Mes: octubre 2018

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La realidad es cruda triste y amarga, existen problemas latentes y prevalentes en el sector salud y están relacionados a la salud mental; uno de los principales desarrollos realizados tomando como sustento la décimo tercera política de Estado (equidad y justicia social)  firmada en el acuerdo nacional con una vigencia de 16 años,  ha sido la dación e implementación de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, que tiene como fin garantizar el derecho pleno y progresivo de toda persona a la seguridad social en salud. A partir de esta norma, se han desarrollado otras complementarias así como regulaciones, planes y acciones específicas entre las que destacan la ley de financiamiento de los regímenes subsidiado y semicontributivo, el incremento significativo del presupuesto para el Seguro Integral de Salud y el fortalecimiento del Fondo Intangible Solidario de Salud, a cargo del financiamiento de las Enfermedades de Alto Costo, y de las Raras y Huérfanas. De igual manera, la aprobación y ejecución del plan nacional para la atención integral del cáncer y el mejoramiento del acceso a servicios oncológicos en el Perú, sin embargo la SALUD MENTAL se encuentra en total abandono.

El pasado mes de setiembre, tuve dos entre tantos casos que pueden graficar la problemática de un sector sensible que no se le ha dado la prioridad que requiere:

Ingresó al servicio un señor completamente ebrio , solicitando apoyo para la exoneración de su atención en emergencia por una alergia, hice el acompañamiento al señor, y en el interin me pedía disculpas por su estado y me agradecía por la atención, mientras lo iban atendiendo, él me contaba que quiso suicidarse en varias oportunidades porque escucha voces y le siguen personas, que sufre mucho, que bebe licor para huir, que no tiene los medios económicos y que porfavor lo ayude en su internamiento, refirió haber estado en un establecimiento de salud del estado pero el tratamiento psiquiátrico tiene costos que el SIS no puede cubrir, que se encontraba desesperado, que muchas veces camina por la calle y desconoce a las personas y en su desesperación los confunden y quisiera agredirlos y para evitar desgraciarse prefiere el suicidio, pero sufre porque tiene una hija pequeña y él no se quiere morir, necesita ayuda, quiere luchar por su vida.

 

Llegó una paciente por una referencia y derivación, indicó abuso físico evidenciándose moretones , y abuso psicológico por parte de su esposo, manifestó  que descubrió que su esposo se dedica al sicariato desde entonces él la amenaza a ella y a sus niños pequeños con matarlos dado que ambos son de su primer compromiso, ella está depresiva y con ideas recurrentes de suicidio, ha pensado incluso abandonar su estado de salud (tiene una fuerte infección, está con antibióticos)  para quitarse la vida con el bebé, su estado actual es de gestación aproximadamente de 34 semanas, tiene 02 hijos menores de edad de quienes no reveló su identidad , y que temporalmente los envió con la señora que la crio (fue traída de la sierra a los 8 años y la abandonaron en una familia para los quehaceres del hogar), actualmente depende de su esposo y vive con sus suegros, indica le brindan alimentación pero a veces no le dan nada, estuvo trabajando temporalmente en un carrito sandwichero  ; su situación es de alto riesgo, ella por su parte no quiere denunciar porque no cuenta con redes de apoyo familiar y económico y teme por la vida de sus niños, En  este último caso damos cuenta la desprotección de servicios de alimentación y por qué no decirlo salud física , dado que pierden el SIS de inmediato que dan a luz al niño y se encuentran en situación más vulnerable aún, por otro lado muy importante se observa que las políticas protectoras hacia la violencia contra la mujer no están siendo efectivas, en mi última clase de semestre con mis compañeras de la Maestría en Familia dos de ellas analizaron a la perfección estos cuellos de botella:

Primero perseguimos la equidad y fortalecimiento del vínculo familiar sin embargo, empezamos desde el nombre y público objetivo, “Ministerio de La Mujer y Poblaciones Vulnerables” y por donde está la equidad?; se aborda el caso y se determina el estado de salud psicológica de la paciente en riesgo y no se le brinda tratamiento, el agresor tiene solo dos posibilidades ; alejarse o ir preso , y dónde está el fortalecimiento del vínculo familiar y la justicia social si tampoco se da la opción al tratamiento para su recuperación.

