El concepto impulsor es la desigualdad entre grupos. Este marco analítico refiere a todas las dimensiones de la desigualdad, no sólo el aspecto económico. Las autoras encuentra que el enraizamiento de la desigualdad entre grupos se da mediante la creación y la reproducción de instituciones que interactúan sin patrón de crecimiento primario-exportador, actitudes sociales de discriminación, y la impenetrabilidad del sistema político, no obstante las nuevas características de “apertura ”.

Este telón de fondo lleva a plantearse la urgencia de cambios fundamentales en la concepción tradicional del Estado en relación con sus ciudadanos. La inclusión, el diálogo y la participación propician la creación de redes de responsabilidad institucional y social que articulan la gestión del estado con la iniciativa local y la responsabilidad individual. La reforma del estado se eleva, así, a un plano que trasciende la limitada visión reducida a discutir sobre su tamaño o funciones para lograr que la participación en los asuntos públicos y el diálogo sean ingredientes esenciales sobre cómo deben decidirse las cosas. Este es un aspecto clave del procesamiento del conflicto social.

La conflictividad social es parte de la propia esencia de las sociedades. Estas tienden a ser más agudas e impredecibles en aquellas atravesadas por graves problemas de inequidad, exclusión y pobreza, como es el caso de los paides andinos. En ese contexto, la clave en el proceso democrático no es encontrar cómo suprimir o “asordinar” la conflictividad sino en cómo procesar los conflictos y hacerlo como corresponde, con estándares democráticos y de derechos humanos.