América Latina es una muestra de cómo los países con estructuras estatales débiles son los que ofrecen mayor y mejor cobertura a las actividades criminales organizadas. Los Estados fallidosson malos para los negocios, aunque estos sean ilegales.

Desde que se acepta de manera generalizada, desde hace algunos años, que los Estados fallidos son el marco más propicio para el desarrollo de nuevas amenazas que afectan a la seguridad internacional, toda la atención se ha centrado en ellos, las potencias, los organismos y las agencias de cooperación internacional han mostrado auténtica preocupación sobre estos Estados. No menos la academia enzarzada, en los últimos años, en una inagotable discusión en torno a su definición.

Supuestamente estos Estados reúnen las condiciones idóneas para ser refugio y campo de operaciones de terroristas internacionales y de delincuentes vinculados al crimen organizado. Sin embargo, esta afirmación no siempre coincide con la realidad. En otras palabras no siempre hay Estados fallidos, allí donde el crimen organizado tiene una particular implantación. Este aspecto es particularmente visible en el caso latinoamericano, donde esta amenaza se ha convertido en un poderoso actor, capaz de influir incluso en las decisiones de algunos gobiernos de la región.

Sin embargo si atendemos a la localización de los Estados fallidos, éstos se encuentran mayoritariamente en África, y no en América Latina. Concretamente en este caso únicamente hay un país consideradofallido, Haití, y a bastante distancia se encontraría América Latina, cuyos Estados no figuran en los primeros lugares de los índices, a excepción de la isla caribeña.

Ahondando en ello, si tenemos en cuenta los criterios empleados para clasificar a un Estado como fallido, ciertamente América Latina no es África. Máxime si consideramos los avances experimentados por la región en los últimos años. Los datos relacionados con el crecimiento económico, la estabilidad política y los logros en cuestiones sociales no hacen más que corroborar los motivos por los que buena parte de la región no se encuentra en los primeros lugares de estos índices. Sin embargo, la inexistencia de Estadosfallidos y los datos positivos que disfruta el área latinoamericana en la actualidad no han impedido que sea una de las regiones con importantes problemas de seguridad. Hasta el punto de que mientras que es prácticamente improbable un conflicto interestatal y América Latina es considerada como una región de paz, al mismo tiempo, afronta uno de los mayores índices mundiales de violencia. En este caso, aunque también hay que tener muy presente la diversidad regional, lo cierto es que, en mayor o menor medida, la violencia es un problema generalizado y en particular para países como México o Colombia, Venezuela o subregiones como Centroamérica. Pero incluso Brasil, pese a ser líder regional y aspirante a convertirse en potencia internacional, padece el azote de esta violencia criminal.

El motivo se encuentra en la implantación del crimen organizado, la existencia de maras o pandillas juveniles, vinculadas o no al crimen organizado, y al mismo crecimiento de la delincuencia común. De todas las actividades ilícitas que desarrollan estos grupos criminales el narcotráfico es el negocio más importante. La región produce, distribuye y comienza a consumir también droga. El desarrollo de estas actividades delictivas, en buen parte monopolizadas por el crimen organizado, han incidido en los niveles de violencia y en consecuencia en la seguridad pública.

Estados débiles: campo abonado para la criminalidad

Si nos preguntamos por qué, la respuesta nos conduce necesariamente a cuestionar, al menos para todos los casos, el supuesto de que los Estados fallidos son un campo abonado para las nuevas amenazas. El crimen organizado necesita de una serie de condiciones para progresar y no parece que un país fallidolas proporcione. La extrema debilidad del Estado y la situación de anomia y caos que generan no son precisamente el mejor espacio posible para el desarrollo de negocios, aunque éstos sean ilegales. Se precisa de un Estado capaz de asegurar estabilidad, una sociedad mínimamente ordenada y de un sistema de seguridad y justicia que, si no garantiza la seguridad a todos los ciudadanos, si sea capaz de proteger a las redes criminales. Un Estado fallido no puede garantizar la protección ni de ciudadanos ni de criminales.

Un Estado débil proporciona una de las condiciones imprescindibles para el progreso del crimen organizado: la existencia de vínculos de protección con la autoridad política. Nadie más que los criminales necesitan protección y nadie tiene más posibilidades de otorgarla que un agente estatal. De la posibilidad de proporcionar dicha protección depende el éxito de las actividades delictivas. Sin ésta no hay posibilidad de explicar el éxito de las mismas y la particular implantación social de las redes criminales, en determinadas sociedades. Mediante esta vinculación y complicidad con representantes del Estado se persigue protegerse eficazmente frente a la actuación del mismo mundo criminal, de otros competidores y de otros agentes externos potencialmente nocivos para la continuidad y la expansión de sus actividades.

Las relaciones clientelares y la corrupción son las principales herramientas para asegurar dicha protección, que no siempre se establecen de manera voluntaria, sino a través de la coacción o la violencia, otro aspecto característico del crimen organizado. Cuando se cumplen estas condiciones y mediante la corrupción se logra la impunidad, sin duda el mejor protector es el Estado. Esta es la ventaja que el Estado débil garantiza al crimen organizado, y que el fallido no es capaz de proporcionar. Aquel es un Estado con suficiente entidad para hacer funcionar sus instituciones, pero dichas instituciones, en la medida que existe una corrupción sistémica, pueden proporcionar complicidad y protección a las redes criminales.

Las ventajas del orden formal e informal

La idoneidad del Estado débil, por ende, no radica tanto en su posibilidad de ignorarlo, y desarrollarse al margen del mismo, sino a su costa. La clave radica en lograr que dicho Estado e instituciones se encuentren a su servicio. De acuerdo a estas características, el objetivo del crimen organizado es obtener el máximo beneficio de esta debilidad. Por tanto, no se trata de acabar con estas instituciones sino de asegurar su complicidad. El espacio donde se logra esta particular relación es un espacio informal, que es el ámbito que debilita al Estado. Sin embargo, la existencia de este espacio no implica suponer la inexistencia de toda regulación social, como en un Estado fallido, en realidad esta debilidad estatal lo que genera es un grado concreto de anomía, en el cual convive un conjunto de normas de opuesta naturaleza.

