Pedro Alva Mariñas*

Una carretera asalfaltada que se desprende de la vieja Panamericana entre Jayanca y Motupe, nos conduce directamente al histórico pueblo de Salas, capital del distrito del mismo nombre y en cuyo territorio se desenvuelven tres comunidades campesinas: la Comunidad Campesina San Francisco de Asís de Salas (ocupa la parte mas baja del distrito), la Comunidad Campesina San Mateo de Penachí y la Comunidad Campesina San Pedro de Alcántara de Colaya que ocupan las partes media y alta del distrito.

Como suele ocurrir con muchos pueblos de Lambayeque, Salas es muy poco conocido y casi invisibilizado a pesar de su bien ganada fama de “Tierra de Curanderos”. Pero si ello pasa con el pueblo de Salas, es mayor la invisibilización de la Comunidad Campesina San Francisco de Asís de Salas que son, junto con la Municipalidad Distrital de Salas las dos instituciones más representativas del pueblo de Salas.

La Comunidad Campesina de Salas es una organización ancestral emparentada con los pueblos de Penachí, Cañaris e Incahuasi que en algún tiempo compartieron una misma matriz de pueblos andinos quechua hablantes y que en algún tiempo estuvieron gobernados por caciques como Don Sebastián Callaypoma y de cuya existencia diéramos cuenta hacen ya varios años (1).

Son dos los hechos “recientes” que más impacto tuvieron en la Comunidad de Salas: su reconocimiento oficial y la titulación oficial de su territorio. El primero fue la obtención de su reconocimiento oficial como Comunidad Indígena y le reconoció personería jurídica mediante una Resolución Suprema fechada el 29 de septiembre de 1943, con la expedición de este documento se cerraba un largo trámite cuya historia está aún por escribirse; pero se cerraba también todo un periodo de exclusión legal de casi 120 años y que se inició con la naciente República (1824). La titulación – digamos republicana – del territorio comunal se obtuvo el 27 de Agosto de 1990 gracias a la conjunción de una serie de factores que tuvieron que ver con la expedición de una norma específica (Ley 24657), a la existencia de una instancia organizativa de las comunidades campesinas como la Fedeccal y al hecho de contar con una instancia como la Oficina de Asesoría Rural de Inder especializada en temas de comunidades.

Sobre un territorio de 39,526 Has. La Comunidad Campesina de Salas tiene pendientes por lo menos tres grupos de problemas que mantiene a los comuneros y a sus directivos muy preocupados:

1.  La resolución del área de controversia que se mantiene con la Comunidad Campesina San Julian de Motupe y sobre lo cual es recomendable seguir el procedimiento de conciliación establecido por la Ley 24657, la otra opción sería la vida judicial.
2. Definir con claridad el área que la Municipalidad Distrital de Salas debiera tener en condición de ámbito urbano e incluso de “expansión urbana”, lo que no necesariamente significa la pérdida del derecho de propiedad por parte de la Comunidad. Conocemos que en la titulación se desglosa de la propiedad comunal una extensión total de 79 Has. Y se conoce que con posterioridad se han hecho cesiones adicionales que tienen que regularizarse vía un tratamiento formal. Pero lo que no puede hacer la Municipalidad de Salas es pretender derechos de propiedad de facto.
3. La resolución de problemas territoriales que mantiene con terceros y que requiere del “diagnóstico de situación” para que la asamblea de comuneros defina la politica y la estrategia a seguir frente a cada caso.

Obviamente la Comunidad Campesina de Salas afronta mucho más problemas que en cierta forma “son los de siempre”; pero agudizados por las políticas de corte neoliberal corporativo promovidas por los últimos gobernantes y que alimentan procesos de usurpación y confiscación de territorios comunales que son blindados por sistemas de corrupción de cuya magnitud apenas nos estamos enterando.

Por ello nos parece saludable que los comuneros de Salas, en la asamblea a la que nos invitaron (30/11/2014) acordaran elegir una Comisión para la Actualización del Estatuto Comunal, elegir una Comisión para el Reempadronamiento General de Comuneros y autorizar a su directiva para acciones de defensa de su territorio comunal. Esperamos que a estos acuerdos les sigan otros, con sus respectivas acciones, que lleguen a los resultados esperados y que permitan a esta Comunidad desarrollar sus potencialidades y enfrentar con mayores probabilidades de éxito los desafíos que tiene por delante.

