Los derechos humanos afirmados en la Declaración Universal del 10 de diciembre de 1948 se afirman via los procesos de generalización – extensión a colectivos antes excluidos, como mujeres o analfabetos – especificación – precisión para colectivos que requieren tratos preferentes, como las personas con discapacidad o los niños y niñas-, universalización – ampliándose a cada vez más países que van adoptando regímenes democráticos y postivizacón – incorporándose a las normas legales obligatorias a nivel nacional o internacional. Sin embargo, estamos lejos de vivir en un mundo o un país donde podamos decir que todos ejercen o gozan de todos sus derechos humanos. Y a nivel regional, esta vigencia plena de los derechos humanos, se ve aun más lejana.

Esta distancia entre las normas y declaraciones que reconocen derechos y su vigencia práctica, no es sino la muestra más importante de la distancia natural entre el Derecho y la realidad que busca ser regulada por él, por lo que no tiene que desalentarnos. Antes bien, nos reta a buscar las maneras de acercar más rápido el ideal de una sociedad justa. En Huánuco, esto pasa por atacar las causas de la violencia y la pobreza, situaciones ambas que traen consigo la violación extendida de muchos derechos.

Hacerlo implica reconocer que estos y otros males no afectan a todos por igual: hay personas en situaciones más vulnerables, que además suelen ser discriminadas, es decir, tratadas de forma diferente en cuánto el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, en la ciudad de Huánuco una persona con discapacidad visual o discapacidad física, o una adulta mayor, tiene muchas más dificultades para algo tan simple como caminar – ejercer la libertad de tránsito-, que un adulto varón sin padecimientos. La ciudad y la manera en que se ejecutan las obras, son discriminatorias, más allá de actos concretos. Del mismo modo, las estadísticas son contundentes en mostrarnos que las mujeres en general y las niñas en particular son más vulnerables a la violencia familiar, sexual o laboral (hostigamiento o explotación.

Es así como el concepto de discriminación relacionado a las personas más vulnerables nos permite identificar mejor qué hacer prioritariamente para afrontar bien el reto de construir una sociedad donde se respeten los derechos humanos de todos y todas por igual, es decir, una sociedad en la que nos tratemos como ciudadanos y ciudadanas, con iguales derechos y también deberes en cada circunstancia, más allá de nuestro aspecto físico, edad, vestimenta u otras consideraciones de menor nivel a nuestra condición de ciudadanos o ciudadanas. De ahí la importancia de actividades como la carrera 5K organizada por la Defensoría del Pueblo, al lograr que miles de personas (los corredores y sus amigos y familiares) hagan suyo el lema “no construyas barreras, no discrimines”.

Esto devuelve la lucha por los derechos a su escenario natural: el de la calle, el del espacio público. Y permite que se la lleve a la casa. Celebrar así un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos ayuda a visualizar qué hacer para que la política regional y local priorice objetivos y acciones en los diferentes temas que impactan en nuestra vida ciudadana. Los iremos trabajando, a lo largo de las siguientes columnas ciudadanas.