Estuve la semana pasada participando de un debate sobre desarrollo y derechos indígenas en la PUCP, organizado por los jóvenes del voluntariado de la RIDEI (Red Internacional de Estudios Interculturales). De partida, me pareció fantástico que por iniciativa de jóvenes universitarios, tuvieran a bien sentar en una misma mesa a personas con distintos puntos de vista, en vez de convocar la típica mesa universitaria donde todos piensan lo mismo y prevalecen los intercambios de halagos antes que los cruces de posiciones.
Fue una experiencia muy interesante donde pudimos compulsar puntos de vista que están a la base real de lo que está sucediendo con los conflictos en Perú. Mi impresión es que, más allá del oportunismo de los que hacen política con los temas de Conga, Espinar o Bagua, tanto desde la derecha como de la izquierda, los académicos vemos el problema desde dos grandes visiones muy distintas. Por un lado, los que lo enfocan como un asunto de despojo de lo que le supuestamente pertenece a los indígenas. Del otro, quienes lo ven como un tema de desarrollo nacional. La primera es la mirada micro, la segunda, macro.
No desarrollaré aquí esa discusión, que fue, de alguna manera, materia de un debate de más de dos horas. Pero sí anotaré algunos elementos que me quedaron bastante claros, a partir de ese encuentro académico tan grato:
1. A pesar de la autoridad intelectual con la que se habla en Perú respecto de la problemática indígena, no hay consenso en definir lo indígena. ¿Se es indígena por rasgos físicos? Si así fuera, el Presidente Toledo, que tenía dos apellidos españolísimos, sería indígena. ¿Por pertenencia a una comunidad que habita en el área rural serrana o selvática? Entonces los ricos aymaras de Puno serían indígenas. ¿Por sangre? Pues en un país donde todos tenemos “de inga y de mandinga”, seríamos todos indígenas. ¿O a partir de qué nivel de mestizaje, el indígena deja de serlo para convertirse en mestizo? ¿Quién tiene la medida?
2. Si no podemos delimitar lo indígena desde lo académico, hay urgencia de hacerlo desde lo político. Y para tal efecto, la delimitación debe ser lo menos controversial posible. Desde luego, estipulada legalmente desde su definición. Es decir, debe quedar claro quién es indígena para la ley.
3. Se ha mitificado lo indígena al extremo de que la intelectualidad parece partir de la premisa implícita de que la visión indígena es superior moralmente a la occidental. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Qué elementos lógicos permiten deducir esta conclusión? La realidad es que no existen tales elementos. La mirada imparcial del asunto requiere tomar distancia y aceptar que en ambos lados de la mesa hay elementos respetables que merecen no ser descalificados sino en todo caso, sometidos al tamiz de la razón. Es ética la defensa de los territorios indígenas pero también es ético buscar el desarrollo de la nación y permitir que más peruanos, incluyendo a los peruanos indígenas, tengan acceso a más oportunidades de desarrollo individual.
4. También se ha mitificado el hecho de creer que la Constitución de 1993 es la que ampara el presunto despojo a los indígenas y campesinos. La realidad es que desde la Constitución de 1933, pasando por la de 1979, se ha dejado el derecho para el Estado de expropiar las tierras de las comunidades campesinas y nativas si existe necesidad pública. Es más, la presuntamente más democrática y “progresista” Constitución de 1979, incorporó explícitamente, en el artículo 118, la noción de que los recursos naturales son patrimonio de la Nación, con lo que profundizó el alcance del artículo 37 de la Constitución de 1933, que estipulaba que “todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado”. De manera que esta postura no nace en la Constitución de 1993, sino que tiene una tradición de no menos de ochenta años.
5. No va a ser posible encontrar una solución a los conflictos sociales si no colocamos a la Constitución y a las leyes como el último árbitro dirimente. Para eso son las normas jurídicas precisamente. Cuando se llega a una situación en que colisiona “derecho contra derecho”, solamente la ley dirime. En ausencia de ésta, decide la fuerza. Una sociedad que pretende ser civilizada, no solo permite, sino que promueve que sea la ley la que defina. Lo otro es un imposible, pues decir que el diálogo es necesario y conveniente para gobernar no significa que sea factible gobernar dialogando permanente, sin “aterrizar” nunca a decisiones y acciones concretas.
6. A propósito de la ley, la actitud del estado peruano respecto a las tierras de comunidades campesinas y nativas ha sido la misma desde hace por lo menos
7. Es un error conceptual plantear el problema como un asunto pro-indígena versus anti-indígena. Quienes ven el problema desde lo micro descalifican a los que enfocan el tema desde lo macro, pero la realidad es que estos últimos entienden que los indígenas se van a beneficiar con las inversiones. Ya se han beneficiado en algo, pero no en la medida de lo deseado, en gran medida, por la inoperancia del manejo público de los recursos que el sector privado ha puesto en sus manos, en la forma de canon, para ser invertidos en las zonas de impacto directo.
8. La fuente del problema no es la presencia de la inversión privada en espacios geográficos donde habitan poblaciones indígenas, sino la ausencia del estado en esos mismos espacios. Empeora el panorama que las pocas veces que el estado hizo sentir su presencia, fue para engañarlos. Pero entonces, la fuente del problema no está en la presencia de las empresas privadas, sino en la falta de confianza en el aparato público, y en general, en todo lo que lo representa, como lo es la clase política. Y por qué no decirlo, esta desconfianza termina salpicando al régimen político mismo sobre el que se despliega el gobierno. Cuidado, porque entonces ya estamos en el terreno del cuestionamiento a la democracia misma.
La urgencia de reformar al estado, no de forma superficial sino re-institucionalizándolo totalmente, es absolutamente vital, si queremos que el conflicto social, en particular el que involucra a comunidades indígenas, campesinas o nativas, sea consistente con la viabilidad no sólo de la democracia, sino con la propia viabilidad del Perú como país. Pero no equivoquemos el origen del problema. Es estatal, no privado.
[Artículo publicado el miércoles 20 de junio de 2012 en la Revista “Tribuna 4”]