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NOTAS

1. Sobre el curacazgo andino de Lambayeque escribimos una ponencia titulada “Sobre el Curacazgo Andino de Lambayeque” año 2000) en la que sustentamos la existencia del mismo en base a los títulos coloniales de tres comunidades campesinas. Sobre este curacazgo, al que perteneció por largo tiempo el común y pueblo de Salas, hemos proporcionado información actualizada en el estudio “los cañaris de  Lambayeque. Sus Títulos Coloniales”, publicado en la Revista Avances Nº 6 del Instituto de Desarrollo Regional – INDER (Chiclayo, Julio, 2003)

2. La titulación oficial y reciente de la Comunidad Campesina San Francisco de Asís de Salas data del mes de Agosto de 1990. Su área total reconocida es de 39,526 has., aparte de ellas se reconocieron 2420 Hás. En controversia con la Comunidad Campesina San Julián de Motupe, se identifican también 30.6 Has. Procesadas por Reforma Agraria y se reconocen 79 Has. Como área urbana. Pero aparece también un área impugnada de 2946.37 Has. Estos datos figuran en el Plano de Conjunto de la Comunidad cuya copia se encuentra en el archivo de Inder. 

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Pedro Alva Mariñas

Instituto de Desarrollo Regional – INDER

Oh!, Tierra querida, enjambre de ensueños,

qué dicha tan grande en tu suelo vivir;

sentir tu cariño, tratar con tu gente,

y todos unidos hacerte surgir.

(Himno a Chongoyape. José Silva Tirado)

Luego de la juramentación los integrantes del Comité mostraron rápidamente su valía y sus pergaminos, no eran, ni mucho menos improvisados en estas lides. El presidente, Pedro Dávila Castillo, había sido un curtido sindicalista de Pucalá que sabía de estas luchas y de manejo de asambleas y que en los últimos meses estaba litigando contra las pretensiones terratenientes de Genaro Vera Roalcaba (el amigo de todos los políticos), el Secretario Izael Zapata García, había sido regidor de la municipalidad local y ahora, convertido en un emprendedor, sabía de negociaciones y de afrontar situaciones de clientes difíciles. Pero el vocal, Dociteo Tafur Díaz,  no se quedaba atrás porque su nombre – Dociteo – no procede de dócil, sino todo lo contrario, pues se había enfrentado a los difíciles caminos carrozables de nuestra serranía como  transportista de personas y mercancías y ya convertido en líder de una Junta de Administración Local, había puesto varios “paralés” a invasores y traficantes de tierras en uno de los sectores más conflictivos de su Comunidad. Sin quizás saberlo, sin proponérselo los comuneros habían elegido un Comité Electoral adecuado a las circunstancias.

Los litigios judiciales generados por elecciones comunales no era una novedad en el caso de la Comunidad Campesina Muchik “Santa Catalina” de Chongoyape, pero sí la intensidad de la misma y el hecho que en poco tiempo la comunidad contara con tres presidentes, uno que terminaba su mandato y dos elegidos en procesos electorales cuestionados por los opositores y que no lograron inscribirse en Sunarp. Como parte de esta trifulca el Presidente cesante, Segundo Culqui entabló un proceso por “violación de domicilio, contra la propiedad privada en la forma de asociación ilícita y por usurpación de funciones” en contra de varios comuneros, entre los que se encontraba el Sr. Lázaro Rodas Morales, último presidente electo de la Comunidad y que había liderado el ingreso forzado al local comunal (Septiembre 2013). El imputado Lázaro Rodas contesta que no ejerció violencia y más bien estaba ejerciendo acciones propias de su cargo ya que había sido elegido presidente de la Comunidad en elecciones del 23/06/2013 y que el presidente Culqui se negó a reconocer esa elección a pesar que contó con “participación de autoridades judiciales, políticas, PNP y comuneros”. Además presenta una contradenuncia que, sumada a la que realizó Porfirio Torres – el primer presidente reemplazante de Culqui—nos encontramos con una danza de citaciones, alegatos, presentación de pruebas en las fiscalías y en los juzgados con los consiguientes impactos en el tiempo, la economía y la convivencia de los comuneros.

Además de los juicios – que tienen un enorme peso en la subjetividad del poblador rural – se tenían muchos componentes de un verdadero problema sin solución a la vista: la comunidad contaba con tres padrones de comuneros elaborados en menos de un año: el primero contaba con 350 empadronados, elaborado por una comisión presidida por Hermenegildo Torres que sirvió de base para la elección de Porfirio Torres, el segundo fue realizado por un Comisión presidida por Juan Carrasco  y que contó con 686 comuneros (en el padrón faltan 29 folios) y el tercer padrón con 828 comuneros y cuya comisión fue presidida por Marco Castillo Díaz. Frente a una situación así el Comité Electoral tomó en cuenta los tres padrones para confeccionar un “Padrón Electoral 2014” que luego de ser prepublicado y de absolver las tachas y sugerencias terminó por cerrarse con 906 comunero hábiles para votar. Tal decisión, a pesar de ser inclusiva, no satisfizo a ciertos sectores de poder que llegaron a contratar un espacio radial y a un periodista de Chiclayo para desatar una de las campañas más infames contra un proceso democrático en Chongoyape.

