Por : Salomón Lerner Febres
Ex presidente de la CVR
Presidente del Instituto de Democracia y Derechos
Humanos de la Pontificia Universidad del Perú
La sociedad peruana vivió entre en las dos últimas décadas del siglo XX un intenso proceso de violencia. Fue el proceso iniciado por la organización maoísta conocida como Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, la cual fue combatida por las fuerzas armadas y la policía del Estado peruano. Entre ambos, además de otros protagonistas menores como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, las organizaciones campesinas de autodefensa y pequeños grupos paramilitares, ocasionaron miles de pérdidas humanas y materiales y pusieron en acto una masiva violación de derechos humanos.
En el año 2001, en un contexto de transición política tras la huida del país de Alberto Fujimori Fujimori, fue creada la Comisión de la Verdad con el encargo de investigar los hechos producidos durante aquellos años violentos. La Comisión —poco después rebautizada como Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) por el presidente Alejandro Toledo— fue una organización estatal independiente, sin atribuciones judiciales, e integrada por doce ciudadanos elegidos sin criterio de representación, que trabajó durante veintiséis meses para cumplir un mandato legal muy complejo y abarcador: investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos entre 1980 y 2000; contribuir a que se haga justicia penal; brindar una explicación de los factores que hicieron posible el conflicto; determinar las secuelas dejadas por este en la población peruana; hacer recomendaciones de reparaciones para las víctimas; hacer recomendaciones de reformas institucionales, y dejar iniciado un proceso de reconciliación. Al concluir su periodo de trabajo, en agosto de 2003, la CVR presentó a los presidentes de los Poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— y al país en general un Informe Final que contiene el resultado de sus investigaciones así como las recomendaciones de diverso género que se le pidió.
Trabajo con víctimas: retos y problemas
Como varias otras comisiones antes de ella, la CVR del Perú tomó la palabra de las víctimas como la fuente principal de su investigación. No se trató solamente de una decisión pragmática, ante la imposibilidad de citar judicialmente a los victimarios a rendir declaraciones; fue una decisión principalmente ética: ese ejercicio nacional de búsqueda de la verdad, que sería inédito y tal vez irrepetible, tenía que ser una instancia para escuchar la voz de los silenciados, de quienes por lo general no tienen acceso a la palabra pública. Una verdad construida con la palabra de las víctimas y, al mismo tiempo ajustada a rigurosos criterios de validez desde el saber jurídico e histórico-social, tendría no solamente autoridad científica sino también una fuerte autoridad moral.
Los testimonios de quienes sufrieron directa o indirectamente la violencia —de los cuales se tomó casi 17 mil— servirían, así, para establecer la verdad sobre los crímenes cometidos. Es decir, cada uno de ellos daría noticia, debidamente corroborada, de un acto específico cometido por una persona particular en un lugar y en un momento determinados. Nos llevaría a determinar la verdad en su dimensión más estrictamente fáctica y, mediante el análisis jurídico, a señalar el crimen en que se incurrió y, eventualmente, a su responsable. Al mismo tiempo, el conjunto de esas voces, en la medida en que señalaba tendencias, formas generales de comportamiento, experiencias repetidas de persona en persona, serviría para rescatar la verdad histórica: comprender la fisonomía general del proceso, de los factores que lo produjeron y de las secuelas que él dejó en la población.
Para cumplir la tarea de tomar la palabra de las víctimas fue necesario vencer varios retos y problemas, algunos de carácter sociopolítico y otros de carácter técnico.
Entre los primeros se cuentan la necesidad de sobrepasar el clima de temor lógicamente existente y de crear confianza en la Comisión. Sobre lo primero, es pertinente recordar que cuando la CVR hizo su trabajo, las acciones armadas se hallaban prácticamente extintas. Eso no significaba, sin embargo, que las víctimas no temieran que su testimonio les acarreara represalias. Como en muchos conflictos internos en diversas partes del mundo, en el Perú después que cesó la violencia víctimas y victimarios todavía coexistían en el mismo espacio social. Es lo terrible de este tipo de violencia: su finalización solamente inaugura una etapa de convivencia en la zozobra, en la desconfianza, en el justificado temor. En ese contexto, las garantías de confidencialidad de parte de la CVR fueron cruciales para que el deseo de compartir las historias de violencia pesara más que el comprensible temor en el ánimo de las víctimas.