Por un lado, existe un orden formal, donde la ley y la normativa estatal regulan las relaciones y por otra parte, cuando el Estado no llega, hay un orden informal donde son las relaciones personales y no la legalidad quienes regulan la convivencia. En otras palabras, no hay un único orden normativo y su coexistencia consiste en que, según las circunstancias y los ámbitos, tendrá lugar un acatamiento del orden legal bastante generalizado del orden jurídico; pero en otras ocasiones el conflicto o cualquier otra circunstancia, derivada de la vida social, se resolverá al margen de la ley, de acuerdo al orden informal. Una ambivalencia que es producto de la incapacidad del Estado de poder garantizar permanentemente a todos los ciudadanos y en todo el territorio la aplicación del orden legal. De hecho, el orden informal, no sólo es causa de esta debilidad, sino también consecuencia, ya que si existe, en parte es para cubrir los espacios que el Estado no regula. Esta dualidad de órdenes es precisamente lo que hace del Estado débil un escenario ideal para el crimen organizado. El orden informal proporciona la posibilidad de obtener protección y complicidad estatal, característica esencial para la existencia de la criminalidad, y el orden formal garantiza un mínimo de orden, estabilidad igualmente imprescindible para la realización de actividades ilegales.

Además de espacios sin Estado, son igualmente necesarios el Estado y el orden formal para el desarrollo de su actividad ilegal. Pues precisa de un sistema financiero e instituciones económicas, cuyo funcionamiento este garantizado, por el Estado, si bien con la suficiente informalidad y marginalidad económica y financiera para poder desarrollar el negocio en dicho sistema formal. Ambos requisitos se dan en América Latina, donde el Estado es capaz de respaldar el funcionamiento del sistema económico y financiero, pero no es suficientemente fuerte como para establecer controles fiscales y mecanismos de control de las finanzas y de la economía. Esta dualidad explica la idoneidad para el desarrollo de actividades ilícitas, en todas sus fases como la producción, la distribución de bienes y servicios y las finanzas. No parece difícil entender la inserción del crimen organizado, incluso de manera determinante en algunas economías del país.

Pero si el soborno y la informalidad en el ámbito económico, tanto en instituciones privadas como públicas, es trascendental para el progreso de negocios ilegales, no es menos necesario el control directo e indirecto de las estructuras particularmente encargadas de la seguridad pública. También en este área la mayoría de los Estados latinoamericanos muestran particulares signos de debilidad, especialmente en los ámbitos de la aplicación de la ley y del control de la corrupción. La misma deficiencia se aprecia en la eficacia de las estructuras estatales dedicadas a procurar e impartir justicia o en el sistema penitenciario. Instituciones todas ellas imprescindibles para lograr la impunidad y protección necesaria para el crimen organizado.

De acuerdo a la particular cobertura que un Estado débil proporciona al crimen organizado, todo apunta a que la manera más eficaz de combatir a esta criminalidad es el de disminuir los espacios de informalidad, mediante la aplicación de la legalidad, no sólo a los criminales, sino muy particularmente a las autoridades estatales corruptas que negocian el cumplimiento de la ley. Sólo así será posible reducir los espacios de impunidad y, por tanto, las ventajas que los Estados débiles proporcionan al crimen organizado.

El clásico enfrentamiento entre austeros y estimuladores, entre la escuela austríaca y los keynesianos, se ha quedado viejo. Voces y matices se han sumado al debate económico post crisis. A los omnipresentes Paul Krugman y Joseph Stiglitz –en el lado más socialdemócrata- o Carmen Reinhart, Kenneth Rogoff o Hans-Werner Sinn -del liberal y austero-, les han salido nuevos pensadores que están agitando con éxito el debate económico. ¿Cuáles son las nuevas, y más guerreras, caras económicas?

Frances Coppola

Seis años después de que hicieran lo propio la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo acaba de sacar la artillería pesada para intentar reanimar la inflación en la Eurozona. La institución que dirige Super Mario (como muchos econogeeks llaman al italiano Draghi) ha comenzado a comprar, junto con los bancos centrales de la zona euro, deuda soberana de los países miembros a razón de 60.000 millones al mes, como mínimo hasta septiembre de 2016. Ese arma, conocida como QE (quantitative easing o relajación cuantitativa), se suma a otros programas de adquisición de deuda privada. El resultado es una inyección de liquidez que en general ha sido recibida como una bendición, aunque los críticos apuntan a que es escasa y llega tarde.

Frances Coppola es una de ellas. Y va más allá: para ella desde Frankfurt se ha decidido una medicina equivocada. La Eurozona, insiste, no tiene un problema de liquidez, ya no necesita más, así que un chute de dinero barato no va a implicar que el crédito se reactive. Lo que se necesita es una mejor distribución (para que ese dinero llegue a la gente que más probabilidades tiene de gastarlo) y una postura fiscal generalmente más laxa en toda la zona euro. En definitiva, para Coppola es la austeridad, no la falta de liquidez, lo que está causando la depresión de los países del euro.

Experta en riesgo financiero, esta británica trabajó durante casi dos décadas en banca. Hace unos años se pasó al otro lado: la enseñanza y el análisis. Su blog, Coppola Comment, es uno de los más reputados del gremio y a menudo aparece en medios como Financial Times, BBC, The Guardian, The Wall Street Journal y The New York Times.

Su blog: http://coppolacomment.blogspot.com.es/

Twitter: @Frances_Coppola

Constantin Gurdgiev

“El número de economistas objetivos e independientes irlandeses está acercándose al de los bancos no ligados al Estado. ¡Larga vida al secuestro intelectual!”, escribía hace unos días Constantin Gurdgiev en su perfil de Twitter. Ruso de nacimiento, irlandés de adopción, imparte clases en el Trinity College de Dublín y edita el blog True Economics, centrado en Ucrania, la economía rusa y la Irlanda post crisis.

Es un economista y también un polemista. Aparece habitualmente en la televisión irlandesa. Sus opositores le han pedido que se marche en un “avión de vuelta a Moscú”.