Ahora cada vez las cárceles o reclusorios su tendencia es el hacinamiento, su enfoque para nada es de readaptación y recuperativo, quienes cumplieron sus condenas salen a repetir escenas delincuenciales y los que lograron su recuperación están estigmatizados.

Hasta ahora no existen programas al interno del penal que permita una verdadera reeducación, por ejemplo, la alfabetización, la enseñanza en oficios productivos, la mejora de estilos saludables, el fortalecimiento de la identidad y civismo y lo más importante una atención integral en salud mental , muchos de ellos su violencia es por algún tipo de condición de trastorno mental o distorsión de la realidad , además  grupos de recuperación de sustancias adictivas o psicoactivas; eso no  lo hay, brindarle a la familia que queda afuera soporte psicológico. Existe la fuga de millones del estado en cifra sobrevaloradas en la construcción de escuelas, hospitales y obras que ejecuta, sin embargo no abordamos esta problemática con profesionalismo y seriedad, no queremos atender pero tampoco buscamos prevenir.

Para concluir si buscamos la justicia social, implica la equidad, inclusión y no discriminación, además se observó el riesgo de las personas homosexuales que ingresan a un penal, son más vulnerables a ser ultrajadas; y tampoco se ve por la construcción de un pabellón para ese grupo.

Si no detenemos la violencia con prevención y buscamos solucionarla con más violencia o mayor exposición entraremos en una ruleta y estaremos perdidos. Se requiere incrementar el presupuesto en labor preventiva e inserción de profesionales de la salud como Psicólogos y Trabajadoras Sociales, así mismo hacer cumplir la ley de las profesiones y mejorar sus condiciones de trabajo; así mismo diseñar y desarrollar programas recuperativos.

Agradezco a mis compañeras Yenko Quispe y Elizabeth Pretell  por sus aportes.

 

 

A menos de una semana de las elecciones el 80 % de la población  todavía no se decide por quien votar, por cada 100  atenciones diarias realizadas mediante sesiones, charlas u otro tipo de capacitaciones, quizá menos de 20 personas tienen una clara convicción, eso nos hace inferir que, si las encuestas que circulan en las redes sociales son ciertas; primero , se está calculando en una minoría no significativa; segundo que su seudo liderazgo es tan débil que estas encuestas no valen para el cálculo probabilístico ya que esta minoría podría cambiar su voto en las urnas.

Por otro lado también se puede inferir algo con mayor relevancia, lo único que se está tomando en cuenta para medir las preferencias e inducir a las inversiones de los privados con aportes en la campaña, es la población que tiene acceso a tecnologías y que precisamente no son la población mayoritaria que se persigue atender, primero y básico , la mayoría de  gente trabajadora permanece en sus centros laborales de 12 a 14 horas diarias y que además el lugar donde viven no tienen luz eléctrica, por cada barrio en pleno siglo XXI solo una familia tiene televisor y su frecuencia radial accesible es AM y solo para escuchar música andina, para culminar, no tienen redes sociales porque con las justas cuentan con un teléfono básico por familia y para finalizar no podrían usarlo , porque el grupo poblacional electoral no lee ni escribe, asi que amigos si creen que son ganadores con el psicosocial  de las redes sociales , es un pesar por ustedes y por quienes compraron medios de comunicación, alístense porque en las urnas les va a costar mucho dinero ganar.

La ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE),  los medios de comunicación  y la población en general seguimos siendo cómplices de la CORRUPCIÓN, nadie se levanta y se moviliza o movilizó para que se incluyera en el reglamento para elecciones , LA PROHIBICIÓN de circulación de ENCUESTAS FALSAS, tendría que haber habido un acuerdo que incluyera en los pagos de inscripción de partido y candidato un costo para que sea la misma ONPE o JNE el ente de realizar tres encuestas a nivel nacional por región así se hubieran evitado causar confusión con encuestas falsas y que además medios escritos las publican, si sus encuestas fueran tan reales como las pintan serían los primeros en haber solicitado este proceso transparente, por otro lado realizar un llamado de atención al ente encargado de este proceso.

Es una falta grave, hasta una estrategia desesperada que un solo partido maneje tres o cuatro alternos es una payasada, que se identifiquen además con colores similares y sus bases funcionen en los mismos locales eso sí es una bajeza, o que nuevamente quieran insertar gente que no tiene nivel de educación y conocimiento de la realidad para comprenderla y realizar propuestas claras.

Para concluir, pedir a nombre de toda la población Liberteña que ya estamos condenados nuevamente a recibir gobernantes que no elegimos, tengan la delicadeza que si por lo menos se auto eligen , no abandonen sus cargos y coloquen sucesores, porque pese a que sus sucesores o accesitarios probablemente se encuentren en mejores condiciones de gobernar que ustedes , tampoco están preparados, en gestiones anteriores no se sabía si tener indignación o pena por quienes fueron los encargados, y encima que sus detractores le dan de alma, tienen la conciencia de pese a que es de propia bancada también lo desameritan , por mi parte creo que hizo su mayor esfuerzo, quizá el mejor, y yo sí lo felicito y lo aplaudo fue el único que tuvo los cojones de dar la cara y por lo menos quedar su prestigio en ridículo para no caer en corrupción.

Basta ya de seguir admitiendo improvisados y oportunistas, cambiemos la MISERIA por DIGNIDAD.

Piensa bien, lee bien e infórmate bien

 

Este 07 de octubre marca así

Con Juntos por el Perú con Roberto Angulo

Región La Libertad

Política Internacional

Los objetivos del Milenio son ocho y tres de ellos están enfocados a la salud:

• Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
• Mejorar la salud materna.
• Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

(La salud y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, WHO 2005)

Balance del Acuerdo Nacional al año 2014

Aseguramiento Integral a los Servicios de Salud

El derecho a la salud y a la seguridad social constituye un derecho social reconocido por nuestra Constitución, y es considerado actualmente como parte de los derechos humanos de segunda generación. No puede aceptarse el desarrollo social y económico de un país sin contar con una población sana en cuerpo y mente, lo que requiere tener condiciones básicas de saneamiento, servicios médicos preventivos, recuperación y rehabilitación, que presten atención de calidad, con eficiencia y efectividad. La décimo tercera política de Estado del Acuerdo Nacional (AISS) expresa estos conceptos, que han sido recogidos en la Ley 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal de Salud; busca asegurar las condiciones para un “…acceso universal a la salud, en forma gratuita, continua, oportuna y de calidad…”, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud, promoviendo el acceso universal a la seguridad social y fomentando el desarrollo de un sistema nacional de salud integrado y descentralizado. Está orientada a lograr la equidad y justicia social, mediante el desarrollo humano integral, la superación de la pobreza y la promoción de la igualdad de oportunidades, en un marco de pleno respeto a los derechos humanos, todos componentes del bienestar y la calidad de la salud integral.

El avance de esta política de Estado es limitado. Para su implementación se han dado políticas parciales y a veces contradictorias.

El crecimiento económico no ha financiado la inclusión social y las inequidades que se mantienen entre regiones, entre la población pobre y la de mayores ingresos, entre la población rural y la urbana.

No se ha construido un sistema nacional, por el contrario, se ha aumentado la segmentación y fragmentación; la rectoría del Ministerio de Salud está muy debilitada; existe un déficit importante en infraestructura y equipamiento; los recursos humanos en salud están mal distribuidos, hay déficit de especialistas, no hay condiciones adecuadas de trabajo; la atención en establecimientos públicos es de mala calidad; el Seguro Integral de Salud (SIS) es un seguro  para pobres; el financiamiento público es escaso; y hay un bajo acceso a medicamentos de calidad, eficaces y seguros. Habiéndose convocado a una reforma del sector salud, y al fortalecimiento del sistema, se hace indispensable su cumplimiento cabal.

