Expediente :—————–
Cuaderno : Cautelar
Escrito : 02
Sumilla : Interpone Recurso de Apelación.
SEÑOR PRESIDENTE DE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en uso de las facultades de representación conferidas por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; en los seguidos por la empresa xxxxxxxxxxxxxxx sobre Demanda Contencioso Administrativa, ante Usted, con el debido respeto nos presentamos y decimos:
Que, el día 10 de setiembre de este año hemos sido notificados con
En tal sentido, en uso de las facultades delegadas, al amparo del segundo párrafo del artículo 637 del Código Procesal Civil, a nombre de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que actúa en representación de la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, debido a que no estamos de acuerdo con
Mediante este medio impugnatorio solicitamos que el Superior Jerárquico REVOQUE
DE LOS FUNDAMENTOS DE
Se señala (en el primer considerando) que para conceder la medida cautelar deben concurrirafecte en lo menos posible los intereses del sujeto sobre el cual recae.
En ese sentido, se señala que:
- En cuanto a la verosimilitud del derecho invocado, se tiene que
- En cuanto al peligro en la demora, se sostiene que se encontraría acreditado frente al inminente riesgo que supone la cobranza de las acotaciones efectuadas por xxxxxxxxxxx, que pondrían en riesgo el patrimonio de la empresa peticionante.
- Con relación a la contracautela, se señala que se acepta
Como se aprecia, no se ha señalado nada respecto del requisito de adecuación cuya acreditación resulta indispensable para la concesión de la medida cautelar dentro del ámbito del proceso contencioso administrativo.
FUNDAMENTOS DE
La peticionante indica que solicita medida cautelar a fin de que se ordene:
a) La suspensión de los efectos de
b) El cese de cualquier acto que tenga por objeto proceder a la ejecución coactiva de la referida RTF.
Como sustento del pedido cautelar se ha indicado (página 4 del escrito) que en el presente caso resulta impostergable que vuestra Sala nos conceda la providencia cautelar solicitada, toda vez que de no ser así, se procederá a dar inicio a un procedimiento coactivo para el cobro de actos administrativos (…).
“Adicional a lo antes expuesto [se señala], es importante que vuestra Sala aprecie que la concesión de la medida cautelar a nuestra empresa no causaría ningún riesgo o perjuicio trascendental a la entidad tributaria, y por el contrario sí causaría un enorme impacto y perjuicio en xxxxxxxxx. Nos explicamos: Efectivamente [señala la peticionante], en caso nos conceda
Con relación al sustento del peligro en la demora, la demandante ha señalado que la entidad tributaria procederá al cobro de considerables sumas de dinero (…). Adicionalmente, ha señalado que de no concederse la medida cautelar se pondrá en inminente riesgo el patrimonio de la empresa, dada la magnitud del monto al que ascienden los tributos y multas pendientes de cobro.
DE
Como se aprecia,
Con relación a la motivación de las resoluciones judiciales
q Exp. N° 1291-2000-AA/TC Lima, seguido por Asociación Real Club de Lima. En este proceso, el Tribunal Constitucional ha señalado que “…el derecho al debido proceso incluye dentro de su contenido el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, en cualquier clase de procesos”. (el resaltado es nuestro). “La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en los términos del inciso 5) del artículo 139° de
q Exp. N° 2244-2004-AA/TC Lima, seguido por José Guillermo Ercilla Sánchez. En el Voto Singular del Magistrado Bardelli Lartirigoyen se señala lo siguiente:
“…Mientras que
Respecto al tema de la motivación de las Sentencias (aplicable a los autos por expreso mandato del segundo párrafo del artículo 122° del Código Procesal Civil),
q Cas. Nro. 2890-99/Lima, publicada en El Peruano el 07.JUL.2000. Es un principio garantista recogido por nuestra Constitución que el Juez motive sus resoluciones, pues ello permitirá a las partes conocer las razones de su decisión; verificar que la misma responda a una determinada interpretación y aplicación del derecho a los hechos estimados y que se pueda impugnar la misma. (el resaltado es nuestro).
