El sistema democrático se sustenta en tres poderes de Estado, como sus columnas principales, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. Estos tres poderes basan su poder en la decisión del pueblo, porque para llegar al Ejecutivo y el Legislativo se requiere pasar por procesos electorales donde la ciudadanía manifiesta su aprobación de quienes deben ocupar estos cargos públicos, ya sea el de presidente, como el de congresistas, así como el de autoridades regionales y locales.

El Perú, al igual que la mayoría de países de América Latina vive en un régimen democrático de tipo presidencialista, es decir que el peso y el poder el presidente de la República es central en la toma de decisiones y en la promulgación de políticas públicas que promuevan el desarrollo.

Por esa razón, en democracias de estas características se hace indispensable que el parlamento se constituya en suerte de contrapeso del poder ejecutivo. El Congreso y los congresistas tienen tres funciones básicas para cumplir esta misión: legislar, fiscalizar y representar a los ciudadanos. Esta última función por ejemplo implica la labor de ser intermediario entre las demandas ciudadanas y el Poder Ejecutivo, que muchas veces siente la ausencia del Estado.

Después de una expectativa de cambio en el período presidencial 2001-2006, los escandalos que se suceden en el segundo gobierno de Alan García la política y su institucionalidad (gobierno, Congreso y partidos políticos, Poder judicial) se encuentran desligitimados frente a la ciudadanía, que siente que sus aspiraciones no son tomadas en cuenta en las decisiones públicas, ni se produce un efecto frente a su situación cuando se señala que la economía ha crecido y se encuentra boyante. En suma, los ciudadanos y los peruanos en general no se sienten parte de un gobierno que los excluye, y hay una ausencia del Estado en sus vidas, por lo que no se sienten representados por estas autoridades políticas electas, generando una crisis de representatividad y de la política en general, que si no cambia sustancialmente puede afectar el conjunto del sistema democrático.

Quizás la institución más desprestigiada es el Congreso de la República y los congresistas, que cada uno en sus oficinas se constituyen como pequeños feudos o compartimentos estancos individuales que no responden a las necesidades de incluir a los peruanos, pero que también sufren el desprestigio de que la economía y la política no mejora la vida de las personas. Existe a su vez una tendencia mundial de desprestigio de la política, y en particular de América Latina, donde informes y análisis internacionales nos indican que hemos crecido más que en cualquier parte de la región, pero eso no corta las brechas de desigualdad y exclusión -que no es lo mismo que pobreza- entre los peruanos.

Antes esta deslitimidad galopante del Congreso de la República, se hace indispensable darle posibilidades de renovación al sistema parlamentario, sin esperar los de cinco años reglamentarios fijados por a Constitución Política cuando se convoqeu a otro proceso electoral que lleve a esta posibilidad, o posibilitando que los ciudadanos y la sociedad civil puedan procesar sus cuestionamientos y críticas de manera directa. Los representantes nacionales (congresistas) elegidos para esa función deberían dar cabida a la opinión pública de la ciudadanía sobre su función, y no sostenerse en el voto que recibieron en un momento determinado, y sentirse con todos los derechos por encima del bien y el mal. Además, sin capacidad de ser juzgados (inmunidad) por sus errores, y sin posibilidades de renunciar si hubiera una presión social extendida, porque el cargo es irrenunciable.

La Constitución Política del Perú, señala que cualquier peruano tiene el derecho de elegir y de ser elegido, para los cargos de congresista de la República y de Presidente de la República, con el único prerrequisito de estar habilitado por edad o ciudadanía, para votar o para ser elegido. No existe ningún requisito o prerrequisito adicional para poder acceder a estos cargos de autoridad política.

El artículo 90 de la Constitución señala que para ser elegido congresista: “se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar de derecho de sufragio”. Este elemento democrático de igualdad y equidad no debería perderse pero merece ser mejorado, precisamente para que el sistema democrático funcione más adecuadamente, y para que los ciudadanos, quienes son los mandantes de los mandatarios (las autoridades elegidas) cuenten con espacios de decisión o de poder que a partir de la vigilancia ciudadana o la rendición de cuentas que deberían recibir, proponer y promover la renovación de las autoridades políticas electas.

