Reseña: La descentralización es un ingrediente esencial, pero no el único, de un rico proceso de los pueblos actualmente en curso en el Perú y en muchos países latinoamericanos. El proceso de afirmación de democracias electorales ha vitalizado y reforzado la demanda democrática. Dentro de un contexto de mayor y mejor acceso a los propios derechos, a la información y al debate público, la gente pide y espera ser escuchada; y pide y exige participar. Todo ello supone orientarse a algo esencial, que es mejorar la calidad de los procesos democráticos y, dentro de ello, la construcción de canales adecuados de diálogo y participación, que no son una vara mágica pero sin los cuales las instituciones se debilitan y la conflictividad social gana terreno.

Este telón de fondo lleva a plantearse la urgencia de cambios fundamentales en la concepción tradicional del Estado en relación con sus ciudadanos. La inclusión, el diálogo y la participación propician la creación de redes de responsabilidad institucional y social que articulan la gestión del estado con la iniciativa local y la responsabilidad individual. La reforma del estado se eleva, así, a un plano que trasciende la limitada visión reducida a discutir sobre su tamaño o funciones para lograr que la participación en los asuntos públicos y el diálogo sean ingredientes esenciales sobre cómo deben decidirse las cosas. Este es un aspecto clave del procesamiento del conflicto social.

La conflictividad social es parte de la propia esencia de las sociedades. Estas tienden a ser más agudas e impredecibles en aquellas atravesadas por graves problemas de inequidad, exclusión y pobreza, como es el caso de los paides andinos. En ese contexto, la clave en el proceso democrático no es encontrar cómo suprimir o “asordinar” la conflictividad sino en cómo procesar los conflictos y hacerlo como corresponde, con estándares democráticos y de derechos humanos.