 Sólo los más optimistas – entre ellos Leonardo Reyes de Fedeccal y Pedro Alva Mariñas de Inder – pudieron prever la avalancha de votantes que llegaron a 684 comuneros y que repartieron su voto en favor de los cuatro candidatos que se presentaron a las elecciones: Lázaro Rodas Morales de la Lista Verde recibió 238 votos, siendo el ganador; Edivar Carrasco Vásquez de la Lista Azul fue favorecido con 174 votos; Segundo Culqui Mendoza de la Lista Amarilla contó con 137 adherentes; y David Zapata García de la Lista Rosa acumuló 98 adherentes. Se contaron también 8 votos en blanco y 29 votos nulos. Las actas de mesa de sufragio no tuvieron votos impugnados y los personeros de las Listas también estamparon sus firmas en señal de conformidad con los resultados. Esto no quiere decir que los perdedores y los opositores al proceso electoral hayan quedado satisfechos y sin iniciativas.

Terminaba el acto electoral al anochecer del 27 de Abril y se aprovechó los últimos rayos de luz para firmar  las actas y para proclamar a la nueva directiva de la Comunidad Campesina Muchik “Santa Catalina” de Chongoyape que regirá los destinos de esta Comunidad desde el 27 de Abril del 2014 hasta el 31 de Diciembre de 2015. Ya en plena oscuridad hicieron uso de la palabra los integrantes del Comité Electoral, el presidente de Fedeccal, el representante de Inder, el Juez de Paz de Chongoyape y, lógicamente Lázaro Rodas Morales como el flamante Presidente de la Comunidad. Sólo una larga fila de mototaxis, manejados por jóvenes comuneros, se desplazaron de Tierras Blancas a Chongoyape para anunciar, a bocinazo limpio, que la prestigiosa Comunidad ya contaba con una nueva directiva y que se recobraba las esperanzas para casi un millar de comuneros.

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*Pedro Alva Mariñas trabaja en la Oficina de Asesoría Rural de INDER.

Correo: a20055372@pucp.edu.pe

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Pedro Alva Mariñas

Después tuvo ese accidente fatal.

Me llamó a su lado, cogió fuerte mis manos y dijo:

“No tengas pena, la muerte no es para siempre”

Max Dextre

La Comunidad Campesina de Jayanca y la Comunidad Campesina de Reque epitomizan lo dañino que pueden ser para la institucionalidad de las comunidades la existencia de grupos de interés, entronizados en las directivas comunales, y dispuestos a enriquecerse con el tráfico de tierras comunales y de sus recursos naturales. Esta nota es un primer acercamiento al caso de Jayanca en el que se comprueba que si no fortalecemos la institucionalidad rural, casos como este seguirán impunes y marcarán la pauta para otras comunidades¹

Era digno de ver los entusiasmos iniciales de los integrantes de la Comunidad Campesina Virgen Purísima Concepción de Jayanca reconocida el 26 junio de 1987, conformada en base a grupos campesinos sin tierras² interesados en la adjudicación de parte de las tierras de la Hacienda La Viña que quedaron libres luego de la adjudicación de parte de ellas a los trabajadores de dicha hacienda. Ese entusiasmo contagió a otras comunidades que terminaron dando a dicha Comunidad un lugar preferente en la primera directiva de Fedeccal (31/01/1988)

 Las 8160 Hás.³ Adjudicadas a la Comunidad de Jayanca no pudieron ser ocupadas por los comuneros debido a que carecían de agua, resultó muy difícil asignar lotes individuales en un terreno no demarcado, a la necesidad de construir accesos y levantar los planos catastrales; luego vendrían otros pretextos para dilatar, hasta el cansancio, el señalamiento de parcelas a los comuneros titulares. Así pasaron meses y años, tiempo que fue aprovechado por el varias veces reelegido presidente de la Comunidad para iniciar un largo y escabroso proceso de tráfico de tierras que alcanzó ribetes de escándalo y que requirió que la directiva corrupta — dirigida por Luis Chozo Sandoval – tuviera que prolongar varias veces su mandato con la complicidad de varios actores, cuyos nombres están registrados en la documentación que obra en poder de  los comuneros.

