UNA APROXIMACION AL CONCEPTO DE TRIBUTO

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*Francisco Javier Ruiz de Castilla Ponce de León
**Carmen del Pilar Robles Moreno

I Finanzas Públicas

La sociedad tiene ciertas necesidades que deben ser atendidas por el Estado. Por ejemplo se requiere unas Fuerzas Armadas para proteger las fronteras del territorio nacional. También es necesario un sistema de administraciòn de justicia (Poder Judicial).

Todas estas actividades estatales necesitan financiamiento. El Estado requiere obtener dinero para llevar adelante las obras y servicios públicos. Con dinero el Estado puede comprar materiales de guerra. Tambièn con dinero el Estado paga los sueldos de los jueces.

¿Cómo hace el Estado para tener dinero?

Al respecto debemos considerar que en la economía de mercado el sector privado, compuesto por las familias y empresas, genera riqueza económica y obtiene ingresos.

Los trabajadores prestan sus servicios a cambio de un salario. Las empresas ofrecen bienes y servicios a cambio de una retribuciòn econòmica.

Parte de los ingresos que son obtenidos por las personas naturales y empresas se transfieren al Estado, mediante el pago periódico de tributos.

Los ingresos tributarios constituyen la principal fuente de financiamiento de la actividad estatal. En el Perú, los ingresos tributarios 1 bordean el 80% de los ingresos totales del Fisco.

Los ingresos no tributarios consisten básicamente en el endeudamiento y la emisión monetaria. Por ejemplo los Estados suelen recurrir a los Bonos. Mediante este mecanismo el sector privado presta dinero al Estado.

En materia de emisión monetaria, por ejemplo se advierte que el Fisco siempre posee cierta cantidad de billetes nuevos. Este dinero suele ser utilizado por el Estado en el pago de una determinada parte de la deuda externa. También se recurre a este dinero para que el Estado salga al mercado a comprar cierta cantidad de dólares con la finalidad de evitar caídas en el precio de esta moneda extranjera.

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ALGUNAS FORMAS DE NOTIFICACION

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*Carmen del Pilar Robles Moreno
Profesora de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

1. Introducción

En los artículos 104 y 105 del Código se han regulado cuales son las formas de notificación que puede utilizar la Administración Tributaria para comunicar o poner en conocimiento del administrado o contribuyente una declaración o un acto administrativo. En este mismo sentido la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444) regula entre los artículos 18 al 27 el régimen de las notificaciones administrativas. Siendo las notificaciones que efectúa la Administración Tributaria, notificaciones administrativas, en esta oportunidad haremos algunas reflexiones en torno a las formas de notificación que existen.

2. Formas de Notificación

La forma de las notificaciones hace referencia a los medios establecidos por la ley, por las cuales se hacen efectivas las notificaciones.

En nuestra legislación, la Ley del Procedimiento Administrativo General (para efectos de este trabajo LPAG) regula las modalidades de notificación y luego el régimen de cada una de estas formas de notificación.

Así señala que las formas de notificación son: i) Personal al administrado, interesado o afectado en su domicilio, ii) Mediante telegrama, correo certificado, telefax, correo electrónico entre otros similares, iii) Por publicación en el Diario Oficial. Debiendo tener que cumplirse necesariamente el orden antes indicado. Sigue leyendo

LA NOTIFICACION EN MATERIA TRIBUTARIA, Aspectos Generales

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*Carmen del Pilar Robles Moreno
Profesora de Derecho Tributario en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

**Pablo Huapaya Garriazo
Asistente de Cátedra de Derecho Tributario – Parte General de la UNMSM. Coordinador Académico del Grupo de Estudios Fiscales de la UNMSM y miembro de la Asociación de Estudios Fiscales.

1.- Introducción

Estamos acostumbrados a escuchar sobre la notificación de actos administrativos tributarios como la Resolución de Determinación, la Resolución de Multa, la Orden de Pago, la Resolución de Ejecución Coactiva, entre otros.

La notificación de estos actos administrativos, como de cualquier otro acto administrativo debe contener las garantías necesarias que el Estado debe otorgar a los administrados para asegurar su derecho de defensa, constituyendo de por si no solo un derecho de los administrados o contribuyentes, sino además una garantía jurídica frente a la actividad de la Administración Pública, y entre ellas de la Administración Tributaria.

Por ello, en esta oportunidad, efectuaremos un primer acercamiento a la institución de la notificación, haciendo especial énfasis en la notificación de los actos administrativos tributarios, analizando cual es el concepto que se maneja, sus fines, el contenido, así como las clases de notificación y el tratamiento adoptado por el legislador peruano.

2.- Concepto

Podemos verlo desde el punto de vista del contenido o fondo o desde el punto de vista del procedimiento.

Desde el contenido, notificar es comunicar un mensaje de la Administración Tributaria hacia el administrado. No tiene contenido propio, pues trasmite el contenido del acto que notifica, que es un acto que lo precede. En este sentido, no es un acto administrativo ya que no es una declaración de voluntad, sino una comunicación de esta.

Desde el punto de vista del procedimiento, notificar es un trámite, una diligencia 1 indispensable para que exista un acto administrativo, que podrá dar inicio a un procedimiento administrativo.

Ahora bien, la notificación no es una mera puesta en conocimiento del particular de una resolución, sino que debe expresar la certeza, la certidumbre de la fecha en la cual se efectúa la notificación, esto es la fecha en la cual el administrado o contribuyente toma conocimiento del acto que se notifica, de tal manera que este pueda o cumplir el acto que se le notifica dentro del plazo establecido, o a su juicio interponer los recursos impugnatorios que considere convenientes, también dentro del plazo correspondiente.

Como señala HALPERIN y GAMBIER 2, la notificación es una forma de comunicación, jurídica e individualizada, cuyos modos –requisitos formales- y medios están predeterminados en el ordenamiento jurídico y que requiere la posibilidad de que el interesado reciba electamente dicha comunicación, en función de los efectos jurídicos que de ella derivan.

En este sentido, la Administración Tributaria realiza una serie de actuaciones, todas ellas regladas, es decir debidamente reguladas, para comunicar un mensaje al administrado, para comunicar una declaración, para trasmitir una información.

Ahora bien, el solo conocimiento por parte del administrado respecto del mensaje que emana de la Administración Tributaria no constituye de por sí una notificación válida, esto debido a que, solo si se han cumplido las reglas procesales correspondientes a la notificación, recién nos encontramos ante una notificación válida.

