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La Cumbre Mundial en el 2005 respaldó el principio de la “Responsabilidad de Proteger” (El principio de R2P), que se concibe como la responsabilidad que tiene un Estado de proteger a sus propios ciudadanos de abusos sistemáticos de sus derechos humanos y, lo que es más polémico, apoya la posibilidad de recurrir a intervenciones internacionales en última instancia si un Estado deja o se niega a cumplir dicha responsabilidad.
Sin embargo, la implementación de este principio, según el informe realizado por Douglas Wilson, no está resultando nada fácil debido al escepticismo que genera esta práctica en los países desarrollados al entender que la R2P sirve como un aliciente a la insurrección armada en el mejor de los casos, o todavía peor, como un verdadero “Caballo de Troya” del imperialismo occidental. Además, existe la sensación generalizada de que ciertos países han dado marcha atrás en cuanto a sus compromisos adquiridos respecto de esta materia.