El primero consiste en actuar bajo la política de los hechos consumados. Bajo esta consigna se realizaron las elecciones el 28 de mayo, contra la opinión de la mayoría de observadores, tanto nacionales como extranjeros. Esto le permite al gobierno avanzar y colocar la discusión varias líneas más delante que su posición anterior. El resultado es que varios personajes, como los empresarios Roque Benavides y Eduardo Farah, ya no discuten la legalidad y legitimidad del gobierno, sino simplemente aceptan los hechos del gobierno. A ellos se le agregan algunos nuevos parlamentarios electos y el oficialismo espera que otros se sumen.
El segundo tiene el clásico formato de propaganda política. Consiste en minimizar y restar crédito a cuanta persona, grupo o institución que rechazan la forma y el fondo del proceso electoral. Por eso varios voceros del gobierno niegan que las elecciones estuvieran plagadas de irregularidades. Para el oficialismo esto no está probado y, por el contrario, todo no es sino parte de una campaña orquestada por un variado frente opositor. Este lo integraría, de acuerdo al parecer de cada vocero oficialista, desde la prensa no gobiernista, la oposición parlamentaria, Alan García, la izquierda e incluso la socialdemocracia internacional. No es otro el espíritu de la intervención de la señora Ramaciotti contra el jefe de la Misión de Observación de la OEA. El ex canciller guatemalteco es atacado, supuestamente, por excederse en sus funciones y actuar parcializadamente. Es decir, en el Perú no pasó nada y de lo que se trata es de desnudar a los enemigos del Perú y mostrar la verdad. Obviamente, la verdad del gobierno.
El tercer formato adquiere la figura de iniciativa institucional. Es así que por Resolución Suprema, el gobierno creó la “Comisión Presidencial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas”. Esta tiene entre sus objetivos proponer al Presidente de la República los programas, proyectos y normas para el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Es decir, paralelamente a la política de contracampaña contra sus opositores, el gobierno presenta el inicio de un plan reformador. ¿Quiénes integran esta Comisión que era mostrada como el inicio de la distensión política? Sólo miembros del gobierno: los ministros Alberto Bustamante, Francisco Tudela, Fernando de Trazegnies y Edgardo Mosqueira. No es pues una Comisión Multipartidaria o integrada por personajes independientes, como algunos esperaban. ¿Cuál es el perfil de quienes la integran? No forma parte de dicha Comisión los sectores más fundamentalistas, por lo demás toscos y apresurados para colisionar con la oposición. Son los ministros que en los últimos meses han intentado dotar al régimen de un discurso jurídico y legalista y que gozan de cierta ascendencia en determinados sectores. Sin embargo, el problema es que fortalecer instituciones implica hacer primero un diagnóstico de sus falencias y/o debilidades. La mayor de ellas se encuentra en la falta de autonomía real y funciones de límite y contrapeso del poder. Sino se toca este punto, el fortalecimiento es irreal, motivo por el cual la oposición aun lo tendrá como su bandera. Es difícil, por no decir imposible, que sólo y desde el gobierno se fortalezca la institucionalidad democrática, cuando a éste le recae la mayor responsabilidad por su estado actual. Por lo demás, una verdadera reforma restaría poder a un gobierno que tiene por naturaleza –y sus últimos actos así lo indican- concentrar el poder. Con lo que toda la nueva estrategia no sería otra cosa, sino simplemente propaganda.
(Canal N, Lunes 5 de junio de 2000)