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REGULACIÓN PÚBLICA

Establecer un razonable nivel de intervención del Estado en la economía es un debate que tiene para largo. Hay posiciones extremas, como en todos los aspectos de la vida, que muy pocos pueden tomar en serio. El argumento fuerte en contra es que la intervención estatal desincentiva la participación de los privados, lo cual da como resultado una participación muy por debajo de su capacidad o, como decimos los economistas, “muy por debajo de la frontera de producción y consumo de las sociedades”. Una de las manifestaciones más importantes de la intervención pública en la economía es la regulación. Para esta escuela de pensamiento, la máxima en este enfoque es que la mejor regulación es la que no existe.

La amplia mayoría considera, en cambio, que la intervención pública es indispensable y hasta puede admitir que es un grave inconveniente, pero es lo que es. En efecto, la intervención económica pública les cuesta a los bolsillos de los ciudadanos y el resultado no siempre es óptimo o plenamente deseado. No obstante, si es necesaria la intervención del Estado en la economía, ¿cuál sería la mejor forma de intervenir para que contribuya al bien común? La respuesta más aceptada es la regulación. Si esto es así, la discusión giraría en torno a cuál es el grado de regulación aceptable y eficaz.

La respuesta es difícil y varía de forma notable entre un país y otro, así como el momento en el que se discute. Pero la utilidad de la regulación debe sustentarse en sus beneficios. Esta se determina al aumentar, de manera convincente, los argumentos a su favor, para demostrar que los inevitables riesgos y costos asociados (contingencias) son menores que los ahorros y la salvación de los ciudadanos. Deben ser situaciones en las que, en términos económicos y fácilmente medibles, se demuestre que hay una relación positiva beneficio-costo. Que el último criterio teórico sea también práctico porque se cuenta, o se contaría en un tiempo razonable, con los especialistas y los medios para que la regulación sea efectiva. En cambio, debería descartarse si se prueba, sin lugar a dudas, que el costo es mayor que el beneficio, dejando la decisión al momento en que esta conclusión admita réplica o la experiencia mundial aporte tantas evidencias que no admita dudas.

Llegado a este punto, acordamos determinar, con ejemplos convincentes, al menos diez casos en los que la regulación pública era necesaria. Las propuestas que se reunieron fueron escritas e incluidas en esta columna como un listado fruto de una especie de lluvia de ideas, sin orden ni concierto, y sin pretensión de ser exhaustiva.

