El Apra, que se asumía como mayoría, consideró que aquel dispositivo era atentatorio contra el liderazgo de Haya de la Torre y contra los partidos en general, acusó por lo tanto al gobierno de "voluntad de fraude". Las elecciones se realizaron sin mellar el liderazgo hayista y pusieron las cosas en su sitio. Años después, en 1985, se volvió a implementar el voto preferencial y el Apra no se pronunció. Y es que el dispositivo le favorecía ahora que el fundador aprista ya no estaba. Ganador de esas elecciones y ostentando la mayoría en el Congreso, el mentado dispositivo legal no fue tocado por el Apra. La trampa de antes es ahora la ley, y es considerada de las más democráticas.
Por esos mismos años, a fines del gobierno de arquitecto Belaúnde, el candidato de su partido y jefe de la maquinaria política populista, Javier Alva Orlandini, decide "interpretar" la Constitución sosteniendo que los votos nulos y blancos deberían ser considerados al interior de los válidamente emitidos. Ello quería decir, en pocas palabras, que Alan García, favorito de lejos de aquella elección, tenía que saltar una valla más alta para poder llegar al 50 por ciento más uno de los votos, y de esta manera poder librarse de la segunda vuelta electoral. No pudo. Pero para suerte suya, Barrantes estaba dispuesto a darle una manito: se retiró. Si este dispositivo, apoyado resueltamente tanto por AP como por PPC, se hubiera aplicado, por ejemplo, contra Belaúnde en 1963, nuevamente el Congreso hubiera tenido que elegir presidente, reeditando el síndrome de 1962. De la misma manera como el arquitecto, en 1980, hubiera visto reducir su espectacular votación si la leguleyada de Alva le hubiera tocado. Pero así como los populistas y pepecistas defendieron dicha ley, incluso ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy se escuchan voces al interior de aquellas agrupaciones, sobre su improcedencia, en la medida que su cálculo político estima que el ganador de las presidenciales del próximo año sería su nuevo socio Mario Vargas Llosa. Bajar la valla a su nivel "histórico" sería lo adecuado. Ahora la ley sí es una trampa.
De distinta manera lo considera el Apra. Partido sin posibilidades de ganar en el 90, mira desde la platea la vendetta, para algunos, la más preciada de los sentimientos políticos. El antiguo acusador es hoy el feliz espectador del esfuerzo extra que tendrá que hacer Mario Vargas Llosa. Pero esta pequeña historia tiene una versión corregida y aumentada. Tanto en 1983 como en 1986, algunos parlamentarios decidieron que la competencia electoral no tenía por qué serles ajena. Bajo ese entusiasmo envidiable algunos se lanzaron a tantear el ambiente. Uno de ellos, Franciso Diez Canseco Távara, exitoso candidato a diputado por Lima, se encontró con la Constitución por delante y sus colegas de todas la bancadas le mostraron el hoy famoso precepto constitucional que sostiene que la función parlamentaria es incompatible con cualquier cargo público. Entre los parlamentarios se encontraban apristas, e izquierdistas del ahora Acuerdo Socialista. Pero, el mundo da vueltas. Hoy estas dos agrupaciones, el Apra y el ASI, al carecer de candidatos municipales adecuados y para evitar sus desastres electorales, decidieron, por cuenta y riesgo, interpretar antojadizamente la Constitución. La ley que hoy permite a la diputada Mercedes Cabanillas y al senador Enrique Bernales, no hace sino olvidar lo que ellos anteriormente criticaron. En pocas palabras, la legislación electoral ha sido y es manoseada por algunos grupos políticos según sus intereses de corto plazo. Por ello ¿es posible mandarles coherencia de principios, especialmente ahora que estamos frente a las primeras elecciones regionales?
(La República 6 de Setiembre de 1989)