Existe un derecho de igualdad para que cualquier peruano se encuentre en condiciones de ocupar un cargo público a través del escrutinio, es un fundamento democrático que permite en la teoría el acceso libre y equitativo a estos puestos de poder. Pero, dependiendo del sistema de elección que la democracia acuerde puede hacer la diferencia entre mayores niveles de acceso democrático a estos cargos. Por ejemplo, es distinto un proceso para elegir congresistas en distrito nacional único, que en distrito múltiple, e incluso si hay o no voto preferencial en estos procesos. El dinero o la mayor publicidad de tal o cual candidato, así como la preferencia política de los partidos para colocar en lugares prioritarios de las listas electorales, sin procesar elecciones primarias en esos grupos, reduce a los ciudadanos su abanico de posibilidades de a quienes elegir. Y lo peor, principalmente en el caso de los congresistas, les deja sin posibilidades a la sociedad de poder renovar o sacar del sistema parlamentario a aquellos personajes que fueron elegidos sin mayor conocimiento y que tenían antecedentes penales o judiciales, o tienen un manejo de su gestión inadecuado o ilícito..

Producto de las políticas asumidas a fines de la década del 80 en el mundo, luego del Consenso de Washington, y los efectos de estas medidas neoliberales asumidas, asistimos ante un desprestigio de la política y de una crisis sostenida de representatividad a nivel democrático, y estamos en una tendencia a nivel mundial como diría Anthony Giddens, de que nos encontramos ante un “mundo desbocado” y donde como él mismo afirma: “se requiere una profundización de la democracia porque los viejos mecanismos del poder no funcionan en una sociedad en la que los ciudadanos viven en el mismo entorno afirmativo que aquellos que los gobiernan”. Sintetizando su propuesta en la frase: “democratizar la democracia”. .

Lamentablemente, el desprestigio y falta de representatividad política más acentuada se encuentra en los Congresos nacionales, donde los parlamentarios parecen priorizar el interés privado en desmedro del interés público. Esa es la razón, también para que en realidades como la peruana, los niveles de desaprobación de la gestión parlamentaria alcance altos índices de rechazo, por varias razones, la población y la ciudadanía perciben que lo que les interesa a los parlamentarios no les ayuda a solucionar su problemática más inmediata, muchos sienten que se equivocaron al votar por tal o cual candidato, otros se sienten impotentes al tener que esperar que culmine todo el período por el cual fueron elegidos los parlamentarios para poder renovar, y advierten que no el sistema no permite renovar, porque ni siquiera la presión social, política y ciudadana puede motivar la renuncia de los parlamentarios, porque el cargo de congresista en el Perú es irrenunciable..

Con cierta frecuencia escuchamos al presidente García: “si no les gusta el presidente o los congresistas que el mismo pueblo eligió tienen que esperar a las próximas elecciones para que voten por otras personas para estos cargos, y esto seguro que esos que vendrán tampoco serán de su agrado”. Una posición cínica que pretende llamar democracia a la actividad de decir lo que la gente quiere escuchar con el fin de obtener sus votos, haciendo un círculo vicioso perpetuo que va a hacer, si no se corrige, que la representatividad que las personas no sienten en el sistema la busquen por fuera de él..

Una pregunta que surge, es cuál es la razón para que todos los cargos por elección incluso el de presidente de la República son renunciables, y porqué el de congresista no lo es. Acaso prima aquello de que otorongo no legisla contra otorongo. Parace que sí..

Por ello un prerrequisito que debe ser implementado con una reforma constitucional es que el cargo de congresista, al igual que el de Presidente de la República, o el de alcaldes y regidores deben ser renunciables para colocarlo en condiciones de igualdad con cargos a los cuales se ingresa vía elección política. Eso implica realizar una modificación constitucional..