Para facilitar el tráfico de tierras se procedió a la manipulación del padrón de comuneros que es clave para las asambleas y los procesos electorales, se realizó un proceso de estafa masiva a los crédulos compradores reclutados en las oficinas de Chiclayo, Jaén, Bagua, Chota, se fraguó documentos a diestra y siniestra “sorprendiendo” varias veces a conocidos notarios y a oficinas registrales y, más recientemente, se modificó el Estatuto de la Comunidad⁴ para hacer más legal  la mercantilización de las tierras en favor de comuneros recientes y de personas extrañas, reclutadas mediantes diversos medios, incluyendo las redes sociales⁵

Como se comprenderá una directiva de este calibre no puede tener ningún documento en regla – salvo el que le genera ingresos ilegales – y no nos sorprende que la Comunidad de Jayanca no tenga un padrón comunal y más bien tiene listados de comuneros, no cuenta con un Registro de Parcelas, las directivas se llevan todo el archivo comunal y la directiva de Chozo Sandoval sólo dejó un atado de problemas de grueso calibre que será muy difícil resolver en el poco tiempo. El último presidente, siguiendo el mal ejemplo, se niega a entregar la documentación oficial de la Comunidad, lo que ejemplifica el interés de no dejar huellas.

A pesar de todo lo que ha pasado y de todo lo que han sufrido (incluyendo vejaciones y agresiones personales) un grupo de comuneros, encabezados por Ambrocio Escobar Sandoval, Juan Vargas  Rojas (+), Manuel Benítez Sandoval, Joel Urbina Baigorrea, Evaristo Zeña, Toribio Cajusol Montalván, desarrollaron una tenaz oposición a este grupo de poder dentro de la Comunidad y salvo contadas ocasiones siempre perdieron por la excesiva confianza en los procesos judiciales que duraron años y que sentenciaron tardíamente o nunca a su favor. Se han acumulado centenares de papeles que dan cuenta que al interior de la comunidad existía una corriente interesada en enderezar el camino de su institución.

Ha sido esta corriente, unida a un grupo de comuneros asqueados de estas situaciones, que se pusieron de acuerdo para presionar por un cambio de dirección de esta Comunidad, se vincularon con Fedeccal y con la Oficina de Asesoría Rural de Inder. Esta presión logró que la asamblea general de comuneros (16/4/2014) eligiera el Comité Electoral encargado de dirigir el proceso electoral para renovar la actual directiva comunal que se mantuvo en el cargo por largos cinco años. Así los comuneros que optan por un cambio de dirección han empezado a escribir una historia diferente y como una muestra del cambio el nuevo padrón de electores contenía los nombres de 486 comuneros, contrastando con los 89 de las elecciones anteriores y el nuevo presidente de la Comunidad (Cristóbal Valera) fue elegido con 255 votos a favor, en contraste con los 49 votos del presidente saliente.

La posibilidad de cambios y la magnitud de los mismos depende de muchos factores, entre ellos, la capacidad de la directiva elegida de realizarlos y mantenerlos en el tiempo; pero también se hace necesario el concurso de muchos más actores, entre ellos la Sunarp, los notarios, el Poder Judicial, el Gobierno Regional de Lambayeque, los empresarios privados, los medios de comunicación y ni que hablar de la Fedeccal y de la sociedad civil regional.

NOTAS

1. No tenemos dudas en que esa conducta destructiva que estamos comentando están animadas y protegidas indirectamente por la política palaciega del “Perro del Hortelano”. No sería raro encontrar vinculaciones políticas entre los directivos comunales corruptos con algunos dirigentes políticos.
2. Las asociaciones de campesinos sin tierras que acordaron reconvertirse en la Comunidad Campesina Virgen Purísima Concepción de Jayanca fueron cuatro: Sanape – Pumpurrí – La Pava, Los Labradores, La Raya, Valle La Leche Parte Alta.
3. Título de Propiedad Nº 44462 de la Comunidad otorgada mediante resolución directoral Nº 197-89- AG/UAD. III-L.  de fecha 22 – 06- 89. Título inscrito en el registro de comunidades campesinas de la oficina de Registros Públicos el 26-10-89
4. El 8 de marzo 2007, la Sunarp hace constar la inscripción de la modificación del artículo 18º del Estatuto de la Comunidad, que queda redactado en estos términos: “las tierras de la Comunidad podrán ser enajenadas, vendidas y/o adjudicadas a comuneros y terceros. El presente artículo se adapta a la Ley Nº 26845 y al Decreto Supremo Nº 033- 99-AG.”
5. Una nota colgada en el blog “Comunidad Campesina VPC”, reza así “Se invita a empresas nacionales e internacional, organismos gubernamentales y otros que deseen invertir en agroindustria. Nuestra Comunidad Campesina Virgen Purísima Concepción cuenta con más de 8180 Hás. De terreno agrícola a los interesados que quieran invertir comunicarse con el presidente Irenio López Aguilar Código 074. Celular 978870366 o al 954832295 – Jayanca – Lambayeque – Perú” (http://comunidadcampesinavpc.blogspot.com)

