La televisión se ha convertido en el elemento discriminador de los candidatos, pues permite acceder a una gran audiencia y electorado, permitiendo que el partido o candidato que logre obtener importantes recursos este en condiciones de desarrollar una gran cobertura, que no se lo logra a través de ningún otro medio.
El Perú no tiene una ley de financiamiento de partidos políticos, que reciben recursos en forma privada para el desarrollo de sus campañas, pero que están liberados de casi cualquier control. En otras palabras, un candidato no tiene límites en sus gastos de campaña y se desconoce el origen de estos recursos. Si bien el JNE debe ser el organismo que reciba la proyección de los fondos y la relación de gastos de los candidatos, este requerimiento se ha convertido en un formalismo que no ha resuelto el problema del financiamiento. El problema del dinero en campaña electoral, es pues el lado oscuro de las elecciones. La Ley Orgánica de Elecciones (LOE), señala los alcances de la participación del JNE en el control de los gastos de campaña electoral, intentado centrar su atención en conocer el origen del fondo y el destino del gasto. La pregunta de fondo es pues quién (o quiénes) invierte en candidatos y cómo se gastan estos recursos, lo que permite averiguar cuál es el grado de inequidad en la competencia electoral.
Para cumplir esta función el JNE deberá reglamentar y hacer efectiva la supervisión y el control de los recursos de la campaña electoral. El reglamento tendría el objetivo de desarrollar mecanismos para que los ciudadanos puedan conocer claramente el origen de los gatos de los candidatos y partidos, así como de la aplicación de dichos recursos. Si esto se realiza eficientemente tendremos garantía de un proceso electoral igualitario.
(Canal N, Jueves 28 de septiembre de 1999)