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CAÑARIS FUE RECONOCIDA COMO COMUNIDAD INDÍGENA EN 1956

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La Oficina de Asesoría Rural de INDER de la ciudad de Chiclayo informaba en su facebok

“Hacen unos días estuvo en nuestras oficinas Florentino Barrios Huamán, Presidente de la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris, y Rosa Huamán Rinza, fiscal de la misma Comunidad, y a solicitud suyas, entregamos una copia digitalizada de la Resolución Suprema de Reconocimiento Oficial, documento que lo necesitaban para sustentar una demanda legal”

El documento fue remitido por los dirigentes de Cañaris a la abogada encargada de una demanda legal y ha sido ella la que lo colgó en su face personal y de allí ha sido difundida en las redes sociales.

Nos permitimos entonces un breve comentario sobre este importante documento.

El documento es una copia certificada, expedida por el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, está fechado el 10 de Octubre de 1956, contiene los sellos oficiales de ese entonces y al final se lee en una marca de un sello en el que se lee “Rúbrica del Señor Presidente de la República” , sello que le da al documento el carácter de Resolución Suprema.

En la parte de acuerdos el mencionado documento establece que: “1°. Reconócese la existencia legal y la personería jurídica de la comunidad de indígenas San Juan de Cañaris en inscríbasela en el Registro Oficial del Ramo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas”.

La expedición de este documento fue el resultado de largos trámites administrativos de los comuneros de Cañaris, iniciados en 1948 y fue Don Víctor Huamán Reyes, conocido como el Cacique de Cañaris, el encargado de representar a la Comunidad en ese proceso.

Un documento de esta naturaleza debiera ser suficiente para que las entidades estatales locales, regionales y nacionales, no  estén regateando reconocimientos en función de intereses empresariales. Pero también el documento sustenta el hecho que comunidades indígenas no sólo existen en la selva o en la sierra sur, sino en todo el país.

Pedro Alva Mariñas

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EL CRISTO YACENTE DE LAMBAYEQUE

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Pedro Alva Mariñas.

INDER – Instituto de Desarrollo Regional

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 REFERENCIA HISTÓRICA*

Una placa metálica, empotrada al costado de la urna confirma el distinguido origen del Cristo Yacente** que es el gran protagonista de la Semana Santa de Lambayeque. En la placa se lee: “OBSEQUIO del Presidente de la República, Don Augusto B. Leguía, a la ciudad de Lambayeque. Obra nacional ejecutada por C. Alberto Nalli. Lima – Perú 1927”. El Cristo Yacente es motivo de orgullo para los lambayecanos porque fue donado por uno de sus hijos más prominentes, y por haber sido confeccionada por un artista de prestigio internacional. En relación a su valor artístico inicial se cita la nota que publicó la Revista Mundial (28/01/1926), que calificó el trabajo de Nalli como “una obra de escultura notable”.

Pareciera que el obsequio del Presidente suscitó un gran interés de la sociedad lambayecana ya que muchos años después todavía se contaban los detalles de tal acontecimiento. Detalles que fueron publicados en el Dominical de La Industria (9/4/2006). En dicha nota se informa que una vez dorada la urna en el taller del artista, fue trasladada al puerto del Callao y de allí embarcada al Puerto de Eten en donde fue recibida por una delegación de lambayecanos, presidido por Bernardino Salcedo. Luego los cajones fueron trasladados a Lambayeque por ferrocarril. Una vez llegados a la Estación fueron traslados, en carreta, hasta la Iglesia San Pedro, destino final de su peregrinaje.

El ensamblado de las partes estuvo a cargo de Víctor Gallo, tarea que demoró seis largas horas. Ensamblada la obra se procedió a la solemne bendición, el 15 de Abril de 1927, a cargo del padre Miguel Villavicencio. El padrino fue Vicente Russo Fry y como madrina Agueda Leguía de Cúneo.

