De: Fortunato Escobar
Denuncia Pública Internacional contra Señor Alan García Pérez Presidente del Gobierno del Perú
Decreto Legislativo Nº 1015 de Alan García Pérez que declara venta libre de tierras campesinas y nativas con solo acuerdo del 50% de los asistentes a la asamblea comunal
El Consejo Indio de Sudamérica (CISA), fundada en I Congreso de Pueblos Indios en el mes de febrero del 1980 en la ciudad ancestral de Ollantaymtambo Cuzco Perú, entre otras, enarbola la defensa de la tierra, territorio y libre determinación. Asimismo la reivindicación y difusión de la ciencia, religión, filosofía, historia, arte, medicina y lengua autóctona como expresión cultural de los pueblos indígenas. Contribuyendo a sensibilizar la opinión pública mundial, a los gobiernos, instituciones, organizaciones por el reconocimiento, respeto por el DERECHO A LA VIDA, JUSTICIA Y PAZ de los PUEBLOS Y NACIONES INDIGENAS en el contexto de los países. En suma el CISA es una organización no gubernamental con status consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU) defensora de los derechos humanos y derechos auto desarrollo con identidad y dignidad en armonía material y espiritual con la con tierra que les pertenece;
dentro de este contexto, nos permitimos a denunciar al Gobierno Peruano en los siguientes términos:
1.- El CISA, ha tomado conocimiento que el Presidente del Perú Alan García Pérez, fiel sirviente del gran imperio del norte, promulgó y mandó a publicar el martes 20 de mayo del presente año el Decreto Legislativo Nº 1015, dicha norma legal “unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y de la selva con las de la costa para mejorar su producción y competitividad agropecuaria” . El decreto legislativo acordado por todos quienes hoy nos gobiernan, aprovechando las facultades legislativas para legislar, han dispuesto dejar el camino expedito para el libre saqueo de los recursos naturales de las comunidades indígenas del Perú al imperio norteamericano mediante el mecanismo de Tratado de Libre Comercio – TLC, recientemente firmado.
2.- Para el CISA, además, la referida norma legaliza la libre venta de tierras de las comunidades indígenas al mejor postor, bastando para ello, contar con una minoría de comuneros asistentes, bajo la forma de “no menos del 50% de los asistentes a la Asamblea”. El grupo de asistentes bien pueden ser de 10, 15 o 20 de un total de 200 comuneros empadronados (lo cual no llega ni al 15% del total), al igual que puede llevarse acabo en domicilios particulares o en una ciudad bajo un maletín de prebendas como están acostumbrados desde la invasión europea desde hace más 514 años. Tal como los vienen haciendo las mineras en la actualidad y lo han hechos con todos los pueblos de la amazonia del sud América.
3.- Por consiguiente el CISA, denuncia este claro atropello de pretender de liquidar a los pueblos Indígenas al Gobierno aprista bajo el mando del liberal Alan García contra las comunidades indígenas del Perú y la continuidad de colonización mental bajo la sombra de TLC con promesas de ser ricos finalmente como si ello ya fuera ya el paraíso terrenal bajo los postulados de la Biblia que es ahora bajo el postulado del TLC. Toda vez que una pequeña menoría que ellos y las mineras o los apologistas del TLC decidan sobre la propiedad de su comunidad que los poseen por más de 12 mil años según la historicidad. La norma legal publicada deroga el artículo 11 de la Ley 26505 que establecía que el requisito era el voto favorable de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la comunidad, para disponer de las tierras comunales en sierra y selva.
4.- La aplicación de la norma legal, permitirá manipular a una pequeña menoría; cuando vendan sus tierras los indígenas, venderán las tierras de sus propios hermanos y dejaran en la miseria y la sostenibilidad de los grupos humanos propiciada hoy por las Naciones Unidas. Obviamente los compradores como lo que esta ocurriendo en las orillas del Lago Titicaca; serán compradas por los empresarios mineros o los famosos conservaciones bajo la sombra ecológica. En suma dejar el territorio para el libre saqueo de los recursos naturales.
5.- Para el CISA y todas las organizaciones sociales y los Pueblos Indígenas del Perú, reitera que es un claro atropello para liquidar a nuestros pueblos y dejar a los otros para libre contaminación ambiental y el libre saqueo de los recursos naturales. Ello es un atentado contra los derechos colectivos y su destrucción de derecho a la vida; en suma, es una clara violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas, por los que denunciamos ante todos los organismos internacionales de las Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
6.- Lo referido en el párrafo anterior de violación de los derechos humanos, es además contradictorio contra el propio sistema jurídico implantado en el Perú y las aceptadas jurídicamente por ellos dentro de la legislación internacional por los siguientes: El Decreto Legislativo aprobado, contraviene la Constitución Política del Perú, en el Artículo 88º, que establece que el Estado garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa, dado que literalmente expresa que “El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho a la propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa…”.
6.- Asimismo, el mencionado Decreto Legislativo aprobado, contraviene y vulnera el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por el gobierno del Perú el 2 de diciembre de 1994. Al respecto, todos saben, al parecer no el gobierno de Alan García, que el Convenio 169 de la OIT que tiene rango constitucional y como tal tiene carácter vinculante. Toda vez que incumple su Artículo 13, 14 , 15 y 16 en particular el 13.1 de la OIT que establece la importancia de la relación de los pueblos indígenas con las tierras que ocupan:
“La importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas reviste su relación con los tierras/territorios que ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular debe de considerarse los aspecto colectivos de esta relación”.
