Sin embargo, pese a las declaraciones y buenas intenciones, la propuesta que trajo la Misión no da cuenta del punto central que dio origen a su propia visita: las discutibles elecciones de abril último. Es decir, la decisión de aceptar la política de los hechos consumados desarrollada por Fujimori avala, en la práctica, su inconstitucional tercer mandato. Esto generará un reconocimiento internacional, hasta ahora esquivo, restando armas a la dinámica opositora y abrirá espacio a la legitimidad interna, que no consiguió en las urnas. Desde esta perspectiva es punto para el gobierno y uno en contra para la OEA, pues el organismo hemisférico demuestra su incapacidad y debilidad para frenar atentados contra la democracia latinoamericana, por lo que figuras como las de Fujimori se les escapa de las manos.
Pero, pensar que la llegada de la Misión de la OEA es pura y simple música de distracción política, es una ligereza. Pues si bien la Misión no discutirá la legitimidad de este gobierno, cuestionando las elecciones y promoviendo unas nuevas como lo demanda la oposición, ha traído una incómoda agenda-inventario con cinco temas de discusión, que tienen que ser canalizados a través de una reforma legal y constitucional y cuyos resultados sean comprobables. Los 29 puntos que contiene la propuesta de temas, están conformados por el listado de demandas que se le han exigido al gobierno a lo largo de estos años. Faltarán algunos y será necesario precisar otros, pero ninguno de ellos sobra. El gobierno ha señalado que acepta discutir, pero nada más. Pero, estos serán los temas de discusión obligatorio en los próximos meses, cuestión que no daña a la oposición y sí al gobierno. En cambio, los plazos no precisos, molestan a la oposición y alientan al gobierno.
Este quiere ganar tiempo convocando comisiones de trabajo a partir de la oficialista Comisión Democratizadora, cuando la OEA ha propuesto que en los temas de discusión estén presentes además de dicha Comisión, la oposición, representantes de la sociedad civil y, en los casos que corresponda, con asesoría del Comité Jurídico Interamericano y representantes de la prensa.
Es decir, los temas, los componentes y los plazos son parte de la discusión. Pero, más allá de eso, la OEA ha impuesto un marco en el que se canalizará el conflicto político. En base a ello, la oposición ha exigido pruebas de voluntad política de cambio, a un gobierno que ha demostrado lo contrario. Ha exigido cuatro requisitos para conversar, pues no quiere ser burlada con discusiones que no terminan, temas que se deforman, mecanismos que se debilitan y plazos que no se cumplen. El gobierno, por el contrario, con la actitud de las FFAA, el nombramiento como contralora general de la república a la señora Carmen Higaona y la política de compra de parlamentarios, parece que quiere discutir todo, menos nuevas elecciones, pues cuestionaría su propio poder.
Todo lo anterior no hace sino recordarnos que nos encontramos en una profunda crisis de las instituciones políticas, víctimas de un gobierno que en su afán de permanecer en el poder, las ha debilitado cuando no destruido. Su reforma será una tarea fundamental para allanar la realización de elecciones limpias, que permitan el nacimiento de un gobierno verdadero legítimo.
(Canal N, Lunes 3 de julio de 2000)