Más allá de fluctuaciones y coyunturas diversas para diferentes bienes, el patrón de especialización productiva basado en la explotación de los recursos naturales en términos mercantiles –commodities– ha inhibido a América Latina de acceder a los segmentos más dinámicos del mercado mundial tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de la expansión de la demanda.
La crisis financiera y económica global y las sendas de crecimiento diferente de las economías industrializadas y las de los países (re)emergentes en el periodo posterior a la crisis han acelerado los patrones de convergencia en las cadenas globales de valor. Alrededor del 60% del comercio mundial corresponde al comercio de bienes y servicios intermedios que se incorporan en diversas etapas en los procesos de producción de bienes y servicios destinados al consumo final. La fragmentación de los procesos de producción y la dispersión internacional de las tareas y actividades que los componen han dado lugar a sistemas de producción sin fronteras.
Conocidas como cadenas de valor, estos procesos pueden ser cadenas secuenciales o redes complejas de alcance mundial o regional. Con frecuencia, los eslabones de estas cadenas regionales son más importantes que los de las mundiales, aunque, en las economías en transición –América Latina y el Caribe y África– las primeras están relativamente menos desarrolladas.
Su irrupción en la economía mundial ha dado origen a una renovada atención al espacio regional, ya que las principales redes mundiales de producción se estructuran en torno a regiones específicas. No obstante, la experiencia de América del Norte, Asia Oriental y Europa, pone de manifiesto que la proximidad es condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo de unas redes modernas.
En una economía mundial que opera cada vez más sobre la base de “macrorregiones” integradas, la convergencia entre los distintos esquemas de integración latinoamericanos y caribeños parece, no solo necesaria, sino urgente. Y es que el principal desafío a comienzos del siglo XXI se centra en la posibilidad de tender puentes entre las distintas agrupaciones e iniciativas existentes.
Este hecho plantea la necesidad de avanzar hacia marcos normativos comunes que incentiven a las empresas de cada país a articular sus operaciones con otras situadas más allá de las fronteras nacionales; pero también avanzar en políticas explícitas de apoyo a la integración productiva, acompañadas de una adecuada infraestructura de transporte, logística, energía y telecomunicaciones. En ausencia de estos elementos, la integración productiva se vuelve una aspiración más que una realidad.
La región dispone de importantes activos ante ese desafío, como la calidad de sus políticas macroeconómicas, la expansión de sus mercados internos, y su dotación de recursos naturales -energía, minerales y alimentos- en un contexto mundial con creciente demanda. Un activo estratégico muy presente en toda la geografía en distintos sectores como, por ejemplo, la minería: Chile es el mayor productor mundial de cobre, mientras que Brasil es el tercero de hierro; México es el primer productor de plata; Perú se ubica entre los primeros puestos mundiales de oro y plomo; por su parte, Colombia es el séptimo productor de níquel refinado y así un largo etcétera.
Sin embargo, existen riesgos asociados a una “recaída” de la crisis (double-dip recession) así como el proceso de “reprimarización” de la estructura productiva y las exportaciones en el conjunto de la región latinoamericana, en particular, en América del Sur. Las implicaciones negativas de este proceso se encuentran en la desindustrialización, con la consiguiente destrucción del tejido industrial y la pérdida de capacidades tecnológicas y humanas, así como la apuesta por actividades de poco valor agregado que dificultan la inserción en cadenas globales de valor.
Uno de los principales desafíos que la región tiene por delante es interno y consiste en vincular la agenda regional de innovación y competitividad a la actual relación con la economía mundial. En este contexto, la principal oportunidad para que América Latina y el Caribe pueda mantener el ciclo de crecimiento económico del último decenio depende, considerablemente, de la formación de cadenas de valor regionales. No se trata solo de ser parte de estas cadenas. El desafío consiste en incrementar la participación del valor agregado generado localmente así como transitar desde actividades simples a otras de mayor complejidad.
Un hecho fundamental que debemos de tener en cuenta en el presente análisis, en su relación directa con el establecimiento estas cadenas, tanto regionales como globales, son los cambios en las relaciones económicas externas (comercio e inversión) de América Latina en los últimos años, y en particular, el cambio de posición relativa de EE UU, la Unión Europea y los países de Asia (con especial referencia a China). Una realidad que ejemplifica un momento de inflexión en la economía mundial, cuyo centro de gravedad se traslada hacia los denominados países (re)emergentes, en particular hacia Asia-Pacífico.
Este escenario está supeditado a las grandes negociaciones que vinculan a los Estados Unidos, Europa y Japón. “Megaacuerdos” que pueden inducir corrientes de comercio e inversión, así como nuevas reglas para el funcionamiento y la interacción de dichas cadenas de valor que afecten a las relaciones económicas externas de América Latina y el Caribe. Puesto en términos simples, con el establecimiento de estos tratados, se busca combinar la tecnología, la innovación y el know-how de los países desarrollados (economías de matriz) con los menores costes de mano de obra de los países en desarrollo (economías de fábrica).
En concreto, el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) tiene el propósito de renovar y reforzar la alianza entre los Estados Unidos y Europa. Para los países centroamericanos y sudamericanos que tienen una fuerte vinculación con las redes de producción centradas en los Estados Unidos, que a su vez han suscrito un Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, la acumulación de origen y la armonización de reglas que se generarían a través de este proceso abrirían importantes oportunidades de incorporarse a cadenas de valor transatlánticas. Ahora bien, no se pueden olvidar los riesgos derivados de que las reglas negociadas entre dos socios con un alto nivel de desarrollo no necesariamente serán óptimas ni de fácil acceso para los países de la región.
Por otro lado, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) se inserta en el contexto de una orientación estratégica, definida por la Administración Obama, que apunta a aumentar la presencia de los Estados Unidos en la región de Asia y el Pacífico. Los tres países latinoamericanos que forman parte del TPP forman dos grupos claramente diferenciados en función de su inserción en la economía política internacional. Por una parte, México ha construido un modelo de inserción internacional apoyado en la participación en las cadenas de valor, pero al mismo tiempo abre opciones de complementariedad y cooperación aprovechando el acceso privilegiado al mercado de los Estados Unidos. Chile y Perú, por su parte, se han posicionado como exportadores de materias primas a Asia, con escasos indicios de comercio intraindustrial.
Por lo tanto, una política exterior que favorezca la promoción de procesos de innovación, la competitividad e internacionalización de las empresas, dar mayor relevancia a las relaciones comerciales intrarregionales y la profundización de las relaciones exteriores de mayor calidad con China y la región de Asia-Pacífico, será la clave del éxito para la región latinoamericana en un contexto marcado por su inestabilidad y continua transformación.
Se trata fundamentalmente de avanzar en la propuesta de “cambio estructural” que dependerá en gran medida del desplazamiento hacia actividades productivas más intensivas en conocimiento, una mejora en las condiciones de acceso a los mercados internacionales a través de la integración regional y la negociación de acuerdos en marcos bilaterales o multilaterales.
Una regionalización eficiente requiere de una integración regional sólida. Argumentos clásicos a favor de ésta que recobran hoy su vigencia y validez, por sus beneficios en términos de reducción de las situaciones de conflicto, la mayor resistencia a choques externos, el aprovechamiento conjunto de oportunidades en la economía mundial, así como la necesidad de la acción colectiva para enfrentar los desafíos del cambio climático y la gobernanza de los recursos naturales compartidos.
Ante este panorama, parece haber llegado el momento para la región en su conjunto de reflexionar con mayor profundidad sobre la calidad de la inserción internacional y el rol que en ésta puede cumplir la integración regional.