Pasados tres meses podemos señalar, a la luz de los últimos acontecimientos, que dichas medidas han fracasado. En el fondo, es mantener la misma política antisubversiva del gobierno anterior, con ligeras variantes y cuestionada reorganización policial de por medio. Incluso la opinión pública que en algún momento pensó que dichas medidas eran acertadas, hoy se siente envuelta en la asfixiante psicosis del toque de queda: todo aquel mortal que se encuentra en la calle a partir de la una de la madrugada es candidato a muerto. Así de simple. Pero ¿quiénes han sido las víctimas de estas medidas? ¿Se ha logrado derrotar, aunque sea temporalmente, a Sendero Luminoso? ¿Cuál debe ser el número de muertos para que se instale o levante el toque de queda? Es decir, estamos hablando una vez más de medidas estrictamente militares, que en el fondo forman parte de una política antisubversiva que la privilegia y, en esa medida, seguirá fracasando, porque la subversión, la guerra sucia, la justicia social y también la paz, son problemas esencialmente políticos. Lo único que se logra, por el contrario, es dinamizar la espiral de violencia que se proyecta incontrolablemente sobre la sociedad.
En el caso de Lima se han contabilizado siete personas muertas al (des) amparo de toque de queda. Igualmente los heridos, torturados, mujeres violadas y un sinnúmero de atropellos llegan a varias decenas. Salvo el caso de Oscar Vara (muerto a manos de la policía cuando se encontraba detenido), el resto eran ciudadanos comunes que no estaban comprometidos con los actos terroristas. La justicia militar armada desde el Estado, es llevada a los terrenos de la sociedad donde los oficiales no pueden controlar a sus subalternos, sino son ellos quienes ordenan las matanzas como Telmo Hurtado en relación a la masacre de Accomarca el año pasado. Con respecto, a estas muertes y la militarización de la política, ¿Alguien en este país pidió pena de muerte para los victimarios? ¿Alguien pidió un frente antimilitar? Absolutamente nadie, intuyendo que por ese camino no transita ninguna solución realmente válida.
Sin embargo, al clima de violencia se le agregó hace unos días el repugnable asesinato del contralmirante Alberto Ponce Canessa, a manos de terroristas. Ante el horror de tan execrable acontecimiento y ante una opinión pública sensibilizada, el ministro de Marina sostuvo que pediría al Presidente de la República la implantación de la pena de muerte. Si eso fuera un sentimiento individual, de comprensible rabia y ánimo de venganza, no tendría importancia política, pero quien lo manifiesta es el mismísimo ministro de Marina que de alguna manera representa a un importante sector de las Fuerzas Armadas. Bajo todo punto de vista este pedido es rechazable, porque la pena de muerte, como lo señalan lo más importantes juristas del país en materia penal, no ha sido ni es solución en ninguna parte del mundo. Por el contrario en la mayoría de los casos sirvió como arma de oposición política. Habría que preguntarles a quienes sostienen esta medida como necesaria, ¿estarían en el mismo paredón los asesinos del contralmirante Ponce y los soldados que mataron al joven Wilfredo Estremadoyro?, y a ellos, ¿les antecedería el oficial Telmo Hurtado, quien ordenó la matanza de niños y mujeres en la localidad de Accomarca, según sus propias declaraciones en el Congreso?.
La respuesta cae por su propio peso. Ni pena de muerte ni frente antiterrorista, de las características banales propuestas por el alcalde de Lima, son válidas para detener la violencia política, que sí tiene que recoger medidas de desmilitarización de la política, que acompañe medidas de defensa de los derechos humanos, políticas de justicia social y participación democrática de la sociedad, que efectivamente quitará espacio al senderismo.
(La República 11 de Mayo de 1986)