Este artículo salió publicado originalmente en el portal Politeama.
La semana pasada, el Congreso de la República otorgó la confianza solicitada por el Ejecutivo en seis proyectos de ley. La mayoría de estos se encuentran centrados en reformar el sistema de partidos, el sistema electoral y asegurar cierta transparencia en los procesos de justicia. Pero, un debate que llama la atención es el suscitado por el Proyecto de Ley Nº 4186/2018-PE que propone, entre otras cuestiones, la eliminación del voto preferencial y la paridad de género y alternancia en las listas al Parlamento.
El voto preferencial ha sido analizado ampliamente en la academia. Este modelo de votación se emplea también en países de la región como Brasil, Chile y Panamá con la reciente incorporación de Colombia y El Salvador. Sin embargo, el balance de los efectos del voto preferencial sobre el sistema político y electoral es negativo.
A pesar de que se argumenta a favor de esta medida sosteniendo que el voto preferencial produce una relación candidato-ciudadano más directa, los problemas que el mismo ocasiona son mayores. Este debilita la unidad del partido político, encarece el proceso electoral, genera inequidad en la competencia interna, no mejora la representación y añade complejidad a la elección. El voto preferencial separa al partido del candidato por lo que estos no presentan una campaña homogénea destacando cada uno planes y objetivos. Cuando se contempla todos sus efectos y las investigaciones sobre el tema, el argumento a favor de su eliminación es razonable.
Sin embargo, las conversaciones sobre la reforma propuesta se han detenido en el aspecto más inverosímil: la paridad de género y la alternancia. A la paridad se le ha llamado de diferentes formas. Algunos sectores afirman que la incorporación de una medida de este tipo significaría el apoyo a la desigualdad; otros, más atrevidos, sostienen que se daña la meritocracia; mientras que el sector más radical (por categorizarlos de alguna manera) apuntan a que “no se puede obligar a las mujeres a competir”.
Se ha criticado la paridad sin necesariamente haber realizado una evaluación adecuada. Y su debate, raya incluso lo ridículo. Desde el 2000, el Perú ha tenido cuatro procesos de sucesión presidencial democrática continuos (2001, 2006, 2011, 2016) por primera vez en toda su vida republicana. En todos estos, una simple revisión del padrón electoral demuestra que las mujeres representaron el 50,23%, 49,84%, 50,20% y 50,38% del total de ciudadanos aptos para votar. ¿Cómo entonces -en el máximo organismo de representación ciudadana por excelencia, el Congreso- las mujeres no alcanzan ni el 30%?
Hasta el momento, el Perú solo contempla una cuota de género del 30% en listas parlamentarias y subnacionales. El objetivo de esta medida de acción afirmativa es acelerar el acceso a cargos de decisión política a este grupo. Pero, a pesar de su aplicación, iniciada en 1997 con solo el 25% para luego subir al 30% en el 2000, los resultados continúan siendo desalentadores. En el Parlamento, las mujeres han representado el 21.66% (2000), 18.33% (2001), 29.17% (2006), 21.54% (2011) y 27.69% (2016) del total de representantes.
Gráfico 1: Parlamentarios según género (1956-2016)
Peor aún, en las últimas elecciones subnacionales, el balance de la participación femenina continúa siendo negativo. El Perú no cuenta con mujeres gobernadoras (los 25 gobernadores son varones) y solo 7 de 196 alcaldes provinciales y 83 de 1 666 alcaldes distritales son mujeres. Nuevamente, estas cifras, en un país en donde las mujeres son el 50% del padrón electoral, demuestran la exclusión de este sector en la política a nivel nacional y subnacional.
Es por ello que las cuotas electorales por sí solas no tienen la capacidad de mejorar la representación. Una práctica común por los partidos políticos es usar la candidatura femenina como el “relleno” de la lista pues es necesario cumplir la cuota para poder participar. Peor aún, una estrategia ampliamente conocida y utilizada por los partidos y movimientos regionales a nivel subnacional es superponer la cuota. Es decir, buscar a una persona que sea mujer y joven o mujer, joven e indígena y ubicarla al final de la lista cumpliendo así con la exigencia de la ley.
Evidencia de esto último es el análisis que se realiza de las posiciones de las mujeres en las listas al Parlamento. En las elecciones del 2006, 2011 y 2016, más del 70% de candidatas fueron ubicadas por sus partidos políticos en los dos últimos tercios de posición de sus listas. Esto muestra que gran parte de las candidaturas femeninas para el Congreso solo fueron ese “relleno” necesario de la lista.
Gráfico 2: Posición de las candidaturas de mujeres en listas parlamentarias. Elecciones 2006, 2011 y 2016
Es por ello que la paridad y mandatos de posición como la alternancia son importantes pues estas medidas obligan a los partidos políticos a incorporar a mujeres en puestos de importancia. Países de la región como México, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua y Argentina ya han introducido la paridad en sus listas electorales. Por otra parte, Panamá y Honduras incorporaron esta medida en las listas de elecciones internas de los partidos, mientras que Chile premia a los partidos con mujeres en puestos de poder con un aumento en su financiamiento público que debe estar orientado a la capacitación y fomento de la participación femenina. ¿Cómo es entonces que en el Perú estas medidas aún horrorizan?
Peor aún, en el país, a pesar de la incorporación de un sistema de cuotas, la exclusión e incluso el acoso y violencia política contra candidatas y autoridades mujeres continúa presente. Ejemplo de ello es el caso de Rita Suaña, alcaldesa del centro poblado de Los Uros, quién al asumir el cargo su mandato fue cuestionada continuamente por varones de su pueblo. La alcaldesa señalaba que las constantes protestas se basaban en que un sector no admitía que una mujer los gobierne. A esto se le suma una campaña de protestas, violencia y difamación que tuvo como punto más alto su encierro en el municipio exigiendo su renuncia al cargo.
Como Došek apunta, no es extraño entonces que muchas mujeres no deseen postular pues se enfrentan a un contexto machista. Y es que, aunque la paridad y la alternancia son pasos importantes, es necesario también advertir que estas medidas no evitan que las organizaciones políticas busquen otras alternativas para disminuir la presencia de las mujeres en sus listas. Clara muestra de ello es México en donde, en respuesta a la introducción de medidas de acción afirmativa, los partidos políticos postulaban a sus candidatas en distritos en donde el partido perdía históricamente o las posibilidades de ganar eran mínimas. Esto llevo a la introducción de la “regla de distritos perdedores” con el fin de evitar este tipo de prácticas, aunque el impacto de esta norma aún se encuentra siendo discutido.
Es evidente entonces que el objetivo de este aspecto de la reforma es igualar la competencia entre individuos rompiendo las barreras de discriminación. Un esquema de paridad y alternancia con listas cerradas y bloqueadas permitiría no solo la introducción necesaria de más mujeres en la política sino también su visibilización. Contrario a lo que opinan algunos, existen mujeres militantes con iguales o más méritos que candidatos hombres (el argumentar que la paridad daña la meritocracia aún me parece una respuesta risible), pero que son invisibilizadas porque aún subyacen dentro de los partidos esquemas machistas y el miedo a la violencia y acoso político se encuentra vigente.
Sin mujeres, no hay democracia.
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