Durante décadas la población mayoritaria peruana no sólo estaba excluida de los derechos políticos peruanos sino de los beneficios de las políticas estatales. Demandas sucesivamente postergadas, en un contexto de política oligárquica y deterioro de la calidad de vida, exigieron que las propuestas políticas requieran la transformación del orden social.
El velasquismo fue una propuesta de cambio de este orden, desde una perspectiva corporativa. Su fracaso provocó una frustración y una postergación de ese deseo y necesidad anidada en la sociedad. De esta manera, la transición democrática de 1978 tenía que plantear no sólo la ampliación de los derechos ciudadanos sin límites y un sistema político estable, sino también el cambio de ese orden que se veía agravado por una crisis económica que se arrastraba desde 1976.
La formación, por primera vez, de un sistema democrático y competitivo en el Perú tuvo que enfrentar esta exigencia. Los gobiernos democráticos – los de AP y PAP – y la oposición a ellos no sólo no cumplieron con esta demanda sino que evocaron las imágenes y prácticas más dramáticas de la política tradicional peruana. Es así que la distancia entre la Constitución y la realidad se hizo cada vez mayor y así lo denunciaron los diversos actores en pugna.
Las instituciones de la sociedad, débiles e ineficientes, actuaron en esa misma dirección. Si la democracia peruana se había planteado como una democracia basada en partidos políticos, éstos debieron canalizar y agregar los intereses ciudadanos y crear una comunidad política democrática, revirtiendo la tendencia histórica anterior. Pero la tradición partidaria era otra: clientelismo, populismo, caudillismo; elementos que expresan – de diversas maneras – una carencia de lealtades, organización, maquinaria partidaria. Con estos partidos la sociedad peruana debió encarar la transición y, posteriormente, una estabilidad democrática que fue saboteada por una cruenta violencia política, el crecimiento del narcotráfico y una devastadora crisis económica.
(La República, 30 de Abril de 1996)
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