Para ello se deben modificar o incorporar en la ley electoral cuando menos los siguientes temas:
No se debe entregar copia del acta electoral a las fuerzas armadas, por no existir razón para que reciba una. Por el contrario, es motivo de diversas especulaciones sobre su uso. Sólo deben recibir copias de las actas, los organismos electorales y los personeros de los partidos.
De otro lado, si los órganos electorales permiten la participación electoral del presidente Fujimori, éste debe estar impedido de inaugurar obras públicas por lo menos seis meses antes de las elecciones generales. Debe estar impedido también de entregar cualquier tipo de bienes y servicios directamente a la población. Lo anterior es importante porque bajo estas actividades se confunde las acciones como presidente de la república. Se puede hacer pasar como propios, cuando en realidad son recursos del Estado, que provienen del dinero de los contribuyentes.
Asimismo, es conveniente que los medios –particularmente la televisión- desarrollen una cobertura la más imparcial posible. Como esto es difícil de lograrlo con la sola invocación a las empresas televisivas, es necesario que se forme una comisión integrada por diversos sectores e instituciones de la sociedad civil, parecido a la que existe en Colombia, que desarrolle un seguimiento y medición de la cobertura de cada medio de comunicación a través de sus diversos programas (políticos, noticieros, debates, etc.) y cuyos resultados sean publicados semanalmente. De esta manera, la opinión pública puede fiscalizar a los medios y éstos tendrán más cuidado en el desarrollo de su cobertura en campaña.
Con relación a la propaganda en televisión, no se debe permitir la contratación de los llamados spots electorales para listas parlamentarias. Este formato ha hecho que los costos de las campañas se incrementen en forma exorbitante. En otros países, tan pobres como el nuestro, esta prohibición ha permitido que los costos decrezcan y que los partidos políticos utilicen los recursos a través de otros medios y técnicas más cercanas al elector. La presencia televisiva debe estar reservada sólo a los candidatos presidenciales, lo que permite aclarar los discursos políticos y evita la asfixia de otras campañas. Si no se toman medidas como éstas, la competencia electoral mostrará, una vez más, poca garantía de una competencia justa y equitativa.
(Canal N, Viernes, 20 de agosto de 1999)