autoritarismo | Dolaragujereado

El siguiente texto es el resultado de conversaciones con amigos con los cuales compartimos la angustia por la situación política que vive el país.

Agotamiento de las elecciones

En los últimos años se está desarrollando una grave desafección con la democracia. Esto es lo que muestran las encuestas, y no solo ocurre en el Perú sino en todo el mundo.

Esa mayoría que expresa su insatisfacción o repudio a la democracia en las encuestas, está pensando en que los gobiernos elegidos son corruptos, poco efectivos y/o incumplen con lo que ofrecieron en sus campañas electorales.

La desafección se expresa principalmente en que un gran número de ciudadanos no concurren a votar o si lo hacen, priorizan el voto de castigo a quienes ejercieron el poder. Esto ocurrió en Argentina y se ha repetido en el Reino Unido, en un caso ganando la extrema derecha y en el otro el laborismo, lo que indicaría, además, que no hay un vuelco único y en un solo sentido.

Los votantes desafectos con la democracia, sufragan con muy limitada ilusión o gran escepticismo, por quienes se distancian más del gobierno cesante o por quienes ofrecen más temas de interés pues piensan que al menos al iniciar sus gobiernos, se cumpla con algo de lo ofrecido.

Para frenar o desviar el voto contestatario, en países como el Perú en los cuales la idea del partido político ha sido pervertida al máximo, los que accedieron al poder circunstancialmente, acomodan las normas electorales de modo que se disperse el voto y se oscurezca quienes son en realidad los candidatos y qué piensan.

La dispersión del voto no solo ocurre solo en las elecciones, con la participación de infinidad de listas conformadas por aventureros con dinero, muchas veces de origen turbio, sino que este se manifiesta en la conformación del poder Legislativo.

El lugar que debería ser, por su propia naturaleza, el ágora donde se debate y resuelve sobre los problemas nacionales, donde las representaciones deben hacer política para sacar adelante leyes que favorezcan el bien común, se convierte en un mercado en el cual se transan beneficios privados de los propios legisladores o de oscuros grupos de interés que están dispuestos a recompensarlos.

Cuando las normas electorales son insuficientes para controlar el desborde del voto de protesta, entonces se denuncia fraude, se envuelve y captura al triunfador no deseado, o se organiza una oposición en todos los frentes para hacer ingobernable el país.

El salvador autoritario

Al final del día, los electorales que se sienten engañados expresan su rechazo a esa democracia de elecciones y claman por un iluminado (un salvador) que solo existe en sus sueños, para que barra con los políticos oportunistas e investido de todos los poderes, resuelva los problemas más angustiosos del país.

Esto explica el apoyo que obtuvo al autogolpe de Fujimori en 1992, al cierre del congreso por Vizcarra en el 2021 y el, aunque limitado respaldo, que concitó Castillo con su alocución golpista del 2022.

En todos estos casos, los pretendidos iluminados llegaron al gobierno por la vía electoral, pues es poco probable que se repitan los golpes militares como en el pasado, y menos que tengan éxito como lo demuestra el reciente fiasco de un general en Bolivia.

Una vez que dan el paso, estos “salvadores” se entronizan en el poder y ellos mismos se creen su discurso sea que les vaya bien o mal gobernando, manipulan las normas de elección para perpetuarse en el poder y por cierto violar derechos fundamentales persiguiendo y hasta eliminando a los opositores.

Aquí es importante distinguir una graduación entre autoritarismo, es decir el ejercicio autoritario del poder que lo puede ejercer un gobierno con mayoría congresal y la dictadura que es el momento es que el poder central se adueña y somete a todos los órganos del Estado.

El dilema es entonces entre un gobierno que podría devenir en impopular, ineficaz y corrupto pero elegido por votación popular, o un gobierno unipersonal, una dictadura, que cierra los caminos al recambio de gobierno y del cual no sabemos nada de su popularidad, eficacia y honestidad porque se habrán torcido todos los órganos de control del Estado y no habrá espacio para una prensa libre ni una organización de la sociedad civil con capacidad de denunciar y movilizarse.

