La pregunta no es si Keiko Fujimori quiere ejercer el poder. Sería ingenuo dudarlo. Creció en Palacio de Gobierno, fue primera dama siendo muy joven y ha dedicado más de dos décadas a un solo objetivo: llegar a la Presidencia. La pregunta relevante es otra: ¿hasta dónde podrá ejercerlo?
No es una discusión menor. Alberto Fujimori llegó democráticamente al poder, cerró el Congreso, instauró un régimen autoritario y terminó dejando un legado de corrupción, violaciones de derechos humanos y su propia fuga. Esa experiencia forma parte de la historia del fujimorismo y acompaña inevitablemente al nuevo gobierno. Ignorarla sería tan equivocado como suponer que la historia habrá de repetirse.
Durante la última década el fujimorismo contribuyó decisivamente a modificar el equilibrio entre los poderes del Estado. Desde el Congreso redujo progresivamente la capacidad del Ejecutivo y amplió la del Parlamento. Al mismo tiempo, extendió su influencia sobre instituciones llamadas precisamente a ejercer controles, como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y el Ministerio Público. Lo señalé en una columna reciente: es el búmeran político. Quien más hizo por limitar el poder presidencial es quien hoy llega a ejercerlo.
Pero una cosa es querer y otra poder. Alberto Fujimori pudo concentrar el poder porque coincidieron voluntad política y circunstancias excepcionales: un país devastado por la hiperinflación, una violencia terrorista galopante y un respaldo ciudadano que le permitió adoptar decisiones que terminaron destruyendo la democracia. Ese Perú ya no existe.
Keiko Fujimori llega con mayores recursos institucionales, pero con mucha menor legitimidad política. Ganó recién en su cuarto intento y gobierna un país que sigue dividido respecto del fujimorismo. Además, aunque el oficialismo tenga como núcleo a Fuerza Popular y Renovación Popular, no dispone por sí solo de una mayoría suficiente para controlar con comodidad el Congreso bicameral. Necesitará construir acuerdos con otras bancadas y, probablemente, con parlamentarios individuales. No porque esa sea una virtud de nuestra política, sino porque sin esos acuerdos no habrá gobernabilidad.
Ahí reside la principal diferencia con los años noventa. Alberto Fujimori cerró un Congreso adverso mediante un golpe de Estado que contó con un amplio respaldo social. Keiko Fujimori puede compartir parte de la concepción del poder heredada de esa experiencia. Lo que no comparte son las condiciones que la hicieron posible. Hoy existen una oposición parlamentaria significativa, una sociedad mucho más vigilante, una memoria democrática que no puede ignorarse y un contexto político que obliga a negociar antes que imponer.
El verdadero desafío de Keiko Fujimori no será demostrar que quiere el poder. Eso nunca estuvo en duda. Será comprobar si acepta los límites que impone una democracia o si intenta removerlos. Allí empezará realmente la historia de su gobierno (Perú21, lunes 20 de julio del 2026).