Hay que tener presente que el solo cumplimiento de las formalidades si determina la realización de una notificación válida; aún cuando el conocimiento por parte del notificado no se produzca.

En nuestro sistema, tal como lo señala el artículo 18 de Ley del Procedimiento Administrativo General -Ley 27444, para efectos de este trabajo LPAG, existe la obligación de parte de la Administración Pública, y específicamente de la Administración Tributaria de notificar, en este sentido, se señala que la notificación del acto será practicada de oficio y a su debido diligenciamiento será competencia de la entidad que lo dictó. Asimismo, se señala que la notificación podrá ser efectuada a través de la propia entidad, por servicios de mensajería especialmente contratados para el efecto. Sigue leyendo

LA QUEJA COMO MEDIO PARA CORREGIR ACTUACIONES EN UN PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO. A propósito del Reglamento de la Queja contra el Tribunal Fiscal.

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1 Dra. Carmen del Pilar Robles Moreno
Profesora de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

1. Introducción

El Texto Único Ordenado del Código Tributario vigente, se aprobó mediante el D.S. 135-99-EF (para este trabajo TUO), regula en el artículo 155 la queja, denominándola Recurso de Queja.

En este artículo se regula la queja tanto si se interpone contra actos de la Administración Tributaria, como del Tribunal Fiscal.

Con fecha 27 de noviembre de 2008 se ha publicado en El Peruano el D.S. 136-2008 que reglamenta el artículo 155 del TUO antes mencionado, en todo lo relacionado a la queja contra actuaciones o procedimientos efectuados por el Tribunal Fiscal.

La queja en la medida en que se trata de un medio procedimental que busca demandar a un superior jerárquico que ordene al órgano que está conociendo de un procedimiento administrativo que corrija actuaciones procedimentales defectuosas, que no se encuentran arregladas al procedimiento señalado, debe ser debidamente utilizada por los contribuyentes, en este sentido, hay que conocer este instrumento para utilizarlo debidamente.

En esta oportunidad efectuaremos algunos comentarios sobre esta norma reglamentaria, no sin antes, referirnos a la queja administrativa, regulada por la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley 27444 (LPAG), y a la queja administrativa tributaria en general.

2. Concepto

La queja es un medio excepcional de naturaleza procedimental que busca subsanar los errores de tramitación incurridos en el procedimiento tributario. Es un remedio procesal mediante el cual se busca corregir las actuaciones de la administración que afecten de manera indebida al deudor tributario y reencauzar el procedimiento.

No obstante lo señalado anteriormente, se le confunde con un recurso, con un medio impugnatorio, es así que nuestro Código Tributario lo denomina “Recurso de Queja”, cuando en realidad no es un recurso, veamos:

3. Recursos Administrativos

Mediante el recurso administrativo, se promueve el control de la legalidad de un acto emanado de la autoridad administrativa, con la finalidad que se le revoque o modifique, con el objeto de restablecer el interés que ha sido lesionado o vulnerado por este acto administrativo que se impugna mediante el recurso.

Esto significa que el recurso administrativo tiene por finalidad impugnar un acto administrativo, dando inicio a un procedimiento administrativo, de tal manera que la administración revise el acto administrativo emitido por ella, y puede proceder a ratificarlo, revocarlo o reformarlo, entre otros.

El profesor Eduardo García de Enterría 2 señala lo siguiente: los recursos administrativos son actos del administrado mediante los que éste pide a la propia Administración la revocación o reforma de un acto suyo o de una disposición de carácter general de rango inferior a la Ley en base a un título jurídico específico. La nota característica de los recursos es, por lo tanto, su finalidad impugnatoria de actos o disposiciones preexistentes que se estiman contrarias a Derecho. Y como podemos apreciar la queja no es instrumento para impugnar, sino para corregir, que es muy distinto.

Esto queda más claro aún cuando analizamos el recurso impugnativo de reclamación, denominado también recurso de reconsideración, oposición, o revocación, el cual se interpone ante mismo órgano que emitió el acto administrativo que es materia de controversia, a fin que considere nuevamente el asunto sometido a su pronunciamiento, ya que el Administrado tiene el derecho de impugnar un acto administrativo y la Administración tiene el deber de revisar su propio acto.

En este mismo orden de ideas, el artículo 135 del Código Tributario vigente nos señala que actos son reclamables, a diferencia de la queja, donde no encontramos una lista que nos señale sobre que actos se pueden reclamar, esto, porque no se reclaman actos, sino actuaciones de la Administración Tributaria.

Veamos, señala el 135 antes referido que son actos reclamables entre otros, i) la Resolución de Determinación, ii) la Resolución de Multa, iii) la Orden de Pago, iv) la Resolución ficta sobre recursos no contenciosos, v) las Resoluciones de comiso, internamiento temporal y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, vi) las Resoluciones que resuelvan las solicitudes de devolución, vii) las Resoluciones que determinan la pérdida del fraccionamiento de carácter general o particular, viii) los actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria.

4. La Queja no es un recurso administrativo

Debemos aclarar que señalar que la queja es un recurso no es adecuado, ni refleja la naturaleza jurídica de la queja, esto debido a que su finalidad –la de la queja- no es la de impugnar actos de la Administración, tampoco se pretende la revocación o modificación de actos administrativos emitidos por la Administración, y que el administrado solicita sean revisados por la entidad que ha emitido el acto.

En relación al objeto del recurso, la Enciclopedia Jurídica OMEBA, señala que todos los recursos persiguen siguiendo su propia vía, la modificación o anulación de una resolución judicial, siempre con miras a la mejor aplicación del Derecho de Justicia 3.

En este mismo orden de ideas, es conveniente precisar que la queja no ha sido diseñada para impugnar acto administrativo alguno, por el contrario, la queja en materia tributaria procede cuando existen actuaciones o procedimientos que infrinjan lo establecido en el Código Tributario.

Se trata pues de un medio procesal que el legislador ha regulado de tal manera que los administrados puedan utilizarla para que se corrijan los defectos que se pudieran presentar en la tramitación de cualquier procedimiento administrativo, de tal manera que puedan subsanarse los errores cometidos dentro del procedimiento. En este sentido, señala el profesor Armando Canosa 4 que la queja se fundamenta en los principios administrativos de celeridad, eficacia y simplicidad que inspiran la tramitación de los procedimientos administrativos.