Entre sus dardos económicos está la puesta en duda de que exista el llamado milagro irlandés en la salida de la recesión. Técnicamente es el país que más crece de la Eurozona. En los tres primeros trimestres de 2014 lo hizo al 4,9%. Pero, según él, hay truco: 2/3 de ese crecimiento viene de las exportaciones y éstas están, artificialmente, infladas por lo que se llama fabricación por contrato: “Una práctica de las multinacionales en la que compran productos manufacturados fuera de Irlanda, pero incluyen los costes de producción y las actividades de producción en Irlanda”, me explica. “Así parece que han sido fabricados aquí, pero en realidad no lo han sido”. Según él, si se elimina lo que proviene de este truco contable, el crecimiento irlandés está más bien cerca del 1,4%.

Gurdgiev alerta, además, contra las prácticas fiscales del país: “Irlanda es líder global, incluido Bahamas y la región del Caribe, en lo que tiene que ver con evasión fiscal corporativa; somos también la mayor zona de arbitraje fiscal, sobre todo por el conocido doble irlandés, que ahora se está sustituyendo por otro llamado Knowledge Development Box, un sistema de arbitraje fiscal potencialmente más generoso aún”, afirma con ese estilo irónico que le ha convertido en un tertuliano habitual y le ha valido el odio de algunos miembros de la política irlandesa.

Twitter: @GTCost

Jean Tirole y el virus

En octubre de 2014, la academia sueca otorgó el Nobel de Economía a Jean Tirole, presidente y fundador de la Escuela de Economía de Toulouse, por su análisis del “poder de mercado y la regulación”. Francés de nacimiento, estadounidense de formación, Tirole se doctoró y dio clases durante casi una década en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), centrándose en el papel de la regulación financiera, de los monopolios, del poder de los mercados y de su regulación.

Tirole ha sido distinguido por sus análisis sobre el “poder de mercado y de la regulación de los monopolios naturales” y “cómo entender y regular los sector con pocas empresas poderosas”. En esencia, afirma que en los sectores que están dominados por una pequeña cantidad de grandes empresas, dejar estos mercados sin regular produce efectos indeseables.

“Desde mediados de los 80, Jean Tirole ha dado nueva vida a la investigación de estos fallos de mercado”, afirma la Academia Sueca. “Su análisis de empresas con poder en el mercado aporta una teoría unificada con una fuerte influencia en cuestiones centrales de política: ¿cómo debería lidiar un gobierno con fusiones o cárteles y cómo debería regular los monopolios?”. Le consideran, por ello y por sus centenares de artículos y libros, uno de los economistas más influyentes de nuestro tiempo, aunque es aún bastante desconocido por el gran público.

Apenas unas horas después de la concesión del Nobel, el periodista de investigación Laurent Mauduit publicaba un artículo demoledor contra Tirole en la prestigiosa revista digital Mediapart. “El virus Jean Tirole”, escribía Mauduit, es el que ha llevado a los economistas liberales y ultraliberales a pedir que el mundo financiero patrocine su investigación, con lo que ésta difícilmente pueden desprenderse de la agenda de los grandes poderes. La escuela de Toulouse fundada por el profesor Tirole, apunta Mauduit, es el vivo ejemplo de ello, al haber recibido financiación de Axa, BNP Paribas, Crédit agricole o la petrolera Total.

Twitter: @JeanTirole

Matt Yglesias

No pertenece estrictamente al gremio de los economistas, pero es una de las voces más mediáticas de la economía política estadounidense. Descendiente de españoles y cubanos, Yglesias se define como liberal (en inglés y en EE UU, lo más parecido a ser “de izquierdas”). Lleva años escribiendo desde Washington, antes para The Atlantic y el Center for American Progress, posteriormente para Slate y desde 2014 enVox, medio que fundó junto con el también reputadísimo reportero Ezra Klein.

Sus análisis cáusticos sobre las campañas electorales, las fallas del sistema sanitario estadounidense y la desigualdad creciente en su país le han valido nada menos que 132.000 seguidores en Twitter.

Es autor del libro Por qué el precio del alquiler es tan endemoniadamente alto. Qué puedes hacer para solucionarlo y por qué importa más de lo que crees. Afirma que el coste del alquiler en el país está agujereando comunidades, reduciendo el desarrollo económico y reduciendo la posibilidad de éxito personal. “Daña el medio ambiente, provoca largos desplazamientos para trabajar y contaminación”, asegura.

Twitter: @mattyglesias

Hans-Werner Sinn

Es un viejo conocido de los periodistas económicos, pero últimamente está desatado. Si el BCE lanza un QE, o si Grecia firma un acuerdo con Bruselas, inmediatamente llega al correo de los press corp europeos un e-mail de Sinn despotricando contra cualquier medida de alivio de deuda, de estímulo monetario o de relajación de la presión sobre Atenas.

Sinn es una estrella del pop económica en Alemania, un activista, uno que prodiga su peculiar estilo (barba blanca recortada que no va acompañada de bigote) en los platós de los medios internacionales como Bloomberg o CNBC. Propugna el Grexit, la salida de Grecia del euro como único final a “este valle de lágrimas”. Al menos de forma temporal, ha pedido lo mismo para Portugal. Dicen que no es ni liberal ni socialdemócrata, sino ordoliberal (un término de 1950 que se refería a la revista económica ORDO). Es una variante a la alemana que mezcla un poco de neoliberalismo con algo de conciencia económica social: el Estado tiene que ser fuerte y regular a los mercados, porque estos son incapaces de autorregularse, pero una vez establecido el marco hay que dejarles a su albedrío.

Se ha opuesto a casi todas las medidas utilizadas por Bruselas o Frankfurt para salir de la crisis: firmó una carta junto a otras decenas de economistas contra los rescates de los bancos de la zona euro; ha pedido en otra famosa carta, la Hamburger Appell, reformas orientadas al libre mercado, en oposición a las de estímulo de la demanda.

Twitter: @HansWernerSinn

Simon Wren-Lewis

La tesis principal de este profesor de Economía de la Universidad de Oxford es que Estados Unidos, Reino Unido y la Eurozona han aplicado la peor receta para salir de la crisis: políticas fiscales contractivas desde 2010. Y lo que han conseguido con ello es una recuperación lenta y tipos de interés nominal cerca de cero (o, en algunos casos, negativos).

