Las reglas de juego que son inadecuadamente construidas y que no desarrollan con claridad la relación que existe entre la acción política y su resultado, tienen serias consecuencias institucionales, aunque estas sean poco visibles. Es lo que está ocurriendo en relación a las llamadas nuevas elecciones municipales de este domingo 24.
La gran mayoría de electores no sabe para qué son estas elecciones y lo que pueden conocer en estos días no es suficiente como para que el acto de votar sea un incentivo y no un malestar. Lo que poco se sabe –y menos se relaciona– es que esta elección es consecuencia del resultado de nuestra votación del 17 de marzo. Es que las reglas de juego de las revocatorias tenían consecuencias, y volver a votar era una de ellas. Pero hay más.
Como se recordará, un grupo de promotores consiguió las firmas necesarias para solicitar la revocatoria del mandato de la alcaldesa de Lima y todos sus regidores. Si bien tan solo ella tiene responsabilidad ejecutiva, los regidores únicamente tienen funciones fiscalizadoras y normativas. ¿Los electores pueden tener conocimiento e información suficiente para poder evaluar a los regidores de un municipio y así poder revocarlos? Claro que no. La gran mayoría no conoce ni siquiera el nombre de los de su distrito. Sin embargo, la solicitud de los promotores fue para todo el concejo municipal, incluyendo a los regidores de oposición. Esto tenía un propósito político claro, pero no ilegal. Revocar a la alcaldesa y la mayoría del concejo y así forzar a una nueva elección. Las reglas se los permitían. El electorado, las desconocía y menos aún las relacionaba.
De esta manera, la ley señala que si más de un tercio del concejo es revocado, se convoca a una elección para reemplazarlos, como ocurrirá este domingo 24 de noviembre. En otros países se revoca solo a la autoridad que tiene función ejecutiva y si eso sucede, la reemplaza la que sigue en el orden de su lista hasta finalizar el mandato. No hay una nueva elección.
El 17 de marzo, más allá de los colectivos sociales, los partidos políticos se polarizaron entre quienes apoyaban el Sí (Solidaridad Nacional, Apra, Fuerza Popular y Restauración Nacional) que querían revocar a todo el concejo y lograr una nueva elección y los que se oponían a la revocatoria (Fuerza Social, PPC, Somos Perú, Perú Posible, AP). El resultado, no revocar a la alcaldesa, pero sí a 22 regidores, no contentó a nadie. A los primeros porque se frustró la aspiración de ganar en una nueva elección la alcaldía y los segundos porque se forzó a una nueva elección.
Pero hubo otras consecuencias menos visibles. La alcaldesa perdió la mayoría absoluta del concejo, que ostentaba gracias al sistema electoral, por lo que asumieron regidores accesitarios para cubrir las plazas de los revocados, pero solo hasta que se elijan a los nuevos. De esta manera, el concejo pasa por tres etapas de composición. El primero que fue elegido en las elecciones municipales del 2010, el segundo que incluye a los accesitarios después de la revocatoria y el tercero que lo integrarán los elegidos este 24 de noviembre. Es decir, tres distintas composiciones de un concejo municipal, en cuatro años de período de mandato de sus autoridades. ¿Esto lo sabía el electorado? ¿Estaba en condiciones de saber valorar sus consecuencias con reglas tan complejas y poco claras incluso para el público atento?
La inestabilidad perjudica a cualquier institución, más si está acompañada de la irresponsabilidad política. Los partidos y promotores de la revocatoria sí conocían de estas reglas de juego y sus consecuencias. Si bien utilizaron legítimamente un derecho que les asiste por ley, también es cierto que al asumir una postura ante la revocatoria tenían la responsabilidad de asumir las consecuencias de la misma.
Pero, en la medida en que no fue revocada la alcaldesa, se desentendieron irresponsablemente del tema y no participarán ni les interesa más allá de aplaudir el fracaso de una gestión municipal. Solo participan en esta elección siete listas que corresponden a los partidos que tienen representación en el concejo provincial de Lima.
El escenario que se presenta es que ningún partido tendrá mayoría en el concejo, lo que obligaría a acuerdos de varios partidos, sobre todo entre la alcaldesa y el PPC, quien es la organización con mayor probabilidad de ser la primera mayoría relativa.
Este diseño de reglas de juego, no ayuda al municipio, sino lo debilita. Lo han padecido, a nombre del derecho de participación, cientos de municipios en el país. Por eso se hace necesario que el Congreso modifique la norma, sobre la base del proyecto de ley presentado por lo organismos electorales. De lo contrario, seguiremos lamentándonos de ir a votar, sin saber por qué (La República, jueves 21 de noviembre 2013).
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