5. La Queja en la LPAG

Los principios de celeridad, eficacia y simplicidad han sido recogidos –entre otros- por la LPAG en su artículo IV del Título Preliminar.

Asimismo, es importante mencionar que la queja, llamada también queja por defectos de tramitación, se encuentra regulada por la LPAG dentro del capítulo correspondiente a Ordenación del Procedimiento, y no se encuentra regulada dentro del capítulo que regula la Revisión de los Actos en la vía Administrativa ó régimen de los recursos administrativos.

Sobre la queja Administrativa se encuentra regulada en los artículos 158, 239 y 240 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley 27444 (LPAG) y señala que se puede interponer cuando la Administración incurra en falta administrativa en el trámite de los procedimientos a su cargo, debido a: i) demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes o la producción de acto procesal sujeto a plazo; ii) resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia; iii) intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa; iv) incurrir en ilegalidad manifiesta; y v) otras.

Esto significa que, si bien es cierto el Código Tributario regula la queja procedimental, también existen otro tipo de quejas, por ejemplo en la LPAG, también se desarrolla la figura de la queja, aplicable a las actuaciones de las administraciones distintas a las tributarias pues en este caso existe el procedimiento especial regulado en el Código Tributario y en la Ley 26979, omitiendo en el caso de la LPAG calificar a la queja como un recurso, así, el artículo 158 de la LPAG establece que en cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto de la instancia respectiva.

El artículo 158 de la LPAG regula la queja por defectos de tramitación y señala que en cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva.

También se indica que la queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente de solicitado.

Finalmente precisa que la autoridad que conoce de la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía al quejado, asuma el conocimiento del asunto; y en caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto del procedimiento, y en la misma resolución se dispondrá el inicio de las actuaciones necesarias para sancionar al responsable.

6. Tribunal Fiscal

El Tribunal Fiscal mediante acuerdo de Sala Plena 2003-24 de 09.12.2003 5 ha señalado que la queja procede contra las actuaciones de la Administración Tributaria que afecten indebidamente al deudor y contra las que incida en la relación jurídica tributaria, aún cuando no esté contenida en el Código Tributario. También señala que hay supuestos que habilitan la interposición de una queja, como por ejemplo la afectación o posible vulneración de los derechos o intereses del deudor tributario por actuaciones indebidas de la Administración Tributaria, o por la sola contravención de las normas que inciden en la relación jurídica tributaria.

También precisa la Sala Plena del Tribunal Fiscal que la queja permite corregir las actuaciones y reencausar el procedimiento bajo el marco de lo establecido en las normas correspondientes.

En este mismo orden de ideas, el Tribunal Fiscal en el acuerdo de Sala Plena 2004-11 de 03.06.2004 6 señala que la Queja permite corregir las actuaciones de la Administración Tributaria y reencauzar el procedimiento. No es un recurso impugnativo, tiene la naturaleza de un remedio procesal.

Por la propia naturaleza de la queja, no existe en el Código Tributario una referencia precisa de los casos en que esta procede. Y esto es correcto, ya que de haberla, solo tendría naturaleza indicativa, pues resulta complicado generalizar en que casos cabe interponer una queja.

No obstante ello, el Tribunal Fiscal -para los casos de queja por actuaciones o incumplimientos de la Administración Tributaria- ha ido dando las pautas administrativas para que tengamos claro en que casos se pueden interponer quejas y en que casos no.

Por ejemplo, se ha señalado que la queja procede cuando hay negativa recibir recursos o algún documento, por infracciones en el desarrollo del procedimiento de cobranza coactiva; por actuaciones indebidas en la fiscalización, por retraso en elevación de expedientes por parte del órgano encargado de hacerlo, por la negativa de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, por incumplimientos en las devoluciones, por incumplimiento de lo señalado por el Tribunal Fiscal, entre otros.

De otro lado, se ha señalado que la queja no procede contra resoluciones que deniegan la admisión a trámite los recursos de los interesados, tampoco procede cuando se discute aspectos vinculados con la determinación de la obligación tributaria o la comisión de infracciones, tampoco para solicitar la nulidad de actos de la Administración Tributaria.

El Tribunal Fiscal como hemos indicado, ha ido señalando los casos en que la queja procede y en que casos no procede, veamos de manera indicativa algunos de estos supuestos: Sigue leyendo

LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS

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* Carmen del Pilar Robles Moreno.
Profesora de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la UNMSM.

I INTRODUCCION

En esta oportunidad, efectuaremos un primer acercamiento a los denominados Principios del Derecho Tributario, también conocidos como los Limites al Ejercicio de la Potestad Tributaria. Esto con la finalidad de conocer exactamente cuales son, en que consisten, que sucede si no se cumplen, y que podemos hacer nosotros como operadores del derecho tributario en estos casos.

A manera de adelanto podemos decir que los principios del Derecho Tributario son la garantía de que gozan los contribuyentes frente al Estado, cuyo poder tributario o capacidad jurídica para crear tributos se encuentra limitada precisamente por estos principios 1.

II DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO

Señala Rodolfo Spisso 2 que “El derecho constitucional tributario es el conjunto de principios y normas constitucionales que gobiernan la tributación. Es la parte del derecho Constitucional que regula el fenómeno financiero que se produce con motivo de detracciones de riqueza de los particulares en favor del Estado, impuestas coactivamente, que hacen a la subsistencia de éste, que la Constitución organiza, y al orden, gobierno y permanencia de la sociedad cuya viabilidad ella procura”.

Ahora bien, como sabemos, la Constitución es el conjunto de los principios y las normas que de por si constituyen un sistema orgánico, por el cual, estos principios y normas se encuentran vinculados, de tal manera que no es posible hacer una interpretación aislada, sino que esta se debe efectuar de acuerdo al sistema completo, es decir tomando como base a la constitución. Es justamente en razón de ello que, el tema tributario se debe explicar partiendo de la perspectiva constitucional.