Sus primeros “custodios”, desde 1927, fueron Francisco Lafora (+1953), Antonio León García (+1959) y Alberto Riojas Polo (+1961). Continuaron con la custodia o mayordomía  Olga León de Bracamonte y Leonidas Riojas Callacná, acompañados por Elsa Peralta de Cortés, María de los Santo Pisfil de Chavesta, Petronila Pérez de los Santos, y Juan Bustamante Requejo, Nicolás Chavesta Milián y Ceferino Chumacero Orcila (2006).

No hay dudas en afirmar que la llegada del Cristo Yacente, dio un gran impulso a la celebración de Semana Santa en Lambayeque. Parece que los sectores aristocráticos se comprometieron a relanzar la celebración que estaba sufriendo cierto decaimiento. La propia parroquia tenía una imagen muy adecuada como para aumentar su convocatoria a los fieles. Y la propia figura de “custodios” permitió que importantes familias lambayecanas asumieran un mayor compromiso en la celebración de Semana Santa. En cierta forma podemos decir que el obsequio presidencial marca una nueva historia en la celebración de Semana Santa.

 UNA HISTORIA MÁS RECIENTE***

La actual “mayordoma perpetua” del Cristo Yacente es la señora Olga León de Bracamonte (88), hija de Antonio León García, una de las tres personas encargadas como primeros “custodios” del Cristo Yacente. Nos cuenta que ella asume la mayordomía el año 1971 en calidad de “heredera” y llamó a sus amigas, entre ellas Elsa Peralta de Cortez, Acosta (fallecida), Santitos Pisfil de Chavesta (fallecida) y un señor Chumacero (fallecido). Ellos se encargaron de dar continuidad a la mayordomía por muchos años, pero han ido falleciendo y ahora quedan muy pocos acompañantes. Olga León de Bracamonte es considerada la mayordoma perpetua y, por tal tiene el rol protagónico; pero recientemente se ha organizada una Hermandad que con el tiempo tendrá a su cargo lo concerniente al Cristo Yacente y que está presidido por Ico Fañoñán.

Olga Bracamonte, a sus 88 años, recuerda que algunas costumbres en la procesión de Semana Santa se han ido perdiendo y lo cuenta con una mezcla de nostalgia y resignación.  Nos dice que “antes la procesión ingresaba al templo con toda la gente que acompañaba, pero fue prohibido por los sacerdotes debido al bullicio de la gente por llevarse a casa las flores que adornaban las andas de las imágenes. Recuerda también que antes y, más en la Semana Santa, se usaban mantillas o velos para cubrir la cabeza y parte del rostro de las damas; pero que su uso fue prohibido hace años y los intentos que su hermandad hicieron de recuperar esa costumbre ha fallado porque simplemente “no encontramos velos en ninguna parte”. Nos informa también que hace muchos años “toda la gente ingresaba al templo al terminar la procesión”, allí se acompañaba a las imágenes y se servía un cafecito, unas copitas y hasta se ofrecía caldo de gallina a quienes se quedaban acompañando al Cristo Yacente.

En este año el Cristo Yacente estrenó una nueva anda para su procesión del Viernes Santo y por ello los integrantes de la Hermandad se encuentran alegres, aunque preocupados por las medidas del anda que se quedaron cortas, pero encontraron maneras de remediar el asunto y todo siguió adelante. Esta obra se hizo con los recursos generados por una colecta pública autorizada por el propio Párroco de Lambayeque. Cumplida esta primera tarea, la hermandad se ha propuesto la de renovar el baño en pan de oro de la urna, que se encuentra deteriorada por el tiempo que ha transcurrido.

Para los que asisten a admirar, a venerar y a solicitar diversos favores y hasta milagros a la imagen del Cristo Yacente no se dan cuenta del duro trabajo realizado por un grupo reducido de familias lambayecanas que no sólo aportan su tiempo, su trabajo y sus recursos, sino que son capaces de juntar aportes de muchos devotos para que a esta venerada imagen tenga los mejores arreglos florales, la mejor iluminación, una banda de músicos, velas y cirios y también que tenga aseguradas varias cuadrillas de 18 cargadores cada para llevar, en andas, la imagen señera del Cristo Yacente de Lambayeque.