Muy crítico con los medios de comunicación (“O tienen su propia agenda o suelen buscar la opinión de los economistas de la City, que a su vez abogan por sus intereses particulares y que no reflejan la postura del conjunto de economistas”, escribía recientemente), Wren-Lewis es muy activo en Internet y califica de “timo” la forma en que se ha informado de los ajustes y las políticas de austeridad.

Está, además, muy implicado en la campaña electoral de su país: “Si los Tories ganan las elecciones en Reino Unidos el próximo mes de mayo, una vez más someterán a los ciudadanos a la misma austeridad dolorosa”, opina.

La guerra del Donbass en Ucrania posee conceptualmente una complejidad que permite identificar elementos en ella de distintas aproximaciones como son la guerra civil, guerra proxy (guerra por delegación), guerra asimétrica, guerra de cuarta generación o guerra en red. En el último año el concepto más en boga para referirse en conjunto a lo acontecido en Crimea y el Donbass es el de conflicto no lineal o el más común de guerra híbrida.

A diferencia de una invasión militar a gran escala o una contienda bélica con frentes clásicos, la guerra híbrida combina el empleo de estrategias militares no convencionales con operaciones hostiles de inteligencia, información, comunicación o amenazas y presiones políticas que entran en el terreno de la guerra psicológica. Acciones que buscan derrotar, debilitar o someter la voluntad del adversario. Operativos de fuerzas especiales encubiertos, grupos armados actuando como proxies, inteligencia subversiva, sabotaje, ciberguerra, guerra de información o la presión económica y amenaza de sanciones, entre otros, son instrumentos de guerra híbrida. Comúnmente, en esta modalidad bélica distintos actores externos patrocinan y asisten a uno de los contendientes. Por ello, las acciones de terceros Estados en este contexto se miden en su nivel de intensidad pero también en el grado de autoría asumida, ya que muchas de esas actuaciones son clandestinas o encubiertas. Aunque el empleo en uno u otro grado de este tipo de estrategias es común a toda potencia mundial, Estados Unidos y la CIA no necesitan maestro, en el vocabulario de inteligencia ruso hay dos conceptos de larga tradición que encajan en una guerra híbrida: las aktivnye meropriyatiya (medidas activas), operaciones de inteligencia en el exterior dirigidas a influenciar la vida política de un determinado país; y los métodos demaskirovka, tácticas de engaño y falsificación utilizados por las Fuerzas Armadas (FFAA) de Rusia.

Si bien en el debate de la crisis ucraniana se han presentado este tipo de prácticas como novedosas y sacadas de la mente ladina y atestada de ardides del presidente ruso, Vladímir Putin, su empleo es tan antiguo como lo es la propia guerra. En esencia sus planteamientos teóricos ya están en los clásicos occidentales, como Carl von Clausewitz, u orientales, como Sun Tzu. El ejemplo seminal de guerra híbrida contemporánea, distinguida principalmente por el salto tecnológico experimentado, es la Guerra del Líbano en 2006 que enfrentó a Israel y a la organización libanesa chií Hezbolá. Ejemplo que sirvió al periodista Frank Hoffman para conceptuar la guerra híbrida del siglo XXI. Pero las experiencias hostiles híbridas son una constante histórica. No menos en el contexto ruso. El investigador Vladímir Voronov, tras navegar en los archivos soviéticos, confirma que las aktivnye meropriyatiya están ya presentes en las tácticas de Josef Stalin y la inteligencia soviética en sus operaciones en Manchuria y Polonia en los años 20 y 30 del siglo pasado. En cuanto a los métodos de maskirovka, mucho antes de los hombrecillos verdes de Crimea, la propia invasión de Afganistán en diciembre de 1979 se inició con 700 spetsnazprocedentes del Asia Central soviética ataviados con uniformes afganos. Ellos serían los primeros en ocupar el palacio del presidente Jafizulá Amin.

En los últimos tres años las páginas de la publicación rusa Voenno-promyshlennyi kurer (El Correo Industrial-Militar) recogen un debate acerca de la modernización de tácticas y técnicas asociadas a la guerra híbrida. El artículo probablemente más influyente, y seguro más citado, lleva la firma del Jefe del Estado Mayor de las FFAA de Rusia Valery Gerasimov, quien adapta los fundamentos teóricos de la guerra híbrida, que él denomina guerra no lineal, a los actuales desafíos de la Federación Rusa. Hay quien ya habla de la “Doctrina Gerasimov”, lo cual es arriesgado por dos motivos. Primero porque muchas de las tácticas puestas en práctica en Crimea o el Donbass fueron ya introducidas por su predecesor en el cargo, Nikolai Makarov, así como por otros teóricos militares como el General Majmut Gareyev o el Coronel General Anatoly Zaitsev. Segundo, porque como el mismo Gerasimov subraya no hay un modelo de guerra híbrida aplicable a distintos escenarios. No hay una doctrina militar holística. Cada conflicto exige un enfoque particular que no puede ser aplicado como una plantilla en la siguiente contienda. De hecho, la flexibilidad es un rasgo intrínseco a la guerra híbrida.  

Sea como fuere, la guerra híbrida ya forma parte del vocabulario del conflicto de Ucrania. La OTAN en su cumbre de Cardiff de septiembre de 2014 ya apuntaba la necesidad de dar respuesta a “amenazas de guerra híbrida” y “amenazas híbridas”. En paralelo se hacía publica la creación de la fuerza acción inmediata en los Estados miembros de Europa del Este. Desde Rusia, la respuesta para la galería la dio elministro de Defensa, Serguéi Shoigu, utilizando el concepto para definir las revoluciones de colores según él orquestadas por Occidente. Y la respuesta real llega con la creación del Centro Nacional para la Defensa, básicamente un órgano capaz de coordinar y gestionar una guerra híbrida con la mayor precisión. Finalizando, el fundamento teórico-práctico de una guerra híbrida se puede dividir en los siguientes cuatro puntos:

En primer lugar, comúnmente, como sucede en una guerra por proxy, una guerra híbrida incorpora la implicación de una o varias potencias que tratan de influir en un conflicto de manera determinante sin intervenir directamente a gran escala. Se desarrollan tácticas que permiten interferir en conflictos fuera de sus fronteras, maximizar las debilidades del enemigo y, al mismo tiempo, evitar una confrontación abierta. La esencia táctica es alcanzar los objetivos sin abrir fuego y mantener al ejército regular como elemento de disuasión y contención.