De otro lado, hay que tomar en cuenta que en una sociedad tan golpeada por la violencia, la confianza en las instituciones por parte de la población se halla profundamente mellada. No fue obvio para todas las víctimas, desde un primer momento, que la Comisión era una adecuada depositaria de su palabra. Esta duda no se debía, necesariamente, en desconfianza hacia la CVR y sus integrantes, sino a un cierto escepticismo de las víctimas sobre el destino de su testimonio: antes de la Comisión, más de una organización las había entrevistado y ellas se sentían desalentadas ante la perspectiva de relatar por tercera o cuarta vez su historia sin resultados visibles. Una comisión como ésta necesita, pues, saber ganar la confianza de las víctimas, lo cual solamente se puede lograr siendo sincero y honesto desde el inicio sobre las intenciones que se tiene y lo que se puede ofrecer. La Comisión fue meridianamente clara en eso: ella era una organización del Estado, si bien independiente, y sin atribuciones para imponer sanciones ni otorgar amnistías ni para brindar reparaciones u otros tipos de resarcimiento. Quería oír la palabra de las víctimas para reconstruir la verdad y para devolver a sus voces la presencia pública y el reconocimiento oficial que secularmente les habían sido negados. Sobre ese entendimiento, las víctimas confiaron en la Comisión y no fueron defraudadas.
Finalmente, queda la cuestión de índole técnica: pedir la palabra a miles de personas es un asunto delicado y que puede ser sumamente frustrante si no se toman las previsiones para dar buen uso a esas palabras valiosas. Darles buen uso, en este caso, no implica solamente oírla con respeto, sino poner en marcha los medios técnicos para su adecuada conservación, registro, procesamiento y análisis, de manera que de esas palabras surja verdaderamente un relato poderoso y difícil de ser cuestionado.
Caracterización de las víctimas
El trabajo con las víctimas, si bien es siempre complejo y delicado, se hace más manejable en la medida en que ellas cuenten con algún grado de organización o de institucionalidad. Eso es importante, además, en la medida en que las víctimas en el Perú, como en la mayoría de conflictos internos, se encuentran entre los estratos socioeconómicos más pobres y excluidos de la población.
En el caso peruano, las víctimas eran mayoritariamente población rural andina. Dado el patrón que sigue la exclusión en el Perú, esas víctimas no han tenido —no tienen todavía— grandes posibilidades de ser oídos y mucho menos de influir en el debate público. Son la población a la cual se aproximan los políticas cada tres o cinco años para pedir votos a cambio de promesas que se olvidan muy pronto. Fueron también, lógicamente, la población que Sendero Luminoso y las fuerzas del Estado escogieron como blanco para sus estrategias de tierra arrasada. Es, por último, la misma población que hoy en día, cuando se ha demostrado los crímenes que se cometió en su contra y los graves perjuicios dejados entre ellas por la violencia, todavía no reciben atención básica del Estado.
Un sector considerable de esa población, por fortuna, había sido atendido desde los años de la violencia por diversas organizaciones de derechos humanos. Un sector de ellas —notoriamente, madres de desaparecidos, mujeres rurales que desde los primeros años 80 se decidieron a reclamar por sus hijos— fue pionero en la tarea de organizarse. Ellas y muchas otras organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos fueron los interlocutores clave de la CVR. El mandato que ésta cumpliría, fue diseñado en una mesa de conversaciones en la cual estuvo presente la más grande federación de organizaciones de derechos humanos, la cual abarcaba también grupos de víctimas: la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Así, la conformación de la Comisión, si bien no fue “negociada” directamente con las víctimas, sí fue un asunto conocido por ellas. Ya en el trabajo de la Comisión, la interlocución con ellas fue permanente para las diversas tareas que se emprendían.