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* Dominical de La Industria (9/4/2006).

** La denominación de Cristo Yacente en esta nota, incluye también a la hermosa urna que contiene la imagen del Cristo Yacente.

***Entrevista a Olga León de Bracamonte 28/03/2013

El autor es investigador de INDER – Instituto de Desarrollo Regional.

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LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAMBAYEQUE. Sus problemas y sus demandas actuales

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Pedro Alva Mariñas

José Leonardo Reyes

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RESUMEN

 La apuesta por un modelo de desarrollo alternativo y que tenga como uno de sus componentes el que sea inclusivo ha sido una demanda de la población y también ha sido bandera de candidatos a Palacio y a las presidencias de gobiernos regionales. Parece existir una gran concertación para mantener intocado el modelo y de allí la persistencia en políticas, en prácticas y en discursos no inclusivos, poco democráticos.

 Los perdedores de este proceso, los no incluidos resultan ser varios sectores sociales, pero en particular las comunidades campesinas de Lambayeque que a pesar de los estragos que le han causado las políticas oficiales, siguen reuniéndose, siguen asistiendo a las convocatorias de su federación y siguen apostando a que alguna vez sean escuchados. En este mes de Semana Santa recordamos la frase bíblica “Ay de ustedes si no escuchan su clamor”.

 Este artículo presenta lo que podríamos decir “un estado de situación” de las comunidades campesinas a la luz del reciente pronunciamiento (7/3/2013) firmado por varios presidentes de comunidades y por dirigentes de la Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque – FEDECCAL.

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PRIMERA PARTE: LA TIERRA Y EL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES

En las últimas décadas se ha desarrollado un proceso de reconcentración de tierras que ha revertido la situación anterior a la Reforma Agraria y ha repuesto en su lugar a personas y empresas que concentran grandes extensiones de tierras, en un proceso que podríamos decir la vuelta del sistema de hacienda.

Este proceso lo podemos verificar en el proceso de concentración de tierras en las empresas azucareras en las cuales ciertos “socios estratégicos” se han convertido en los personajes regionales y que hacen girar a su alrededor a muchas personas y empresas importantes. Otro proceso de concentración de tierras se ha dado en los ámbitos de las grandes obras de irrigación como el Proyecto Jequetepeque – Zaña y el Proyecto Olmos en los cuales algunas empresas han logrado hacerse de decenas de miles de nuevas tierras incorporadas a la agricultura. Y el tercer proceso de concentración lo está protagonizando el Gobierno Regional de Lambayeque que a la vieja usanza autoritaria ha hecho inscribir a su nombre casi 200,000 Hás. De tierras comunales.

Frente a esta situación la voz de las comunidades campesinas suena fuerte (Pronunciamiento de la FEDECCAL, 07 de Marzo 2013.

Primero.- Rechazamos los procesos de confiscación, usurpación y negociados de las tierras y recursos de nuestras comunidades campesinas realizadas y promovidas por el Estado Nacional, por el Gobierno Regional, por instituciones públicas como COFOPRI y SUNARP y por Proyectos Especiales como el PEOT y PEJEZA. Exigimos la nulidad de esos procesos y la reversión de dichas tierras a las comunidades propietarias y la obligación de compensaciones justas en caso de que las comunidades acuerden voluntaria y libremente ceder o vender parte de su territorio comunal. En este punto nuestra firme solidaridad de siempre con la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos en su lucha contra la confiscación de sus tierras comunales por parte del Estado. Igualmente nuestra solidaridad con las comunidades campesinas San Francisco de Mocupe, San Pedro de Lagunas y Chepén en su lucha contra el Proyecto Jequetepeque – Zaña llamado PEJEZA y dirigentes corruptos. En este punto varias comunidades expresaron su rechazo al papel de COFOPRI al inmiscuirse en territorios de comunidades campesinas.