En la actualidad el derecho constitucional tributario lo entendemos como “ el conjunto de normas y principios que surgen de las constituciones y cartas , referentes a la delimitación de competencias tributarias entre distintos centros de poder (nación, provincias, estados) y a la regulación del poder tributario frente a los sometidos a él , dando origen a los derechos y garantías de los particulares, aspecto, este ultimo, conocido como el de garantías de los contribuyentes, las cuales representan, desde la perspectiva estatal, limitaciones constitucionales del poder tributario ”. 3

El derecho constitucional tributario es según algunos autores, aquella parte del derecho constitucional que se refiere a materia tributaria; es decir, no es propiamente derecho tributario, sino derecho constitucional aplicado al derecho tributario. Y según otros autores como Catalina García Vizcaíno, no comparten el criterio de ubicar a esta rama jurídica específica dentro del derecho constitucional, sino que sostienen que “pese al obvio contenido constitucional de sus normas, debe comprendérsela dentro del derecho tributario, a los efectos de lograr una clara sistematización lógica de las normas que componen este derecho y para una mejor comprensión de sus conceptos e instituciones” 4.

Mas allá de que la doctrina no esté unánimemente de acuerdo sobre si el derecho constitucional tributario es derecho constitucional aplicado al derecho tributario o si éste está comprendido dentro del derecho tributario; en lo que sí están de acuerdo es que el derecho constitucional tributario tiene en su contenido temas como: los principios, garantías y normas que regulan la potestad tributaria, temas como los derechos humanos y tributación, la vigencia de la norma tributaria en el tiempo, la teoría de la exención tributaria.

Entendemos al Derecho Constitucional Tributario, como aquella parte del Derecho Constitucional, que se denomina tributario, debido al objeto que regula y trata. Es decir, que aunque se le considera como una área del Derecho Tributario, no se trata de Derecho Tributario Sustantivo, ya que, en esencia es la parte del Derecho Constitucional que regula los temas tributarios, como por ejemplo especifica en la Constitución (claro esta) quienes gozan, o a quienes se les ha otorgado Potestad Tributaria, en que forma se ha otorgado ésta potestad tributaria, cuales son los límites que tienen que respetar aquellos que ejercen potestad tributaria. Sigue leyendo

LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SU RELEVANCIA EN MATERIA TRIBUTARIA

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*Carmen del Pilar Robles Moreno
Profesora de Derecho Tributario en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

I INTRODUCCION

En los últimos años las sentencias del Tribunal Constitucional 1 cobran vital importancia en los temas tributarios, así como en otros temas del derecho.

No podemos ser ajenos a ello, ya que se trata de uno de los organismos públicos que más ha influido en materia tributaria, y probablemente se hace necesario recrear nuestros puntos de vista tributario, partiendo desde una perspectiva constitucional.

Justamente, a esto se debe nuestro interés en analizar, conocer, e interpretar estas sentencias; en esta oportunidad desde los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad. Dentro de este análisis, veremos algunos de los efectos en sentencias relevantes en materia tributaria.

Como sabemos, las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una norma legal tienen efectos de: i) fuerza de ley; ii) cosa juzgada; y iii) aplicación vinculante a los poderes públicos.

Esto significa que cuando una sentencia del Tribunal Constitucional Peruano declara fundado (en todo o en parte) el proceso de inconstitucionalidad tiene alcance general y calidad de cosa juzgada, y vincula a todos los poderes públicos, produciendo efectos en el tiempo desde el día siguiente de su publicación (esta es la regla general). La materia tributaria (esta es la excepción), pero, está exceptuada de esta regla ex nunc, -esto significa que la regla general para el Tribunal es el principio de irretroactividad y excepcionalmente se aplica la retroactividad- en este caso, el Tribunal Constitucional puede modular los alcances de su fallo en el tiempo.

En este trabajo vamos analizar los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad, desde la perspectiva de los problemas que encontramos en estos.

En cuanto a los efectos en el tiempo de las sentencias en el tiempo el problema que abordaremos es cual de los sistemas -ex tunc o ex nunc- es el más adecuado.

En cuanto a los efectos erga omnes el problema que estudiaremos es en relación a que vincula en la sentencia, -los obiter dicta, la ratio deciden o sólo el decisum o fallo. Y finalmente, en cuanto a la cosa juzgada, analizaremos si puede el Tribunal Constitucional sobre una ley que ya ha sido objeto de control por el fondo-

En este sentido, cuando el Tribunal Constitucional señala que la sentencia con calidad de cosa juzgada en un proceso de inconstitucionalidad resulta de incuestionable cumplimiento para todos los aplicadores públicos y privados de las normas jurídicas, en la integridad de sus términos 2. Nos preguntamos que significa que la sentencia es vinculante en la integridad de sus términos. ¿en todo lo que está escrito en la sentencia?, o ¿en parte de ella?.

Finalmente haremos un breve análisis sobre los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad desde el punto de vista de la cosa juzgada, ya que si bien es cierto el articulo 82 del Código Procesal Constitucional 3 (para efectos de este trabajo CPC) señala que en casos de declaración de inconstitucionalidad de una norma impugnada por vicios formales, no obsta para que esta pueda ser demandada por razones de fondo; queda pendiente determinar si cuando por razones de fondo el Tribunal Constitucional declara la constitucionalidad por temas de fondo, esta puede ser demandada nuevamente por temas de fondo, en estos casos ¿hay o no vulneración de la cosa juzgada? Sigue leyendo

LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS COMO MANIFESTACIÓN CULTURAL. A PROPÓSITO DEL ANÁLISIS DE LA STC EN EL EXP. 042-2004-AI/TC (Parte II)

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*Carmen del Pilar Robles Moreno
Profesora de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

VII Sentencia del Tribunal Constitucional

7.1. Antecedentes

Más de 5,000 ciudadanos 30 interpusieron proceso de inconstitucionalidad contra el artículo 54 del Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal (hoy Texto Único Ordenado aprobado por D.S. 156-2004-EF 31).

Es preciso subrayar que el proceso de inconstitucionalidad es contra el artículo 54 modificado por el Decreto Legislativo 952 (03.02.2004), y no contra el actual artículo 54, que ha sido modificado luego de la STC que nos ocupa, por la Ley 29168 (publicada el 20.12.2007 y vigente a partir del 01.01.2008), y que comentaremos más adelante. Hecha esta importante aclaración, seguimos con el desarrollo del trabajo:

En este sentido, resulta necesario citar el texto del artículo 54 de la LTM antes de su modificación por el Decreto Legislativo 952 arriba referido. El artículo establecía lo siguiente: ”Créase un Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos, que grava el monto que se abona por concepto de ingreso a espectáculos públicos no deportivos en locales o parques cerrados, con excepción de los espectáculos culturales debidamente autorizados por el Instituto Nacional de Cultura”.

