El siguiente texto es el resultado de conversaciones con amigos con los cuales compartimos la angustia por la situación política que vive el país.

Agotamiento de las elecciones

En los últimos años se está desarrollando una grave desafección con la democracia. Esto es lo que muestran las encuestas, y no solo ocurre en el Perú sino en todo el mundo.

Esa mayoría que expresa su insatisfacción o repudio a la democracia en las encuestas, está pensando en que los gobiernos elegidos son corruptos, poco efectivos y/o incumplen con lo que ofrecieron en sus campañas electorales.

La desafección se expresa principalmente en que un gran número de ciudadanos no concurren a votar o si lo hacen, priorizan el voto de castigo a quienes ejercieron el poder. Esto ocurrió en Argentina y se ha repetido en el Reino Unido, en un caso ganando la extrema derecha y en el otro el laborismo, lo que indicaría, además, que no hay un vuelco único y en un solo sentido.

Los votantes desafectos con la democracia, sufragan con muy limitada ilusión o gran escepticismo, por quienes se distancian más del gobierno cesante o por quienes ofrecen más temas de interés pues piensan que al menos al iniciar sus gobiernos, se cumpla con algo de lo ofrecido.

Para frenar o desviar el voto contestatario, en países como el Perú en los cuales la idea del partido político ha sido pervertida al máximo, los que accedieron al poder circunstancialmente, acomodan las normas electorales de modo que se disperse el voto y se oscurezca quienes son en realidad los candidatos y qué piensan.

La dispersión del voto no solo ocurre solo en las elecciones, con la participación de infinidad de listas conformadas por aventureros con dinero, muchas veces de origen turbio, sino que este se manifiesta en la conformación del poder Legislativo.

El lugar que debería ser, por su propia naturaleza, el ágora donde se debate y resuelve sobre los problemas nacionales, donde las representaciones deben hacer política para sacar adelante leyes que favorezcan el bien común, se convierte en un mercado en el cual se transan beneficios privados de los propios legisladores o de oscuros grupos de interés que están dispuestos a recompensarlos.

Cuando las normas electorales son insuficientes para controlar el desborde del voto de protesta, entonces se denuncia fraude, se envuelve y captura al triunfador no deseado, o se organiza una oposición en todos los frentes para hacer ingobernable el país.

El salvador autoritario

Al final del día, los electorales que se sienten engañados expresan su rechazo a esa democracia de elecciones y claman por un iluminado (un salvador) que solo existe en sus sueños, para que barra con los políticos oportunistas e investido de todos los poderes, resuelva los problemas más angustiosos del país.

Esto explica el apoyo que obtuvo al autogolpe de Fujimori en 1992, al cierre del congreso por Vizcarra en el 2021 y el, aunque limitado respaldo, que concitó Castillo con su alocución golpista del 2022.

En todos estos casos, los pretendidos iluminados llegaron al gobierno por la vía electoral, pues es poco probable que se repitan los golpes militares como en el pasado, y menos que tengan éxito como lo demuestra el reciente fiasco de un general en Bolivia.

Una vez que dan el paso, estos “salvadores” se entronizan en el poder y ellos mismos se creen su discurso sea que les vaya bien o mal gobernando, manipulan las normas de elección para perpetuarse en el poder y por cierto violar derechos fundamentales persiguiendo y hasta eliminando a los opositores.

Aquí es importante distinguir una graduación entre autoritarismo, es decir el ejercicio autoritario del poder que lo puede ejercer un gobierno con mayoría congresal y la dictadura que es el momento es que el poder central se adueña y somete a todos los órganos del Estado.

El dilema es entonces entre un gobierno que podría devenir en impopular, ineficaz y corrupto pero elegido por votación popular, o un gobierno unipersonal, una dictadura, que cierra los caminos al recambio de gobierno y del cual no sabemos nada de su popularidad, eficacia y honestidad porque se habrán torcido todos los órganos de control del Estado y no habrá espacio para una prensa libre ni una organización de la sociedad civil con capacidad de denunciar y movilizarse.