En este punto expresamos nuestra demanda que el Estado y los gobiernos regionales cumplan con los proceso de titulación de las comunidades campesinas de Tocmoche, Miracosta, Licupís y otras comunidades en cumplimiento de la Ley de Deslinde y Titulación y que la existencia de controversias territoriales no sea un pretexto para no titular a estas comunidades. Igualmente demandamos el respeto del Estado al derecho de propiedad de las comunidades tituladas o en proceso de titulación en mérito a lo que dice la ley “son tierras de las comunidades campesinas aquellas que indican sus títulos y las que la vienen poseyendo”.

……………………. CONTINUARÁ

 

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LOS CAÑARIS LOGRARON QUE EL ESTADO SUBIERA A DIALOGAR

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Pedro Alva Mariñas
INDER – Instituto de Desarrollo Regional

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La fotografía, tomada por el equipo de INDER (Hardy R. y Omar T.) en el propio lugar de los hechos es por demás elocuente de una reunión de trabajo entre representantes del Estado y los comuneros y seguramente esa fotografía evidencia las distancias que los separan, el carácter fugaz de esas visitas ya que los visitantes nunca tienen el ánimo de quedarse y siempre están temerosos de la noche y prestos a regresar. Añadiremos que las distancias son todavía más grandes entre las visiones de desarrollo de comuneros y visitantes del Estado. Y ello se volverá a evidenciar en el futuro inmediato. En este contexto es que se produjo el encuentro de los cañaris (y otras comunidades) con representantes del Estado.

Nos llama la atención que los líderes de cañaris hayan sostenido tan importante reunión en un lugar que no es propiamente su territorio pues se trata de terrenos de la Comunidad Campesina San Isidro Labrador de Marayhuaca y ello nos habla que hubo una intermediación para ello, pero también nos habla que los cañaris hablan claro también en otros terrenos y no temen ir a espacios distintos.

La tensión entre la comitiva visitante y los comuneros en paro indefinido era por demás evidente y el que “pagó pato” por ello fue un funcionario regional que fue impedido de participar en la reunión, bajo acusaciones de lanzar expresiones ofensivas contra los comuneros. Ese hecho ayudó, por otro lado, a generar las condiciones para el diálogo en términos un poco más amistosos, pero para nada conciliadores pues el discurso de los líderes comuneros y ronderos fue firme en su rechazo a la explotación minera.

Seguramente para los líderes andinos la presencia de varias autoridades y ex autoridades los ha reconfortado porque se han sentido escuchados en su propio espacio, han tenido la ocasión de hablar sin limitaciones y también han escuchado el mensaje de los visitantes importantes que ha sido más bien defensivo, aclaratorio y de intermediación, más que de compromiso. Nos imaginamos las dificultades de hilvanar un discurso pro minero cuando se está rodeado de gente en pie de lucha y en un ambiente reverdecido por los pinos por el florecimiento de los hongos comestibles que están amenazados por la explotación minera.

Al estilo de las comunidades campesinas los acuerdos tienen que escribirse y firmarse, sin ello no valen nada y ello explica que la reunión del 8 de julio que se hizo sin libro de actas y sin firma de dirigentes y autoridades nada valen para los comuneros. Por ello los acuerdos los escribieron en su libro de actas de asambleas, los leyeron y luego fueron firmados voluntariamente por las autoridades visitantes y después por los dirigentes comuneros y ronderos presentes. Los comuneros creen que esas firmas serán respetadas por los firmantes… todavía no saben todo lo que pueden hacer los lobistas, los medios nacionales de comunicación, y no saben que muchos de los acuerdos firmados con los pueblos a veces sirven para negociarlos a otro nivel, pero eso es un asunto de simple especulación.

