Incluso, uno de los candidatos presidenciales, Mario Vargas Llosa, señaló que la poca nitidez de sus planteamientos radicaba, fundamentalmente, en que los candidatos al Parlamento del Fredemo saturaron los medios de comunicación con la propaganda preferencial, mucha de ellas disonante, de mal gusto y, algunas veces, contradictoria entre sí. De otro lado, en el Parlamento se ha nombrado una Comisión Especial de Investigación de Gastos de Campaña. Unos consideran que se debe investigar sólo al Fredemo y otros señalan que lo verdaderamente escandaloso ha sido la utilización de los recursos del Estado por parte del Apra y en consecuencia, la comisión parlamentaria no es otra cosa que una campaña antifredemista en la segunda vuelta.
Si estos son los argumentos del debate, pasará la contienda electoral y todos olvidarán el tema de fondo, legislar los gastos de campaña, para recién acordarse de él en el próximo proceso electoral. Eso es la miopía del cortoplacismo. Una cosa es clara, la actual campaña electoral demostró que se carece de reglas de juego justas que posibiliten una adecuada competencia de grupos políticos que pretenden ser gobierno.
Olor a multitud o a dólares
Se ha señalado que uno de los pilares en que se fundan las legislaciones electorales modernas en relación a las campañas electorales es que debe imperar el principio de la igualdad de oportunidades y evitar la dependencia política al poder económico. Todas las campañas en nuestro país han estado negando, constantemente, estos principios. En la campaña electoral de 1978, todas las agrupaciones políticas tenían derecho a veinte minutos de espacio gratuito rotativo entre todos los canales de televisión -en horarios preferenciales-, diarios y algunas radios. Esto en Chile se llamó la Franja Electoral. No hubo, salvo el día de cierre de campaña, los llamados spots televisivos. Este método, salvo incidentes ocasionados por la siempre alerta censura de la dictadura militar, fue el más democrático de los que hemos vivido. Dos años después, con ocasión de las primeras elecciones postmilitares, la campaña en medios sufrió algunas variaciones. Se otorgaron programas gratuitos, pero se permitió, la contratación de espacios políticos pagados. AP, PPC y APRA llenaron los medios de propaganda electoral, en cambio los partidos con menores recursos utilizaron sólo los espacios gratuitos, que les permitió en realidad tener menor llegada. A partir de las elecciones municipales de 1980 y, en adelante, las de 1983, 1986 y 1989 y presidenciales de 1985 y 1990, el Estado no reguló nada y todo se dejó en manos de las supuestas fuerzas reguladoras del mercado. De otro lado, sí AP utilizó los recursos del Estado para su campaña de 1985, el Apra ha hecho lo mismo en esta ocasión. Los resultados, en términos de equidad han sido desastrosos.
No sólo un inventario
Quien cree que una campaña es sólo gastos de televisión, se equivoca. Una campaña incluye un sinnúmero de recursos que es necesario poner en movimiento. Un partido político debe invertir en spots televisivos (el costo varía según el canal, el día y la hora contratada), la producción de los mismos (varía según su complejidad), propaganda radial, paneles callejeros, propaganda en periódicos, murales, afiches, ediciones variadas (programas, manuales, etc.) volantes, revistas, gacetillas y otros. Algunos partidos y/o candidatos, de mayores recursos, recurren a compañías de publicidad que elaboran parte o totalidad de la campaña electoral. Pero, además, los partidos organizan giras para lo cual se movilizan en diversos tipos de transporte, por necesidades de eficiencia, la mayoría en avión (alguno de propiedad privada). Los candidatos no van solos de gira, sino en comitivas compuestas de candidatos y dirigentes partidarios. En la ciudad escogida contratan hoteles, realizan propaganda especial (paneles, pancartas, afiches), alquilan un estrado, equipo de sonido y de luz.