  • Un componente fundamental en la transacción económica entre, por lo menos, dos personas es la identidad de los participantes. Esta debe ser establecida inequívocamente y, para ello, se requiere un documento personal emitido por una entidad fuera de toda sospecha. En el caso del Perú, es el DNI, emitido por el Reniec, una entidad pública.
  • Las fronteras no existían hasta que los humanos se las inventaron. Cuando una persona cualquiera debe o desea cruzar una frontera, está obligada a identificarse en el país que abandona y en el que ingresa. Por esta razón, necesita el pasaporte emitido por la autoridad de migraciones, como es el caso de la Superintendencia Nacional de Migraciones en el Perú, una entidad pública.
  • Cuando se conduce un vehículo por alguna vía pública, se debe estar en capacidad de acreditar que se cuenta con la competencia necesaria. La forma de hacerlo es con el brevete, que debe estar registrado en el MTC. Cuando se trata de choferes especializados para servicio público y transporte de carga, se expiden brevetes especiales.
  • En el momento en el que un nuevo ser abre los ojos, debe ser identificado con un nombre y consignar los datos de sus padres, fecha de nacimiento, testigos, el facultativo que lo atendió, direcciones y algún otro dato. Eso lo hace la municipalidad y se denomina partida de nacimiento. Si no se hace, para todo efecto práctico y estadístico ese bebé no existe.
  • Cuando dos personas deciden formalizar su relación asumiendo iguales derechos y deberes, acreditan el nuevo estado civil ante la municipalidad, que registra un certificado de matrimonio. El nuevo estado genera una nueva entidad para la sociedad: la sociedad conyugal.
  • Para el cuidado de la salud, se emplean medicamentos. Alguien tiene que certificar que el medicamento es efectivo, porque ha sido probado y no entraña ningún riesgo para quien lo usa. La idea es impedir que se pase por medicamento la “agüita arracimada” de Hernán Condori y otras estafas. En los Estados Unidos, esa labor la cumple la poderosa FDA. En el Perú, la modesta Digemid, una entidad pública.
  • Para atender a un enfermo o accidentado, se necesita de un especialista que haya sido preparado para tal fin. Este es el caso de los médicos, odontólogos, obstetras, enfermeros u otro personal de salud. Estos especialistas ejercen sus nobles profesiones amparados en un certificado emitido por una entidad competente y a nombre de la nación. El paciente tiene el derecho de exigir que esa competencia sea acreditada para evitar que quien lo trate sea un charlatán, un seudo cirujano plástico, curandero o brujo. El posible certificar el registro del especialista en una base de datos pública disponible en la Sunedu.
  • Como sucede en el caso del personal de salud, en otras profesiones, como derecho, gestión, ingeniería, docencia y un largo etcétera, se deben acreditar las competencias con un título expedido por un centro de educación superior a nombre de la nación, y para algunas profesiones se requiere, adicionalmente, de una colegiatura. Detrás de ese título hay una organización educativa que puede demostrar que el profesional asistió a clases, rindió exámenes, que existen actas y que el título fue entregado con la aprobación, dada por un jurado competente, de una tesis y/o un examen de grado. Y un detalle adicional, que la o las tesis tienen que estar disponibles para quien lo quiera comprobar. Por eso, son registradas, de manera obligatoria, en la Sunedu.
  • La educación básica, primaria y secundaria también es certificada por la escuela y colegios en los que se impartió la educación. No es posible pasar de un grado a otro sin que se emitan las certificaciones, instrumentos públicos que supervisa el Minedu tanto para unidades públicas como privadas.
  • Cuando se circula con un vehículo por la vía pública, el conductor debe estar en condiciones de poder demostrar que su unidad es de su propiedad o que el legítimo dueño le ha autorizado a usar el vehículo. Esto se evidencia mostrando la tarjeta que acredita la propiedad ante los Registros Públicos, una entidad pública.
  • Si un conductor estrella su vehículo o atropella a un peatón, debe pasar por el dosaje etílico, el cual consiste en un examen de sangre que indica el contenido de alcohol que circula por la sangre. Si este sobrepasa el límite razonable, que es público, entonces el conductor habrá cometido un delito, se le anulará el permiso de conducir por algún tiempo (o definitivamente, si es reincidente) y deberá pagar una indemnización. Si su vehículo cuenta con seguro, este no autorizará la indemnización, porque una cláusula expresa de los contratos de seguros es que los conductores no pueden ingerir alcohol si van a conducir porque ponen en riesgo a terceros. Esto incluye el SOAT.

En este punto, nos dimos cuenta de que habíamos sobrepasado nuestra meta de diez regulaciones, y que continuar podría hacer muy pesada la lectura de esta columna. Así, decidimos detenernos y prometernos que, en una siguiente columna, completaríamos la lista, aunque sospechamos que se requerirá más de una nota adicional.

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1. Web: https://departamento-ciencias-gestion.pucp.edu.pe/noticias/regulacion-publica

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CIENCIACTIVA Y LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

En el 2016 estaba encargado de la Dirección Ejecutiva del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FONDECYT) que por entonces lo llamábamos Cienciactiva. Este era un organismo independiente, un brazo financiero del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación Tecnológica (CONCYTEC). En esos años, Cienciactiva había logrado asegurar importantes recursos para cofinanciar programas de investigación y financiar becas de doctorado en el exterior.

Ese mismo año se había elegido nuevas autoridades en las universidades públicas como resultado de la promulgación de la ley universitaria, y entre la plana de rectores se había incluido la de Vicerrector de Investigación. Muchas universidades del interior del país que recibían canon minero, no habían hecho inversiones en investigación y los fondos estaban parqueados como recursos destinados, pero sin uso. A lo sumo se había comprado equipamiento, parte del cual ni siquiera había sido puesto en valor, y las pocas investigaciones financiadas habían sido seleccionadas de manera arbitraria por las anteriores autoridades y con poco éxito.

Una de esas universidades con canon y sin inversión, era la más grande del país fuera de Lima, la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) en Arequipa. Esta contaba con ingentes recursos que recibía de la mina Cerro Verde pero que no se gastaban. El equipo rectoral nos buscó para solicitarnos nuestra ayuda en los procesos de convocatoria, evaluación y selección de proyectos por financiar. Tuvimos la oportunidad de conversar con el Viceministro de Economía consultándole cómo podríamos hacerlo. Su respuesta fue bastante clara. Pueden ayudarlos, pero ese dinero lo administra la propia Universidad. En otras palabras, Cienciactiva determinaba a quienes se les financiaba, pero el dinero lo administraba la propia Universidad. Esta a su vez, pagaba a Cienciactiva por el trabajo de promoción de los concursos internos y a los evaluadores externos internacionales que contrataba Cienciactiva.