Realmente el acta firmada tiene una profunda significación y por ello me permito publicarlo para que todos ayudemos a que estos acuerdos se cumplan porque fueron firmados por personas honorables y porque representan la esperanza de un pueblo que ahora sufre porque una empresa minera quiere imponer como legal acuerdos de una asamblea poco representativa, sin autoridades presentes y que no tuvo la autonomía en su desarrollo y no se ciñó a las normas específicas de comunidades campesinas. Reproducimos entonces los acuerdos firmados para ver si todos los firmantes los honran, los interpretan a su manera o los burlan.

ACUERDOS DE LA REUNIÓN SOSTENIDA POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN BAUTISTA DE CAÑARIS Y LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES:

1. El retiro de las empresas mineras, Candente Copper en el distrito de Cañaris, y minera Santa Elisa en el distrito de Inkawasi.
2. Anular la resolución de la ANA, que autoriza el uso del agua a la empresa Minera Candente Copper.
3. Apertura del diálogo con los representantes del gobierno central.
4. Sanción al coronel PNP Jorge Linares Ripalda, por propiciar y causar violencia a los comuneros.
5. Sanción al fiscal de la provincia de Jaén: Antonio Alvarado Puluche, por haber autorizado el ataque policial a los comuneros.
6. Instalación de la mesa de diálogo con las autoridades del Gobierno Central, en el distrito de Cañaris e Inkawasi.
7. Formación de una comisión especial para coordinar con las autoridades del gobierno central.

 Alcalde Municipalidad Distrital Cañaris: José Arturo Hurtado Julca
 Alcalde Municipalidad Distrital de Inkawasi: Dr. Fernando Días Rodríguez
 Alcalde Municipalidad Distrital de Pítipo: Sr. Galo de la Cruz Cabrejos
 Pres. Frente de Defensa de Bosques Húmedos
 Presidente Comunidad Campesina “San Juan de Cañaris”
 Presidente Comunidad “San Isidro Labrador” – Marayhuaca
 Presidente Comunidad Campesina “San Pablo” – Inkawasi
 Presidente Comunidad Campesina “José Carlos Mariátegui”
 Presidente Comunidad Campesina “San Antonio”
 Congresista de la República – Virgilio Acuña Peralta
 Presidente Regional Lambayeque – Ing. Humberto Acuña Peralta
 Representante de Federación Zonal de Rondas Campesinas de la Sub Cuenca Río Chiñama.

*La comisión tiene por encargo gestionar ante el gobierno central la instalación de la mesa de diálogo. —

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Correo: arriero50@hotmail.com
Blog: www.inderperu.com
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LAS TENSIONES MINERA CANDENTE COPPER CORP. Y COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE CAÑARIS

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Pedro Alva Mariñas
INDER – Instituto de Desarrollo Regional

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La empresa que ha denunciado gran parte del territorio de la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris (serranía de Lambayeque) se denomina Candente Copper Corp. Y tiene su sede en Canadá. Esta empresa tiene en el subsuelo del distrito de Cañaris sus intereses más importantes, según sus propias declaraciones ya que proyecta invertir 2 mil millones de dólares. Se trata de una mina de cobre, pero también contiene plata y oro en magnitudes que todavía están por confirmarse.

Las relaciones entre la empresa minera y los comuneros de Cañaris se ha ido tornando cada vez más tensas debido a los graves errores de las empresas que se han sucedido en el titularato del denuncio minero. Recordamos que incluso el primer “paro” en la zona lo protagonizaron los comuneros de la parte alta de Cañaris que supuestamente se beneficiaban de la presencia de la minera y su reclamo fue precisamente contra el personal de “relaciones comunitarias”, que debiera ser el equipo estrella de la empresa minera.

Tiempo después, la reacción ha sido principalmente de las partes medias y bajas de Cañaris y que protagonizaron un “Paro Indefinido” en la zona para hacer conocer sus demandas que no encontraban eco en las autoridades nacionales y regionales.