En segundo lugar, a causa del tipo de fuerzas que entran en contienda, su organización, sus estrategias, tácticas y objetivos, la guerra híbrida reúne particularidades de la guerra asimétrica. Mark Galeotti se refiere a la guerra del Donbass como una geopolítica de guerrillas, y es que existen no pocas similitudes con la clásica guerra de guerrillas: una cadena de mando descentralizada, unidades sin contacto entre sí, flexibilidad estratégica, los enfrentamientos frontales de largas formaciones dejan paso a emboscadas, maniobras envolventes y cercos a unidades completas. Como subraya Gerasimov en las operaciones las “diferencias entre niveles estratégico, operacional y táctico, así como entre ofensivo y defensivo, se diluyen”. Sin grandes frentes, la no linealidad convive con la multilinealidad en que las acciones asimétricas son de uso masivo, “capacitando la anulación de las ventajas del enemigo”. Por último, Gerasimov prioriza garantizar la operatividad de las infraestructuras, comunicaciones y suministros en los territorios ya controlados, así como quebrar las del enemigo.

En tercer lugar, la guerra híbrida es multidimensional. El conflicto trasciende el escenario militar para alcanzar también la economía, las nuevas tecnologías de comunicación (ciberguerra), la inteligencia o los medios de comunicación y redes sociales mediante la llamada guerra de la información. La relevancia de los métodos no militares en la consecución de los fines estratégicos es creciente. Estas dimensiones de contienda o competición se dan en tres campos de batalla: el propio del enfrentamiento armado, el de la percepción de la población local; y el que acontece en la comunidad internacional. El elemento central en los métodos no militares es la comunicación. Siendo los medios y las redes sociales tanto instrumento como arena de enfrentamiento bélico. El propio conflicto de Ucrania puede ser definido como la principal guerra de la información en la era online.

Por último, una guerra híbrida es una contienda con objetivos flexibles y opacos. Una idea destacada por Gerasimov es que no importa que las fuerzas del enemigo sean superiores, siempre se pueden encontrar métodos para vencer maximizando sus debilidades y ajustando los objetivos. Es un reconocimiento explícito de inferioridad militar frente a EE UU y la OTAN hoy –y probablemente China mañana–, e implícito de que la solución para Moscú no es renunciar a los conflictos, sino jugarlos en las mejores condiciones para ganarlos. Para ello, los objetivos de las operaciones deben ser ajustados a lo alcanzable (para ganar no es necesario independizar toda la Nueva Rusia del Donbass hasta Transnistria, sino crear condiciones de desestabilización en Ucrania), opacos (tanto para los enemigos como para los aliados) y flexibles (en tanto que no se busca una victoria total, la maniobrabilidad en este sentido es amplia). Sin plantillas reutilizables, cada guerra es única y ha de ser diseñada en función de sus singulares exigencias.

La anfitriona Angela Merkel recibe a los jefes de gobierno de los países industrializados más poderosos del mundo. Pero los países del G7… ¿son verdaderas potencias? ¿no pierden importancia ante el fuerte desarrollo económico de los países emergentes?
El grupo del G7 se ha visto además debilidado con la expulsión de Rusia, por eso resulta aún más significativo para los siete mandatarios mostrarse al mundo como un grupo unido de naciones industrializadas, democráticas y poderosas.

Bajo el lema “Pensar en el mañana. Negociar de manera conjunta” se debatirá sobre la protección del medio ambiente, la prevención sanitaria a nivel global y se tratarán temas económicos clásicos como el tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Muy críticos se muestran los dos ex cancilleres alemanes Helmut Schmidt y Gerhard Schröder ante la cumbre. Ambos consideran un

http://www.dw.de/cuadriga-cumbre-del-g7-hace-falta-putin-2015-06-04/e-18460026-9797

¿Ha escuchado hablar del “poder inteligente” y el “poder suave”? Importantes líderes mundiales han incorporado estas ideas a sus estrategias y propuestas.

El profesor Joseph Nye, de la Universidad de Harvard, es el creador de estos conceptos y sus investigaciones y publicaciones son determinantes en el estudio de las relaciones internacionales y la geopolítica. Nye no es solo un académico: ha asesorado al gobierno estadounidense en materia de seguridad y estuvo al frente del Consejo de Inteligencia de Estados Unidos. Moisés Naím conversó con el profesor Nye, quien dijo cosas como las siguientes:

“Hay tres maneras de conseguir que los demás hagan lo que uno quiere. Una de ellas es a través de la fuerza, ‘a palos’. La segunda es con dinero. Y la tercera es a través de la atracción o la capacidad de persuadir a la gente”.

“El término de poder suave, también llamado poder blando, se refiere a la capacidad de conseguir que los demás hagan lo que uno quiere sin recurrir a la represión o al dinero”.

“ISIS sí ejerce mucho poder blando en la mente de aquellos a quienes atrae. Una de las razones por las que utilizan estos videos grotescos de decapitaciones es que buscan llamar la atención de aquellas personas que pueden sentirse atraídas por eso. Bin Laden tenía ese mismo tipo de poder blando”.

“El poder inteligente es la capacidad de implementar una estrategia exitosa combinando el poder duro y el poder blando de la manera más eficaz posible. Muy a menudo, si uno no tiene una estrategia de poder inteligente, el poder blando y el poder duro se contraponen”.

“Den rienda suelta a la sociedad civil. Esa es la verdadera fuente del poder blando”.

http://efectonaim.net/joseph-nye-las-formas-del-poder/

From the cotton gin and the steam engine to electricity and the transistor, new technologies have been revolutionizing the world for centuries, transforming life and labor and enabling an extraordinary flourishing of human development. Now some argue that advances in automation and artificial intelligence are causing us to take yet another world-historical leap into the unknown.