Ahora bien, el texto del artículo 54 de la LTM modificado por el Decreto Legislativo 952 y sobre el cual se demanda la declaración de inconstitucionalidad es el siguiente: “El Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos grava el monto que se abona por concepto de ingreso a espectáculos públicos no deportivos en locales y parques cerrados con excepción de los espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet, circo y folclore nacional, calificados como espectáculos públicos culturales por el Instituto Nacional de Cultura” 32.

7.2. Comentarios a los Fundamentos del Tribunal Constitucional

En relación al Estado social y democrático de Derecho, la Constitución cultural y los derechos culturales, el Tribunal Constitucional 33 en el fundamento 1 de la sentencia señala que:
Estas disposiciones constitucionales (haciendo referencia al artículo 1 -la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado-, artículo 2 inciso 19 –Toda persona tiene derecho: a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación-, y al artículo 21 de la Constitución de 1993), junto con la dignidad humana –como premisa antropológica-, constituye la dimensión principal del contenido cultural de nuestra Constitución, es decir, el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social; el cual abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias.
En el primer caso, la Constitución (artículo 2, inciso 19) alude al patrimonio cultural inmaterial; en el supuesto del artículo 21, hace referencia, como es evidente, al patrimonio cultural material. Para el caso concreto, es pertinente señalar que el patrimonio cultural inmaterial son aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural.
Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.
Ello se explica por cuanto la Constitución de 1993 ha adoptado un modelo de Estado social y democrático de Derecho y no por un Estado liberal de Derecho.
El enfoque social de la persona humana se condice con el hecho que, en el Estado peruano, los ciudadanos pertenecen a una sociedad que es heterogénea tanto en sus costumbres como en sus manifestaciones culturales. Por ello, la Constitución de 1993 ha reconocido a la persona humana como miembro de un Estado multicultural y poliétnico.

Por su parte, en el fundamento 2 agrega que:
El hecho que la Constitución de 1993 reconozca el derecho fundamental de las personas a su identidad étnica y cultural, así como la pluralidad de las mismas, supone que el Estado social y democrático de Derecho está en la obligación de respetar, reafirmar y promover aquellas costumbres y manifestaciones culturales que forman parte de esa diversidad y pluralismo cultural, pero siempre que ellas se realicen dentro del marco de respeto a los derechos fundamentales, los principios constitucionales y los valores superiores que la Constitución incorpora, tales como la dignidad de la persona humana (artículo 1), la forma democrática de Gobierno (artículo 43) y la economía social de mercado (artículo 58).
Este reconocimiento del elemento cultural que está en su contenido, permite señalar que la Constitución “no se limita sólo a ser un conjunto de textos jurídicos o un mero compendio de reglas normativas, sino la expresión de un cierto grado de desarrollo cultural, un medio de autorrepresentación propia de todo un pueblo, espejo de su legado cultural y fundamento de sus esperanzas y deseos”.

Sobre lo señalado por el TC, coincidimos en que en el Perú existe una sociedad heterogénea en relación a sus costumbres, con identidades culturales diversas. En tal sentido, todas estas diferentes manifestaciones culturales deben ser respetadas por el Estado, pero el reconocer estas diferentes culturas también nos lleva a afirmar que la existencia de diferencias culturales, contiene un elemento común, que identifica a todas las culturas, que es la necesidad de reconocer y proteger la dignidad de la persona humana 34.

El TC agrega que:
Ahora bien, esta perspectiva social que la Constitución otorga a la persona humana, permite, por otro lado, afirmar que la Constitución no sólo es ratio, sino también emotio. Esto quiere decir que, si bien las Constituciones democráticas han presupuesto personas racionales y dispuestas a hacer armonizar sus legítimos intereses con los de los demás, no podemos negar esa dimensión emocional o “irracional” que es también inherente a su naturaleza. Es precisamente en atención a esta dimensión emocional que la Constitución reconoce las diversas manifestaciones culturales que realizan las personas ya sea individualmente o como miembros de una comunidad más amplia y diversa culturalmente.
En efecto, la Constitución (artículo 1), al reconocer que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, capta al ser humano no sólo como ser “racional”, sino también aprehende la conditio humana desde el lado emocional o “irracional”.

En el fundamento 3, el Tribunal Constitucional precisa que:
Por otro lado, este Colegiado entiende que es en la emotio donde se debe poner en relieve la tolerancia como valor superior y principio rector de un sistema democrático, en la medida que “el poder ejercido por la mayoría debe distinguirse de todo otro en que no sólo presupone lógicamente una oposición, sino que la reconoce como legítima desde el punto de vista político, e incluso la protege, creando instituciones que garantizan un mínimo de posibilidades de existencia y acción a distintos grupos religiosos, nacionales o económicos, aun cuando solo estén constituidos por una minoría de personas; o, en realidad, precisamente por constituir grupos minoritarios”.
Más aún, en una sociedad tan heterogénea y plural como la nuestra –integrada por una cultura autóctona y originaria, y por una cultura mestiza o criolla–, es necesario que se reconozcan determinados valores democráticos y culturales que deben ser compartidos por todos, sin que ello implique un desconocimiento de la idiosincrasia de cada comunidad. Se requiere, pues, establecer la unidad dentro de la diversidad y el pluralismo.
De ahí que sea posible señalar que la multiculturalidad del Estado peruano, no debe significar un lastre para lograr la identidad nacional, sino un desafío constitucional en la medida que se debe tener en consideración el valor de la diversidad cultural. En efecto, se puede señalar que “la diversidad cultural es valiosa, tanto en el sentido cuasiestético de que crea un mundo más interesante, como porque otras culturas poseen modelos alternativos de organización social que puede resultar útil adaptar a nuevas circunstancias”.

Es importante destacar que el TC ha señalado que cuando la Constitución de 1993 reconoce el derecho fundamental de las personas a su identidad étnica y cultural, así como la pluralidad de las mismas, supone que el Estado está en la obligación de respetar, reafirmar y promover aquellas costumbres y manifestaciones culturales que forman parte de esa diversidad y pluralismo cultural, pero en la medida en que estas manifestaciones culturales se realicen dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales, los principios constitucionales y los valores superiores que la Constitución incorpora. Esto significa a nuestro entender que si estas manifestaciones no se realizan dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales, el Estado no se encuentra en la obligación de respetarlas, ni reafirmarlas ni promoverlas, el cual parece ser el temperamento del TC en relación a los espectáculos taurinos.