A puertas del diálogo más formal, nos atrevemos a escribir esta nota con el sano interés de desbrozar el camino para que LA VERDAD no sea escamoteada o por las pasiones o por los intereses de corto plazo. En esta nota nos centraremos en la consulta del 8 de Julio 2012, promovida por la empresa minera y la consulta del 30 de Septiembre, organizada por la propia comunidad campesina. Para ello nos basaremos en el comunicado público de Candente Cooper Corp., fechado en Vancouver el 2 de Octubre del año pasado.

La empresa canadiense resume en un párrafo su opinión sobre la “Asamblea Comunal” promovida por la empresa minera:

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Gerente Local de Candente Copper, en una de sus primeras intervenciones. Lo acompañan otros funcionarios de la minera. No hay autoridad alguna en esa asamblea.

“La AG del 8 de julio fue convocada por un juez debido a una petición de más de 1,000 ciudadanos porque el Presidente se negó a convocarla legalmente requerida AG. La AG cumplió con todas las formalidades de la ley peruana y ha sido previamente confirmada como jurídicamente vinculante por el Ministerio de Energía y Minas del Perú (MEM)”

Comentario: Para empezar no se trata de recoger firmas de ciudadanos sino de “comuneros” empadronados y con carnet comuneros porque ellos son los únicos que forman parte de la Comunidad y por tal tienen derecho a votar en asuntos comunales. Suponiendo que el presidente se negó a convocar y que la convocatoria fue legal; sin embargo no basta porque se requiere la asistencia de “por lo menos la quinta parte de los comuneros calificados” como lo establece el D.S. Nº 008-91-TR (artíc. 43º). Y ese número NO EXISTIÓ pues está documentado que participaron alrededor de 200 comuneros de un total de 4,000 y los que realmente votaron no fueron más de 100 personas. El Juez de Paz convocante debió suspender esa reunión y realizar una segunda convocatoria, pero no lo hizo, entre otras cosas porque parece que ni siquiera asistió.

Refiriéndose a la consulta comunal del 30 de Septiembre, el comunicado afirma:

“La consulta se llevó a cabo mediante votación secreta en tres lugares distintos al mismo tiempo, ninguno de los cuales son permitidos por la ley de la Comunidad Peruana – La consulta se llevó a cabo sin ningún representante del Estado o de las ONG quienes pudieran garantizar la transparencia y el respeto por el derecho democrático de los ciudadanos a votar libremente”

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En la consulta del 30 de Setiembre, participaron el Gerente Regional de Producción y al Gerente Regional de Energía y Minas. Estuvieron también otros representantes del Estado.

Comentario: La instalación de “mesas de sufragio” en un acto electoral es algo normado por el Reglamento de la Ley de Comunidades y por el Reglamento de la propia comunidad y es una costumbre justamente para dar facilidades a los votantes. No nos explicamos la afirmación que esas mesas “no son permitidas por la ley” y en cuanto al voto la Ley de Comunidades Campesinas y sus reglamentos establecen “voto secreto y universal”. Es lamentable que el comunicado trate de relacionar voto secreto con irregularidad pues el voto secreto y universal es una conquista de la democracia.

Por otro lado asistieron varios representantes del Estados: cerca de un centenar de policías, el gobernador político, dos gerentes regionales, autoridades municipales y también representantes de sociedad civil y numerosos periodistas que dieron amplia cobertura al acto. En este punto la empresa minera simple y llanamente miente.

La “tarjeta especial” se llama carnet comunal.

“Durante el proceso de votación el Presidente de la Comunidad se movilizó dentro de la Comunidad utilizando propaganda para promover su propuesta, emitiendo una tarjeta especial para sus seguidores solamente. Sin la tarjeta especial, un miembro de la Comunidad no puede votar. Miembros de la Comunidad han informado que sólo alrededor de 650 personas pudieron votar.