But is that really the case? Will the rise of the robots threaten our jobs, our purpose, our very self-definition as humans? At Foreign Affairs, we’ve been intrigued by the discussion but not yet convinced, so for the lead package in this issue, we’ve pulled together an all-star team of authors to tell us just what’s going on and what it all means.

Entrevista a Claudia Gazzini, investigadora senior de Libia en International Crisis Group, sobre la situación actual del país y la mayor presencia del Estado Islámico en las fronteras libias. Gazzini asegura que la terrible situación humanitaria y la división interna de Libia solo se pueden resolver si se deja de dar apoyo armamentístico y económico a las partes involucradas y si se impulsan las negociaciones de paz.

Más allá de fluctuaciones y coyunturas diversas para diferentes bienes, el patrón de especialización productiva basado en la explotación de los recursos naturales en términos mercantiles –commodities– ha inhibido a América Latina de acceder a los segmentos más dinámicos del mercado mundial tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de la expansión de la demanda.

La crisis financiera y económica global y las sendas de crecimiento diferente de las economías industrializadas y las de los países (re)emergentes en el periodo posterior a la crisis han acelerado los patrones de convergencia en las cadenas globales de valor. Alrededor del 60% del comercio mundial corresponde al comercio de bienes y servicios intermedios que se incorporan en diversas etapas en los procesos de producción de bienes y servicios destinados al consumo final. La fragmentación de los procesos de producción y la dispersión internacional de las tareas y actividades que los componen han dado lugar a sistemas de producción sin fronteras.

Conocidas como cadenas de valor, estos procesos pueden ser cadenas secuenciales o redes complejas de alcance mundial o regional. Con frecuencia, los eslabones de estas cadenas regionales son más importantes que los de las mundiales, aunque, en las economías en transición –América Latina y el Caribe y África– las primeras están relativamente menos desarrolladas.

Su irrupción en la economía mundial ha dado origen a una renovada atención al espacio regional, ya que las principales redes mundiales de producción se estructuran en torno a regiones específicas. No obstante, la experiencia de América del Norte, Asia Oriental y Europa, pone de manifiesto que la proximidad es condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo de unas redes modernas.

En una economía mundial que opera cada vez más sobre la base de “macrorregiones” integradas, la convergencia entre los distintos esquemas de integración latinoamericanos y caribeños parece, no solo necesaria, sino urgente. Y es que el principal desafío a comienzos del siglo XXI se centra en la posibilidad de tender puentes entre las distintas agrupaciones e iniciativas existentes.

Este hecho plantea la necesidad de avanzar hacia marcos normativos comunes que incentiven a las empresas de cada país a articular sus operaciones con otras situadas más allá de las fronteras nacionales; pero también avanzar en políticas explícitas de apoyo a la integración productiva, acompañadas de una adecuada infraestructura de transporte, logística, energía y telecomunicaciones. En ausencia de estos elementos, la integración productiva se vuelve una aspiración más que una realidad.

La región dispone de importantes activos ante ese desafío, como la calidad de sus políticas macroeconómicas, la expansión de sus mercados internos, y su dotación de recursos naturales -energía, minerales y alimentos- en un contexto mundial con creciente demanda. Un activo estratégico muy presente en toda la geografía en distintos sectores como, por ejemplo, la minería: Chile es el mayor productor mundial de cobre, mientras que Brasil es el tercero de hierro; México es el primer productor de plata; Perú se ubica entre los primeros puestos mundiales de oro y plomo; por su parte, Colombia es el séptimo productor de níquel refinado y así un largo etcétera.

Sin embargo, existen riesgos asociados a una “recaída” de la crisis (double-dip recession) así como el proceso de “reprimarización” de la estructura productiva y las exportaciones en el conjunto de la región latinoamericana, en particular, en América del Sur. Las implicaciones negativas de este proceso se encuentran en la desindustrialización, con la consiguiente destrucción del tejido industrial y la pérdida de capacidades tecnológicas y humanas, así como la apuesta por actividades de poco valor agregado que dificultan la inserción en cadenas globales de valor.

Uno de los principales desafíos que la región tiene por delante es interno y consiste en vincular la agenda regional de innovación y competitividad a la actual relación con la economía mundial. En este contexto, la principal oportunidad para que América Latina y el Caribe pueda mantener el ciclo de crecimiento económico del último decenio depende, considerablemente, de la formación de cadenas de valor regionales. No se trata solo de ser parte de estas cadenas. El desafío consiste en incrementar la participación del valor agregado generado localmente así como transitar desde actividades simples a otras de mayor complejidad.

Un hecho fundamental que debemos de tener en cuenta en el presente análisis, en su relación directa con el establecimiento estas cadenas, tanto regionales como globales, son los cambios en las relaciones económicas externas (comercio e inversión) de América Latina en los últimos años, y en particular, el cambio de posición relativa de EE UU, la Unión Europea y los países de Asia (con especial referencia a China). Una realidad que ejemplifica un momento de inflexión en la economía mundial, cuyo centro de gravedad se traslada hacia los denominados países (re)emergentes, en particular hacia Asia-Pacífico.

Este escenario está supeditado a las grandes negociaciones que vinculan a los Estados Unidos, Europa y Japón. “Megaacuerdos” que pueden inducir corrientes de comercio e inversión, así como nuevas reglas para el funcionamiento y la interacción de dichas cadenas de valor que afecten a las relaciones económicas externas de América Latina y el Caribe. Puesto en términos simples, con el establecimiento de estos tratados, se busca combinar la tecnología, la innovación y el know-how de los países desarrollados (economías de matriz) con los menores costes de mano de obra de los países en desarrollo (economías de fábrica).

