La descentralización ha cumplido 15 años y se aproxima a su mayoría de edad, que coincidirá con el bicentenario. Este proceso ha tenido claroscuros, pero ha cambiado definitivamente la relación entre la capital y el resto del país.
Lima ha continuado creciendo descontroladamente, pero en las regiones han emergido nuevos centros de poder y contrapeso. Así se explica que el actual presidente y su primer ministro hayan sido, ambos, gobernadores regionales con gestiones reconocidas.
A la fecha se han transmitido las competencias fundamentales del Gobierno central a los gobiernos regionales. Sin embargo, el primero continúa sobreactuando en las regiones, reabriendo o creando oficinas para su acción directa, duplicando esfuerzos y restando autoridad a los gobiernos subnacionales.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe al País, observó el escaso avance en la descentralización fiscal. Los recursos directamente recaudados por los gobiernos regionales son menores en proporción a los que recaudan los municipios. Sus presupuestos son rígidos y solo pueden ser ampliados con nuevos proyectos o con partidas transferidas por los presupuestos sectoriales del Gobierno central.
La descentralización fiscal debe entenderse como la prerrogativa de cada región, a participar de los recursos recaudados en su ámbito. Este es un poderoso incentivo para que las regiones se ocupen de generar más recursos promoviendo la actividad económica en sus jurisdicciones. Al asegurar flujos futuros, se proporciona soporte a sus planes regionales concertados.
Son tres los instrumentos fiscales creados en distintos momentos y con motivaciones distintas, que se alinean con este enfoque de descentralización fiscal. El primero es el canon aplicado a las industrias extractivas, pero que podría extenderse a otras actividades económicas.
El segundo es el acuerdo negociado por el Gobierno de San Martín, para canjear exoneraciones e incentivos tributarios de la Ley de Promoción de la Amazonía, por una entrega anual de recursos para inversión. Esta medida iba a hacerse extensiva a todas las regiones amazónicas pero fue truncada por una resolución del Tribunal Constitucional.
El tercer instrumento es el de obras por impuestos. Tanto los gobiernos regionales como los locales, al entrar a este mecanismo, vinculan los impuestos que generan empresas con operación en su ámbito, con obras o proyectos que son de interés regional.
Este año se renovarán los gobiernos regionales. Es importante que se incluya este tema en la agenda política nacional.
Publicado en Gestión, martes 10 de julio 2018.