De otro lado, en relación a los Deberes del Estado social y democrático de Derecho con la Constitución cultural, el TC señala en el fundamento 4 que:
“A criterio de este Tribunal, la promoción de la cultura también constituye un deber primordial del Estado social y democrático de Derecho, establecidos en el artículo 44 de la Constitución. De ahí que el deber que asume el Estado, en relación con la Constitución cultural, se manifiesta en tres aspectos: en primer lugar, el Estado debe respetar, por mandato constitucional, todas aquellas manifestaciones culturales de los individuos o de grupos de ellos que constituyan la expresión de su derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica (artículo 2, inciso 8 de la Constitución).
En segundo lugar, el Estado tiene la obligación de promover todos aquellos actos que atiendan al interés general, a desarrollar un conjunto de conocimientos que permitan el desarrollo del juicio crítico y de las artes, así como a la integración y fortalecimiento de las manifestaciones que contribuyen a la identidad cultural de la Nación.
En tercer lugar, el Estado asume también el deber de no promover aquellos actos o actividades que pudiendo ser manifestaciones culturales o encubiertos por lo “cultural” –como las actividades o fiestas que inciten al consumo de drogas, fomenten la violencia, realicen actos antinaturales o crueles contra los animales, causen un grave daño al medio ambiente, lleven a cabo la caza furtiva de especies en peligro de extinción– pongan en cuestión, por un lado, derechos fundamentales como el derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (artículo 2, inciso 22 de la Constitución)”.

En el párrafo anterior, el TC está tomando posición en relación a los espectáculos taurinos (aunque no se refiera solamente a este tipo de espectáculo). Como sabemos hay grupos de personas que consideran a los espectáculos taurinos un arte, y por lo general asisten a ellos, de otro lado, tenemos a las personas que condenan la llamada tauromaquia, entre muchas otras razones porque señalan que no se justifica la violencia ni la crueldad contra los animales, por más tradición o costumbre, y nosotros diremos aún se trate de una manifestación cultural, producto de nuestra tradición.

No debemos olvidar que pese a las diferencias culturales, tal como hemos indicado anteriormente, hay un elemento común que identifica a todas las culturas: la necesidad de reconocer y proteger la dignidad de la persona humana 35. En este orden de ideas, consideramos que las tradiciones constituyen costumbres que deben mantenerse en la medida en que enriquezcan ética y moralmente a los seres humanos, en la medida en que no afecten su dignidad. En el caso de los festejos taurinos parecería que estamos ante una manifestación cultural, y como bien señala el TC 36:
“no existe ningún argumento racional que justifique el que el ser humano someta a torturas, tratos crueles, o dé muerte innecesariamente, a los animales; más aún, si dichos actos se realizan por diversión en espectáculos públicos. Tal actitud es contraria con la ética y contra la dignidad y la naturaleza racional y emotiva del propio ser humano, pues el respeto a los animales por parte de toda persona halla su fundamento también en el respeto mutuo que se deben los hombres entre sí”.

Prosigue el TC, señalando en el fundamento 4 que:
Ello porque la Constitución obliga al Estado, por un lado, a promover el uso sostenible de los recursos naturales (artículo 67); y, de otro, la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas (artículo 68). Lo cual no obsta para señalar que también es deber del Estado velar para que el aprovechamiento de dichos recursos se realice mediante el trato adecuado de las especies animales y vegetales de acuerdo con estándares acordes con las formas de vida pacífica y armónica con la naturaleza.
De ahí que el Estado social y democrático de Derecho, no sólo debe promover y respetar los valores culturales de la Nación, sino que también debe proscribir, desalentar o sancionar aquellos actos que supongan una violación de los derechos fundamentales o cuestionen valores superiores como la igualdad, la tolerancia, el pluralismo y la democracia, o los que pretendan subvertir el orden constitucional. De hecho, así procedió, tempranamente, el Estado peruano al abolir, mediante Ley, el juego de gallos a inicios de la República, estableciendo que
“La moral del Gobierno, y la prosperidad pública se interesan en que infatigablemente se ataque, y persiga la pasión más destructora de las costumbres, y del reposo doméstico. Nada importaría hacer la guerra á los españoles, si no la hiciésemos también á los vicios de su reinado: salgan de nuestro suelo los tiranos, y salgan con ellos sus crímenes, quedándonos sólo la virtud de la constancia que han acreditado siempre, para emplearla contra ellos, así como ellos la han empleado contra nosotros; (…)”.
En ese sentido, el Estado se reserva el derecho a no promover prácticas que no contribuyan al desarrollo de una calidad de vida digna, lo cual se sostiene en una relación armónica con la naturaleza que alberga tanto al ser humano como a las especies animales y vegetales con los cuales convive.

Sobre el párrafo anterior, en el cual el TC nos relata como el Estado peruano a inicios de la República (Ley de 16.02.1822) abolió el juego de gallos, nos preguntamos, a qué se debe que el Estado peruano en esa misma época o luego de ella no haya abolido las ferias taurinas.

Como podemos apreciar de la norma que refiere el TC (hemos ido a la fuente) se señala exactamente lo que indica el TC, pero consideremos que ese mismo día (16.02.1822) el Estado prohibió el juego de carnavales e indicó lo siguiente: “1.- Queda prohibida como contraria a la dignidad y al decoro del pueblo ilustrado de Lima, la bárbara costumbre de arrojar agua en los días de carnaval, junto con los demás juegos impropios, que se usaban en ellos; 2.- Los infractores serán arrestados en el acto y conducidos a la cárcel por un mes…”.

Así, estos espectáculos (pelea de gallos y juego con agua o carnavales) fueron en su momento criticados por la sociedad; luego de lo cual, el Estado decidió prohibirlos (aunque como todos sabemos, el juego con agua y la pelea de gallos prosiguen y son legales). Sin embargo, el caso de las corridas de toros resultó distinto, no sólo por el espectáculo mismo sino por ser un espacio de discusiones públicas y políticas desde el siglo XIX, cuando los espectadores pertenecian a sectores acomodados, luego se fue afianzando en el pueblo (sectores no acomodados), hasta que fueron internalizados como propios de su cultura.

Esto no significa que estemos defendiendo los juegos con agua o las peleas de gallos, sino que sería conveniente se interprete el decir del Estado en ese momento, tanto los carnavales como los juegos de gallos se prohibieron, esto representaba de alguna manera el temperamento del Estado de esa época en relación a determinadas costumbres.