En concreto, el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) tiene el propósito de renovar y reforzar la alianza entre los Estados Unidos y Europa. Para los países centroamericanos y sudamericanos que tienen una fuerte vinculación con las redes de producción centradas en los Estados Unidos, que a su vez han suscrito un Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, la acumulación de origen y la armonización de reglas que se generarían a través de este proceso abrirían importantes oportunidades de incorporarse a cadenas de valor transatlánticas. Ahora bien, no se pueden olvidar los riesgos derivados de que las reglas negociadas entre dos socios con un alto nivel de desarrollo no necesariamente serán óptimas ni de fácil acceso para los países de la región.

Por otro lado, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) se inserta en el contexto de una orientación estratégica, definida por la Administración Obama, que apunta a aumentar la presencia de los Estados Unidos en la región de Asia y el Pacífico. Los tres países latinoamericanos que forman parte del TPP forman dos grupos claramente diferenciados en función de su inserción en la economía política internacional. Por una parte, México ha construido un modelo de inserción internacional apoyado en la participación en las cadenas de valor, pero al mismo tiempo abre opciones de complementariedad y cooperación aprovechando el acceso privilegiado al mercado de los Estados Unidos. Chile y Perú, por su parte, se han posicionado como exportadores de materias primas a Asia, con escasos indicios de comercio intraindustrial.

Por lo tanto, una política exterior que favorezca la promoción de procesos de innovación, la competitividad e internacionalización de las empresas, dar mayor relevancia a las relaciones comerciales intrarregionales y la profundización de las relaciones exteriores de mayor calidad con China y la región de Asia-Pacífico, será la clave del éxito para la región latinoamericana en un contexto marcado por su inestabilidad y continua transformación.

Se trata fundamentalmente de avanzar en la propuesta de “cambio estructural” que dependerá en gran medida del desplazamiento hacia actividades productivas más intensivas en conocimiento, una mejora en las condiciones de acceso a los mercados internacionales a través de la integración regional y la negociación de acuerdos en marcos bilaterales o multilaterales.

Una regionalización eficiente requiere de una integración regional sólida. Argumentos clásicos a favor de ésta que recobran hoy su vigencia y validez, por sus beneficios en términos de reducción de las situaciones de conflicto, la mayor resistencia a choques externos, el aprovechamiento conjunto de oportunidades en la economía mundial, así como la necesidad de la acción colectiva para enfrentar los desafíos del cambio climático y la gobernanza de los recursos naturales compartidos.

Ante este panorama, parece haber llegado el momento para la región en su conjunto de reflexionar con mayor profundidad sobre la calidad de la inserción internacional y el rol que en ésta puede cumplir la integración regional.

En la era de la globalización, los Estados están pasando a una fase de cooperación en la que hay competencia y colaboración en busca de acuerdos de cooperación económica, científica, cultural, técnica y política, y el debate internacional se ha ampliado a nuevos actores que entienden que ha crecido nuestra conciencia mundial, que compartimos el mismo planeta, que los seres humanos tenemos los mismos derechos —los cuales deben ser respetados en cualquier lugar del mundo— y, por tanto, debemos generar acuerdos sustentables que preserven la paz y aumenten el bienestar de todas y todos.

El Congreso Nacional de la República de Chile no ha escapado a este fenómeno, y ha asumido un papel activo y protagónico con la reapertura de nuestro país al mundo desde la recuperación de la democracia en 1990. Hemos trabajado en una relación virtuosa y de complementariedad con el gobierno, que nunca ha desconocido el papel que la ley le otorga al Jefe o Jefa de Estado, en la conducción de las relaciones internacionales del país.

De acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política de Chile, el Senado posee como atribuciones exclusivas, tres materias: 1) La otorgación de su acuerdo para que el o la titular del ejecutivo pueda ausentarse del país por más de 30 días, 2) La entrega de su dictamen a la Presidenta o al Presidente de la República, en los casos en que aquel lo solicite, y 3) La autorización para permitir la entrada de tropas extranjeras y la salida de contingentes militares nacionales a misiones fuera del territorio nacional.

Aunado a esto, también es en el parlamento donde se aprueban los tratados y convenios internacionales que suscribe el poder ejecutivo. Allí se busca el más amplio consenso entre todas las fuerzas políticas, como expresión palpable de que las relaciones internacionales son asumidas como una política de Estado.

Sin duda, la colaboración del Congreso Nacional ha potenciado las tareas del ejecutivo durante los sucesivos gobiernos democráticos. Esto ha permitido al país extender sus acuerdos internacionales a prácticamente todos los continentes y establecer importantes convenios políticos, económicos y de cooperación con un gran número de países, que expresan la amplia apertura que ha emprendido Chile desde hace más de 20 años.

El papel que el Congreso chileno ha desempeñado en estos años es parte de una tendencia mundial. De hecho, el sector académico ha acuñado ya el concepto de “diplomacia parlamentaria”, ha escrito la historia de su trayecto, ha señalado sus características, actores, temas de reflexión e influencia en las relaciones internacionales y ha reconocido las aportaciones del encuentro entre actores que representan la diversidad política, tanto en el ámbito regional como en el local.

Además de las relaciones entre gobiernos, el Congreso chileno ha multiplicado sus canales de contacto y comunicación. En este sentido, el poder legislativo se ha diversificado y ha establecido vínculos con instituciones públicas y actores privados, nacionales y regionales, del ámbito científico, económico y social. Esta nueva forma de entender a las relaciones internacionales ha dado lugar a un fenómeno que se ha denominado “paradiplomacia”.

Al mismo tiempo, el Congreso Nacional establece relaciones bilaterales y multilaterales con otros parlamentos del mundo, sean de representación trasversal o de una misma corriente política, así como con presidentes de parlamentos o con parlamentarios especializados en temas específicos.

La diplomacia parlamentaria constituye un complemento de la diplomacia gubernamental. Apoya coordinadamente sus iniciativas y contribuye al marco de cooperación en las dimensiones políticas más amplias. Gracias a la flexibilidad de las instituciones representativas, resaltan cuatro expresiones de la diplomacia parlamentaria.

En primer lugar, la actividad internacional de los Presidentes de las Cámaras legislativas. Al respecto, hay que destacar las visitas oficiales de carácter bilateral del Presidente o la Presidenta para dinamizar relaciones parlamentarias al más alto nivel. Su agenda se complementa con la asistencia a importantes foros organizados por sus pares, como la Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos o la Conferencia de Presidentes de Parlamentos del mundo, que se verifican cada 4 años.