Capacidad de decisión:.

Precisamente, porque el Congreso de la República constituye un Poder del Estado, que incluso personajes como Víctor Raúl Haya de la Torre lo llamaron el primer poder del Estado, y donde otros como Enrique Chirinos Soto señalaban que el Congreso lo puede todo, es necesario precisar las posibilidades de decisión para posibilitar la renovación parlamentaria sin elección, máxime si existe un mal entendido espíritu de cuerpo para procesar denuncias o pedidos de renuncia..

Este espíritu de cuerpo por ejemplo, puede impedir que sí se reforma la constitución para hacer del cargo de congresista un puesto público renunciable, esto no proceda por más presión social que haya. Del mismo modo, ocurriría con las sentencias o resoluciones de la Comisión de Ética que a lo más permite sanciones sin goce de haber por cuatro meses como máximo..

A la fecha no existe, en la legislación peruana posibilidades de renovación parlamentaria en cada período legislativo. Los ciudadanos y la sociedad civil debe esperar cinco años para renovar o ratificar a los congresistas electos. Si dentro de esos cinco años que dura el período legislativo, existe un comportamiento no adecuado del congresista no se podría retirarlo del sistema de representación política parlamentaria, a no ser que exista una denuncia constitucional que, a su vez, implica un proceso largo y engorroso que se inicia con un proceso de investigación entre pares congresistas..

Para llegar a ser congresista, ya hemos dicho que no hay requisitos o prerrequisitos adicionales más allá de ser peruano y tener la edad adecuada para postular. Luego de las elecciones y sí se obtiene los votos necesarios se accede a una credencial del Jurado Nacional de Elecciones, entidad que certifica la condición de congresista electo..

Con esta credencial, el congresista electo se acerca a la Oficialía Mayor del Congreso de la República y como señala el Reglamento del Congreso de la República tiene que llenar una serie de formatos donde coloca sus currículo de vida, así como tiene que llenar con la verdad su declaración jurada de bienes y rentas. Declaración que debe ser presentada a la misma Oficialía Mayor y esta hacerla pública, ya que si este proceso no se realiza, el congresista electo no puede juramentar para asumir su cargo, y podría quedar –hasta que no se corrija- en la condición de electo..

Luego de juramentar y asumir sus funciones, la Oficialía Mayor tiene la obligación de otorgarle al congresista electo las facilidades administrativas que lo ayuden a realizar su función como es la de contar con personal de confianza para sus oficinas, una remuneración mensual adecuada que hoy suma unos 23 mil nuevos soles, incluido los llamados gastos de representación (antes gastos operativos).

A diferencia de lo que ocurre en el sector privado estos gastos de representación en la práctica constituye un sueldo adicional, porque sólo se tiene que rendir un porcentanje del monto total. Por ello una de las tareas del personal de confianza de algunos congresistas es conseguir comprobantes y facturas que cubran la rendición del dinero que reciben. .

Incluso, existe un formato de rendición de cuentas donde se consignan rubros como el gastos médicos no considerados por el seguro privado que el Congreso les otorga, o pago de teléfonos móviles personales y el de sus casas, así como el pago de gasolina para sus autos, o diversos gastos de representación..

No hay transparencia en el uso de estos recursos, estos se encuentran en la esfera privada del manejo de cada uno de los congresistas, pero incluso, sobre el monto que se rinde cuenta no existe ninguna evaluación para conocer a ciencia cierta si lo que se audita corresponde con la verdad o es sólo un saludo a la bandera. Creo que habrían muchas sorpresas, si se escudriñara un poco más por este lado. (Acción o exámenes de control con resultados públicos)..

