El estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú invita al Estado peruano a acometer el combate contra la corrupción desde una perspectiva más amplia, más institucional y principista y no solo desde una mirada estrictamente punitiva. Asumiendo que nuestro país es invitado (como se decidirá este 25 de setiembre en la sede de la OCDE en París – si Perú es o no país invitado a ser candidato a la OCDE), planteo una especie de baile de nueve pasos para trabajar en dichas recomendaciones:

1. Dejemos de reaccionar sin planificación alguna ante las crisis coyunturales. Las medidas de reacción resultan asistemáticas y hasta contradictorias con cualquier esfuerzo planificado y estratégicamente pensado.

2. Implementemos la reforma del servicio civil, diseñada para fortalecer a las instituciones públicas. ¿Cómo podemos tener una continuidad en las políticas de integridad si existe una alta rotación de directivos y funcionarios que son los llamados a dar la pauta ética dentro de una entidad?

3. Unifiquemos las normas sobre ética, como las que contienen faltas disciplinarias y funcionales en un solo instrumento. La atomización normativa dificulta a los servidores públicos, especialmente a quienes se encuentran en cargos de dirección, tener claridad sobre cuáles podrían ser los posibles conflictos de intereses, la manera de identificarlos y gestionarlos. Ante la infinita telaraña normativa, los buenos servidores públicos (porque no todos los servidores son malos elementos) pueden verse envueltos en dilemas éticos sin percatarse de ello. Las consecuencias complejas pueden disuadirlos de permanecer en el Estado e impulsarlos a huir de él.

4. Fortalezcamos a las entidades directamente vinculadas con la política de integridad para promover una coordinación institucionalizada entre pares: la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción requiere mayores recursos presupuestarios y humanos, así como un empoderamiento político que lo erija en un auténtico coordinador; la ONPE necesita “dientes” para perseguir a las organizaciones políticas que incumplan las normas sobre financiamiento directo; SERVIR, necesita de voluntad política para implementar la Ley del Servicio Civil.

5. Capacitemos a los servidores públicos, según las necesidades de implementación de políticas de integridad. Una cultura ética necesita de la concientización sobre su importancia y sobre la necesidad de hace de ella una práctica cotidiana a fin de hacerla realidad. La Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) debería concentrar la función de capacitación, que ahora mismo es un esfuerzo que comparte e incluso duplica con la CAN, y la CGR (sin contar otras entidades públicas que cuentan con “escuelas”). Preparar a los servidores públicos para que tengan miradas innovadoras y éticas del Estado es una realidad que se construye a “fuego lento” y con mucha inversión en educación.

6. Involucremos a todos y todas y adoptemos la integridad como parte de la política de la entidad. Las políticas de integridad requieren de la participación de todos los servidores y servidoras en una entidad pública; hasta el momento, es un tema que solo manejan -o más bien desdeñan- las cabezas. Los objetivos estratégicos y las metas de la entidad tendrían que incorporar un componente ético real y no una simple declaración de intenciones. Si las reglas no se aplican sin excepciones se genera un fuerte incentivo para justificar el incumplimiento en todos los niveles.

7.Cambiemos la perspectiva de lo que es el control institucional. Las auditorías deberían ser vistas no como un medio estrictamente punitivo, sino como una forma de asegurar el logro de los objetivos de una organización, para mejorar su funcionamiento. En ese sentido, los países OCDE se alejan de las auditorías ex-ante, ya que el control concurrente resulta más eficiente para medir el desempeño, lo cual debería ser el objetivo (una medida que según declaraciones del Contralor – Nelson Shack- a Gestión, ya empieza a implementarse).

8. Produzcamos más y mejor información. El Estado necesita informar mejor sobre las prohibiciones, incompatibilidades o conflictos de intereses; sobre las rendiciones de cuentas para los servidores públicos y para los partidos políticos; qué es lo que entiende por ética y cómo es que se transgreden los mandatos respectivos. En general, el Estado necesita comunicarse más con las personas y aprender de las buenas prácticas y de los grandes errores. Gestionar información y gestionar conocimiento.

9. Coordinemos y articulemos. Institucionalizar un centro de gobierno podría ser una respuesta certera para institucionalizar, a su vez, la coordinación y la articulación de los tres niveles de Gobierno como una política de Estado. Si no se articula y coordina, se duplican esfuerzos, se dispersa el mensaje y, con ello, se condena al fracaso la eficacia de las medidas.

Podría parecer baladí promover discusiones en torno al esfuerzo anticorrupción en un contexto de destrucción por los desastres naturales. Sin embargo, considero que es todo lo contrario. Solo si empezamos a pensar el Estado con políticas a largo plazo, sostenibles y que invierta en el fortalecimiento de sus instituciones, se podrá promover una reconstrucción eficiente y respetuosa de la dignidad y de los derechos fundamentales. No queremos una reconstrucción con puentes que se caigan ante el primer huaico, sino una reconstrucción sólida que adopte la probidad como cimiento.

En conclusión, es preciso tener claros nuestros pasos previos y firmes, antes de iniciar el baile por la política de integridad ambiciosa que nos propone la OCDE. No se trata de aplicar directa y acríticamente sus recomendaciones en materia de integridad, se trata de analizar los problemas que fueron identificados y preguntarnos si corresponder cambiar la estrategia histórica y estrictamente punitiva de combate contra la corrupción para transitar hacia una mirada distinta, preventiva, transversal y más institucional.

*Publicado en la Revista Interquorum. Nueva Generación, Nro. 22, dedicado a la OCDE, ¿un reto para la Gobernanza del Perú?, Fundación Friedrich Ebert, Estratégica – Soluciones de Gestión Pública, 2017.

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