De otro lado, recordemos que el 02 de enero de 1822 se aprobó la ley que consideraba al juego un delito y estableció penas para los propietarios de las casas donde se permitían estos juegos, por considerarlo un delito que ataca la moral pública y arruina las familias. Cabe mencionar que las penas privativas de la libertad se dieron tanto para los propietarios de las casas donde se jugaba, como para aquellas personas que fueran sorprendidas jugando o se demostrase que jugaban.

Sobre esto mismo, sería interesante saber si el TC considera que con la ley que abolió el juego de carnavales se ha obrado de la misma forma que cuando se abolió el juego de gallos (leyes publicadas el mismo día), porque si estaría de acuerdo con esto, a decir del Tribunal los juegos de carnavales también deberían ser proscritos o sancionados (tal como lo decretó el legislador) porque son actos que suponen una violación de los derechos fundamentales.

En nuestro país, no se han dado normas que limiten o restringan los espectáculos taurinos. De la búsqueda que hemos realizado, entre 1822 a 1904, hemos encontrado tres leyes, la primera, Ley de 23.10.1849, mediante la cual se asigna para el fomento de las escuelas (instrucción pública) de Chiquian, el producto recaudado por las lidias de toros que se realizaban en Chiquian; la segunda, la Ley de 04.12.1849, por la cual se autoriza la venta de carne de los toros que murieran en la fiesta taurina, y la tercera, la Ley aprobada el 16.03.1857, disponiendo que la lidia de toros en la Plaza de Acho se rija por lo estipulado en el contrato de arrendamiento de la plaza, aquí se señaló lo siguiente: “En vista de una consulta hecha por el Arzobispo para que no se permita lidiar toros en la plaza de Acho los domingos y días festivos, ha resuelto, S.E. El Libertador lo que sigue: Atendiendo a que la lidia de toros se hace en la plaza de Acho, por una empresa particular que ha tomado esa localidad, mediante un contrato de arrendamiento, celebrado en pública subasta, con las formalidades de ley y bajo la correspondiente escritura, a que no se ha señalado días festivos para esos espectáculos…. Declarase: Que en el particular, sobre que versa la presente consulta del Arzobispo con respecto a los juegos de toros en la plaza de Acho, se esté al contrato celebrado por escritura pública el 23.10.1855”.

Finalmente, es importe recordar que no se ha emitido Ley alguna en la cual se prohíba las ferias de toros, por el contrario se les ha exonerado del Impuesto General a las Ventas 37. Sigue leyendo

LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS COMO MANIFESTACIÓN CULTURAL. A PROPÓSITO DEL ANÁLISIS DE LA STC EN EL EXP. 042-2004-AI/TC (Parte I)

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*Carmen del Pilar Robles Moreno
Profesora de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

I Introducción

Como sabemos, las manifestaciones culturales de los seres humanos en el mundo, son múltiples, heterogéneas y muy diversas; pero además, no necesariamente compartidas por todos, conforme lo podemos ver en diversas culturas dentro y fuera de un país. Así existen tradiciones o costumbres que para algunos son parte de su vida diaria, y para otros, no son siquiera tolerados. Imaginemos aquellos países árabes en los cuales a los ladrones se les castiga mutilando las manos, o la mutilación sexual de las niñas en países africanos; o aquellas costumbres (que felizmente han ido desapareciendo), como en India donde la viuda era incinerada junto al cónyuge recientemente fallecido, en China donde a las niñas se les impedía el crecimiento de los pies, o las peleas entre perros, osos y lobos en Inglaterra.

Los espectáculos taurinos, se practican en varios países del mundo, con un alto porcentaje de desagrado de las personas que consideran que se trata de un espectáculo cruel, innecesario y atentatorio de la dignidad de los seres humanos.

En esta oportunidad, vamos a reflexionar sobre esta tradición o costumbre del pueblo peruano que llegó con los españoles y que hasta el día de hoy constituye a decir de muchos un espectáculo, una manifestación cultural que se debe proteger. Analizaremos en primer lugar, el concepto de Derechos Fundamentales, para luego examinar la universalidad de los mismos; en segundo lugar, nos aproximaremos al tema del multiculturalismo, estudiando dentro de este concepto los llamados Derechos Culturales; en tercer lugar, haremos un recorrido por la historia de los espectáculos taurinos en el Perú, para luego analizar si efectivamente constituye una manifestación cultural, y si es una manifestación que deba ser considerada como un derecho fundamental; en cuarto lugar, abordaremos el tema tributario, motivo del proceso de inconstitucionalidad; y finalmente, arribaremos a las conclusiones.

El análisis lo haremos a la luz de la sentencia emitida por nuestro Tribunal Constitucional, en un proceso de inconstitucionalidad, donde si bien el tema principal es de naturaleza tributaria, también se toca de manera indirecta el tema de los espectáculos taurinos. Nos referimos a la Sentencia emitida en el Expediente 042-2004-AI/TC, publicada en El Peruano el 18 de agosto del año 2005.

Es preciso subrayar que el referido proceso de inconstitucionalidad es contra el artículo 54 del Decreto Legislativo 776 modificado por el Decreto Legislativo 952 (03.02.2004), y no contra el actual artículo 54, que ha sido modificado luego de la STC que nos ocupa, por la Ley 29168 (publicada el 20.12.2007).

Se debe considerar este trabajo, como una primera aproximación al tema, y no pretendemos, sino aprender escribiendo.

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¿ES EL DERECHO DE PARQUEO UNA TASA?

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*Carmen del Pilar Robles Moreno
Profesora Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y UNMSM

I INTRODUCCION

Cuando estacionamos nuestros vehículos en determinadas zonas de la ciudad nos encontramos obligados al pago del llamado “Derecho de Parqueo ó Tasa de Parqueo Vehicular ó Tasa de Estacionamiento Vehicular”. Se nos entrega un documento o comprobante en el cual se identifica a la Municipalidad que cobra en su calidad de acreedor tributario este derecho. Generalmente se le denomina en el propio documento “tasa de parqueo vehicular”, también se identifica la norma de creación de este derecho, la que, como todos sabemos, debe ser una Ordenanza al tratarse de una “tasa” creada por un gobierno local, y también se señala en forma expresa que “La Obligación nace al momento de estacionarse”, se está refiriendo, claro, a la obligación tributaria.