En segundo lugar, otra expresión de la diplomacia parlamentaria son las “relaciones interparlamentarias”, que comprenden los encuentros de delegaciones permanentes u ocasionales de representantes parlamentarios en foros o asambleas parlamentarias de instancias mundiales, como la Unión Interparlamentaria Mundial, que agrupa actualmente a 162 parlamentos del mundo y constituye el equivalente parlamentario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Congreso de Chile se afilió en 1950 y ha tenido una participación activa, salvo por el periodo de la dictadura militar, cuando fue expulsado de la organización.

El Congreso chileno también participa en grupos suprarregionales, como la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, creada en el marco del Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea y que inició sus trabajos en 2003, lo mismo que regionales, como el Parlamento Latinoamericano, que está conformado por los congresos de todos los países de Latinoamérica y el Caribe y funge como un órgano de consulta y propuesta.

El Congreso chileno cumple un papel activo en estos tres organismos, que son de carácter deliberativo y propositivo y cuyas resoluciones constituyen valiosos aportes para el trabajo de las organizaciones de sistema de la ONU y para los organismos intergubernamentales de carácter regional. Además, el Congreso participa en el Foro Parlamentario Asia-Pacífico —contraparte parlamentaria del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico— y en las Cumbres Parlamentarias Iberoamericanas, que se realizan al mismo tiempo que las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno.

De igual forma, la Red Parlamentaria Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, creada en 2009 con el objetivo de incorporar a los parlamentarios de los países miembros en el seguimiento de temas prioritarios, como la competitividad, el desarrollo sustentable, el fomento de libre comercio, las ventajas comparativas y la productividad.

También cabe destacar la constitución de la Comisión Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), la Comisión Parlamentaria Mixta Chile-Unión Europea, establecida a partir del Tratado Chile-Unión Europea, y la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena, entre otros.

Los grupos parlamentarios entablan

un diálogo más directo e informal,

lo que amplía los esquemas estructurados

 de la diplomacia tradicional.

Asimismo, el Congreso chileno participa en redes de cooperación interparlamentaria como, por nombrar algunas, la Acción Mundial de Parlamentarios (que trata de asuntos políticos y de desarrollo) o la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas.

El tercer aspecto importante de la diplomacia parlamentaría es la conformación de Grupos Parlamentarios de Amistad, organismos bilaterales a los que se integran parlamentarios de los países participantes. En Chile, el criterio para la creación de grupos de amistad es muy amplio, al punto de que en ambas cámaras del Congreso se han formado grupos con más de 40 países. Estos grupos son muy diversos, tiene distintos niveles de trabajo y, en general, su objetivo fundamental es estrechar lazos políticos, económicos y culturales entre los países.

Por último, hay que señalar la acción de las delegaciones parlamentarias ad hoc para ejercer como garantes de la comunidad internacional en procesos electorales como observadores, en negociaciones y procesos de paz o en foros internacionales de protección de derechos y libertades individuales y sociales.

Hasta ahora, la experiencia de la diplomacia parlamentaria ha resultado ser de gran ayuda para formar una idea nacional sobre los asuntos internacionales, dado que las delegaciones parlamentarias representan tanto al gobierno como a la oposición. Además, los grupos parlamentarios entablan un diálogo más directo e informal, lo que amplía los esquemas estructurados de la diplomacia tradicional.

De este modo, la diplomacia parlamentaria se ha convertido en un elemento catalizador de las relaciones bilaterales  que canaliza variados intereses, sean políticos, sectoriales, comerciales o culturales, a los que la diplomacia clásica normalmente no accede.

Ahora bien, con el avance de las comunicaciones que ha posibilitado la tecnología, ha cambiado nuestra forma de estar en el mundo. Con la velocidad del transporte y el dinamismo mundial de los intercambios políticos, comerciales y sociales, la diplomacia parlamentaria se ha extendido a nuevos canales y redes, de modo que, como Congreso chileno, nos enfrentamos a múltiples desafíos.

En primer lugar, en el marco de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo de Chile, tenemos que reforzar los lazos en la gestión conjunta, con reuniones permanentes de carácter informativo sobre los avances de la política exterior en las comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso.

De igual forma, es importante profundizar en el aporte de los exparlamentarios que desempeñan funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores o de quienes adquirieron experiencia en esta repartición pública y hoy ejercen como diputados o senadores, y aprovechar su experiencia acumulada en ambas instituciones.

También es necesario promover la actividad interparlamentaria por su carácter político y de diálogo, como pilar fundamental de la confianza, los lazos humanos y los avances entre países. Además, es necesario impulsar las reuniones de las comisiones binacionales de relaciones exteriores, sistema que ha sido empleado con Argentina, Bolivia, Brasil y Perú, para fortalecer los vínculos de información, los contactos y los posibles proyectos conjuntos.

El Congreso chileno —y en específico las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras— también puede y debe acoger las inquietudes, intereses y demandas de los distintos actores de la sociedad civil, como  organizaciones no gubernamentales, fundaciones, universidades, asociaciones gremiales, sindicatos, grupos empresariales y organizaciones ciudadanas, para formular de manera más inclusiva las iniciativas del país en materia de relaciones exteriores.

Finalmente, es fundamental establecer un diálogo más permanente entre la Academia Diplomática de Chile y las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras, a través de una colaboración mutua e institucionalizada, para avanzar a una relación permanente que establezca itinerarios comunes a modo de potenciar el trabajo de las partes y acelerar los contactos y la transferencia de información que sirva a los intereses del país.

Hay una firme esperanza en los resultados de este diálogo multilateral y multitemático que son las relaciones internacionales con el fin de que revaloricen la democracia, refuercen una visión común del ser humano como un sujeto de derechos y reconozcan que la diversidad enriquece antes que dividir. La política internacional del Estado chileno compete a todos los ciudadanos. Tal conducta está arraigada en nuestro acervo nacional, y la diplomacia parlamentaria lo seguirá haciendo en pos del acuerdo entre los pueblos y los países.