En todos los casos, en esta época de violencia política con mayor razón, se contrata personal de seguridad de las diversas compañías hoy en boga. Se requiere, también, alquilar locales partidarios, contratar personal de atención, administración y seguridad. Estos locales deben de dotarse de servicios que suelen ser caros: teléfonos, televisores, videograbadoras, computadoras, fax, fotocopiadoras, equipos de video y fotográficos. Asimismo, servicio de mensajería, correo, compra de material periodístico. A su vez, en muchos casos se contrata bufetes de abogados, compañías encuestadoras, consultores etc. Todo esto implica una tremenda inversión que suma varios miles de dólares. Una mayor inversión permite una mayor presencia en medios de comunicación y, un trabajo eficiente, permite al candidato presentar más y con mejores argumentos sus planteamientos, realizar anticampañas y hacerse más conocido. Esto de ninguna manera garantiza triunfos, pero sí maximiza posibilidades. Quienes tienen mayores recursos económicos acceden, sin problemas, al amplísimo mundo de la tecnología moderna al servicio de campañas electorales. Ha sido el caso del Fredemo. Quienes no los tienen deben de sobrellevar la campaña con el mayor esfuerzo y creatividad, si las hay, de sus militantes. Ha sido el caso de IU. Otros combinan ambos términos. Es el caso del Apra. Quienes no tienen ni uno ni otro, deben esperar la lotería o la suerte del siglo, es el caso de Cambio 90.
No una sino muchas diferencias
Las diferencias en gastos de campaña en estas elecciones han sido notables. Sólo para ilustrar, tomemos el caso de la televisión. El Fredemo habría gastado alrededor de 12 millones de dólares entre la campaña presidencial y preferencial. Esto correspondería a cerca del 62 por ciento de los gastos de campaña electoral en televisión de todos los partidos en competencia. Le sigue el Apra, con el 14 por ciento y, sorpresivamente, con la mitad del anterior la barrantista IS.
Cambio 90 e IU apenas pueden gasta el 1 por ciento del total, cada uno. Vale la pena alguna aclaración. En esta información se establece los costos a tarifa impresa, de la cual se tiene que descontar bonificaciones y algunos beneficios laterales. Sin embargo, los términos de las proporciones no cambian tanto para fines de gastos como para su incidencia en la campaña. De otro lado, en esta información no se estipula el gasto realizado en el Canal 7 que, si bien llega a la mayoría de provincias, sin embargo, su raiting es muy pobre. Por lo demás, se sabe que todo aquello que está envuelto en propaganda estatal, amerita un recelo por parte del electorado que hace tiempo ya está avisado.
En esta misma información se puede apreciar los gastos de campaña que han invertido los candidatos parlamentarios. Los fredemistas, de lejos, son los que más han gastado, seguidos de sus primos hermanos de Somos Libres. Los demás partidos se encuentran muy por debajo de estas sumas. Bajo esta información cabe preguntarnos legítimamente ¿podemos hablar de democracia electoral con estas desigualdades? ¿Es justo que un partido tenga, sólo en televisión, 62 veces más posibilidades que otro? ¿Es justo que un solo candidato de los 60 fredemistas, digamos Miguel Vega Alvear, tenga la posibilidad de gastar dos veces y media más que Cambio 90 o Armando Buendía, igual que toda la campaña electoral de IU? Quinientos mil dólares, sin contar otros gastos que no sean de televisión, ¿no son acaso 10 veces más de los que ganaría en el Parlamento un congresista a lo largo de cinco años de gestión? ¿Cuánto gastó el Apra de los recursos del Estado? De lo anterior, se desprende: ¿quién financia a los partidos y candidatos?, ¿grupos de poder? ¿Empresas públicas?. Una comisión investigadora debe cumplir en su trabajo un papel delicado e imparcial, pero no es suficiente. Es necesario promulgar una nueva legislación electoral que incluya con precisión estos puntos que son fundamentales en cualquier proceso electoral que intente ser democrático.
(La República 27 de Mayo de 1990)