En un contexto globalizado y desreglado, la competencia se amplía al mercado mundial. Todas las empresas independientemente de su tamaño, del producto que fabriquen, o del mercado en que comercialicen sus productos, sufren la competencia internacional.
Este hecho se convierte en un factor que condiciona la situación económica actual: Competitividad. Pero este concepto, positivo en principio, se desvirtúa y se utiliza como excusa para otros fines.
El término competitividad dada su falta de concreción, es entendido de forma diferente según el colectivo considerado.
Ser competitivos se ha convertido en una exigencia para todos. Tanto las empresas, como los estados e incluso los trabajadores han de ser competitivos para sobrevivir en un sistema marcado por la competencia.
Así, en el caso de los Estados, significa ser de interés para los capitales internacionales, para lo que han de tener estabilizadas las variables macroeconómicas. También han de contar con empresas exportadoras que sitúen al país en un buen nivel en el marco del comercio mundial.
Las empresas son las destinatarias especiales de la necesidad de ser competitivas. Estas han de convivir con un sinfín de competidores, siendo la mejora de la competitividad la única garantía de supervivencia.
• La mejora de la competitividad y la productividad
Muchos empresarios interpretan el aumento de la competitividad como la necesidad de reducir costes, y no en el sentido de incrementar la calidad y la especialización.
Por regla general, el primer paso que dan estos empresarios para disminuir costes es la reducción de la mano de obra o la disminución de los costes salariales. En aras de una mayor competitividad, los empresarios reclaman una mayor flexibilización del mercado de trabajo, manifestada a través del despido libre, así como de la disminución de las cargas sociales y la individualización de las relaciones laborales.
La necesidad de ser más competitivos ha generalizado la introducción de nuevas tecnologías y de nuevos métodos de gestión y organización del trabajo en algunos casos copiando miméticamente, sin ningún tipo de adaptación a su situación concreta, modelos exitosos en otros contextos o culturas (un buen ejemplo de ello son los modelos japoneses de organización basados en la calidad total.)
Por último, otras medidas adoptadas por las empresas son la diversificación de riesgos, ampliando la gama de productos fabricados, o las fusiones con otras entidades para alcanzar el tamaño más adecuado al mercado.
Todas estas acciones provocan cambios significativos en el tejido productivo y generan aumentos de los beneficios que, en la mayoría de los casos, no son reinvertidos.
Los trabajadores no pueden permanecer ajenos a este proceso de incremento de la competitividad. Cualquiera de las medidas antes citadas que adopten las empresas tiene unas repercusiones claras sobre los trabajadores. Se les exige adaptarse lo más rápidamente posible a los cambios, en el convencimiento de que únicamente se mantendrán en el mercado los que dispongan de una mayor calificación.
• Productividad, competitividad y el fenómeno de la deslocalizacion
Es importante destacar que este fenómeno no es nuevo. Es inherente a cualquier economía industrializada y se mueve en términos de competencia internacional, y existen por tanto precedentes de iniciativas de este tipo por parte de empresas multinacionales que se viene produciendo desde hace varias décadas.
Por otra parte hay que decir también que las deslocalizaciones que se han producido en países como Alemania, Francia, Bélgica y Holanda están directamente relacionadas con los avances de la globalización financiera y comercial; y con la entrada de nuevos actores en el escenario económico internacional que compiten para ganar nuevos mercados.
Lo que está ocurriendo es que el proceso de globalización económica y la liberalización del comercio mundial, ha supuesto un aumento de la presión competitiva de aquellos países caracterizados por unos marcos regulatorios de relaciones laborales y de protección social débiles; provocando, bajo el argumento de la mejora de la productividad y la competitividad, el surgimiento de actuaciones, bien privadas o públicas, que han dado como resultado un recorte de derechos laborales y sociales. Y ésta es una corriente de actuación que, desde el mundo de las organizaciones sindicales, lógicamente, preocupa.
En los últimos tiempos se han producido en algunos países de la Unión Europea, distintos procesos de deslocalización productiva, que han dado como resultado un recorte de derechos laborales y sociales.
Así, por un lado, en los últimos meses nos hemos podido encontrar con que algunos grupos empresariales emblemáticos, bajo la justificación de mejorar la productividad de sus plantas productivas y manteniendo estrategias competitivas vía costes, están presionando muy a la baja en el ámbito de la negociación colectiva, proponiendo distintos modelos de flexibilización de la jornada laboral, como la prolongación de ésta sin contraprestación salarial o, en sentido opuesto la reducción de la jornada por debajo de las 35 horas semanales con la correspondiente reducción del salario.
Y por otro lado, también nos hemos encontrado con que algunos gobiernos europeos promueven reformas de calado en los sistemas de relaciones laborales y de protección social, que suponen importantes recortes al estado de bienestar alcanzado en países como Alemania, Francia y Holanda (en Alemania la fusión de los subsidios de desempleo y la ayuda social en un único subsidio público; en Francia la derogación de la Ley de 35 horas para las pequeñas y medianas empresas; en Holanda traspaso de competencias del gobierno central a los municipios en materia de prestaciones sociales ).
La realidad no es otra que actualmente con la ampliación de la Unión Europea, los efectos de las deslocalizaciones productivas, tanto económicos como sociales, se hacen más relevantes que hace unos años y son más preocupantes, en cuanto se conjugan toda una serie de circunstancias que alientan la reasignación geográfica de la inversión extranjera.
Esas circunstancias son: mejor desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación –TIC-; de las infraestructuras del transporte, mejora de la calificación profesional, ventajas del desarrollo tecnológico; al que se le suman otros factores como menores costes laborales y mejores costes de producción, en cuanto a energía y materias primas.
Sin menospreciar y reconociendo las nuevas oportunidades que esta quinta ampliación de la Unión Europea presenta para la economía europea y en concreto para la española, no hay que olvidar que dicha ampliación tiene y tendrá efectos sobre el flujo de inversión extranjera, con riesgo de desviación de inversiones, o lo que es lo mismo desinversiones y deslocalizaciones; y ello traerá los consiguientes riesgos sobre el mercado laboral, en concreto sobre el empleo.
Unas deslocalizaciones que han sido y podrán ser parciales (las empresas sacan fuera de nuestras fronteras sólo parte de su producción), y por tanto compatibles con el mantenimiento o crecimiento del empleo y de la actividad económica, siempre que exista la posibilidad de empleo alternativo a través de las nuevas actividades que la empresa pueda desarrollar y otras que consisten o consistirán en el cierre total de las plantas de producción y traslado de éstas fuera de nuestras fronteras (a países menos desarrollados, pero con menores costes laborales y exigencias sociales, así como un movimiento sindical menos organizado y con menor capacidad de reivindicación) que es precisamente el rumbo por el que parece que amenazan la mayoría de las empresas que optan por la desinversión.