Lo que no debe seguir prosperando es tratar temas inconexos, por más interesantes que parezcan, como ocurre con el voto facultativo, CV de candidatos, anulación de las multas, entre otras. De la misma manera, si bien los organismos electorales han solicitado reformas, se debe observar con detenimiento y no intentar agradar a todos. En el caso de los cambios en el cronograma electoral –solicitud hecha hace dos años al Congreso- no solo es perentorio su aprobación, sino necesario para la coherencia normativa. Aquí no hay otra posibilidad que aprobar la ampliación solicitada por la ONPE. Sólo este organismo electoral sabe cuáles son las necesidades del calendario, pues tiene la función de organizar el proceso electoral. Así lo entendió el Congreso cuando modificó, en su momento, los plazos en la ley de elecciones municipales y regionales y, posteriormente la Ley de Partidos Políticos. Distinta es la solicitud del JNE para que se le otorgue ampliar su participación en educación electoral en época electoral, pues la ONPE desarrolla esta función desde hace diez años, tiene la mayor experiencia y aparato que le permite seguir trabajando con calidad. Compartir esta función ocasionaría una duplicidad de funciones, así como una confusión comunicativa. Por lo demás, desde hace algunos años, el Congreso había emprendido la dirección de delimitar claramente las competencias, por lo que las funciones de la administración electoral se concentraban en la ONPE.
Pero el centro de la atención debe ser sobre todo combatir lo que será el gran problema que ocasione el resultado electoral del 2006: el fraccionamiento de la representación. Con 27 organizaciones políticas inscritas -que podrían sumar más hasta octubre próximo- y teniendo en cuenta que nuestro sistema electoral es permisivo para el ingreso de muchos partidos pequeños, este panorama es peligroso. La consecuencia será tener un Congreso con muchos partidos, situación que hará dificultosa la creación de mayorías y adecuadas relaciones con el ejecutivo, por lo que no es difícil imaginar serios problemas para la gobernabilidad.
Ante esto puede ser útil acelerar algunas reformas puntuales pero que puedan tener resultados que nos alejen del fraccionamiento partidario. Se pueden desarrollar al menos tres. La primera, introducir una barrera mínima legal o umbral de representación a nivel nacional, por ejemplo del 5%. Esta medida –que la tiene muchos países en el mundo- defiende la representación de pequeños grupitos, que solo suman pocos escaños. Una segunda medida, es cambiar la fecha de las elecciones al Congreso y colocarla de manera simultanea en la hipotética segunda vuelta electoral, que debería tener fecha fija. En el diseño actual el elector vota a ciegas, es decir, sin conocer el resultado presidencial. En la propuesta, el elector ejercitará un voto estratégico, pues conocerá el resultado de la elección presidencial y decidirá dando más utilidad efectiva a su voto. A su vez, esta dinámica producirá una tendencia a concentrar los votos en las opciones que han logrado las mayores votaciones, alejándonos de la dispersión y el fraccionalismo. Si además, se elimina el voto preferencial que en un sistema de partidos débil y fraccionado es el combustible del transfugismo, tendremos alguna posibilidad de tentar otro escenario y hacer de las reformas electorales medidas certeras.
(El Comercio, 18 de mayo 2005)