El resultado fue espectacular. Se convocaron los concursos, se presentaron muy buenas propuestas y muchas de ellas fueron calificadas y financiadas. De un día para otro, la UNSA tenía a su cargo diferentes investigaciones en diversos temas y además comenzó a publicar en revistas científicas aumentando su producción científica de modo notable

Los éxitos alcanzados por la UNSA motivaron que la Universidad San Antonio Abad del Cusco (UNSAC) que también tenía muchos fondos e canon, se interesara en el esquema que también fue implementado en esa universidad. A otras universidades se hicieron visitas con el mismo fin como fue la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), de Tumbes, del Santa, de Tacna (Jorge Basadre). Las demandas desbordaron a Cienciactiva pero se consiguió desbloquear el uso de fondos y se puso en ruta a las universidades nacionales para devolverles su vocación científica.

Luego sobrevinieron cambios en CONCYTEC y el proceso se hizo más lento. Había temas de orden administrativo que no encontraron un adecuado tratamiento y todo esto interrumpió los procesos. Sin embargo, las propias universidades encontraron el modo de realizar sus propios concursos internos y rodearlos de garantías en la asignación de los recusos. Fue una intervención concentrada pero muy fructífera en muy corto período de tiempo que demostró como la cooperación entre organismos del propio Estado podía dar buenos resultados.

BUKELE EL SHERIFF

El 2010 visité por primera vez El Salvador. El viaje fue en la aerolínea Copa, después de hacer una escala en Panamá. Del aeropuerto me llevaron a un hotel cómodo, pero con pocas habitaciones. Me advirtieron sobre los problemas de seguridad en San Salvador, la capital. Solo podía desplazarme del hotel a un moderno centro comercial situado al frente. El barrio donde se encontraba el hotel era conocido como la zona rosa. Nunca supe por qué. La advertencia puso especial acento sobre el transporte público, omnibuses, combis -como le llamamos en Perú a las camionetas rurales-, o taxis. Todos mis desplazamientos a, o desde, la oficina FAO, se efectuaban en autos oficiales o taxis seguros contratados por la oficina. En el hotel aprendí a usar el Skipe para comunicarme con Lima.

Participé en dos estudios por encargo de FAO. El primero era un proyecto convencional, de asistencia técnica con distribución de insumos a favor de las familias campesina. El segundo, en cambio, refería a una política pública que se venía ejecutando por años y, que consistía en distribuir entre estas mismas familias, de modo gratuito, semillas de maíz y frijol acompañadas de una bolsa de fertilizantes. Se quería saber qué impacto estaba generando esta política. Se aplicó una encuesta con el marco muestral del Censo Agropecuario, que concluyó en que muy pocos de estos insumos eran efectivamente empleados por las familias campesinas y que, por el contrario, se había conformado un mercado informal en el que se transaban estos insumos a precios a veces irrisorios. Como es de imaginar, esta constatación no fue muy del agrado ni de los funcionarios de Agricultura ni de los miembros de la Asamblea Legislativa salvadoreña.

Finalmente, y de manera complementaria, participé en la organización de un evento sobre innovación en el sector agrario; una novedad por esas tierras. Fue mi última actividad en El Salvador. Por entonces Nayib Bukele, un descendiente de palestinos, era solo conocido por haber desempeñado la función de alcalde en Nuevo Cuscatlán, a lo que siguió su entronización en el municipio capital. Ambas funciones fueron asumidas en representación del entonces partido gobernante, el FMMLN. Para acceder a la primera magistratura de la nación dejó de lado el partido oficial, siendo elegido encabezando la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

Bukele se enfocó entonces en el tema de seguridad. Tras un intento inicial de acercamiento a las Maras[1], decidió enfrentarlas frontalmente. En febrero de 2020, siguiendo un guion muy conocido en América Latina, dio un autogolpe, y destituyó a los magistrados del tribunal constitucional y al fiscal de la nación. Esta posición la adoptó a partir de la militarización de la Policía Nacional a la que convirtió en su principal aliada en el poder. Con ella conminó a los asambleístas e introdujo cambios en la Constitución, asumiendo las características de un gobierno de mano dura, autoritario.

El 31 de enero de 2023, Bukele presentó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un recinto carcelario de máxima seguridad ubicado en el municipio de Tecoluca (San Vicente) y que cuenta con una extensión de 1.6 km² y una capacidad para 40 000 reclusos. Para publicitar su imagen presentó a los que serían integrantes de las maras, en paños menores, con el torso desnudo y sometidos a tratos vejatorios. No obstante la extrema violencia con que se han conducido estas pandillas, en este caso se actuó contra el debido proceso y los derechos de las personas. Por el momento esta estrategia le ha funcionado y tiene una altísima aprobación además de los grupos dominantes de Centro América. Recientemente ha sido imitado por la presidenta de Honduras.