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Pedro Alva Mariñas

La Ley General de Comunidades Campesinas (24656) establece, en su primera disposición transitoria, que “las comunidades campesinas elaborarán si propio Estatuto, que regirá su organización y funcionamiento, considerando sus particularidades, dentro del marco de la presente Ley y su Reglamento”. Cuando el estatuto es aprobado en asamblea general de comuneros se convierte en el más importante instrumento de gestión de una comunidad campesina. Por eso en nuestro regreso al mundo  de las comunidades campesinas estamos tomando nota que los  estatutos vigentes de las comunidades campesinas, en su versión original, datan de principios de los años noventa y ya el tiempo los está convirtiendo en documentos absoletos que necesitan ser actualizados.

Presentamos algunas de las consideraciones que sustentan la necesidad que las comunidades campesinas actualicen sus estatutos y que lo hagan siguiendo los procedimientos establecidos. Nos permitimos compartir algunas de estas consideraciones:

Se necesitan medidas más adecuadas para que las comunidades campesinas refuercen su rol de promotoras del desarrollo rural, como protagonistas en la lucha contra la pobreza, que se visibilice mejor su contribución en la lucha contra la inseguridad ciudadana y se las vea como los defensores del medio ambiente, la seguridad alimentaria y la economía familiar. Esto permitirá aparecer como instituciones que apuestan por el futuro, por la inclusión y por el desarrollo integral.

En la mayoría de los casos se necesita complementar las referencias al territorio comunal con una descripción de los principales hitos o linderos comunales, el listado de sus colindantes (si no fueran muchos) consignar el área titulada, las áreas en controversia y su correspondiente situación legal de tal manera que todos los comuneros tengan esta información básica.

Que en las dos últimas décadas se han formulado y aprobado nuevas políticas públicas relacionadas con programas sociales, con programas presupuestales, con espacios de participación y concertación y con normas de carácter internacional que tienen que ser contempladas en los estatutos de las comunidades campesinas. Igualmente debe aparecer la preocupación por la salud, por la educación, por los servicios básicos, por la igualdad de oportunidades, por el cumplimiento de los convenios internacionales y con otras instituciones públicas y privadas.

Que se fortalezca la institucionalidad comunal y los derechos de los comuneros y familias comuneras. Se tiene que afrontar medidas para eliminar o reducir las acciones de directivas corruptas o sumisas que trafican con los activos de la comunidad y generan el caos institucional. Tienen que generarse mecanismos más efectivos para la mejor defensa de la propiedad comunal, para el uso y disfrute de las tierras y recursos naturales por parte de los comuneros empadronados y sus respectivas familias. Que se vean mecanismos justos y democráticos para incorporar nuevos comuneros de manera formal y que se formalice los traspasos, alquileres y sucesiones familiares de las parcelas.

La formulación de un Estatuto Comunal actualizado supone entonces dos actividades previas: la recopilación de la mayor cantidad de estatutos de las comunidades campesinas para tener mayor claridad de los artículos que se deben eliminar, modificar o introducir. Por otro lado se requiere una nueva lectura de la normatividad relativa a comunidades campesinas, especialmente las expedidas en los últimos diez años y someterla a análisis de las otras normas legales y de normas o convenios internacionales suscritos por el Perú.

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 Nota: Es una iniciativa que estamos trabajando en coordinación con Fedeccal, CIPDES, Tu Tierra e INDER.

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Pedro Alva Mariñas

Las listas que compiten en las elecciones comunales se identifican con colores y no con símbolos. En el caso de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos la lista celeste y la lista roja se han turnado en la dirección de la comunidad por mucho tiempo. En el último proceso electoral la Lista Celeste logró desplazar a la Lista Roja que se mantuvo en el poder por más de 10 años, coincidiendo con los periodos más decisivos de la ejecución del Proyecto Olmos. Por ello el apoyo mayoritario que recibió la Lista Celeste puede ser entendida también como un cambio de rumbo en el sentido de una actitud más institucional y dialogante.