Equilibrio de poderes

Y es que la democracia no es solo la elección de nuestros gobernantes sino es una estructura de gobierno que conocemos como Estados de Derecho, por qué en el prevalece la soberanía popular y el respeto a la legalidad por parte de las autoridades elegidas o designadas.

Este Estado de Derecho se basa en el equilibrio de poderes que son constituidos de diferentes modos lo que significa que el Poder Ejecutivo que encabeza la presidencia de la República, tiene contrapesos que controlan el uso del poder

El Poder Legislativo (Congreso) es el encargado de discutir y aprobar las leyes, autorizar el presupuesto y ejercer el control político sobre el ejecutivo incluyendo la presidencia.

Pero el Poder Legislativo también debe ser controlado lo que permite al Poder Ejecutivo observar leyes, en especial aquellas que irrogan gastos al Estado al margen del presupuesto aprobado, y en caso extremo, cerrar un Congreso obstruccionista para convocar a nuevas elecciones.

Pero no solo el Poder Legislativo tiene un freno por parte del Poder Ejecutivo, también lo tiene por parte del Tribunal Constitucional cuya función es interpretar la Constitución, y de los operadores de justicia (Poder Judicial y Ministerio Público que es la Fiscalía).

Cuando el Ejecutivo o el Legislativo afectan los derechos fundamentales de las personas o de las organizaciones privadas o públicas que gozan de márgenes de autonomía, estos se defienden recurriendo al Poder Judicial con recursos de Habeas Corpus, amparo, agravio, entre otras medidas.

No siempre el Poder Judicial es efectivo y en muchos casos tarda demasiado en resolver, pero es un camino que podemos usar todos los ciudadanos para garantizar nuestros derechos.

La defensa de nuestros derechos no acaba en las instancias nacionales del Poder Judicial pues se tiene una instancia supranacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Somos parte de este Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque nos comprometimos como país, a defender los derechos fundamentales de las personas y quienes abogan por salirse de este sistema no ocultan su desprecio por estos derechos que incluso están consagrados en la Constitución autoritaria de Fujimori, pero que un gobierno autoritario-dictatorial pisotearía sin remordimiento.

Son parte consustancial a estos derechos, el que las personas no puedan ser detenidas sin una orden judicial y que tengan el derecho al debido proceso, y dentro de él, a las diversas instancias judiciales que equilibran el poder de jueces autónomos.

Entre los operadores de justicia se encuentra el Ministerio Público (Fiscalía) que es el titular de la acción penal y encargado de perseguir el crimen en todas sus manifestaciones.

No es casual que la captura y doblegamiento de este organismo haya sido el principal objetivo de los gobiernos autoritarios o con pretensiones autoritarias, lo que hasta el momento ha sido resistido con éxito en el Perú.

A pesar que la Fiscalía ha tenido en sus filas a personajes siniestros, es hoy por hoy una de las pocas entidades públicas que se ha alzado en defensa de la legalidad denunciado la corrupción en el poder, lo que no se conocería si estuviera en manos de fiscales venales.

Prensa y organización social

La democracia garantiza la libertad de prensa y el libre acceso al Internet. Esto que nos resulta inimaginable es común en los países dictatoriales y autoritarios que hay en el mundo.

Parte de la prensa puede ser gentil cuando no servil al poder, pero mientras haya libertad y no se persiga a la prensa, siempre habrá la oportunidad de desarrollar una prensa alternativa como ahora se ´puede observar en Internet.

Hay muchas formas de sofocar a la prensa desde el poder como es no darles publicidad estatal, amenazar a los principales anunciantes y llenar los medios con propaganda gubernamental como ocurrió con la prensa “chicha” en los 90 y hoy con las “granjas de troles” gestionadas por funcionarios públicos.

El último paso es acosar cuando no actuar con violencia, contra los periodistas o investigadores empleando a grupos mercenarios como la denominada “Resistencia”, “Los Combatientes” y otros grupos de choque émulos de los grupos de asalto en la Alemania nazi y en la Italia fascista.