Equilibrio de poderes

Y es que la democracia no es solo la elección de nuestros gobernantes sino es una estructura de gobierno que conocemos como Estados de Derecho, por qué en el prevalece la soberanía popular y el respeto a la legalidad por parte de las autoridades elegidas o designadas.

Este Estado de Derecho se basa en el equilibrio de poderes que son constituidos de diferentes modos lo que significa que el Poder Ejecutivo que encabeza la presidencia de la República, tiene contrapesos que controlan el uso del poder

El Poder Legislativo (Congreso) es el encargado de discutir y aprobar las leyes, autorizar el presupuesto y ejercer el control político sobre el ejecutivo incluyendo la presidencia.

Pero el Poder Legislativo también debe ser controlado lo que permite al Poder Ejecutivo observar leyes, en especial aquellas que irrogan gastos al Estado al margen del presupuesto aprobado, y en caso extremo, cerrar un Congreso obstruccionista para convocar a nuevas elecciones.

Pero no solo el Poder Legislativo tiene un freno por parte del Poder Ejecutivo, también lo tiene por parte del Tribunal Constitucional cuya función es interpretar la Constitución, y de los operadores de justicia (Poder Judicial y Ministerio Público que es la Fiscalía).

Cuando el Ejecutivo o el Legislativo afectan los derechos fundamentales de las personas o de las organizaciones privadas o públicas que gozan de márgenes de autonomía, estos se defienden recurriendo al Poder Judicial con recursos de Habeas Corpus, amparo, agravio, entre otras medidas.

No siempre el Poder Judicial es efectivo y en muchos casos tarda demasiado en resolver, pero es un camino que podemos usar todos los ciudadanos para garantizar nuestros derechos.

La defensa de nuestros derechos no acaba en las instancias nacionales del Poder Judicial pues se tiene una instancia supranacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Somos parte de este Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque nos comprometimos como país, a defender los derechos fundamentales de las personas y quienes abogan por salirse de este sistema no ocultan su desprecio por estos derechos que incluso están consagrados en la Constitución autoritaria de Fujimori, pero que un gobierno autoritario-dictatorial pisotearía sin remordimiento.

Son parte consustancial a estos derechos, el que las personas no puedan ser detenidas sin una orden judicial y que tengan el derecho al debido proceso, y dentro de él, a las diversas instancias judiciales que equilibran el poder de jueces autónomos.

Entre los operadores de justicia se encuentra el Ministerio Público (Fiscalía) que es el titular de la acción penal y encargado de perseguir el crimen en todas sus manifestaciones.

No es casual que la captura y doblegamiento de este organismo haya sido el principal objetivo de los gobiernos autoritarios o con pretensiones autoritarias, lo que hasta el momento ha sido resistido con éxito en el Perú.

A pesar que la Fiscalía ha tenido en sus filas a personajes siniestros, es hoy por hoy una de las pocas entidades públicas que se ha alzado en defensa de la legalidad denunciado la corrupción en el poder, lo que no se conocería si estuviera en manos de fiscales venales.

Prensa y organización social

La democracia garantiza la libertad de prensa y el libre acceso al Internet. Esto que nos resulta inimaginable es común en los países dictatoriales y autoritarios que hay en el mundo.

Parte de la prensa puede ser gentil cuando no servil al poder, pero mientras haya libertad y no se persiga a la prensa, siempre habrá la oportunidad de desarrollar una prensa alternativa como ahora se ´puede observar en Internet.

Hay muchas formas de sofocar a la prensa desde el poder como es no darles publicidad estatal, amenazar a los principales anunciantes y llenar los medios con propaganda gubernamental como ocurrió con la prensa “chicha” en los 90 y hoy con las “granjas de troles” gestionadas por funcionarios públicos.

El último paso es acosar cuando no actuar con violencia, contra los periodistas o investigadores empleando a grupos mercenarios como la denominada “Resistencia”, “Los Combatientes” y otros grupos de choque émulos de los grupos de asalto en la Alemania nazi y en la Italia fascista.

