No hay duda que el voto voluntario mostrará una declinación de la participación electoral. Esto se manifiesta de manera más pronunciada en tiempos de rechazo de la ciudadanía al sistema político, como es nuestro caso. El efecto será mayor en elecciones municipales y quizá regionales, en donde las tasas de participación son menores, lo que obligaría a realizar nuevos procesos electorales, con el consiguiente costo político y económico. Por lo demás, en el caso de importantes sectores rurales y pobres se desconectarán de la casi única participación política que practican. Si nada de esto importa, pues adelante.
En nuestro país –aun cuando no exclusivamente- se considera que una alta votación y una alta participación conlleva a una mayor legitimidad y, a la inversa, lo contrario. Así se manifestó con cruda realidad en varios distritos del país. Si eso es así, con seguridad tendremos representantes cuestionados particularmente por los perdedores, erosionando la necesaria legitimidad que tan sólo la deben dar elecciones limpias y transparentes. Si nada de esto importa, pues adelante.
Pero hay más. En el diseño organizativo peruano, el éxito de la jornada electoral se asienta en la participación de los ciudadanos, que sorteados como miembros de mesa, ejercen una función capital en el proceso electoral. Entre titulares y suplentes suman cerca de 600 mil. Siendo un trabajo sacrificado, que pocos quieren afrontar, la legislación no ampara una retribución económica, como en Argentina. El voto voluntario sería el camino directo a un ausentismo alto de los miembros de mesa, que ocasionaría la no apertura del acto eleccionario, con el consiguiente descrédito y caos de difíciles pronósticos. Se debería, por lo tanto, rediseñar la composición de los miembros de mesa, con empleados estatales, como por ejemplo en Colombia. Sin embargo, con una tradición de desconfianza hacia ellos, ¿podría aplicarse esto en el Perú? El costo se trasladaría al estado. Si nada de esto importa, pues adelante.
Pero hay más sumado a lo anterior. En el Perú las multas solventan parte significativamente los presupuestos de los organismos electorales. Es así de perverso el sistema, pero es lo que existe. La aprobación del voto voluntario o la eliminación de las multas, exigiría el desembolso del tesoro público tres veces el actual. A ello hay que agregar el costo de la campaña para votar -que en los sistemas de voto voluntario se observa- y el costo del desperdicio del material electoral que es inevitable. En total, alrededor de 45 millones que costaría al fisco este sistema, que si bien no debe ser el origen de una decisión, no se tiene por que no conocer y evaluar. Si nada de esto importa, pues adelante.
Finalmente, el voto obligatorio forma parte de la legislación histórica peruana. Su cambio, no puede producirse sin una modificación constitucional, no cortando camino como el que se ha planteado. La eliminación de la multa –medida que puede ser populista- convierte de hecho el voto, en voluntario. Las reglas de juego deben de respetarse y si se quiere modificar que se haga por el camino señalado por la propia Constitución. Por todo lo nombrado, si nada de ello importa, pues adelante.
Peru21, 13 de marzo 2005