Promulgada la Ley de Partidos Políticos, el Congreso ha señalado la necesidad de promulgar un Código Electoral. Desde varios sectores se han pronunciado en ese mismo sentido. Lo cierto es que actualmente norman las elecciones once leyes entre especializadas o no, así como sus respectivos reglamentos, regulando de manera dispersa y desarticulada los distintos aspectos de los procesos electorales. La profusión de normas de distinto rango, genera confusión en la interpretación de las mismas y, en consecuencia, en las resoluciones de los organismos electorales, como ya ha ocurrido. Asimismo, se genera situaciones de inseguridad e incertidumbre jurídica, sobre todo en épocas electorales, atentándose contra la viabilidad del acto electoral. Una forma de atacar este problema ha sido la iniciativa para modificar las leyes vigentes. Por eso, sólo en la Comisión de Constitución, existen cerca de 200 proyectos de Ley pendientes de dictaminar relacionados con modificaciones a las normas electorales.
Aquí el remedio podría ser peor que la enfermedad, pues lo que tenemos por delante es la atomización de proyectos, que carecen de una visión de conjunto de los procesos y sistemas electorales, y que agravaría el problema de la dispersión. Por lo tanto, más normas electorales, no. Pero una sola, sí. Esa norma única que sistematice y se convierta en el instrumento normativo de todo aquello que compete a los procesos electorales, no es otra cosa que un Código Electoral. Así lo tienen Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, entre otros países de la región.
Tener un código permitirá establecer reglas de juego claras entre los actores electorales: candidatos, partidos, electores, etc., ayudará a crear condiciones que permitan mayor seguridad jurídica; contribuirá a definir mejor las funciones que corresponden a cada uno de los organismos responsables de los procesos, evitando duplicidad de funciones y de gasto de recursos públicos; y se podrá planificar mejor los futuros procesos de elecciones, referéndum y procesos de participación política. De esta manera, podemos aspirar a reglas claras permitiendo a los ciudadanos hacer un mejor ejercicio de sus derechos políticos y cumplir con sus obligaciones. Por lo demás, la introducción de principios electorales generará una coherencia en la función de impartir justicia electoral, así como mayor confianza en el sistema político y de participación. Sin embargo, siendo necesario un Código Electoral ¿es oportuno discutirlo en estos momentos? Siempre se ha defendido la tesis de que lo peor es discutir una ley electoral cerca de un proceso electoral.
Si bien el próximo año es posible que se realicen Referendos para la conformación de regiones, Elecciones de Jueces de Paz, Revocatorias de autoridades Municipales y regionales, éstos no son procesos de elección de representantes, como sí las elecciones de inicios del 2006. Esto distancia a los partidos políticos, particularmente a los que tienen presencia parlamentaria, de la próxima meta. Por ello, se cuenta con un tiempo no solo suficiente, sino adecuado para desarrollar un debate serio y reflexivo sobre la legislación electoral; y cuyas modificaciones no sean producto de urgencias y coyunturas políticas, como ha sucedido en el pasado (El Comercio, 15 de noviembre del 2003)