Pero la democracia también significa la inviolabilidad del domicilio, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de movimiento y escoger el lugar de residencia, la libertad de culto, de reunión y organización, la libertad de trabajo, de opción sexual, entre otros derechos personalísimos.

Todos estos derechos pueden ser burlados cuando tenemos un gobierno autoritario o dictatorial. Por ejemplo, el desastre de Venezuela ha dado lugar a una masiva emigración y el gobierno de Maduro para contener la salida de los descontentos u obligar a los que ya salieron a volver, convirtió su pasaporte en el más caro.

El derecho de organización es el de crear empresas, partidos políticos y asociaciones como son las agremiaciones, colegios profesionales, congregaciones, clubes deportivos, culturales o locales y barriales, las organizaciones no gubernamentales (ONG) u otras formas. Todo esto es la sociedad civil.

Estas organizaciones de distintos modos, intervienen en la política del país para representar intereses sectoriales por lo que no es casual que los mismos autoritarios busquen limitar sus campos de acción y como en las ONG molestas, procuren asfixiarlas con la sobre regulación.

Derecho a la vida

Pero el derecho fundamental del sistema democrático sobre el que se han edificado los restantes, es el derecho a la vida.

Este derecho alcanza a todos los individuos que viven en este país por lo que se ha eliminado la pena de muerte.

Sin embargo, con el empobrecimiento de nuestra democracia, ha emergido una nueva amenaza que viene del campo criminal y que adquiere su forma más cruda en el sicariato, la extorsión y el secuestro, delitos que se han multiplicado con una débil respuesta del Ejecutivo.

Una de las razones mayores que lleva a muchos ciudadanos a exigir un gobierno autoritario y consentir el avasallamiento de los derechos humanos, es la grave inseguridad pública que afecta especialmente a los más pobres.

Individuos totalmente descompuestos, sin un atisbo de moral, son el cañón que dispara contra pequeños negocios destruyendo las débiles fuentes de ingreso y empobreciendo más a estas personas, sus localidades y la economía del país.

Pero estos cobardes asesinos solo pueden prosperar ante la debilidad del Estado. Si el ministro del Interior está más ocupado en destruir a la mejor unidad policial (DIVIAC) que persigue la corrupción del poder por una venganza personal de la presidenta Boluarte, es claro que no pueden combatir con eficacia la inseguridad.

Más aún si el Congreso legisla a favor de la criminalidad, de los taladores y mineros ilegales, de los partidos truchos y corruptos, de las organizaciones criminales, atando de manos a los operadores de justicia al acortar los plazos de prescripción, limitando la figura del colaborador eficaz o del allanamiento ordenado por un juez, y perdonando a los asesinos y abusivos de los 80 y 90 que cometieron delitos de lesas humanidad.

La democracia debe defenderse con severidad, pero sin violar los derechos humanos como lo hace el autoritario Bukele en El Salvador. Hoy se necesita concentrar recursos en seguridad ciudadana en el Perú, es una prioridad de sobrevivencia del Estado de Derecho.

Significa más policías, más equipamiento, más inteligencia policial, mayor rapidez y resolución de fiscales y jueces, y condenas efectivas donde los desalmados sean totalmente aislados y sometidos a condiciones carcelarias muy duras.

El Perú debería construir más cárceles en ubicaciones que signifiquen un efectivo castigo para los delincuentes más avezados de modo que afecte realmente su torcida moral.

Cuando decimos que somos democráticos y defendemos la democracia, lo primero en que estamos pensando es que defendemos el derecho a elegir a nuestras autoridades, pero, sobre todo, que podamos desenvolvernos en un clima de libertad con los medios para defendernos de los excesos de las autoridades como de los demás poderes fácticos sean las empresas, los cuerpos armados del Estado, y todos los comportamientos intolerantes.

