En el mes de setiembre último, la prestigiosa institución internacional defensora de los derechos humanos, Americas Watch, publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país.
Este revelador informe es, por otro lado, el segundo de este tipo que dicha entidad publica. El primero lo hizo alcanzar a las autoridades peruanas en octubre de 1984.
En el informe llamado “Una nueva oportunidad para la autoridad democrática”, se da cuenta de las desapariciones de personas que a junio de este año llegan a sumar cerca de 1,325. Se piensa, sin embargo que por diversas razones, la no denuncia de los familiares, su número debe ser mayor. Relacionado con lo anterior se encuentra con frecuencia las ejecuciones extrajudiciales, que darán motivo a la existencia de más de 50 lugares clandestinos de entierro a fosas comunes, encontradas en las zonas llamadas de emergencia bajo control militar, como fueron los casos de Pucayacu, Accomarca, entre los más difundidos por la prensa. Igualmente, el informe sostiene que el encarcelamiento político es una práctica extendida en nuestro país, su consecuencia estriba en que muchos dirigentes locales, ya sea sindicales, campesinos o pobladores, son dejados sin libertad. El tanta veces discutido decreto 046 o Ley Antiterrorista es el mejor medio legal utilizado y la tortura, el mecanismo que acompaña al interrogatorio.
Otra denuncia importante de Americas Watch, que ha sido alertada anteriormente por los medios informativos, es el reclutamiento forzoso de campesinos y comuneros para que se enrolen en las “rondas campesinas” o “montoneras”, promovidas tanto por el ejército como por la marina, para enfrentar a las fuerzas senderistas. Los que se oponen son acusados de simpatía a los senderistas. El drama de los refugiados o desplazados en diferentes ciudades de la costa –especialmente en Lima- como consecuencia de la violencia política, es un problema que el gobierno tendrá que afrontar en forma inmediata.
El saldo de muertos, heridos, torturados, viudas y huérfanos llega a cifras escalofriantes. Siendo lo peor de todo, que nos estamos acostumbrando a asistir cotidianamente al drama de estas víctimas, en su mayoría de origen popular, sin que las reacciones sean suficientes para evitarlo. El informe de Americas Watch, por otro lado, no hace sino confirmar la serie de denuncias que desde hace cinco años realizan en forma seria las distintas organizaciones de derechos humanos en el país. Lamentablemente, el gobierno anterior no sólo se mostró reacio a aceptarlas, sino que reaccionó con total desatino, tratando de desprestigiarlas, como ocurrió también con la mundialmente prestigiosa Amnistía Internacional.
Este gobierno ha señalado, desde su inicio, que sobre la materia actuará en forma distinta al interior. Llama a preocupación sin embargo, que más allá del efectismo de los primeros días (remover de sus cargos a los mandos militares), la estrategia antisubversiva no cambie en lo sustantivo. La renuncia del senador Valle Riestra a la comisión de derechos humanos del Congreso es sólo una muestra. En este marco general, cobra especial importancia el conjunto de acciones que se ha trazado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, uno de cuyos actos principales es el llamado a la Marcha Nacional Por la Vida y por la Paz que se realizará hoy por las calles de Lima. Esperemos que este tipo de actos llamen la atención ciudadana para que luche y exija el pleno respeto por la vida y la paz de las mayorías nacionales.
(La República 21 de Noviembre de 1985)