De tendencia oligárquica modernizante, el Frente Nacional buscaba promover el capitalismo en la industria y ensanchar las bases del Estado. Por su lado, Manuel Vicente Villarán candidateaba por las fuerzas más tradicionales de la oligarquía, interesados en reconstruir las bases de dominio de la República Aristocrática. Agrupaba al Partido Nacional Agrario, exportadores liderados por Pedro Beltrán, los terratenientes del Partido Nacionalista y el Partido Acción Patriótica de José de la Riva Aguero. Otra candidatura fue la del lugarteniente de Sánchez Cerro, Luis A. Flores, jefe de la Unión Republicana, que ya abrazaba el fascista, en ascenso a escala internacional. Frente a ellos se alzó la candidatura de Luis Antonio Eguiguren, ex-alcalde de Lima y dirigente del Partido Social Demócrata. Contaba con el apoyo de la Unión Cívica Radical Descentralista.
El APRA, partido con mayor fuerza electoral, decide apoyar la candidatura de Eguiguren, quien, pese a haberse inscrito a último momento, se vio estimulado por la adhesión aprista. Benavides descartó públicamente el favoritismo del gobierno por partido alguno, pero llamó la atención que un partido proscrito estaba apoyando a uno de los candidatos.
Las elecciones se realizaron el 11 de octubre de 1936 y los primeros resultados mostraban como ganador a Eguiguren. Inmediatamente, sus opositores pidieron la nulidad de las elecciones por estar apoyados por los votos apristas. Diez días después, el JNE dispuso la suspensión del escrutinio y elevó al Congreso la decisión de anular las elecciones. Hasta ese momento la proporción del voto en Lima era: Eguiguren: 37.4%, Luis A. Flores: 36.3%, Jorge Prado: 17.1% y Manuel Vicente Villarán: 9.1%. En los primeros días del mes de noviembre, el Congreso de la República, compuesto mayoritariamente por antiapristas, exigieron la nulidad del escrutinio y declaró, posteriormente nulas las elecciones, por ley No. 8459. De esta manera, el orden oligárquico, mantenido por el militarismo, mostraba su incapacidad de permitir el ejercicio democrático, incluso en su fase tan restringida de ilegalización de partidos, manteniendo un orden represivo y excluyente del que Benavides se convirtió en una pieza funcional. El mismo Congreso, que había anulado las elecciones, acordó la prórroga del mandato presidencial del general Benavides hasta 1939. Por tercera vez, antes en 1914 y luego en 1933, su mandato tuvo el mismo origen, alejado del sufragio directo. La misma ley le otorgó la facultad de legislar, por lo que el Congreso se autoexcluyó de sus funciones, de forma tal que permitió se funde en todas sus bases una dictadura militar. No toleró ningún tipo de oposición, apresando o desterrando a sus opositores.
(El Peruano, 15 de Mayo de 1998)
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