En este artículo nos proponemos analizar si efectivamente el cobro que se efectúa por el llamado derecho de parqueo constituye una tasa, es decir un tributo. Dicho de otro modo, intentaremos responder a la siguiente pregunta: ¿El llamado derecho de parqueo es una tasa?. Recordemos que las instituciones se identifican por su esencia, por su naturaleza jurídica, y no por la denominación que se les asigna.

Asimismo, recordemos que los Gobiernos Locales de acuerdo al artículo 74 de la Constitución vigente, gozan de Potestad Tributaria para la creación de contribuciones y tasas; no obstante ello, esa potestad tributaria, debe ser ejercida respetando los límites establecidos por la propia Constitución, y no podrían crear un impuesto aunque a este se le denomine tasa, ya que si de su naturaleza jurídica fluye que no se trata de una tasa, sino de un impuesto, la norma que la crea sería inconstitucional.
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LOS LÍMITES AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO

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*Carmen del Pilar Robles Moreno
Profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catolica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

I INTRODUCCION

En la Edad Media europea predominaba el Estado medieval, en donde el gobernante se encarnizaba en la figura del Rey, el mismo que -para administrar los asuntos públicos- fue adoptando determinados roles y facultades.

Este amplio margen de maniobra para atender los asuntos públicos fue utilizado por los Monarcas muchas veces con prudencia, pero en otras oportunidades con abuso.

A fines del siglo XVIII, con el advenimiento del Estado moderno, la emergente clase burguesa señaló la necesidad de una mayor racionalidad en el manejo de los asuntos públicos y en la conducción de la actividad estatal en general.

En otras palabras, llegó el momento en el cual el poder se tenía que despersonalizar, de esta forma, de la persona del Rey había que pasar a los órganos y funciones del Estado.

Es así como van ganando adeptos ideas tales como: seguridad jurídica, división y especialización de los poderes del Estado, teoría de los derechos adquiridos, métodos de interpretación, etc. cuyo común denominador es precisamente dotar de mayor racionalidad al accionar de los órganos del Estado, con la finalidad de evitar abusos y de esta manera garantizar una vida ordenada y tranquila para todas las personas.

Dentro de este orden de ideas, el desarrollo de un Estado de Derecho llevó a la necesidad de garantizar la justicia constitucional. Dentro de esta necesidad de garantizar a los ciudadanos la justicia constitucional, se desarrolló lo que denominamos jurisdicción constitucional, y la aparición de un órgano muy especial por la naturaleza de sus funciones: el Tribunal Constitucional1, veamos:

Hay dos maneras de defender el orden constitucional, la primera de control judicial del poder, esto que es el juez el encargado de la defensa del orden constitucional, esta forma aparece con la sentencia de 1803 de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica2, en el caso Marbury vs. Madison; con este control judicial de poder se busca resguardar las libertades de los ciudadanos. La segunda forma es defender el orden constitucional incluso de los mismos jueces, esto ocurre generalmente cuando los tribunales de justicia no son capaces de garantizar el orden constitucional, de tal manera que la defensa del orden constitucional se defiende creando un órgano distinto llamado Tribunal Constitucional, es así que a comienzos del siglo XX muchas constituciones europeas crean sus propios Tribunales Constitucionales, y luego las Constituciones de países de Latinoamérica adoptan esta forma, como es el caso peruano, que adopta esta figura con la Constitución de 1979.

En este orden de ideas, nosotros consideramos que para el caso peruano y teniendo en cuenta el desarrollo del poder judicial, ha sido acertada la decisión del Constituyente de crear un Tribunal Constitucional, más aún, se hace necesario seguir contando con un Tribunal Constitucional, ya que el juez ordinario no garantiza el orden constitucional al que todos aspiramos.

El Tribunal Constitucional tiene dos particularidades. En primer lugar se dedica a trabajar con la norma positiva más importante del sistema jurídico: la Constitución. En el Perú el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución.

En segundo lugar esta actividad del Tribunal Constitucional suele generar toda una zona de tensión (invasión de competencias) con las funciones de otros órganos del Estado de primera magnitud tales como el Congreso de la República, Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones, etc.

Muchas veces una sentencia del Tribunal Constitucional puede terminar por modificar una ley. Por otra parte una sentencia del Tribunal Constitucional puede generar conflictos con relación a determinadas sentencias del Poder Judicial.

Entonces viene la pregunta: ¿Cuáles son los límites del Tribunal Constitucional?.

Esta pregunta invita a reflexionar -en buena cuenta- sobre la racionalidad del ejercicio de la facultad de interpretar la Constitución, por parte del Tribunal Constitucional.

Como sabemos, de conformidad con el principio de legalidad, todo órgano del Estado -incluido el Tribunal Constitucional- se encuentra sometido a los parámetros que son señalados por la Constitución y la ley. En este sentido, nosotros consideramos que si bien es cierto el Tribunal Constitucional puede interpretar la Constitución no tiene competencia para modificar una ley.

De otro lado, el Tribunal Constitucional es un órgano de control del Poder Judicial, por ejemplo cuando revisa las sentencias denegatorias de procesos de amparo, pero no puede ni debe invadir la autonomía técnica del Poder Judicial.

Nuestra hipótesis de trabajo es que el ejercicio de la labor interpretativa de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional debe ser lo más racional posible; es decir que debe ser compatible y complementaria con la organización y funciones de los demás órganos que forman parte del Estado de Derecho.

Allí donde el Tribunal Constitucional excede los márgenes de racionalidad en su actuar, provoca un resentimiento del Estado de Derecho, con evidentes perjuicios para la sociedad.

Por tanto vamos a estudiar los límites del accionar del Tribunal Constitucional en su labor de interpretar la Constitución, dentro del contexto de un Estado de Derecho. En este entendido, haremos un breve análisis de por qué en el Perú tenemos Tribunal Constitucional –a diferencia de otros países-, qué ha señalado tanto la Constitución como su Ley Orgánica, para luego pasar analizar las competencias y límites del Tribunal, desde el punto de vista de las interpretaciones que ha efectuado, que como hemos señalado son sin duda con la finalidad de defender los derechos constitucionales y la dignidad del ser humano, pero ha sido y es criticado porque se considera que se ha excedido y viene excediéndose en sus funciones. Finalmente, queremos dejar claro que consideramos indispensable en un país como el nuestro que exista Tribunal Constitucional, pero consideramos que hay que buscar que no se exceda en sus competencias para que prime el Estado de Derecho, pues en base a la defensa del mismo, no se deben vulnerar normas constitucionales, o legislar positivamente.
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