Hay formas de sobreponerse a la frustración y retomar el camino de anchar la democracia en lugar de recortarla o ponerla al servicio de los mafioso y criminales. Francia ha dado una lección parando en seco a la ultraderecha autoritaria e intolerante. Pero eso no es sino una batalla ganada de una larga y tortuosa confrontación destinada a mantener el control sobre nuestro futuro.

El 2010 visité por primera vez El Salvador. El viaje fue en la aerolínea Copa, después de hacer una escala en Panamá. Del aeropuerto me llevaron a un hotel cómodo, pero con pocas habitaciones. Me advirtieron sobre los problemas de seguridad en San Salvador, la capital. Solo podía desplazarme del hotel a un moderno centro comercial situado al frente. El barrio donde se encontraba el hotel era conocido como la zona rosa. Nunca supe por qué. La advertencia puso especial acento sobre el transporte público, omnibuses, combis -como le llamamos en Perú a las camionetas rurales-, o taxis. Todos mis desplazamientos a, o desde, la oficina FAO, se efectuaban en autos oficiales o taxis seguros contratados por la oficina. En el hotel aprendí a usar el Skipe para comunicarme con Lima.

Participé en dos estudios por encargo de FAO. El primero era un proyecto convencional, de asistencia técnica con distribución de insumos a favor de las familias campesina. El segundo, en cambio, refería a una política pública que se venía ejecutando por años y, que consistía en distribuir entre estas mismas familias, de modo gratuito, semillas de maíz y frijol acompañadas de una bolsa de fertilizantes. Se quería saber qué impacto estaba generando esta política. Se aplicó una encuesta con el marco muestral del Censo Agropecuario, que concluyó en que muy pocos de estos insumos eran efectivamente empleados por las familias campesinas y que, por el contrario, se había conformado un mercado informal en el que se transaban estos insumos a precios a veces irrisorios. Como es de imaginar, esta constatación no fue muy del agrado ni de los funcionarios de Agricultura ni de los miembros de la Asamblea Legislativa salvadoreña.

Finalmente, y de manera complementaria, participé en la organización de un evento sobre innovación en el sector agrario; una novedad por esas tierras. Fue mi última actividad en El Salvador. Por entonces Nayib Bukele, un descendiente de palestinos, era solo conocido por haber desempeñado la función de alcalde en Nuevo Cuscatlán, a lo que siguió su entronización en el municipio capital. Ambas funciones fueron asumidas en representación del entonces partido gobernante, el FMMLN. Para acceder a la primera magistratura de la nación dejó de lado el partido oficial, siendo elegido encabezando la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

Bukele se enfocó entonces en el tema de seguridad. Tras un intento inicial de acercamiento a las Maras[1], decidió enfrentarlas frontalmente. En febrero de 2020, siguiendo un guion muy conocido en América Latina, dio un autogolpe, y destituyó a los magistrados del tribunal constitucional y al fiscal de la nación. Esta posición la adoptó a partir de la militarización de la Policía Nacional a la que convirtió en su principal aliada en el poder. Con ella conminó a los asambleístas e introdujo cambios en la Constitución, asumiendo las características de un gobierno de mano dura, autoritario.

El 31 de enero de 2023, Bukele presentó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un recinto carcelario de máxima seguridad ubicado en el municipio de Tecoluca (San Vicente) y que cuenta con una extensión de 1.6 km² y una capacidad para 40 000 reclusos. Para publicitar su imagen presentó a los que serían integrantes de las maras, en paños menores, con el torso desnudo y sometidos a tratos vejatorios. No obstante la extrema violencia con que se han conducido estas pandillas, en este caso se actuó contra el debido proceso y los derechos de las personas. Por el momento esta estrategia le ha funcionado y tiene una altísima aprobación además de los grupos dominantes de Centro América. Recientemente ha sido imitado por la presidenta de Honduras.

Es un claro ejemplo de cómo se puede manejar un país agotado y con miedo, para convertirlo en un dócil peón de un gobernante sin escrúpulos. Este mismo gobernante ha tenido la desfachatez de forzar el uso de los bitcoins en su país, algo que ningún otro gobernante ha considerado siquiera. Como ocurre en estos casos, cuando la borrachera nacionalista y autoritaria se disipe, los salvadoreños se encontrarán con nuevas y más vastas complicaciones.