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Comentario: Es normal que la directiva comunal entregue a sus comuneros el carnet comunal (no se llama tarjeta especial) que son los documentos oficiales que extiende la Comunidad por ley y por costumbre. Ese carnet de comunero es vital para participar en las decisiones de la Comunidad (es como el DNI para un ciudadano). Quizás lo criticable podría ser que el Presidente haya hecho proselitismo el mismo día de las elecciones, pero de ello no existe constancia, ni siquiera existe una denuncia. Nos escandaliza que la empresa minera aparece como desconociendo lo elemental del funcionamiento de una comunidad campesina.

En cuanto a la afirmación que “alrededor de 650 personas pudieron votar” es un claro falseamiento de la realidad porque TODOS los que estuvieron en ese acto, e incluso periodistas cuya imparcialidad no puede ponerse en duda, reportaron la cifra de aproximadamente 2,000 sufragantes. Lamentablemente la directiva comunal no me ha proporcionado documentos sobre el tema, por lo que mis afirmaciones llegan hasta este punto.

La conclusión del comunicado:

“El abogado de la Compañía ha informado de que esta reunión debe ser considerada como la opinión de algunos pero no puede ser interpretada como la opinión de toda la comunidad y no es jurídicamente vinculante”

Comentario: El Ministerio de Energía y Minas, sin haber estado en esa consulta, procede a legitimar la consulta promovida por la empresa Candente Copper, consulta que tuvo poca asistencia, que no contó con la asistencia de ninguna autoridad nacional, regional o provincial.

Por otro lado, la consulta realizada por la directiva comunal es legítima y ha respetado los procedimientos democráticos y hasta cuenta con el respaldo importante del Gobierno Regional de Lambayeque; sin embargo no cuenta con el aval del Ministerio de Energía y Minas y tampoco de la empresa minera y ello es también una dificultad muy grande.

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NUESTRA SUGERENCIA

Ante los niveles de conflicto desarrollados, consideramos que la condición para transitar este camino es que Candente Copper y el Ministerio de Energía y Minas empiecen reconociendo que la asamblea realizada el 8 de Julio no reúne las condiciones básicas para considerarlo un acto democrático y que debió ser suspendida al no contar con los mínimos de asistencia. Las fotografías confirman que se trató de un acto hecho a la medida de la empresa minera y no existiendo una autoridad estatal competente (pues ni siquiera el Juez de Paz convocante aparece en la asamblea), fueron los funcionarios de Candente Copper los que asumieron el liderazgo de ese acto y que como concurrentes tenían casi exclusivamente a trabajadores de la empresa minera. Queda en la oscuridad las razones que llevaron al Ministerio de Energía y Minas a darle legalidad a esa asamblea en la que no tuvo ni siquiera un veedor.

Si ese paso se da entonces estaremos pensando en la posibilidad de una tercera consulta y ello en el marco de la consulta previa señalada por ley. Pero para evitar desacuerdos posteriores o empantamiento del proceso consideramos que un acuerdo para una convocatoria consensuada debe suponer tres acuerdos básicos:

a. Que se respete el derecho de la Comunidad Campesina y de su directiva comunal a convocar este proceso según sus costumbres y normas específicas
b. Que los acuerdos sean vinculantes para ambas partes y
C. Que el Estado (a nivel regional y nacional) se comprometa a garantizarlos.

Seremos capaces de trabajar en esa dirección?. En los próximos días lo empezaremos a comprobar.

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Nota 1: este artículo fue escrito dos semana antes que se agudizara el conflicto entre la Comunidad de Cañaris, la empresa Candente Cooper y sus aliados. Una primera versión de este artículo se publicó en el Semanario Expresión de Chiclayo y se lo publica con ligeras modificaciones y con más fotografías

Nota 2: Las fotografías del 8 de Julio corresponden al archivo de la Comunidad Campesina San Juan. Las fotografías del 30 de Septiembre pertenecen al archivo de INDER. Rogamos que al reproducir se mencione la fuente.
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IMAGENES DE LA CONSULTA DE 8 DE JULIO PROMOVIDO POR CANDENTE COPPER