En el tema de salud, y en el marco de las políticas vinculadas a la equidad y la justicia social, el Acuerdo Nacional sirvió como marco para la instalación de un espacio ad hoc denominado “Acuerdo de partidos políticos en salud”, que logró establecer consensos con relación a diversos temas de salud pública de importancia, los que se plasmaron en una serie de documentos técnicos alcanzados como propuestas de políticas sanitarias a aplicarse avanzando sobre lo ya construido por el país.

En este contexto, uno de los principales desarrollos realizados tomando como sustento la décimo tercera política de Estado ha sido la dación e implementación de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, que tiene como fin garantizar el derecho pleno y progresivo de toda persona a la seguridad social en salud. A partir de esta norma, se han desarrollado otras complementarias así como regulaciones, planes y acciones específicas entre las que destacan la ley de financiamiento de los regímenes subsidiado y semicontributivo, el incremento significativo del presupuesto para el Seguro Integral de Salud y el fortalecimiento del Fondo Intangible Solidario de Salud, a cargo del financiamiento de las Enfermedades de Alto Costo, y de las Raras y Huérfanas. De igual manera, la aprobación y ejecución del plan nacional para la atención integral del cáncer y el mejoramiento del acceso a servicios oncológicos en el Perú – Plan Esperanza, son expresiones de lo avanzado en el marco de las políticas establecidas por el Acuerdo Nacional.

Luego de 16 años de aprobado el Acuerdo Nacional y de 11 años de vigencia del Acuerdo de los Partidos Políticos en Salud, es posible constatar avances importantes y también limitaciones que se convierten en grandes desafíos a encarar en el corto, mediano y largo plazo.

En promoción de la salud, el país ha avanzado en la provisión de agua y desagüe, en la determinación de estándares de calidad ambientales y en el señalamiento de límites máximos permisibles de factores que contaminan el ambiente, así como en nueva legislación que restringe el consumo de tabaco, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y que promueve la alimentación saludable.

En prevención de enfermedades, se ha dado un salto muy importante en la ampliación del esquema de vacunas, siendo Perú uno de los países con mayor número de vacunas contra las enfermedades más frecuentes en América Latina. Pero también constituyen factores de prevención importante los programas gratuitos de lucha contra el VIH/SIDA, la TBC, la malaria, el dengue y muchas otras enfermedades transmisibles; el mejoramiento y ampliación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, para prevenir embarazos no deseados y reducir la mortalidad materna; y la nueva legislación sobre la salud ocupacional, que obliga a todas las empresas e instituciones laborales a chequear a su personal por lo menos una vez al año, para descartar enfermedades que pudiesen tener relación causal con las condiciones de trabajo.

En recuperación de la salud, la Ley de Aseguramiento Universal en Salud ha permitido que el porcentaje de población cubierta por un seguro de salud crezca del 36% en el año 2006 a aproximadamente el 70% en el año 2013. De la mano con ello también se ha incrementado el acceso a los medicamentos, que se expresa en que el mercado del fármaco haya crecido de 1,000 millones de dólares en el año 2008 a 1,700 millones de dólares en el 2013, y que la participación del sector público en ese mercado sea del 60%.

En financiamiento, se ha cuadruplicado el presupuesto público de salud, pasando de S/. 2,158 millones en el año 2002 a S/. 11,098 millones en el año 2013. Sin embargo, todavía es insuficiente.

En coherencia con la suscripción de las políticas de Estado, que es un compromiso de todos los partidos políticos ante el país, sería conveniente para lograr el crecimiento económico con equidad, vale decir, con justicia social, Establecer en el Plan Nacional de Desarrollo algo similar a los Objetivos y Metas del Milenio de la Organización de Naciones Unidas, con plazos y metas a cumplir para cada una de las políticas, por ejemplo: la reducción de la tasa de mortalidad infantil, mortalidad materna y desnutrición por regiones, provincias y distritos de todo el país, y de igual forma para todos los componentes del desarrollo humano.

