A más de una década del inicio de sus funciones, ha quedado demostrado que este diseño tiene serios problemas. En democracia, a toda institución con poder le corresponde un contrapeso de control, pues que de lo contrario se abre la posibilidad del abuso del poder. Lamentablemente esto ha ocurrido con el CNM. La Constitución le otorgó la facultad de nombrar, ratificar y remover a jueces y fiscales, función que anteriormente estaba en manos de los propios magistrados y el poder político. A ello se le agregó el nombramiento del Jefe de la ONPE y RENIEC.
Este poder es enorme si se tiene en cuenta que debido al proceso de ratificación, los jueces y fiscales le deben la permanencia de su carrera a la decisión de los consejeros. En la práctica, lo que ha ocurrido es que se ha abusado de este poder, con resoluciones no fundamentadas, acuerdos de pleno reservados y votaciones secretas. En muchos casos estos procesos se han asemejado a una suerte de Santa Inquisición moralista con consejeros actuando como los Torquemada modernos, contra jueces y fiscales. Sus decisiones inapelables, muchas de ellas basadas en la arbitrariedad y el secretismo, obligan a bajar la cabeza de magistrados en uno de los episodios más penosos. Se exige así pleitesía para seguir en la carrera judicial. No hay control para quienes la remoción -más no sanción- está en manos del Congreso, que sólo lo puede hacer con el voto favorable de más de las dos terceras partes de sus miembros. En la práctica, nadie controla y fiscaliza las decisiones de estos consejeros. Una reforma de esta institución, debe exigir el retiro de la función de ratificación de jueces y fiscales, así como la obligación de la fundamentación de sus resoluciones, votaciones nominales y plenos de carácter público.
El otro problema es la forma y origen del cargo. El CNM fue pensado para una intervención decidida e importante de la sociedad civil. Esto se tradujo en colegios profesionales y universidades. Aparentemente aceptable, realmente frustrante. Salvo contadas excepciones, los miembros nacidos de este afán corporativo han estado lejos de cumplir un papel decoroso. Por el contrario, hoy es el espacio de competencia para un puesto lucrativo de trabajo. Una reforma debe pasar por eliminar esta forma de origen que hace del CNM un espacio donde los abogados y profesionales más reputados y decentes estén ausentes. El Congreso de la República debe elegir a los consejeros, previo concurso público exigente, de manera rotativa y no más de dos consejeros por año, para evitar el reparto de cuotas de partidos. De la misma manera que debe tener la capacidad de investigarlos y si el caso lo amerita removerlos y sancionarlos, a través de una mayoría absoluta.
Finalmente, se le debe retirar la función de nombrar y remover a los jefes de ONPE y RENIEC. Ha sido largamente probado que no están preocupados, interesados y preparados para evaluar y menos procesar a estos funcionarios. Esta función está forzadamente puesta, cuando también debe estar en manos del Congreso de la República, puesto que por más que se hable incorrectamente de cargos técnicos, son de tal impacto políticos, que los nombramientos deben corresponderle, con la obligación de elegirlos en fecha cierta e impostergable, como sucede con la ley de presupuesto. La arbitrariedad e ignorancia en el tema electoral y de identidad, de por sí graves, no lo es tanto que el uso y abuso del poder con que estos consejeros se pasean en nuestro precario edificio institucional, dañándolo severamente.
(El Comercio, 22 abril 2005)