Debe ser por ello que una de las frases más aplaudidas en la ceremonia de juramentación haya sido “Ha vuelto la esperanza a nuestra Comunidad” en alusión al triunfo de la lista de su preferencia y en crítica a un periodo en que la directiva comunal desapareció literalmente como órgano representativo de sus comuneros para convertirse en una instancia adhoc al Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), a la concesionaria H2Olmos (Odebretch) y también al Gobierno Regional de Lambayeque (periodo Simon y Acuña)

Las elecciones comunales se realizaron el 15 de Diciembre de 2013 y para lo cual el Comité Electoral dispuso la instalación de varias mesas en diferentes caseríos. Terminado el acto electoral se pasó al conteo de los votos, de acuerdo a cómo iban llegando los resultados. Estas actas fueron revisadas por el Comité Electoral, luego de lo cual las incorporó al conteo general. Este conteo general duró hasta aprox. Las 2 de la madrugada del lunes 16, hora en la cual se dio como ganadora indiscutible a la Lista Celeste (4,813 votos), en segundo lugar a la Lista Amarilla (2,904 votos) y en tercer lugar a la Lista Roja (2,553 votos), la Lista Verde (1,043 votos), la Lista Blanca (564 votos) y la Lista Rosada (415 votos). Con estos votos, más los blancos y viciados, representan más de la mitad de los comuneros empadronados y declarados hábiles para votar.

 Como resultado de la consulta democrática la nueva directiva comunal de Olmos está integrada por: Presidente, Ismael Maza Cruz; Vicepresidente, Franco Sánchez Serrato; Secretario,  Manuel  Pupuche Maco; Tesorero,  José de los Santos Arroyo Soplopuco, Fiscal, Juan de la Cruz Mío Aldana; Vocal 1, Javier Roque Antón; Vocal 2, José Tito Oyola Mío; Vocal 3;  Edwin Ronald Pupuche Tesén; Vocal 4, Arturo García Serrato (Lista Amarilla). Se trata de una directiva joven, con aspiraciones de desarrollo y cuya elección cuestiona, en la práctica, la afirmación que las comunidades campesinas tienen un apego a la pobreza, a lo arcaico, al no desarrollo.

 Dadas los condicionamientos tan complejos y poderosos que se están desarrollando en el ámbito de Olmos, no es posible hacer afirmaciones definitivas respecto a la orientación básica que mantendrá la directiva comunal recientemente elegida. Pero sí podemos afirmar que la directiva marcará aquellos temas que todavía no están resueltos como: la confiscación de tierras comunales, el caso de las servidumbres, la irrigación de las 5,500 Hás. De tierras comunales y el caso de los comuneros desplazados de La Algodonera, La Misteriosa y Vega del Desaguadero y, obviamente, encarará el negociado de tierras comunales. Si sólo estos puntos fueran abordados – mediante el diálogo serio y responsable con las autoridades regionales y nacionales — en los primeros seis meses de gobierno comunal, representará un cambio importante en relación con las directivas anteriores.

*El autor es investigador del Instituto de Desarrollo Regional

Este artículo ha sido publicado en el Semanario expresión. 2da.semana de enero 2014 

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Pedro Alva Mariñas. INDER

Desde hace un buen tiempo venimos haciendo esfuerzos para generar un acercamiento entre las comunidades campesinas y las rondas campesinas, en el ámbito del Departamento de Lambayeque. Esta preocupación ha estado siempre presente ya que hemos tenido la oportunidad de estar en asambleas de comunidades campesinas en las que se trataron y hasta se acordaron la conformación de rondas campesinas. Esta reflexión se ha intensificado alrededor del acercamiento innegable que estamos presenciando entre comunidades campesinas y rondas campesinas, acercamiento acicateado por la percepción de una amenaza global a la pequeña propiedad individual y pequeña posesión comunal. Probablemente la elección del ex presidente de la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris como presidente de una Coordinadora Regional de Rondas ejemplifica esta situación.

Un primer punto de partida es señalar que las comunidades campesinas y las rondas campesinas tienen una lógica un tanto distinta. Las primeras vienen de una larga tradición comunitaria basada en el derecho colectivo de propiedad sobre la tierra y otros recursos; mientras que las rondas se sustentan en las debilidades del pequeño productor individual sometido a amenazas muy duras como el abigeato y el no funcionamiento de las entidades públicas para dar seguridad a los pobladores del campo. Estas lógicas distintas han determinado también un caminar institucional distinto.

