Lo que empieza mal puede terminar mal. El JNE se ha metido en un problema que compromete las próximas elecciones regionales y municipales, particularmente las de Lima.
El caso de Rafael López Aliaga muestra el problema. Primero, el JNE consideró que no podía postular como primer regidor porque había sido elegido senador. Luego dejó sin efecto esa decisión y lo habilitó. Era claro que su candidatura como primer regidor, era una salida formal para volver a la alcaldía si su lista ganaba, después de que renunciara el candidato a alcalde.
En 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, se reformó -inadecuadamente- la Constitución para prohibir la reelección inmediata de gobernadores y alcaldes. En 2018 y 2022, algunos alcaldes buscaron continuar en el poder postulando a otros cargos o colocando a familiares. Ahora la fórmula se ha extendido y pervertido.
Más de 130 alcaldes elegidos en 2022 postulan como primeros regidores. La expectativa es que, si su lista gana y el candidato a alcalde renuncia, ellos puedan volver a la alcaldía. Incluso, algunos han renunciado antes de completar la operación.
El problema se agrava cuando esos candidatos aparecen en propaganda como si fueran candidatos a alcalde, pese a no serlo. El JNE debe fiscalizar la legalidad del proceso y no puede dejar que una candidatura confunda al elector sobre quién puede ejercer el cargo. Tampoco ayuda la controversia sobre quién debe participar en los debates.
El punto decisivo llegará después de la elección. El artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes. Si un alcalde -que triunfó en el 2022- gana como primer regidor, no puede recibir la credencial de alcalde por esa vía. La sucesión no puede convertirse en un mecanismo para eludir una prohibición constitucional.
Aquí aparece el problema político. Quienes hayan hecho campaña como si fueran candidatos a alcalde podrán sostener que el voto popular los ungió y presionar para que se desconozca la prohibición. El otro camino sería entregarles la credencial violando la Constitución y abriendo una puerta para que alcaldes y gobernadores -incluso presidentes- busquen repetir la fórmula. Lo que hoy son más de 130 casos podría multiplicarse.
La responsabilidad es de los políticos que buscan bordear la ley, pero también del JNE por no haber fijado antes una posición clara. Una autoridad electoral no solo resuelve casos. También fija criterios que ordenan el comportamiento de partidos y candidatos -sancionar, por ejemplo, agresiones verbales y amenazas- de manera clara y firme. Eso es lo que ha faltado. Y esa omisión tendrá consecuencias. Lima ya tiene demasiados problemas y no necesita agregarle incertidumbre sobre quién puede gobernarla (Perú21, lunes 21 de setiembre del 2026).