Asimismo, el artículo 92 de la Constitución Política señala que: “ La función de congresista es de tiempo completo; le ésta prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso. El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional. La función de congresista es, asimismo, incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatorio, abogado, accionista mayoritario o miembro del Directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obra, de suministro o de aprovisionamiento, o que administran rentas públicas o prestan servicios públicos. La función de congresista es incompatible con cargos similares en empresas que, durante el mandato del congresista, obtengan concesiones del Estado, así como en empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros”..

Pero, los congresistas que son los que producen las leyes aprueban su Reglamento interno que es ley de la República donde interpretan y precisan que lo de tiempo completo no quiere decir exclusivo, y entienden que las horas de funcionamiento del Congreso es cuando hay convocatoria de plenos o en el momento que se reúnen las comisiones ordinarias..

Por ello debería existir una reforma que obligue al carácter exclusivo de la función congresal, porque si bien se discuten y aprueban leyes, y se fiscaliza durante el funcionamiento de las comisiones y el pleno, se es representante de la nación (la tercera función parlamentaria) permanentemente. (Modificación constitucional)..

En suma es posible, a partir del uso de los recursos públicos que se le asigna a los congresista o la dedicación a su gestión como parlamentarios lo que posibilitaría con mayor rapidez renovación de los miembros del Congreso de la República, y sentaría precedente político sobre el comportamiento con los bienes públicos y el mandato otorgado por la ciudadanía. .

También queda como alternativa la denuncia constitucional, pero que implica un proceso más extenso y engorroso, que por lo general queda en el tintero, y sólo cobra fuerza cuando este procede del Poder Judicial, más no de los ciudadanos. Ya que cuando un ciudadano presenta una denuncia constitucional contra cualquier miembro del parlamento, un congresista tiene que hacer suya dicha denuncia para que recién se abra investigación contra el denunciado. Sino la denuncia es dejada de lado.

Propuesta

Aparentemente, el Congreso de la República podría ser señalado como un sistema blando, porque es obvio que no hay posibilidades de cálculo, y hay una alta ambigüedad, que duda cabe. Sin embargo, no cumple la condición de búsqueda de objetivos definidos, es decir aprendizaje, sino que por el contrario, su misión de legislar, fiscalizar y representar no corresponde a un línea organizacional, sino a un perfil individual de los 120 congresistas, o en el mejor de los casos de cada uno de los grupos políticos representando en el Congreso, incluidos los independientes..

No existe nivel de aprendizaje, porque no hay proceso de acumulación de información, y todo aparece más como un círculo vicioso donde no hay proceso de aprendizaje..

Así, a partir de la teoría de la complejidad podemos arribar a buscar decisiones más adecuadas a las políticas públicas y de gobierno, incluso a modelo anárquicos donde puede ser ubicado el Congreso de la República..

Por la teoría de la complejidad conocemos que las posibilidades de mejora se pueden dar en dos tipo de situaciones: ante la presencia de una crisis o la posibilidad de aprendizaje que permita a los ciudadanos apoyar determinadas medidas políticas..

En el caso del Congreso de la República, la actual situación de crisis de representatividad y legitimidad política e institucional, podría permitir perfilar una toma de decisiones que permita la renovación política parlamentaria si elecciones a partir de algunas modificaciones institucionales o la institucionalización de auditorias de los recursos que les son otorgados a los parlamentarios. Seguramente nos hallaríamos con muchas sorpresas, al igual que con la auditoria que se puedan hacer de las declaraciones juradas de bienes y rentas, como ocurrió en el caso del congresista Víctor Valdez y su supuesta biblioteca avaluada en más de un millón de soles..

Por esta razones proponemos los siguiente para renovar el sistema parlamentario sin elecciones:.

Los congresistas como hemos mencionado luego recibir la credencial de la entidad denominada Jurado Nacional de Elecciones pasa a juramentar y asumir sus funciones, cuentan inmunidad parlamentaria frente a las opiniones, votaciones que realizan en el ejercicio de sus funciones, hecho por el cual no puede ser juzgado, salvo alguna denuncia constitucional que sea acogida por la entidad denominada Comisión de Constitución. De otro lado, frente a faltas de comportamiento e incluso de gestión o de la relación entre los miembros del Congreso de la República la Comisión de Ética es la entidad responsable de estas investigaciones y de proponer sanciones máximo por 120 días sin goce de haber..