Pero la democracia también significa la inviolabilidad del domicilio, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de movimiento y escoger el lugar de residencia, la libertad de culto, de reunión y organización, la libertad de trabajo, de opción sexual, entre otros derechos personalísimos.

Todos estos derechos pueden ser burlados cuando tenemos un gobierno autoritario o dictatorial. Por ejemplo, el desastre de Venezuela ha dado lugar a una masiva emigración y el gobierno de Maduro para contener la salida de los descontentos u obligar a los que ya salieron a volver, convirtió su pasaporte en el más caro.

El derecho de organización es el de crear empresas, partidos políticos y asociaciones como son las agremiaciones, colegios profesionales, congregaciones, clubes deportivos, culturales o locales y barriales, las organizaciones no gubernamentales (ONG) u otras formas. Todo esto es la sociedad civil.

Estas organizaciones de distintos modos, intervienen en la política del país para representar intereses sectoriales por lo que no es casual que los mismos autoritarios busquen limitar sus campos de acción y como en las ONG molestas, procuren asfixiarlas con la sobre regulación.

Derecho a la vida

Pero el derecho fundamental del sistema democrático sobre el que se han edificado los restantes, es el derecho a la vida.

Este derecho alcanza a todos los individuos que viven en este país por lo que se ha eliminado la pena de muerte.

Sin embargo, con el empobrecimiento de nuestra democracia, ha emergido una nueva amenaza que viene del campo criminal y que adquiere su forma más cruda en el sicariato, la extorsión y el secuestro, delitos que se han multiplicado con una débil respuesta del Ejecutivo.

Una de las razones mayores que lleva a muchos ciudadanos a exigir un gobierno autoritario y consentir el avasallamiento de los derechos humanos, es la grave inseguridad pública que afecta especialmente a los más pobres.

Individuos totalmente descompuestos, sin un atisbo de moral, son el cañón que dispara contra pequeños negocios destruyendo las débiles fuentes de ingreso y empobreciendo más a estas personas, sus localidades y la economía del país.

Pero estos cobardes asesinos solo pueden prosperar ante la debilidad del Estado. Si el ministro del Interior está más ocupado en destruir a la mejor unidad policial (DIVIAC) que persigue la corrupción del poder por una venganza personal de la presidenta Boluarte, es claro que no pueden combatir con eficacia la inseguridad.

Más aún si el Congreso legisla a favor de la criminalidad, de los taladores y mineros ilegales, de los partidos truchos y corruptos, de las organizaciones criminales, atando de manos a los operadores de justicia al acortar los plazos de prescripción, limitando la figura del colaborador eficaz o del allanamiento ordenado por un juez, y perdonando a los asesinos y abusivos de los 80 y 90 que cometieron delitos de lesas humanidad.

La democracia debe defenderse con severidad, pero sin violar los derechos humanos como lo hace el autoritario Bukele en El Salvador. Hoy se necesita concentrar recursos en seguridad ciudadana en el Perú, es una prioridad de sobrevivencia del Estado de Derecho.

Significa más policías, más equipamiento, más inteligencia policial, mayor rapidez y resolución de fiscales y jueces, y condenas efectivas donde los desalmados sean totalmente aislados y sometidos a condiciones carcelarias muy duras.

El Perú debería construir más cárceles en ubicaciones que signifiquen un efectivo castigo para los delincuentes más avezados de modo que afecte realmente su torcida moral.

Cuando decimos que somos democráticos y defendemos la democracia, lo primero en que estamos pensando es que defendemos el derecho a elegir a nuestras autoridades, pero, sobre todo, que podamos desenvolvernos en un clima de libertad con los medios para defendernos de los excesos de las autoridades como de los demás poderes fácticos sean las empresas, los cuerpos armados del Estado, y todos los comportamientos intolerantes.

Hay formas de sobreponerse a la frustración y retomar el camino de anchar la democracia en lugar de recortarla o ponerla al servicio de los mafioso y criminales. Francia ha dado una lección parando en seco a la ultraderecha autoritaria e intolerante. Pero eso no es sino una batalla ganada de una larga y tortuosa confrontación destinada a mantener el control sobre nuestro futuro.