Frente al evidente delito cometido por el congresista Anaya y la falsificación de boletas para justificar la rendición de cuentas de sus gastos operativos ascendientes a 7,500 nuevos soles, el presidente del Congreso de la República, Javier Velásquez Quesquén y otros parlamentarios han esgrimido la decisión de endurecer las acciones del Congreso frente a hechos de esta naturaleza o como el de Margarita Sucari. Incluso se le ha otorgado mayores facultades al Procurador del Congreso que ya no requiere esperar la decisión de los parlamentarios para denunciar de oficio.

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En las decisiones públicas y en la teoría de la formulación de políticas públicas, sabemos que lo más importante para ser eficaz en resolver un problema público (y vaya que el parlamento es uno que venimos arrastrando desde la década del 90) es poder acertar con definir cuál es el problema que queremos resolver. Muchas veces confundimos el problema con los efectos, y eso parece ser es lo que está sucediendo con las medidas tomadas en el parlamento frente a las irregularidades cometidas por los congresistas.

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Esta muy bien que se endurezca las acciones para el control y la fiscalización de la conducta de los congresistas y que el Procurador pueda tener la facultad de denunciar de oficio, pero estas medidas atacan los efectos del problema y no la raíz del mismo. Y en todo caso aparecen como instrumentos que pueden acelerar las denuncias sobre los congresistas, por lo que instan a que se comporten adecuadamente. Sin embargo, en el caso de Margarita Sucari, la denuncia no hubiera prosperado si una empleada no le hacía una grabación y hacía pública la irregularidad. En estos momentos ella seguiría enarbolando una dignidad que no le correspondía. Lo mismo podemos decir del caso del congresista Anaya y de otros sucesos parecidos.

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Por ello en el Congreso se necesita promover una reforma institucional que vuelva a este poder del Estado a sus raíces democráticas que fueron cortadas con la instauración del golpe de Estado de 1992 y sus posteriores secuelas.

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Una de las medidas que se instauró con el llamado Congreso Constituyente Democrático fue establecer una política administrativa respecto de los congresistas, donde en la práctica estos representantes nacionales elegidos tenían a casi libre disposición dos tipos de decisiones: sus ingresos, constituido por su sueldo más sus gastos operativos; y en segundo lugar, libertad para contratar y en las condiciones que ellos señalen a cualquier persona como funcionario de confianza para su despacho parlamentario o incluso las comisiones ordinarias o investigadoras. De ese modo, se crearon 120 pequeños feudos dentro del parlamento, donde cada uno de los congresistas hace y deshace en su pequeña parcela.

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Esta práctica se inició en 1993 con el CCD, continuó en el parlamento del año 2000, así como en el 2001-2006 y con algunas pequeñas variantes, por los escándalos producidos prosigue hasta la fecha. Ello no logró ser cambiado ni en el período del presidente Valentín Paniagua, ni en el de Alejandro Toledo, ni tampoco ocupó las preocupaciones de las corrientes de lucha contra la corrupción y por la transparencia.

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En esencia este es el problema público central que se tiene que resolver. Y como solía repetir el extinto y polémico ex parlamentario Enrique Chirinos Soto: “El Congreso, lo puede todo”, y tenía razón. Una institución que puede sacar de su puesto al presidente de la República y vacarlo del cargo, está en condiciones de poder reformar cualquier porción del Estado. Sólo se requiere de un elemento principal: voluntad política.

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Conocí a Javier Velásquez Quesquén cuando recién se iniciaba como parlamentario en la Comisión de Fiscalización durante el período 1995-2000 y que junto con Javier Diez Canseco, Anel Townsend y Gustavo Mohme eran los congresistas que se batían cotidianamente contra las irregularidades que aparecían en el gobierno de Fujimori y Vladimiro Montesinos. Hoy tiene una oportunidad histórica, de promover un cambio y una reforma institucional de esta naturaleza que la ciudadanía reclama. ¿Lo podrá o lo querrá hacer?

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Los ciudadanos no sólo tienen que saber, sino sobre todo ver que los parlamentarios son servidores públicos que trabajan en instituciones que controlan adecuadamente los recursos públicos que pagamos todos con nuestros impuestos. Por eso la institución parlamentaria debe estar en condiciones de decirle a los congresistas, que si necesitan viáticos o gastos operativos para realizar una gestión eficaz deben sustentar su pedido, como en cualquier centro de trabajo privado o público; y que si quiere contratar a personal, este de pasar por la aprobación de las instancias de recursos humanos, que deben estar en capacidad de desestimar estos pedidos si no se cumplen con los perfiles adecuados.