q Cas. Nro. 1199-97/Lima, publicada en El Peruano el 04.ABR.1998. En virtud de este principio [motivación de resoluciones judiciales], el Juzgador debe exponer las consideraciones que fundamentan la subsunción de los hechos en los supuestos hipotéticos de las normas jurídicas que fueron aplicadas, DANDO LUGAR A
q Cas. Nro. 1058-98, publicada en El Peruano el 25.NOV.1998. Respecto a la falta de motivación, ha precisado
q Cas. N° 1814-2001/Huánuco. Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01.ABR.2002
q Cas. N° 1071-2000/Lambayeque, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02.ENE.2001.la Sala de revisión ha fundamentado su decisión de desestimar la demanda señalando que la empresa demandada cumplió con reintegrar el total de sus aportes al padre del actor y además cumplió con pagarle por concepto de reserva de cooperativa; sin embargo, PARA FUNDAMENTAR ESA DECISIÓN NO HA HECHO REFERENCIA A ALGÚN MEDIO PROBATORIO QUE ACREDITE ESA SITUACIÓN FÁCTICA, solamente ha cumplido con señalar de manera genérica que cumplió con reintegrar los pagos por concepto de aportaciones y reserva cooperativa. Tercero.- Que ESA MANERA DE FUNDAMENTAR LAS RESOLUCIONES JUDICIALES ENCIERRA UNA MOTIVACIÓN APARENTEla Constitución Política del Perú y ciento veintidós, inciso tercero del Código Procesal Civil.” (el resaltado es nuestro).
Como vemos, constituye un deber de los Magistrados y una garantía de los justiciables que las resoluciones judiciales (autos y sentencias) se encuentren debidamente motivados.
En el presente caso, se ha demostrado en forma palmaria que
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SOSTENEMOS QUE Como sabemos, el artículo 36 de
Como ya vimos, la peticionante ha señalado clara y concretamente que necesita que se dicte medida cautelar a fin de evitar que la xxxxxxxxxxxxx proceda a cobrarle coactivamente los tributos calculados; sin embargo, no ha reparado en lo siguiente:
En
Ahora bien, en “Que A= (Cx100)/K A es el porcentaje de ajuste por declaración. C es el monto de las regalías pagadas por la venta de productos importados anualmente y; K es el valor FOB declarado correspondiente a productos importados durante el mismo año. Que ello implica considerar que todas las mercancías importadas en un determinado año se vendieron el mismo año, lo que no necesariamente sucede en la realidad, por lo que corresponde que en vía de ejecución de la presente resolución, Que adicionalmente, Como se puede advertir, la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no pretende cobrar los tributos ni las multas impuestas, debido a que el Tribunal Fiscal ha mandado recalcularlos. Lo único que ha hecho es solicitar mayor información a fin de cumplir lo señalado por el Tribunal Fiscal. Por tal razón, consideramos que la presente medida cautelar debe ser declarada improcedente habida cuenta que –conforme lo hemos demostrado- no existe el peligro en la demora que ha esgrimido la demandante y mucho menos se ha tomado en cuenta que el principal perjuicio que ha alegado (de índole exclusivamente patrimonial) en la actualidad no existe. Tampoco se cumple el requisito de adecuación, pues se impide continuar con la fiscalización que ha venido realizando SUNAT, sin que se haya probado perjuicio.
Por tanto: Sírvase usted, señor Presidente, tener por interpuesto el presente recurso de apelación y concedernos la alzada a fin de que el superior jerárquico revoque la medida cautelar concedida (por falta de los requisitos legales) o, en su defecto, declare la nulidad de la resolución cautelar concedida por falta de motivación.
PRIMER OTROSÍ DECIMOS: Que, no adjuntamos tasa judicial por la interposición del presente recurso impugnativo por expreso mandato del artículo 47° de SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS: Que, a fin de facilitar la labor del Superior Jerárquico, adjuntamos lo siguiente:
Lima, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La Teoría de
10 febrero, 2016 at 1:20 pm
Estimado amigo, buenos tardes
mi padre el sr. Mario Dipas Rodriguez actualmente tiene pendiente por interponer un Recurso de Apelación por la via Administrativa ante la ONP, a raiz que le denegarón su pensión por observaciones que a nuestro parecer son irrelevantes y carentes de criterio, algunas son estas.