Programa Nutricional y Promoción de la seguridad alimentaria

En el Perú, como en la mayoría de países latinoamericanos, la debilidad institucional y una inadecuada redistribución de los ingresos dificultan en parte la consolidación de la democracia.

La articulación de los planes de desarrollo concertado, el inicio del manejo de Presupuestos por Resultados, la Estrategia Nacional CRECER, la puesta en marcha de las Estrategias Nacionales de Seguridad Alimentaria y de Desarrollo Rural, así como el análisis de estos instrumentos en los Foros Descentralizados y en sesiones plenarias del Acuerdo Nacional contribuyeron a la vigencia de su política Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición, y fueron el pilar para la disminución de la desnutrición crónica infantil, según datos oficiales del INEI, en lo nacional de 22.9% en el año 2005 a 16.6% a agosto del 2011, y en lo rural de 40.1% a 32.0% para el mismo período.

CONVEAGRO representa a gremios nacionales de productores e instituciones de la sociedad civil vinculados al sector agrario, y mantiene un interés prioritario en las políticas de Estado 23, Política de desarrollo agrario rural; 15, Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición; 33, Política de Estado sobre los recursos hídricos; y 10, Reducción de la pobreza. En relación a la Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición, CONVEAGRO respaldó a la ONU en declarar el año 2014 como “Año Internacional de la Agricultura Familiar- AIAF”, planteando al Ministerio de Agricultura el diseño y ejecución de programas y actividades en los próximos años a fin de situar a la agricultura familiar en el centro de la política agraria, por su papel clave en el desarrollo rural, en la seguridad alimentaria y en la gestión del territorio, garantizando la provisión y oferta permanente de alimentos.

Reducción de la pobreza, es el caso de la Región Ayacucho que, según el INEI, redujo la pobreza en 22.5 % entre el 2007 y el 2010, siendo un referente nacional e internacional; este logro obedece, en gran parte, al impulso de la agricultura en la región.

Los lineamientos del AN priorizan la responsabilidad de los gobiernos de dar continuidad a los planes, programas o proyectos nacionales estratégicos, a fin de que el desarrollo del Perú sea sostenible en el tiempo. En tal sentido, debe apuntarse a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como a seguir impulsando la Gestión por Resultados en el Desarrollo.

En cuanto a la Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición, se debe dar especial relevancia a la agricultura, en el entendido de que una seguridad alimentaria sostenible es el resultado de la aplicación de una adecuada política agraria.

El ex Presidente de la Unión Africana, O. Obasenjo, manifestó en el año 2005: “cuando a un pobre se le quita el hambre, su pobreza se reduce a la mitad.”

Justamente, se quita el hambre con seguridad alimentaria. Se busca la disponibilidad y el acceso de la población a alimentos suficientes y de calidad. En consecuencia, se debe alentar una agricultura diversificada y sostenible, aumentando la producción y la productividad.

Considerando que la desnutrición infantil es un problema social que se origina en las madres gestantes, el Estado debe priorizar la intervención del binomio madre-niño, alentando una alimentación esmerada durante la gestación, con alimentos a base de hierro para prevenir la anemia infantil; así como brindar suplementos, especialmente en base a hierro orgánico como quelatos, a menores de 5 años. También se debe promover intervenciones de desparasitación y garantizar un adecuado saneamiento básico, determinante para disponer de agua de calidad

Los términos “seguridad alimentaria” y “nutrición” son dos conceptos complementarios.

El primero se refiere a la disponibilidad de alimentos, al acceso de las personas a ellos y a su aprovechamiento;

El segundo, es la correcta utilización biológica de los nutrientes contenidos en los alimentos ingeridos. No siempre el aseguramiento alimentario nos garantizará una correcta nutrición. Para ello, es necesario consumir los alimentos que proporcionen los nutrientes requeridos en cantidad y calidad adecuadas, en la etapa de la vida que corresponda. Esto evita una “mal nutrición”, que no es lo mismo que estar “desnutrido”.

