“Hubo un tiempo en el que mi ambición era ganarme la vida como un verdadero músico. Abrigaba el sueño de convertirme en el próximo Kurt Cobain. Por ingenuo y estúpido que parezca ahora” (Bowen, 2016, p.78).

El Covid-19 ha cambiado todo, desde nuestra forma de relacionarnos hasta la forma de ver la vida, el mundo legal también ha sido tocado, en ese sentido, en el Perú ha habido cambios normativos drásticos y constantes durante el estado de emergencia, en materia laboral, tributaria, aduanera, etc. Sin embargo, no habido el mismo interés para la protección a los consumidores, tal vez el legislador pensó que, al no haber mercados o centros comerciales abiertos, no habría consumidor a quién proteger; sumado a ello se suspendieron los plazos administrativos en la tramitación de reclamos.

Sin embargo, las relaciones de consumo continuaron y particularmente en los bancos, clínicas, universidades, colegios, etc. En un principio parecía salvable, pero las sucesivas prórrogas del estado de emergencia, volvieron insalvables los sinnúmeros de conflictos que se suscitaban a diario, ya que los consumidores tenían la necesidad de proveerse de servicios y productos. Así pues, este contexto exigía un marco de protección especial, pronto y adecuado, conforme al mandato del artículo 65º de la Constitución Política del Estado, no obstante, no hubo ninguna respuesta normativa.

Resulta más que obvio decir que nadie esperaba esta compleja situación que ha planteado el COVID-19, y mucho menos la Administración Pública. Si bien, existieron algunos chispazos de protección al consumidor, como los reclamos virtuales a través de plataformas en internet; con los plazos suspendidos resultaban inútiles para los intereses de protección inmediata que requerían los consumidores, por tanto, estos chispazos no tuvieron la utilidad esperada.

Luego de tres meses de confinamiento, y ya casi al término del estado de emergencia, empezaron a dictarse medidas que parecieran salvar al consumidor, como es la atención presencial en INDECOPI (conforme al Decreto Supremo N° 094-2020-PCM), no obstante, solo operó dicha atención en la capital.

Ahora, si evaluamos el costo de la desprotección durante este tiempo es brutal. Particularmente en las relaciones de consumo de salud (clínicas y farmacias).  Cómo se puede hacer justicia administrativa, de consumidores que han perdido a familiares, que por la mala atención de proveedores. De qué manera, se podrá ayudar a los clientes bancarios que se han vistos orillados a cerrar negocios por no poder pagar sus créditos, cómo se subsana la idoneidad en el servicio educativo privado habiendo transcurrido más de la mitad del año.

Es fácil ser General después de la batalla, es fácil  pensar ahora que se pudieron aprovechar de mejor manera los medios virtuales, no debieron suspenderse plazos en materia de consumidor, etc. Pero, lamentablemente, esta pandemia ha demostrado que el consumidor siempre ha sido la última rueda del coche.

Referencias

Bowen, J. (2016). Un gato callejero llamado Bob. Buenos Aires: El Ateneo.