Pero en los últimos años se está desenvolviendo una especie de amenaza global contra los pequeños productores (ronderos y comuneros) y es a partir de ello que se están produciendo la reactivación de las rondas campesinas y también de las comunidades campesinas. Es en este proceso donde las comunidades campesinas y las rondas campesinas se están encontrando, se están cruzando y están surgiendo procesos de diálogo y desarrollo de experiencias bastante interesantes que van desde la natural desconfianza, hasta francas coincidencias y acciones comunes.

Pero a favor de una mayor unidad entre estas dos organizaciones de pequeños productores son las normas legales que pautan su funcionamiento. Así la Ley Nº 24656, en su artículo 18º, inciso k reconoce que la asamblea general de comuneros tiene la atribución de “constituir, cuando lo considere necesario, Rondas Campesinas, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 24571” (Ley de Rondas). Así las rondas nacen en el seno de la comunidad campesina y, obviamente, responde ante ella.

Por otra parte la Ley Nº 27908, conocida como la Ley de Rondas Campesinas, establece una fuerte vinculación de las Rondas Campesinas al señalar, en su artículo 1º, que las rondas “apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas” y que “los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas se aplican a Rondas Campesinas en lo que les corresponda y favorezca”. Pero el artículo 2º es todavía más determinante al señalar que “en los lugares donde existan comunidades campesinas y nativas, las rondas campesinas o rondas comunales, se forman y sostienen a iniciativa exclusiva de la propia comunidad y se sujetan al Estatuto y a lo que acuerden los órganos de gobierno de la comunidad a los que la ronda está subordinada”

 La primigenia formación de rondas campesinas en el Departamento de Lambayeque – en términos masivos – la protagonizó el profesor Gilberto Díaz Vásquez en una sacrificada labor organizacional que terminaría con una violenta muerte y su cuerpo dinamitado. Sin embargo esa labor estaba marcada fuertemente por la falta de formación comunera del mencionado dirigente y de su grupo de seguidores y por ello las rondas nacen sin tener mayor relación con las comunidades campesinas y toman un vuelo propio al amparo de las leyes de rondas campesinas.

 No tenemos dudas que en muchos ámbitos de Lambayeque han sido las comunidades campesinas las que le han dado soporte institucional y logístico a las rondas campesinas y miles de entusiastas ronderos tienen una doble filiación, es decir el carnet de comunero y el carnet de rondero.

 Hacen unas pocas semanas que tuvimos la oportunidad de organizar un conversatorio (INDER, CIPDES y Tu Tierra) en la que exploramos convergencias prácticas y estratégicas entre comunidades campesinas y rondas campesinas y el resultado ha sido más que alentador porque van teniendo una lectura común de las amenazas globales que afectan a los pequeños productores, comparten la tesis que los gobiernos no los están visibilizando y más bien sigue confrontando con ellos. Ante ello hay la apuesta común por tomar la palabra del gobierno en el sentido que el lema de “desarrollo con inclusión” significa, sobre todo, proponer el desarrollo integral del sector rural y en el cual el protagonismo lo deben tener los pequeños productores que abastecen los mercados locales, regionales y nacionales. Igualmente reclaman que se los considere como actores importantes en la lucha contra la pobreza y contra la inseguridad ciudadana.

En general nos parece que a nivel de organizaciones rurales estamos ante un proceso de una necesaria y deseable alianza de comunidades campesinas y rondas campesinas. Las amenazas globales a su propiedad, a sus derechos, a su futuro son una buena base para una acción común; pero también la existencia de normas legales que fuerzan a una mayor correspondencia entre estas dos importantes organizaciones de los pequeños productores.

 Sin embargo la vinculación estrecha de las rondas campesinas a los movimientos y partidos políticos, podrían crear obstáculos significativos para que esta unidad se concrete en tiempos más cortos. Los líderes ronderos tienen aquí una gran responsabilidad.

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Pedro Alva Mariñas

Con la asistencia de un centenar de dirigentes de comunidades campesinas, con la participación de representantes de organizaciones nacionales y de un asesor parlamentario, se realizó el 20 de junio, el X Encuentro de Comunidades Campesinas, el mismo que fuera organizado por la FEDECCAL – Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque, que la preside José Leonardo Reyes. Cabe destacar la asistencia de casi todas las comunidades campesinas del Departamento de Lambayeque y especialmente de las comunidades de Chepén, San Pedro de Lloc y Jequetepeque, que se encuentran litigando en forma abierta con el Proyecto Jequetepeque – Zaña (PEJEZA).