La política 15 del Acuerdo Nacional estableció el compromiso del Estado de capacitar y educar a la población en temas de nutrición para conseguir una adecuada alimentación, así como otorgar complementos y suplementos alimentarios y nutricionales.

“Incluir para Crecer” es una herramienta de gestión que busca ordenar y orientar las intervenciones articuladas de los tres niveles de gobierno en materia de desarrollo e inclusión social hacia resultados prioritarios, reconociendo las competencias y procesos en marcha. La desnutrición crónica infantil, que alcanza a un tercio de los niños rurales y a la mitad de los niños considerados como población en proceso de desarrollo e inclusión social.

 

Reducción de la Pobreza

El 2005, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), recogiendo las propuestas de la campaña “En el presupuesto público, las niñas y los niños primero”, sugirió al Foro del Acuerdo Nacional promover que se le dé prioridad, en las Leyes de Presupuesto y de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, a un conjunto de actividades a favor de la infancia, y que se usen clasificadores de gasto para cada una a fin de darles seguimiento. La iniciativa dio lugar a la aprobación, en el Acuerdo Nacional (AN), del Compromiso para la mejora de la calidad del gasto con una visión de largo plazo, en noviembre de 2005.

El Compromiso buscaba proteger el presupuesto asignado a: registro de identidad, controles prenatales, parto seguro, control decrecimiento y reforzamiento nutricional, capacitación nutricional y sanitaria de las madres, inmunizaciones, atenciones de infecciones respiratorias agudas y de enfermedades diarreicas agudas, vigilancia de la calidad del agua, acceso a centros escolares seguros y con servicios básicos, asistencia de alumnos y docentes, acceso efectivo a materiales educativos y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizajes.

La pobreza debe ser enfrentada mediante el desarrollo de capacidades en la gestión local, la inversión social en salud y educación, la ejecución de proyectos de infraestructura y la promoción del empleo digno. Es también fundamental desarrollar un Estado transparente y eficiente que fomente el ejercicio de la ciudadanía y su participación en los procesos de construcción de una sociedad más solidaria, justa y fraterna.

Retos y Desafíos en el sector salud

• Coordinar la movilización de recursos y focalizar los escasos recursos en los grupos más desprotegidos
• Desarrollar sistema de información que permita establecer prioridades y objetivos sanitarios
• Contar con marco legal que respalde al MINSA en el rol rector
• Contar con recurso humano calificado para ejecutar funciones de rectoría
• Contar con especialistas bien capacitados en gestión pública y buen gobierno.
• Participación activa y efectiva en las estrategias y presupuestos participativos que asigna el estado.
• Fortalecer la promoción y prevención en salud;
• Incrementar el financiamiento público, contributivo y privado en salud hasta alcanzar el 7% del PBI.
• Descentralización, desconcentración de la salud pública
• Aseguramiento universal salud sostenible sin entrampamientos
• Articulación e Intersectorialidad del sistema de salud para hacerlo más eficiente
• Fortalecimiento de la atención primaria en salud

Conclusiones

• Se debe contemplar seriamente desarrollar un plan nacional para ofrecer a todo nivel de instrucción, una Educación Nutricional Masiva, que permitirá un adecuado conocimiento nutritivo de los alimentos para su adecuada y correcta utilización
• Servicios de Salud, Programa Nutricional y Promoción de la Seguridad Alimentaria está directamente correlacionada con la disminución de la pobreza.
• Los indicadores que permiten el monitoreo de logros y metas periódicas que se aplican en los programas de salud presentan limitaciones y esto yace desde el diseño de los programas con falta de adecuación y contextualización.
• El eje capacitación debe asignarse la prioridad principal que requiere.

 

Por Liliana Mendiola