-inicialmente para su tramite de pension se presento una copia fotostatica del certificado de trabajo. y en la Resolucion la califican de Irregular, cuando no le han solicitado a mi padre El Original de este documento para su Peritaje Grafotecnico.
— En aquella epoca solo existia el IPSS que era la unica encargada de la Admnistración de los asegurados, no existia ONP y ESSAlUD y el aseguramiento era inmediato luego de probar su vinculo laboral. sin embargo las evidencias del IPSS, la consideran poco suficientes,
– los Nros telefonicos que constan en el certificado de trabajo que la observaron, son los que corresponden al empleador, solo que en aquella epoca cuando recabo mi padre su certificado la cambiaron con un digitos mas, debido a la concesión de telefonia. sin embargo la califican de de “Apocrifo” .
Como le doy forma a todo esto con algunas normas legales que la amparen para presentarlas en en los proximos 15 dias de plazo.
5 mayo, 2016 at 8:04 pm
Buenas noches Miller, tal vez esto te pueda ayudar:
Los Principios del Procedimiento Administrativo están recogidos por el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
Un acto jurídico es aquella manifestación de voluntad que, cumpliendo las formalidades y requisitos de ley, crea, regula o extingue relaciones jurídicas
entre las personas.
En el Derecho administrativo, el acto administrativo es aquella manifestación de voluntad de la Administración Pública, ejercida por un funcionario u órgano con competencia, que crea, regula o extingue relaciones jurídicas entre la Administración y los administrados o entre administrados.
Principio de legalidad
Según el principio de legalidad, las entidades de la Administración Pública están obligadas a cumplir con sus funciones en estricto cumplimiento de la Constitución, la ley y al derecho, siempre dentro de los parámetros de las facultades que le han sido atribuidas y según los objetivos para los que les fueron otorgadas.
Como vemos, el sentido del principio de legalidad es que los funcionarios públicos procedan de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al procedimiento o actuación que estén desarrollando. Asimismo, este principio implica que las entidades administrativas tienen un marco legal dentro del cual pueden desenvolverse, estando impedidas de actuar fuera de los límites de sus facultades o utilizarlas para propósitos indebidos.
4.2. Principio del debido procedimiento
Este principio, derivado del principio del Derecho procesal al debido proceso judicial, implica que los administrados deben gozar de todos los derechos y garantías que corresponden al interior de un procedimiento administrativo conducido conforme a ley, lo que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.
La finalidad de este principio es la de establecer algunas garantías mínimas que deben presentarse en todo procedimiento administrativo, de tal manera que si alguna de ellas faltara, el procedimiento incurriría en una situación de ilegalidad que incluso puede acarrear su nulidad.
Así, la Ley señala tres aspectos fundamentales de este principio. El primero de ellos está referido al derecho de los administrados a exponer su posición y sus fundamentos. Esto es, que no le impida al administrado la presentación de sus solicitudes, contestaciones, descargos, recursos, etc., así como que tampoco se le niegue el uso de la palabra cuando ello corresponda.
El segundo aspecto de este principio es el referido al ofrecimiento de medios de prueba, lo que implica que el administrado tiene derecho a presentar, solicitar y a que se actúen los medios de prueba necesarios para sustentar su solicitud o recurso.
6 noviembre, 2022 at 9:06 am
Gracias por el aporte jurídico, el que debe haber sido guía para muchos abogados en su diario trajinar.
2 agosto, 2023 at 3:51 pm
Los organos jurusdiccionales contencioso administrativo se apoyan en el Art. 12 de la ley del contencioso adm para deshacerse de la demanda y derivan los escritos a otros sistemas, como el laboral por ejemplo.
20 noviembre, 2023 at 9:46 am
Buenos días, es cierto, sin embargo, debemos recordar que la remisión de oficio, se basa en la incompetencia del Juez, respecto a las actuaciones impugnables, en todo caso esa incomptencia se puede cuestionar si no se encuentra sustentada.
En todo caso, si requiere asesoría respecto a su problema, por favor comunicarse al 927772284 para agendar una cita.
Saludos,