Después del saludo protocolar de los representantes de los señores Marcelino Bustamante (CNA), Máximo Ponce (asesor parlamentario), Víctor Santa Cruz (Imar Costa Norte), Ruperto Valdez (Comunidad de Mocupe), Rosario Romero (Fórum Solidaridad Perú), se procedió a las exposiciones de fondo a cargo de conocidos profesionales de la zona como Pedro Alva Mariñas (INDER) que tuvo a su cargo el tema del Proyecto PEJEZA y las comunidades campesinas del Valle Jequetepeque – Zaña, Hugo Lamadrid Ibáñez que disertó sobre la demanda de la Comunidad Campesina de Olmos contra el PEOT y el Gobierno Regional; mientras que Wilfredo Chero abordó el tema del conflicto de la Comunidad Campesina de Cañaris con la empresa minera Candente Copper.

En el caso PEJEZA quedó evidenciada la usurpación del territorio de las comunidades campesinas de Chepén, San Pedro de Lloc, Jequetepeque, Mocupe y Lagunas que por una cadena de decisiones arbitrarias se vieron privadas de sus tierras eriazas y sus mismas posesiones se vieron muy cuestionadas porque este Proyecto estatal procedió a inscribir en los registros públicos todo el ámbito del Proyecto y así se convirtió en propietario de más de 120,000 Hás. De tierras comunales. Eran tiempos de Fujimori, pero los sucesivos gobiernos no hicieron nada para corregir, para compensar a las comunidades campesinas afectadas; pero ellas nunca se rindieron.

Los dirigentes informaron que han logrado avances en sus demandas, habiendo obtenido decisiones del Tribunal Constitucional que les reconoce sus derechos ancestrales y cuestiona lo actuado por los proyectos estatales. El caso más notorio es el logrado por la Comunidad Campesina San Pedro de Lloc que ha recuperado su propiedad por el Proyecto Chavimochic. La Comunidad Campesina San Francisco de Mocupe y Chepén también están en ese proceso, contra PEJEZA, con lo cual se evidencia que los derechos de los peruanos no pueden ser avasallados por el poder.

A su turno los expositores que abordaron el tema del Proyecto Olmos y las comunidades campesinas de Olmos y Mórrope estuvieron de acuerdo en señalar que el Estado ha cometido un acto de confiscación del territorio comunal y que este acto, tarde o temprano tendrá que ser llevado a los tribunales. En tal sentido felicitaron que el Tribunal Constitucional haya ordenado a un tribunal local que se admita la demanda interpuesta por el Dr. Hugo Lamadrid en contra del Proyecto Olmos y el Gobierno Regional de Lambayeque por el pago compensatorio de las tierras subastadas y por la devolución de las tierras no subastadas. Se tomó nota también de la irregularidad que el Estado haya convertido a los presidentes de la Comunidad de Olmos en miembros del directorio del PEOT. Nuevamente apareció el tema de los comuneros desplazados por el PEOT que denuncian que el Gobierno Regional de Lambayeque no está cumpliendo los compromisos asumidos y firmados y que su situación se torna insoportable.

El tema del conflicto entre la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris y la empresa Candente Copper fue abordado por varios expositores que expresaron su demanda que debiera respetarse los derechos comunales que son amparados por la Constitución Política. Igualmente hubo un consenso en reconocer que Cañaris es una comunidad originaria y que por ello tiene el amparo de normas legales y específicamente del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Igualmente se tomó nota que la Comunidad Campesina había tomado la decisión de retirar el tratamiento de su conflicto en el seno de la “Mesa de Diálogo” porque ésta se había mostrado inoperante y que, a cambio había iniciado una demanda al Estado peruano ante la Comisión Inter Americana.

Las exposiciones terminaron con una “mesa de reflexiones” que fueron muy importantes para vincular la problemática regional, con la problemática nacional e internacional y con lo cual se tendieron los puentes para una acción colectiva que se exprese en el plano local y en el espacio nacional. Estas intervenciones facilitaron entonces aprobar el documento “Acuerdos del X Encuentro de Comunidades Campesinas de Lambayeque y del Valle Jequetepeque” y permitió también reitera el viaje de una delegación a Lima para una entrevista con las más altas autoridades del Estado y cuya gestión tiene a cargo la FEDECCAL.

La reunión terminó con la entrega de certificados de reconocimiento a los expositores y a los dirigentes nacionales que acompañaron este exitoso X Encuentro de Comunidades Campesinas de Lambayeque que ha fortalecido a la FEDECCAL como una instancia representativa de más de 55,000 comuneros empadronados.

 Documento publicado en Semanario Expresion. Junio 2013

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