Seguridad

No hay que llamarse a engaño. El estilo prepotente de Bukele despierta muchas simpatías entre la población asediada por la delincuencia cada vez más violenta y, esto es especialmente fuerte en Centro América. Una manera de enfrentar este tema es la mano dura, construir un Estado policiaco – militar, emplear paramilitares, desconocer los avances en derechos humanos que ha dado la humanidad en su conjunto. Y establecer la arbitrariedad como forma de gobernar.

¿Por qué han proliferado las pandillas en Centroamérica? Porque esas sociedades no son capaces de ocupar a la mayor parte de sus miembros en labores útiles generadoras de ingreso. Porque sus miembros provienen de familias disfuncionales y no han tenido oportunidad de pasar por un sistema educativo medianamente útil para formarlos para la vida. Y porque esos lugares son espacios de transición para el tráfico, principalmente de drogas con destino a Estados Unidos. Nada de lo dicho exonera a estos individuos, considerados cada uno de modo independiente, en su responsabilidad por optar por el crimen.

Hoy mismo en Perú, asistimos a un aumento de la inseguridad y violencia criminal como no hubo nunca. A la delincuencia local que no se diferencia en nada de lo que se ha descrito para Centroamérica, se suma la presencia de criminales aviesos que son la podredumbre que ha creado y expele el chavismo de Venezuela, como el denominado “tren de Aragua” cuya presencia no solo está afectando al Perú, sino que extiende sus acciones entre Colombia, Ecuador y Chile, no solo imponiendo sus métodos, sino reclutando en estos países, a más criminales.

¿Cómo parar esto? No tengo una fórmula, pero hay ciertas ideas que, sugiero, deberían ser consideradas:

Mantener al Estado peruano como república democrática, en la esfera de los derechos humanos y sus instituciones internacionales. Esto significa no recurrir a la pena capital, pero sí defenderse con medidas punitivas duras y disuasorias en el frente interno.
Entender que esta es una labor policial y solo puede combatirse con más policías preparados con las técnicas modernas, para investigar y perseguir el crimen. Se requiere más presencia policial profesional y una colaboración muy activa con las policías de otros países pues el crimen se ha internacionalizado.
Los mandos policiales deben ser respetados en su autonomía, de modo que puedan desarrollar una carrera de méritos que sea debidamente compensada.
La judicatura, sea de los encargados de la investigación criminal, los fiscales, como de los jueces, que son los que expiden las sentencias condenatorias o absoluciones, debe ser fortalecida con más miembros de carrera, personal auxiliar, soporte tecnológico y colaboración internacional.
Es indispensable construir más centros de reclusión que se distingan por su dureza. Aquellos reincidentes y criminales incorregibles, deben recibir las penas más drásticas, imponerles el aislamiento de modo que lo que resta de su condena sea una oportunidad para que mastiquen su vileza.
En cambio, es importante recuperar el sentido de readaptación de los condenados primarios a través de la educación y el trabajo. Estas prisiones no tienen por qué ser espacios para el vejamen, pero tampoco para el aprendizaje delictivo. Las condiciones carcelarias deben ser duras, con aislamiento, pero se pueden combinar adecuadamente con espacios de socialización controlada en actividades deportivas, artísticas, culturales, educativas y de trabajo.
Sin duda la idea capital es cómo educamos a la población y a las nuevas generaciones. Los formamos con valores, les damos las condiciones para su desarrollo personal o nos limitamos a aceptar que cada cual siga la ruta que crea más conveniente sometidos a una serie de estímulos que lo conducen a la vida fácil y criminal. Hay que meterse con los hijos de la sociedad y no dejarlos desamparados.

[1] Mara Salvatrucha (MS, Mara, y MS-13) es una organización conformada por varias pandillas criminales de alcance internacional, dedicados al narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo y sicariato.

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