Relación de la Comisión con las víctimas
Como se comprenderá con facilidad, en el conflicto que sufrió el Perú no hubo un solo tipo de víctimas sino varios tipos. Se podrían diferenciar por el tipo de afectación que sufrieron o por el agente victimario. Hubo quienes fueron víctimas de tortura y quienes eran sobrevivientes de masacres. Hubo quienes, no habiendo sido víctimas materiales de una violación de derechos humanos, vivían sin embargo prisioneras del recuerdo de los familiares desaparecidos quince o veinte años atrás a manos de Sendero Luminoso o de las fuerzas armadas. ¿A quiénes escuchar con prioridad? ¿Qué hacer con la palabra de aquellos que, por ejemplo, siendo víctimas también han sido victimarios? Son dilemas clásicos de todo esfuerzo de búsqueda de la verdad sobre la violencia.
La Comisión resolvió no hacer diferencias entre las víctimas sino, por el contrario, prestar oído atento a todo aquel o toda aquella que alegara haber sido víctima de una violación de sus derechos humanos en conexión con el conflicto armado interno. Del mismo modo, la Comisión decidió usar su carácter no judicial como ventaja para las víctimas: no les exigiría aportar evidencias de carácter legal; tomaría como válido su relato para después someterlo a análisis más detenidos que dieran mayor precisión a la verdad que se iba a reconstruir.
Es importante señalar, por otro lado, que en el trato con las víctimas la Comisión tomó ciertas decisiones y adoptó ciertos protocolos que asegurarán que siempre existiera un evidente trato respetuoso. Así, por un lado, se decidió ramificarse territorialmente en cinco sedes ubicadas donde la violencia hubiera sido más intensa, y dentro de cada sede se creó equipos itinerantes que recorriera las zonas asignadas para escuchar a las víctimas. La Comisión trataba, en lo posible, de poner en acto la experiencia de un Estado que acude en busca de sus ciudadanos en lugar de exigirle que estos vengan a buscarlo. Por otro lado, los protocolos de entrevistas y las coordinaciones con las organizaciones para las tomas de testimonios quisieron poner en claro, siempre, que esa actividad no era solamente una diligencia de investigación sino también un acto de reconocimiento estatal y, en esa medida, una primera, si bien modesta, medida de resarcimiento simbólico.
Reparación y reconciliación
En virtud de lo señalado sobre la forma en que buscamos la verdad, se entiende que la propuesta de reparaciones y reconciliación tampoco podía elaborarse al margen de las víctimas. Si ambas son el resultado de una deliberación interna de la Comisión, esa deliberación no fue nunca abstracta o limitada a posiciones de principio sin asidero en la realidad. Ellas tomaron como punto de partida una amplia consulta entre las víctimas: qué consideran ellas una medida de reparación que restaure su dignidad, qué tipo de reconciliación consideran viable, qué esperan que el Estado haga para que ellas se sientan respetadas en su calidad de ciudadanos. Sobre esa base la Comisión elaboró sus propuestas: un plan integral de reparaciones y una propuesta de reconciliación que, lejos de ser un llamado a la impunidad o al olvido, es una demanda de que el Estado enmiende sus relaciones con la ciudadanía excluida.
Tres años después de presentado el Informe Final de la CVR del Perú, y aunque el Estado ha hecho poco por honrar sus obligaciones de verdad, justicia y reparaciones con las víctimas, éstas dan señales de que la experiencia de la Comisión no fue en vano; ella rescató sus palabras y las convirtió en verdad pública innegable. A partir de ahí, queda por recorrer un camino todavía largo y dificultoso para que los derechos de las víctimas se cumplan. Pero eso no debe ser visto como una anomalía: el final de una comisión de la verdad marca, en realidad, el comienzo de una nueva trayectoria hacia la realización de paz con justicia.