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IMAGENES DE LA CONSULTA DEL 30 DE SETIEMB. ORGANIZADA POR LA COMUNIDAD SAN JUAN

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CANDENTE COPPER NO TIENE AVAL DE LA COMUNIDAD PARA OPERAR EN CAÑARIS

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Desde hace algún tiempo venimos sosteniendo que Candente Copper, la empresa concesionaria de Cañariaco (ubicada dentro del territorio de la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris – Ferreñafe) carece de autorización real o de licencia social para continuar con sus actividades de exploración ya que el proceso que animó el 8 de Julio pasado, no respetó los procedimientos establecidos por el DS 008-91TR para esos casos.

La minera y el Ministerio de Energía y Minas debieran dar un paso atrás y orientarse hacia una consulta democrática y concertada, avalada por los organismos responsables de estas consultas.

Declaraciones en ese sentido fueron recogidas por La República en su edición del 14/01/2013.

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GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE INSCRIBIÓ A SU NOMBRE 193 MIL Hás. DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SANTO DOMINGO DE OLMOS

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(Transcripción parcial de La Industria de Chiclayo – 06 de Enero de 2013)

“Más de 193 mil hectáreas de propiedad de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos han pasado a ser inscritas ante la Sunarp a nombre del gobierno regional de Lambayeque y serán devueltas una vez que se solucionen los problemas de las directivas comunales para evitar la venta o tráfico de terrenos.

Al respecto el abogado Hugo Lamadrid Ibáñez, consideró que se trata de una “confiscación” de tierras eriazas y comparó la expropiación a la que hizo el régimen fujimorista al apropiarse de más de 111 mil hectáreas por la que se inició una demanda para restituirlas a sus legítimos propietarios

En un principio, la Sunarp encontró observaciones a la inscripción presentada por el jefe de la Oficina de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional de Lambayeque, Jorge Lázaro, sin embargo se procedió a ser subsanadas y se pasó a inscribir exactamente 193,428.3101 hectáreas que son propiedad comunal desde la colonia ….

El abogado aseguró que no solo se han inscrito tierras de propiedad de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, sino también de la Comunidad Campesina de Mórrope. (…)

Por su parte, Lamadrid Ibáñez aseveró que iniciará acciones penales contra el abogado del Gobierno Regional y contra quienes resulten responsables por tramitar las más de 193 mil hectáreas en la Sunarp para ser inscritas y pasar a propiedad – por ahora – del Gobierno Regional de Lambayeque. Recordó que la jurisprudencia actual respalda a los comuneros y se estaría violando el Derecho de la Propiedad de la Comunidad garantizado en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú”

NOTA: Hemos sido informados que sobre el tema la Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque – FEDECCAL estará haciendo una declaración al respecto

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NOTAS SOBRE LA MINERA CAÑARIACO COPPER Y LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN JUAN DE CAÑARIS

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Pedro Alva Mariñas*

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La gran minería se ha convertido ya en un nuevo actor de la Región Lambayeque y al cual tenemos que considerar dentro de nuestras estrategias de desarrollo y no limitarnos a hacernos de la “vista gorda” o a imaginarnos un espacio regional sin minería. Siendo así consideramos necesario la realización de un gran debate regional sobre el rol que debiera tener la minería en el desarrollo de Lambayeque en el corto, mediano y largo plazos. Sostenemos que este debate debiera contar con participación de los principales actores de la sociedad regional y podría ser convocado por el gobierno regional o por las universidades. La idea subyacente de esta propuesta es aprender de los procesos desarrollados en otros espacios y no repetir las historias negativas.

Esta propuesta y algunos apuntes sobre la relación de la minera Cañariaco Copper con la comunidad local fueron recogidas en una amplia nota periodística aparecida en el diario La Industria de Chiclayo (25/12/2012) y cuya imagen de primera plana va acompañada del texto: ?Cuestionan rol del gobierno regional sobre tema minero en Kañaris?.

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* Investigador Principal del Instituto de Desarrollo Regional – INDER.
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