues está en juego la responsabilidad de los destinos de nuestro país en el siguiente lustro, por lo que se requiere de la mayor responsabilidad para enfrentarla. Por ello, no es descabellado lo que algunos solicitan, es decir, una investigación exhaustiva, inmediata y eficiente de los hechos denunciados, por parte de las autoridades componentes.

En consecuencia, de lo que se trata es de dar respuesta al alto número de organizaciones políticas hasta hoy inscritas en la OROP, que contraviene los supuestos de la realidad política peruana. Si existen indicios de irregularidades, éstos deben ser investigados. Y, si se da el caso de inscripciones fraudulentas, deberán tomarse las medidas claras y severas (nulidad de la inscripción, denuncia de los responsables ante el Ministerio Público, etc.) que las normas señalan. El JNE, entre otros, tiene en sus manos las herramientas para afrontar esta situación, sin que existan limitaciones legales. Pero, sería altamente favorable que cualquier procedimiento de fiscalización posterior, auditoría, etc., esté acompañado por observadores, supervisores, para que de esta manera se brinde transparencia y confianza. Si el resultado no muestra nada irregular, el proceso electoral habrá ganado en crédito, al igual que los partidos políticos y los organismos electorales.

(El Comercio, 16 de setiembre del 2005)

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