7.- Además de ellos, el mencionado Decreto Legislativo aprobado atenta y contraviene los que esta claramente establecido en los derechos más importantes de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta previa para obtener el consentimiento previo libre e informado, reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Artículo 6 de Convención 169 de la OIT que establece:
“…a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medias legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente…”.
8.- Para el CISA, Además no solo el gobierno del APRA de Alan García Pérez ignora los compromisos internacionales asumidos por los gobiernos pasados, sino olvida lo que su propio gobierno el año próximo pasado 13 de setiembre del 2007 apoyo y aprobó con su voto La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dentro de la Asamblea General de la ONU. Lo cual aún cuando no satisface plenamente a los pueblos indígenas recoge y reivindica mínimamente la demanda histórica de los pueblos indígenas de todo el mundo. En esa votación, se pronunciaron 143 países a favor, 4 en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos de Norte América) y hubo 11 abstenciones (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Federación Rusa, Samoa y Ukrania). Los registros de las Naciones Unidas muestran que el Representante del Gobierno del Perú votó a favor. Por consiguiente donde
esta su compromiso moral de Alan García, claro los olvidan como olvidó sus compromisos de la oferta electoral que solo servio para engañar solo a favor de su entorno.
9.- Entre otros, La adopción de La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lograda después de 22 años de consultas y diálogo entre gobiernos y pueblos indígenas de todas las regiones del mundo, cuya población es estimada en más de 370 millones de personas, establece en que:
“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado.” (Artículo 19)
“Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. …Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.” (Artículo 32.)
10.- Por consiguiente, esta claramente establecido en La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que debió hacer el Gobierno peruano antes de promulgar la libre venta de tierras. El cual es efectuar la consulta previa para obtener el consentimiento previo libre e informado; sin embargo, nada de esto lo ha hecho ni le interesa la consulta al Gobierno de Alan García Pérez, sino su único interés es dejar expedito las tierras de los territorio indígenas ricos en recursos naturales para la libre contaminación ambiental y el libre saqueo de lo que queda por el imperio norteamericano por medio de TLC.
11.- De los mencionados, existe otros instrumentos internacionales de la forma como debe ser tomados en cuenta antes de proceder con una iniciativa administrativa o legislativa de las tierras y los territorios indígenas, entre ellos, los pactos internaciones sobre derechos humanos establece que:
“1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.” (Artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)
12.- Por los considerandos expresados, reiteramos nuestra denuncia contra Alan García Pérez del Gobierno del Perú por la vulneración y violación de los derechos humanos y los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas del Perú que oferta y entregan los recursos naturales al menor postor y pretender dividir y propiciar conflictos sociales y ambientes por la libre contaminación y el saqueo libre de los recursos naturales que aun queda. Resultado es el libre ejercicio del gobierno neoliberal a favor de TLC para todos quienes son traficantes de la pobreza y convirtiendo a los Pueblos Indígenas como piezas que estorban a quienes hay que liquidarlos como los propuso Thomas Robert Malthus y David Ricardo en el pasado para asegurar la riqueza de las Naciones, procedimiento propuesto para frenar el crecimiento poblacional por medios de guerras, epidemias, peste, plagas, los vicios humanos de ser rico y la hambrunas. Esto es exactamente lo que
quiere Alan García Pérez y su cúpula para los Pueblos Indígenas del Perú.
13.- Tiendo en consideración lo mencionado, este es el deseo y el modelo que quieren las clases dominante y las grandes compañías de agro negocios industriales que están planeado por medio del TLC por medio de su personaje estrella de Alan García, deliberadamente la dominación de la agricultura y toda la cadena de distribución y producción de la agricultura. Este modelo es Etnocidio, Ecocidio y Genocida por que explota y explotará a los trabajadores, concentra el poder económico y político, acaba con los recursos naturales y el medio ambiente y afecta la salud de todos los seres vivos y el mismo planeta tierra.
14.- Finalmente el CISA felicita a todos dirigentes indígenas, campesinas y las organizaciones sociales amigas que se han pronunciado en contra del la norma legislativa aprobada y se adhiere a las largas jornadas de lucha a emprenderse hasta lograr su derogatoria. Y al mismo tiempo instala a los organismos internacionales a pronunciarse y interponer sus oficios para su derogatoria por ser la medida legislativa atentatoria y liquida los derechos de los Pueblos Indígenas.
15.- Al final, quedo profundamente agradecido por la lectura y el apoyo por la vida y la plena vigencia de los derechos humanos, a fin de que los pueblos indígenas sigamos viviendo por la continuidad histórica y la vigencia socio cultural de los mismos. No sin antes de mencionar que las tierras que los cultivamos y cuidamos junto al conjunto de territorios en las que habitamos son y serán siempre nuestros por tiempo, por historia y por derecho y por lo tanto son inalienables, imprescriptibles e inembargables, no renunciaremos a ella, aun con la oferta del imaginario de ser ricos con el TLC.
Puno, Junio 17 del 2008
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Fortunato Escobar
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