Es un claro ejemplo de cómo se puede manejar un país agotado y con miedo, para convertirlo en un dócil peón de un gobernante sin escrúpulos. Este mismo gobernante ha tenido la desfachatez de forzar el uso de los bitcoins en su país, algo que ningún otro gobernante ha considerado siquiera. Como ocurre en estos casos, cuando la borrachera nacionalista y autoritaria se disipe, los salvadoreños se encontrarán con nuevas y más vastas complicaciones.

Seguridad

No hay que llamarse a engaño. El estilo prepotente de Bukele despierta muchas simpatías entre la población asediada por la delincuencia cada vez más violenta y, esto es especialmente fuerte en Centro América. Una manera de enfrentar este tema es la mano dura, construir un Estado policiaco – militar, emplear paramilitares, desconocer los avances en derechos humanos que ha dado la humanidad en su conjunto. Y establecer la arbitrariedad como forma de gobernar.

¿Por qué han proliferado las pandillas en Centroamérica? Porque esas sociedades no son capaces de ocupar a la mayor parte de sus miembros en labores útiles generadoras de ingreso. Porque sus miembros provienen de familias disfuncionales y no han tenido oportunidad de pasar por un sistema educativo medianamente útil para formarlos para la vida. Y porque esos lugares son espacios de transición para el tráfico, principalmente de drogas con destino a Estados Unidos. Nada de lo dicho exonera a estos individuos, considerados cada uno de modo independiente, en su responsabilidad por optar por el crimen.

Hoy mismo en Perú, asistimos a un aumento de la inseguridad y violencia criminal como no hubo nunca. A la delincuencia local que no se diferencia en nada de lo que se ha descrito para Centroamérica, se suma la presencia de criminales aviesos que son la podredumbre que ha creado y expele el chavismo de Venezuela, como el denominado “tren de Aragua” cuya presencia no solo está afectando al Perú, sino que extiende sus acciones entre Colombia, Ecuador y Chile, no solo imponiendo sus métodos, sino reclutando en estos países, a más criminales.

¿Cómo parar esto? No tengo una fórmula, pero hay ciertas ideas que, sugiero, deberían ser consideradas:

  • Mantener al Estado peruano como república democrática, en la esfera de los derechos humanos y sus instituciones internacionales. Esto significa no recurrir a la pena capital, pero sí defenderse con medidas punitivas duras y disuasorias en el frente interno.
  • Entender que esta es una labor policial y solo puede combatirse con más policías preparados con las técnicas modernas, para investigar y perseguir el crimen. Se requiere más presencia policial profesional y una colaboración muy activa con las policías de otros países pues el crimen se ha internacionalizado.
  • Los mandos policiales deben ser respetados en su autonomía, de modo que puedan desarrollar una carrera de méritos que sea debidamente compensada.
  • La judicatura, sea de los encargados de la investigación criminal, los fiscales, como de los jueces, que son los que expiden las sentencias condenatorias o absoluciones, debe ser fortalecida con más miembros de carrera, personal auxiliar, soporte tecnológico y colaboración internacional.
  • Es indispensable construir más centros de reclusión que se distingan por su dureza. Aquellos reincidentes y criminales incorregibles, deben recibir las penas más drásticas, imponerles el aislamiento de modo que lo que resta de su condena sea una oportunidad para que mastiquen su vileza.
  • En cambio, es importante recuperar el sentido de readaptación de los condenados primarios a través de la educación y el trabajo. Estas prisiones no tienen por qué ser espacios para el vejamen, pero tampoco para el aprendizaje delictivo. Las condiciones carcelarias deben ser duras, con aislamiento, pero se pueden combinar adecuadamente con espacios de socialización controlada en actividades deportivas, artísticas, culturales, educativas y de trabajo.
  • Sin duda la idea capital es cómo educamos a la población y a las nuevas generaciones. Los formamos con valores, les damos las condiciones para su desarrollo personal o nos limitamos a aceptar que cada cual siga la ruta que crea más conveniente sometidos a una serie de estímulos que lo conducen a la vida fácil y criminal. Hay que meterse con los hijos de la sociedad y no dejarlos desamparados.

[1] Mara Salvatrucha (MS, Mara, y MS-13) es una organización conformada por varias pandillas criminales de alcance internacional, dedicados al narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo y sicariato.