Otra entidad que puede emitir denuncias o informar sobre el estado o record de denuncias o procesos abiertos o cerrados de los congresistas electos y en ejercicio es la entidad Poder Judicial-Fiscalía. .

La entidad Oficialía Mayor es la encargada de suministrar los recursos públicos (económicos y humanos) a los congresistas para el ejercicio de sus funciones, y es la que recibe las credenciales que reciben los parlamentarios del Jurado Nacional de Elecciones y de recibir las declaraciones juradas de bienes y rentas que deberán ser publicadas..

Por su parte, la entidad Contraloría General de la República debería evaluar el uso adecuado, eficiente y eficaz de los recursos públicos que se le entrega al Congresista como gastos operativos y de los cuales sólo rinde el 30 por ciento como máximo, así como definir si existe veracidad en las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas..

1.- Reforma de la Constitución Política que posibilite el carácter renunciable del cargo del congresista, así como la exclusividad en la dedicación del cargo durante el período para el que fue electo. Propuesta que tiene que ser canalizada por la Comisión de Constitución. Ello coloca en igualdad de condiciones a las autoridades políticas electas, y posibilita que la ciudadanía tenga una fuente de presión social demandando el cambio de algún parlamentario por razones justificadas..

2.- Uso eficiente de recursos. Las auditorias por la rendición de cuentas del 30 por ciento de los gastos operativos, y que concluyan con recomendaciones de uso irregular o no sustentado de estos fondos debería culminar con la renovación del cargo de parlamentario, que deberá ser asumido por el que siga en la lista política por la que postuló, independientemente de los procesos legales a que de lugar estas auditorias. Igual procedimiento se deberá asumir para el caso de las auditorias sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas que han presentado los congresista para asumir su cargo. La renovación se produce por la gravedad de mentir o falsear la realidad tanto para el uso de recursos públicos, como para jurar en una declaración de lo que se declara es la verdad. Si la mentira es una de los criterios de los congresistas electos desde el inicio de su gestión, la sanción debería ser la renovación por mentir a la nación, más aún cuando una de las funciones centrales de todo parlamentario es fiscalizar, precisamente el comportamiento y el uso adecuado de los recursos de los demás funcionarios y autoridades del Estado. Asimismo, al momento que juran en nombre de la Constitución, juran cumplir y hacer cumplir las leyes, y no sacarle la vuelta o aprovecharse de las leyes. Se debe predicar con el ejemplo..

3.- Reforma de la Constitución Política que posibilite la dedicación exclusiva al cargo de congresista de la República, porque no sólo se es representante algunas horas, sino siempre. Esta decisión pública busca terminar con el ejercicio de “lobbys” en la gestión parlamentaria, y el uso de la presentación de iniciativas legislativas, por ejemplo, para satisfacer a estos grupos de interés. Transgredir esta norma debe provocar la renovación parlamentaria de inmediato..

4.- Adicionalmente se encuentra abierto la posibilidad de renovar congresistas a través del proceso de denuncias constitucionales. Esta es la única decisión presente a la fecha a la que pueden recurrir los ciudadanos para denunciar a un congresista y/o para pedir su desafuero parlamentario y posibilitar la renovación..

Aplicado la priorización de jerarquías para la toma de decisiones a partir de tres alternativas: auditoria de uso de recursos públicos, denuncia constitucional, y exclusividad de la función legislativa; y luego de contrastar los criterios y entre alternativas, dio como resultado la auditoria del uso de recursos públicos..

5.- Otra puerta abierta para la renovación de congresistas es poder modificar la Constitución Política y poder renovar la representación por tercio o por mitades, hecho que se discute desde hace más de seis años, perto que entra en el espacio de la convocatoria a elecciones..